El día después de que Estados Unidos publicara un informe afirmando que “la impunidad, la corrupción y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad fueron las principales violaciones de derechos humanos en México en 2015”, se filtró un vídeo que mostró la participación de elementos de la fuerza pública cometiendo actos de tortura contra una mujer detenida por supuesta pertenencia a un grupo del crimen organizado. Dicho vídeo mostró como dos policías federales y una mujer soldado interrogaron a la detenida y le colocaron una bolsa en la cabeza, así como la encañonaron con un arma larga. Los hechos, ocurridos a inicios de febrero del pasado año en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, no fueron oficialmente conocidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta pasados 10 meses. En enero del año en curso fueron detenidos dos de los presuntamente responsables de los hechos por “desobediencia” y el secretario de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreció una disculpa pública.
El vídeo, que rápidamente se viralizó, provocó muchos comentarios. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) tildó de “insuficiente” la disculpa gubernamental, pues el caso permanece impune y no hay ni una investigación de cadena de mando ni un mecanismo que garantice la no repetición de los hechos. También señaló que los procesos de los militares son por desobediencia a la disciplina militar y carecen de una investigación en el fuero civil, ante lo que puede prevalecer la impunidad. Amnistía Internacional urgió a “poner fin al papel de las fuerzas armadas en el desempeño de funciones policiales –que incluye detenciones, investigaciones e interrogatorios– para las que carecen de adiestramiento o de las que no rinden cuentas”. Además, condenó que el discurso del gobierno mexicano calificara lo sucedido como “hechos aislados” cometidos por personas que actuaban por su cuenta y no como práctica habitual cometida por las fuerzas de seguridad. Por su parte, el gobierno federal reconoció que no se ha podido erradicar la tortura en distintos ámbitos de la seguridad pública. En declaraciones de Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, “terminar con este problema es una necesidad imperiosa en cualquiera de sus expresiones”. Asimismo, opinó que “la tortura resquebraja el tejido social y corrompe la confianza entre autoridades y ciudadanos, perjudica a las víctimas de los delitos”.
Cabe recordar que actualmente está en elaboración la Ley General contra la Tortura. En una carta abierta al Poder Legislativo mexicano, diez organizaciones internacionales de derechos humanos opinaron que la promulgación de la Ley General contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es una oportunidad para sentar las bases de la erradicación de la tortura en el país. También es de destacar que, en marzo, le fue negada la visita al país al relator especial sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), supuestamente por “cuestión de agenda”.
Para más información:
La Sedena valida el VIDEO que exhibe a militares torturando a una civil; hay dos detenidos (Sin Embargo, 14 de abril de 2016)
Sedena se disculpa por tortura a mujer en Guerrero (La Jornada, 19 de abril de 2016)
Organizaciones y partidos dicen que la disculpa de Sedena es insuficiente (La Jornada, 18 de abril de 2016)
Llaman prestigiadas organizaciones a adoptar una Ley de Tortura con base en estándares internacionales (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 6 de abril de 2016)
Admite Segob que no se ha podido erradicar la tortura en distintos ámbitos de la cadena de seguridad (Noticias MVS, 18 de abril de 2016)
Mujer torturada en Guerrero se encuentra presa en Nayarit (La Jornada, 15 de abril de 2016)
Para más información de SIPAZ:
Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU (31 de marzo de 2016)
Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)
sipaz.wordpress.com 