Oaxaca : Desalojo y detenciones en el parque eólico Bií Hioxo

julio 20, 2017
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Foto@: Educa

El 13 de julio, luego de más de 12 días de manifestación pacífica cuya demanda es el establecimiento de una mesa de dialogo con los directivos de la empresa eólica Eléctrica de Francia (EDF). Los propietarios inconformes de las tierras afectados por el parque eólico Bií Hioxo, tomaron la caseta de vigilancia de la empresa EDF, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Iván Hernández Jiménez, uno de los demandantes señaló que “la protesta contra la empresa eólica obedece a la falta de apoyos y a la insensibilidad de los representantes de la empresa extranjera.”

Según Proceso, a petición de la empresa francesa, la toma de la caseta resultó en un operativo de la Comandancia Regional de la Policía Estatal para desalojar a los zapotecos y detener a 15 manifestantes.

Para más información:
Detienen a 15 zapotecos en el parque eólico Bii Hioxo a solicitud de empresa francesa (Proceso, 13 de julio de 2017)

Desalojo y 15 detenidos en parque eólico del Istmo, Oaxaca (NVI Noticias, 14 de julio de 2017)

Detenidas 15 personas por obstruir acceso a Parque Eólico Bií Hioxo, en Oaxaca(Oaxaca entre Lineas, 13 de julio de 2017)

Detienen a 15 personas que bloqueaban parque eólico en el Istmo (Diario Marca, 14 de julio de 2017)

Para más información de SIPAZ :
Oaxaca: Pobladores de Juchitan ganan amparo para suspensión de obras de parque eólico (14 de octubre de 2015)

Oaxaca: Tercer aniversario del movimiento contra los proyectos eólicos en San Dionisio del Mar (30 de enero de 2015)

Oaxaca: Conflictos por elecciones extraordinarias en San Dionisio del Mar (19 de diciembre de 2014

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Nacional: Senado aprueba Ley contra la Tortura

abril 29, 2017

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El 25 de abril, el Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley contra la Tortura y envió el documento al Ejecutivo federal para su promulgación. Esta legislación estuvo en discusión por casi un año en la Cámara de Diputados, mientras del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 104 quejas y emitió 79 recomendaciones sobre el tema de la tortura. A ello se suman las 4 mil 404 quejas presentadas ante dicho organismo por la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el mismo periodo, de las cuales, mil corresponden a casos relacionados con el Ejército y la Marina. Según cifras obtenidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República recibió 4 mil 55 denuncias por tortura, e informó que sólo mil 884 casos se encuentran en investigación. De ésos, sólo en 11 se registraron consignaciones, y únicamente se tiene conocimiento de cinco sentencias por ese delito en el periodo de referencia.”

Está Ley general pretende permitir prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En caso de cometer el delito de tortura, para obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona”, se prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo, para el servidor público que incurra en dicho delito. Cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescente, se aumentará la pena hasta 30 años de prisión. Lo mismo tendrá validez en caso de que una mujer gestante, una persona con discapacidad, o un adulto mayor, sea sometido a cualquier forma de violencia sexual, tenga la condición de migrante, afrodescendiente o pertenezca a una comunidad indígena.

El texto de ley plantea también “aplicar las mismas sanciones a los superiores jerárquicos, cómplices y colaboradores en actos de tortura y como medida temporal se prevé la remoción de servidores públicos señalados o investigados por este delito, con el objetivo de que no entorpezcan la indagatoria en su contra.

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró la ley aprobada ya que prohíbe de forma absoluta la tortura, “sanciona la conducta en todo el país bajo una misma definición acorde con los tratados internacionales, excluye pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos y determina reglas claras de combate a la impunidad”. Consideró además que otro avance de la legislación consiste en que “distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos de tortura e incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas”.

Por su parte, Amnistía Internacional consideró que representa un paso adelante para hacer frente a la crisis de derechos humanos que prevalece en el país, pero que “a menos que las autoridades mexicanas hagan un esfuerzo real por garantizar el procesamiento de todos los responsables de los miles de casos de tortura denunciados cada año en todo el país, esta ley no será más que palabras sobre el papel. No debemos permitir que esto siga siendo así”.

Para más información:

Por unanimidad, aprueba el Senado Ley contra la Tortura (La Jornada, a 27 de abril de 2017)

Aprueba Senado ley contra tortura: penas de hasta 30 años (Aristegui Noticias, a 26 de abril de 2017)

Senado aprueba por unanimidad ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura (Proceso, 26 de abril de 2017)

Y ONU-DH urge a Peña Nieto promulgarla (Proceso, 26 de abril de 2017)

‘Un paso adelante’, nueva ley contra la tortura en México: AI (MVS, 26 de abril de 2017)

La ONU-DH felicita al Congreso de la Unión por la aprobación de la ley general de tortura (La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), a 26 de abril de 2017)

Sociedad civil insta al Senado a aprobar Ley General contra la Tortura esta semana (Tlachinollan, a 24 de abril de 2017)

Ley general contra la tortura (La Jornada, a 6 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

Nacional: Organizaciones sociales se pronuncian sobre ley de tortura (31 de mayo de 2016)

Nacional/Internacional : « la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México» Juan E. Mendez (7 de marzo de 2017)


Chiapas/Nacional: CNI y EZLN lanzan convocatoria y denuncian la represión contra la comunidad Purépecha de Michoacán

abril 11, 2017

 

El 2 de abril, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzaron la Convocatoria a la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México. En la segunda etapa del V CNI, realizada los días 29-31 de diciembre de 2016 y primero de enero de 2017, habían acordado “CONVOCAR a las autoridades, representantes, delegados y concejales nombrados por los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas que participan en el CNI a la celebración de la: ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO PARA MÉXICO”. Anunciaron que esta asamblea se realizará los días 26-28 de mayo en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI- UNITIERRA) en San Cristóbal de las Casas.

Además, el 4 de abril fueron detenidas 38 personas de la comunidad indígena Purépecha de Arantepacua, Michoacánpor elementos de la policía michoacana en medio del conflicto de tierras que viven entre comunidades de los municipios de Uruapan y Nahuatzen”. Para presionar por la libertad de los 38 comuneros detenidos, el pueblo se manifestó al día siguiente bloqueando la carretera Arantepacua-Nahuatzin. Otro grupo viajó a la ciudad de Morelia para conocer la situación jurídica de los detenidos. “[l]a reacción del gobierno de Silvano Aureoles fue enviar un convoy de más de 70 unidades con elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Michoacán a la comunidad de Arantepacua donde, con gases lacrimógenos y armas de fuego, iniciaron la persecución a la población, incluyendo mujeres y niños. Allanaron domicilios y según lo informa el vocero de la comunidad, de los hechos ocurridos (…) hay cuatro comuneros muertos, diez heridos.”

Ante los hechos, en un comunicado conjunto, el CNI y el EZLN denunciaron la represión contra la comunidad Purépecha y la “traición” del gobierno michoacano al “no permitir el diálogo para solucionar un añejo conflicto agrario”. El CNI y EZLN manifestaron que “[l]os malos gobiernos piensan que esparciendo el terror en los territorios indígenas de Michoacán, y en gran parte de la geografía nacional, es cómo van a acallar a los pueblos y su palabra, pero eso no pasará, pues la palabra que hoy gritan en colectivo los pueblos originarios nace justamente de la indignación, el hartazgo y la decisión de no dejarse matar, despojar, dividir o comprar”. Además compartieron que “su dolor por el asesinato de los compañeros es nuestro. Luchamos pues tenemos la certeza de que el castigo a los culpables surgirá de la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos.

Por lo pronto, los días 12-15 de abril en las instalaciones del CIDECI- UNITIERRA se llevará a cabo seminario de reflexión crítica “LOS MUROS DEL CAPITAL, LAS GRIETAS DE LA IZQUIERDA”. Se puede registrar a partir del martes 11 de abril de 2017 a las 10:00 horas en las mismas instalaciones.

Para más información:

Convocatoria a la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México (Enlace Zapatista, 2 de abril de 2017)

Comunicado conjunto del CNI y el EZLN denunciando la represión contra la comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán. (Congreso Nacional Indígena, 6 de abril de 2017)

Comunicado conjunto del CNI y el EZLN denunciando la represión contra la comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán. (Enlace Zapatista, 6 de abril de 2017)

La comunidad indígena de Arantepacua víctima de la violencia del gobierno de Michoacán (Desinformémonos, 6 de abril de 2017)

El mal gobierno de Silvano Aureoles los traicionó e impidió el diálogo con los comuneros”: CNI y EZLN (Desinformémonos, 7 de abril de 2017)

No nos confundan, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos sus palabras mentirosas y perversas”: Congreso Nacional Indígena (Desinformémonos, 11 de abril de 2017)

LOS MUROS ARRIBA, LAS GRIETAS ABAJO (Y A LA IZQUIERDA). (Enlace Zapatista, 14 de febrero de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/Nacional : Candidata presidencial “no es decisión de una persona” (Subcomandante Moíses) (15 de noviembre de 2016)

Chiapas / Nacional : CNI y EZLN realizarán consulta para nombrar a una candidata indígena hacia las elecciones presidenciales de 2018 (15 de octubre de 2016)


Chiapas: Libre activista zoque, Silvia Juárez Juárez

abril 7, 2017
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Silvia Juárez Juárez (@OMCT)

El 28 de marzo, Silvia Juárez Juárez, defensora comunitaria de derechos humanos e integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, fue liberada después de permanecer 35 días encarcelada. Dicho movimiento ha venido desarrollando un proceso de resistencia civil y pacífica en contra de proyectos de exploración, extracción de hidrocarburos y de minería en el municipio de Tecpatán, Chiapas y en la región Zoque. Silvia había sido capturada el 21 de febrero en Tuxtla Gutiérrez acusada de los delitos de motín, daños y secuestro -presuntamente contra funcionarios municipales-, en el marco de una protesta en la que ella no participó, el pasado 13 de febrero.

El 28 de marzo, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, se desistió de la acción penal por los delitos que se le imputaban “por considerar que al agente del Ministerio Público le faltaron elementos para acreditar los mencionados delitos”. Por lo mismo, la activista fue liberada del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate, en el municipio Cintalapa de Figueroa.

No obstante, Silvia Juárez todavía está sujeta a proceso, con la obligación de firmar ante Juzgado cada quince días, porque el Lic. César Rodríguez Robles, Juez de Control, consideró que existen elementos para acreditar el delito de daños. Ante las amenazas de riesgo a su integridad y el hostigamiento reiterado en contra de las y los defensores del territorio zoque, Silvia Juárez no puede regresar a su hogar con su familia”.

Cabe mencionar además que el día en que Silvia Juárez Juárez obtuvo su libertad,“el presidente municipal de Tecpatán, Armando Pastrana Jiménez, promovió un amparo por el desistimiento de la PGJE para evitar que la defensora comunitaria saliera de prisión” y asimismo mantuvo su denuncia en contra de otros 29 defensores comunitarios.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en un comunicado sobre el caso de mostró preocupación ya “que a pesar de los cambios en el sistema de justicia penal, en Chiapas se mantienen las prácticas de violaciones a garantías judiciales y protección judicial así como a la presunción de inocencia, que generan privaciones arbitrarias a la libertad”.

Para más información:

Libre activista zoque, tras desistimiento de denuncia de PGJ Chiapas (Proceso, 5 de abril de 2017)

Liberan a indígena zoque Silvia Juárez (Expreso Chiapas, 6 de abril de 2017)

Silvia Juárez Juárez, defensora del territorio, en libertad (Chiapas Paralelo, 6 de abril de 2017)

Libre Silvia Juárez, defensora zoque (Primera edición Chiapas, 5 de abril de 2017)

Condena el Frayba encarcelamiento de Silvia Juárez (El Heraldo de Chiapas, 5 de abril de 2017)

Luego de 35 días en prisión, la activista Silvia Juárez Juárez es liberada (Aqui Noticias, 6 de abril de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas : denuncian criminalización de defensores de la Madre Tierra en zona zoque (1 de marzo de 2017)

Chiapas : comunidades zoques se oponen a extracción de hidrocarburos en el norte de Chiapas (20 de octubre de 2016)

Chiapas: Silvia Juárez Juárez anima a sus compañeros a seguir en la defensa de la tierra desde la cárcel (27 de marzo de 2017)

 


Chiapas: Silvia Juárez Juárez anima a sus compañeros a seguir en la defensa de la tierra desde la cárcel

marzo 27, 2017
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(@Radio zapatista)

En una carta fechada el 17 de marzo, desde el penal de El Amate, a 25 días de su detención como presa política (…) por defender la tierra que son de nuestros campesinos, el agua, el aire”, la activista Silvia Juárez Juárez denunció que “estorbo tanto en sus intereses [de los poderosos] que me tuvieron que inventar lo de motín, daños y secuestro [que] es una vil calumnia”. Animó a sus compañeros y compañeros de no ceder antes las presiones de los tres niveles de gobierno: No tengamos miedo primeramente dios no faltará un ángel para que ustedes los proteja pero no les entreguemos nada a esos bandidos porque para ellos solo es temporal sus trabajos, y las tierras que ustedes trabajan les ha costado el sudor de la frente”.

Cabe recordar que Silvia Juárez Juárez fue detenida acusada de los delitos de motín, daños y secuestro –presuntamente contra funcionarios municipales en el marco de una protesta en la que ella no participó, el pasado 13 de febrero. Ha denunciado desde entonces que su encarcelamiento se debió a su decisión de unirse al movimiento de protesta en contra del despojo de tierras de la región zoque. Además de ella, otras 31 personas cuentan con órdenes de aprehensión por los mismos delitos, todas ellas también en el movimiento en contra de pozos petroleros en la región.

Para más información :

Organización Mundial Contra la Tortura: Detención Arbitraria y Criminalización en Tecpatán (OMCT, 16 de marzo de 2017)

Activista presa en Chiapas pide a sus compañeros no ceder a presiones para entregar sus tierras (Proceso, 21 de marzo de 2017)

Comunicado de Silvia Juárez, presa por defender el territorio zoque (Radio Zapatista, 23 de marzo de 2017)

Me inventaron un motín, daños y secuestro por defender el territorio zoque”: Activista (Revolución 3.0, 25 de marzo de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas : denuncian criminalización de defensores de la madre tierra en zona zoque (1ero de marzo de 2017)

Chiapas : comunidades zoques de oponen a extracción de hidroarburos en el norte de Chiapas (20 de octubre de 2016)


Guerrero : Arturo Campos ¿ a un paso de la libertad?

marzo 2, 2017
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Arturo Campos Herrera, injustamente preso en el centro penitenciario de Ayutla, Foto@: Tlachinollan

El 14 de febrero, el Juez Sexto de Distrito de Acapulco, determinó que Arturo Campos que pertenece a la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC – PC) no cometió el delito de secuestro que le imputaron hace más de tres años. Arturo fue acusado de haber secuestrado y extorsionado a cinco personas pero, en un careo con las supuestamente 5 víctimas, ninguna pudo sostener esas acusaciones. En una declaración que emitió Arturo ese mismo día expresó que “Yo sé que eso lo inventó el gobierno. […] Los secuestros que dicen que cometemos los policías comunitarios son pura jalada de ellos solo para tenerme encerrado. […] Al gobierno no le gusta que los pueblos trabajemos derecho, mucho menos permite que le quitemos el negocio que tienen con la delincuencia. A nosotros nos quiere acabar, quiere vernos derrotados en la cárcel y ganas no le faltan para desaparecernos.”

Arturo pertenece a un sistema de justicia comunitario bajo el amparo de varias leyes y convenios nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la indeterminación de los pueblos y comunidades indígenas (ley 701, de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero; convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Articulo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Sin embargo, varias autoridades de policías comunitarias, al aplicar su derecho a la autodeterminación deteniendo delincuentes en sus territorios, han sido acusadas de secuestro, arrestadas y encarceladas.

Arturo explicó en su declaración que como policía comunitaria se organizan para defenderse de las inseguridad que ha llegado en sus comunidades “por culpa del mismo gobierno que no hace nada por los pueblos.” Afirmó que saliendo de la cárcel continuará impulsando la organización : “Seguiremos luchando contra la inseguridad y contra el gobierno que es cómplice de la delincuencia y es el causante de todo lo que está pasando en el estado. Muchos políticos, que si son delincuentes son los que deberían de estar en mi lugar, pero son intocables porque gozan de impunidad y son parte de la mafia.”

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompaña a Arturo en su proceso penal en su comunicado intitulado Las Batallas por la libertad de Arturo consideró que “en el camino hacia la búsqueda de justicia se ha dado un paso más para demostrar no sólo inocencia sino también las técnicas del Estado para criminalizar el modelo de justicia comunitario de la CRAC-PC”.

Tlachinollan aseguró que “en estricto apego a los principios de legalidad y justicia el juez de la causa está obligado a emitir la libertad inmediata de Arturo Campos Herrera“. Por ello exhortó al Juez de Primera Instancia en materia Penal y al Poder Judicial del Estado (PJEG) que se apeguen a la legalidad.

Para más información:
Las batallas por la libertad de Arturo(Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 17 de febrero de 2017)
Me declaro policía comunitario: inocente, no delincuente”(Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 17 de febrero de 2017)

Para más información de Sipaz:
Guerrero : Testigos de cargo del caso de Arturo Campos Herrera reconocen que no cometió el delito de secuestro por lo cual se encuentra preso (9 de diciembre de 2016)
Guerrero : exigen liberación de Arturo Campos Herrera, integrante de la CRAC PC ( 03 de diciembre de 2016)
Guerrero : marchan en Chilpancingo por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria (14 de octubre de 2016)


Nacional: PGR ofrece disculpa pública a mujeres indígenas encarceladas injustamente por 3 años

febrero 28, 2017

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El 21 de febrero, tres mujeres indígenas Hñähñú recibieron una disculpa pública por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) después pasar injustamente más de tres años en prisión.

Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio vendían agua fresca en un tianguis de Querétaro. En 2006, fueron detenidas tras ser acusadas de haber “privado de la libertad a seis agentes de la PGR durante un zafarrancho que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron con comerciantes informales tres meses antes, luego de que los policías intentaron despojarlos de mercancía, en un operativo para el cual carecían de autorización.

Jacinta -madre de seis hijos- fue “sentenciada a pasar 21 años en prisión, con un juicio en el que nunca se presentaron pruebas en su contra y en el que la indígena otomí careció de la asistencia de un intérprete”, lo que resulta violatorio de derechos humanos “ya que en el momento del proceso penal Jacinta apenas entendía el español”.

Su defensa demostró que a Jacinta se le atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, que ella no pudo haber realizado por su incomprensión de dicha lengua en aquel entonces. También se demostró que era materialmente imposible que Jacinta, junto con las otras dos mujeres indígenas, pudieran privar de su libertad a seis agentes.

Por esas razones, el “Tribunal Unitario revocó la sentencia de 21 años de cárcel y ordenó reponer el proceso en contra de la indígena otomí, ante lo cual la PGR decidió no ejercer nuevas acciones en su contra y Jacinta pudo recuperar la libertad.

La revista Animal Político explica que “desde mayo de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de la demanda de resarcimiento moral y material, interpuesta por Jacinta Francisco Marcial y las otras dos mujeres indígenas en contra de la PGR “y que el “fallo del TFJFA establece que la PGR hizo mal su trabajo por lo que a Jacinta se le debe reparar el daño”.  La misma revista declara que “aún cuando Jacinta recuperó la libertad desde 2009, hasta la fecha su inocencia no había sido oficialmente reconocida y los responsables de los abusos cometidos en su contra no habían sido sancionados.”

Para el Centro Prodh, la importancia de este acto está en que es el primer evento de este tipo que responde a una sentencia emitida por tribunales nacionales (otros han sido ordenados por organismos internacionales), al mismo tiempo que pone en el centro la lucha de estas mujeres por su propia dignidad y por sentar un precedente para otras víctimas.

 Para más información:

Para Jacinta, Alberta y Teresa, una disculpa “cosmética” (Proceso, a 27 de febrero de 2017)
La PGR ofrecerá una disculpa pública a tres indígenas que fueron encarceladas (Animal Politico, a 21 de febrero de 2017)
Disculpa pública de PGR a tres indígenas detenidas injustamente (La Jornada, a 22 de febrero de 2017)