Internacional/Chiapas : Interponen solicitud formal ante gobierno de Canadá para investigar a los diplomáticos en este país ante caso de ambientalista asesinado

febrero 7, 2018

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Participación de José Luís Abarca, hijo de Mariano Abarca durante el acto de conmeración – Ottawa, Canadá, 5 de febrero (@MiningWatch)

El 5 de febrero, organizaciones civiles de Canadá y México, familiares y amigos del defensor ambientalista Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en Chicomuselo, Chiapas solicitaron formalmente al gobierno de Canadá que se investigara a diplomáticos de la Embajada de ese país que, acusan, solaparon las acciones de la minera Blacfire Exploration que fue señalada en relación a ese crimen, mismo que sigue en la impunidad.

 

Desde Ottawa, José Luis Abarca Montejo, hijo del activista, dio a conocer que viajó a Canadá para buscar que el gobierno canadiense aclarara el caso y revisara sus políticas ante abusos cometidos en México por empresas extractivas canadienses: “Mi padre encabezaba la lucha contra el despojo minero en Chicomuselo porque le indignaban los daños al medioambiente que generaba la Blackfire y le indignaba la corrupción de los gobiernos mexicano y canadiense que permitió a la empresa instalarse en el pueblo generando un conflicto social”. El joven también compartió que hasta la fecha, su familia y él siguen recibiendo amenazas y agresiones por parte de ex trabajadores de la empresa minera, particularmente de quienes fueron detenidos y acusados de ser autores materiales del homicidio, y tiempo después liberados.

Los demandantes que incluyen a la viuda y los hijos de Abarca, la organización Mining Watch de Canadá, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y la organización Otros Mundos Chiapas sostienen que la embajada encubrió violaciones a la responsabilidad corporativa que por ley deben regir las empresas de Canadá. Denunció que de acuerdo a pruebas documentales “la embajada urgió al gobierno mexicano para que contuviera las protestas”, e ignoró la solicitud de ayuda que había recibido por parte de pobladores, entre ellos, Mariano Abarca.

Cabe agregar que tras el homicidio de Mariano Abarca, la mina de barita fue clausurada por haber cometido violaciones a la ley medioambiental mexicana. En respuesta a esta acción, la embajada asesoró a la empresa Blackfire para demandar al gobierno de Chiapas, de acuerdo a las clausulas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para más información :

Llevan a Canadá reclamo de justicia por asesinato del ambientalista Mariano Abarca Roblero en Chiapas (Proceso, 5 de febrero de 2018)

Interponen en Ottawa demanda contra la embajada de Canadá en México (Chiapas Paralelo, 5 de febrero de 2018)

Interponen en Ottawa demanda contra embajada de Canadá en México, por apoyar a empresa minera (Aristegui Noticias, 5 de febrero de 2018)

Caso Mariano Abarca: Sigue y apoya nuestra demanda contra la Embajada de Canadá para exigir #JusticiaParaMariano (Otros Mundos, Mining Watch, 5 de febrero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas: Peregrinación en Chicomuselo une alrededor de 5,000 hombres y mujeres que se oponen a actividades mineras (3 de octubre de 2017)

Chiapas: A 5 años del asesinato de Mariano Abarca, opositor a la minería (28 de noviembre de 2014)

Chiapas: Matan a Mariano Abarca líder opositor a la operación en una mina (28 de noviembre de 2009)

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Chiapas: Organizaciones amparan La Ley de Seguridad Interior

febrero 2, 2018
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Foto @ Proceso

El 30 de enero, se llevó a cabo el foro denominado “Detengamos la militarización. Análisis sobre la Ley de Seguridad Interior” cual fue convocado por Los centros de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas (Cdmch) y Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), así como el Observatorio de las democracias, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.

Con un audiencia de más de 100 personaras las organizaciones rechazaron la Ley de Seguridad Interior (LSI) sobre cual Julieta Hernández, del Cdmch, mencionó que “es muy grave y alarmante que se aplique la LSI, por lo que todos debemos de estar preocupados, alarmados y actuar de alguna forma”. Como respuesta a la implementación las organizaciones “hicieron un llamado a la sociedad en general a presentar un amparo para evitar que se aplique porque lo que pretende el gobierno federal es legalizar la dictadura en México”, según La Jornada.

Durante el discurso de un investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, dependiente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, recordó que “la LSI no tiene precedentes en la historia del país y está vinculada con los compromisos de México con el exterior, particularmente con Estados Unidos, pues desde 2003 en diversas reuniones sobre seguridad en América Latina se plantearon compromisos concretos”.

(Tomando en cuenta que el plazo para presentar los amparos vence hoy, personas quienes quisieran firmar el amparo pueden hacerlo en las oficinas de los Centros de Derechos Humanos Frayba y CMDCH. No olviden llevar copia de INE o IFE.)

Para más información:

Organizaciones de DH rechazan Ley de Seguridad (La Jornada, 31 de enero de 2018)

Esta semana el Frayba Derechos Humanos y Mujeres CDMCH estarán recibiendo tu firma en San Cristóbal de Las Casas (CDMCH, 30 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Nacional : EPN promulga Ley de Seguridad Interior. CNDH promoverá acciones de inconstitucionalidad. (29 de diciembre de 2017)

Nacional: Más aprobaciones controvertidas de Leyes Mexicanas (20 de diciembre de 2017)

Nacional: Senado aprueba Ley de seguridad interior (16 de diciembre de 2017)

Nacional: Ante rechazo a la Ley de Seguridad Interior, EPN pide ampliar “los espacios de diálogo y acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil” (11 de diciembre de 2017)

Nacional: Entre protestas se aprueba Ley de seguridad interior (1 de diciembre de 2017)

Guerrero: Rechazan la iniciativa de Ley de Seguridad Interior (30 de marzo de 2017)

Nacional: El Senado aprueba la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) (15 de abril de 2016)

Chiapas: Las Abejas de Acteal se oponen a la Ley de Seguridad (1 de septiembre de 2011)

México: Alerta de organizaciones civiles y expertos ante iniciativa de Ley de Seguridad Nacional (26 de abril de 2011)


Guerrero: Conflicto en una minera de la empresa canadiense Torex Gold Resources

enero 31, 2018
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Foto @ Proceso

Desde el 3 de noviembre de 2017, de acuerdo con información del Proceso, un grupo de trabajadores de la minera Media Luna, de la empresa canadiense Torex Gold Resources, impulsó un paro laboral para “exigir el cambio de titularidad de su contrato colectivo de trabajo, que actualmente ostenta la Confederación de Trabajadores de México (CTM).” Los trabajadores inconformes quisieran afiliarse “al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.”

Varios diarios informaron que por el problema que existe entre los trabajadores paristas y la minera ocurrieron hasta la fecha 3 asesinatos de empleados de la minera Media Luna. Primero el 18 de noviembre de 2017 “fueron asesinatos Víctor y Marcelino Sahuanitla y el 24 de enero se fue asesinado Quintín Salgado, uno de los dirigentes del paro laboral contra la empresa minera Media Luna cuando salía de su casa en Nuevo Balsas, del municipio de Cocula en Guerrero.”

Según el diario La Jornada de Guerrero, los dirigentes nacionales del Sindicato Nacional Minero, Sergio Beltrán Reyes y Benito Melo González, denunciaron después el asesinato de Salgado; “el compañero Quintín Salgado de la mina Media Luna, fue asesinado cobardemente por la CTM de Guerrero y el crimen organizado y esperamos que el gobierno de Canadá, quien está más interesado en solucionar esta situación, pueda ponerle un alto a esta empresa a la cual nuestras autoridades, además de permitirle llevarse nuestra riqueza, también le permiten agredir, asesinar y violentar el estado de derecho en nuestro país, a nuestros trabajadores y a nuestra organización Los Mineros de México”. 

El 27 de enero, agentes estatales y federales, así como soldados tomaron el control de las instalaciones de la minera canadiense Media Luna y prácticamente reventaron el paro laboral que mantenían los trabajadores. El operativo militar tenía como resultado “la liberación del jefe de seguridad de la minera Media Luna y a siete trabajadores presuntamente habían sido retenidos por los trabajadores paristas,” informó el Proceso.

En un comunicado, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) mencionó que “este problema tiene un marco, y es el de la política federal y estatal actual de entrega de recursos y de apoyo irrestricto y servil a las empresas nacionales y extranjeras que imponen este tipo de explotaciones, afectando a los territorios de manera irreversible en términos ambientales, sociales y sanitarios. Una vez instaladas, las empresas, como parte de la devastación múltiple que generan, colocan a sus trabajadores locales en condiciones de explotación intensiva violando sus derechos con apoyo gubernamental. Es importante señalar que lo anterior pone de nuevo en manifiesto:

1. La clara articulación existente entre estas empresas y los grupos delincuenciales “pistoleros” a los que financia para su protección, y
2. Que a solicitud de una empresa trasnacional, el estado envía a su ejército y a su policía para no poner en riesgo al proyecto con mayor inversión extranjera directa en el estado de Guerrero.”

Cabe recordar que, desde marzo de 2016, “Proceso advirtió sobre el riesgo de los proyectos mineros impulsados por el gobierno de Héctor Astudillo en una franja de la entidad donde el narco lo controla todo.”

Para más información:

Quintín Salgado Salgado fue ultimado a balazos en las inmediaciones de su casa en Cocula, Guerrero. (Regeneración, 24 de enero de 2018)

Empleados de firma canadiense, hermanos asesinados en Guerrero: Sindicato Minero (La Jornada, 23 de noviembre de 2017)

Asesinan a prestador de servicios de Media Luna que simpatizaba con los paristas (La Jornada de Guerrero, 25 de enero de 2018)

Rescatan 8 personas privada de su libertad en Minera Media Luna (Debate, 27 de enero de 2018)

Ejército y agentes toman el control de minera Media Luna en Guerrero (Proceso, 27 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: ONG emite Acción Urgente para proteger Evelia Bahena García, Diana Coralina Brito y Félix Rodríguez Navarrete (10 de agosto de 2015)

Guerrero/México/América Latina: Graves cuestionamientos a Goldcorp y empresas mineras canadienses (29 de abril de 2014)

Chiapas/México/América Latina: Violación de derechos por empresas mineras (25 de abril de 2012)


Guerrero / Nacional-México: Ayotzinapa a 40 meses de la desaparición de los 43 sigue la “indolencia” del gobierno

enero 30, 2018
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Jornada de lucha fuera de la PGR, foto @: La Jornada, César Arellano

El 24 de enero, en el marco de una Jornada de lucha por la presentación con vida de los Normalistas de Ayotzinapa realizada en la ciudad de México, los padres y madres de familia de los 43 tenían una cita agendada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, al llegar se encontraron con una valla de funcionarios que les impidió el paso.

El objetivo del la cita era tener una mesa de dialogo con el nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para que retome los compromisos que mantenía su antecesor, Miguel Ángel Osorio Chong. El comité de padres y madre de los 43 condenaron « la indolencia del secretario de Gobernación con las víctimas de desaparición forzada. Su nulo compromiso con los derechos humanos y la justicia. » y exigieron « cuanto antes la mesa de diálogo pendiente. »

El 26 de enero, a 40 meses de la desaparición forzada de las 43 y en el marco del último día de esa Jornada de lucha, realizaron una marcha hacia las oficinas del Centro de Evaluación y Control de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir « la presentación con vida de los jóvenes » y denunciar que la PGR no ha cumplido con las cuatro líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respecto al trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, de la policía federal, así como la telefonía móvil de los estudiantes desaparecidos.

Para más información :

Padres de los 43 de Ayotzinapa acusan la “indolencia” de Navarrete Prida por negarles audiencia (Proceso, 24 de enero de 2018)

Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en oficinas de la PGR (Proceso, 23 de enero de 2018)

Marchan familiares de los 43 normalistas a oficinas de la PGR (La Jornada, 23 de enero de 2018)

Indolencia del Gobierno (Centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan, 24 de enero de 2018)

Para más información de Sipaz:

Guerrero: caso Ayotzinapa: se exige la entrega de vídeos del Palacio de Justicia de Iguala para conocer lo ocurrido (19 de enero de 2018)


Oaxaca : Denuncia Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad agresiones en su contra

enero 19, 2018
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Conferencia de prensa (@Consorcio Oaxaca)

En el marco de una conferencia de prensa realizada el 18 de enero, la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca denunció una serie de agresiones en su contra que conforman un « patron sistemático de ataques » que incluyen, entre otros, intimidaciones, seguimientos, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robos en las propias oficinas de la organización e incluso en las casas de sus integrantes.

Subrayaron que del 2011 a la fecha han sufrido 11 allanamientos, seis de ellos bajo el gobernador actual. El más reciente sucedió el pasado 5 de enero : « durante la madrugada fue allanado el domicilio de la defensora e integrante del Equipo Directivo, Yesica Sánchez Maya, cortando la cerca de seguridad, desactivando alarmas, destruyendo chapas, robándose su computadora, pantallas y material de seguridad de la casa incluyendo videograbadora y modem de internet, cabe destacar que fueron dejados otros objetos de valor ».

Cabe destacar por otro lado que « de las tres denuncias que se han interpuesto durante este sexenio no existe resultado alguno, la primera de ellas se interpuso el 2 de diciembre del 2016, la segunda el 6 de abril del 2017 y la tercera el 5 de enero del 2017, de las cuales no hemos tenido ningún tipo de información, el único contacto ha sido tomar la denuncia y hacer algunas periciales. No hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este Gobierno para seguir atacando a Consorcio Oaxaca ».

Cabe destacar además que pese a que desde el año 2012, la organización es beneficiaria de medidas cautelares, no han sido cumplidas a cabalidad, ello a pesar de las reiteradas comunicaciones en las que « hemos alertado frente a dicho incumplimiento y al aumento de riesgo. Más grave aun, las autoridades responsables de brindar protección han buscado levantar las medidas cautelares(…), alegando que no había riesgo (…) o que sus elementos no estaban disponibles al estar atendiendo situaciones de conflictos sociales, bloqueos o marchas ».

Con base en datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, se registra en Oaxaca el 58% del total de agresiones a mujeres defensoras a nivel nacional.

Para más información :

Denuncia Consorcio Oaxaca 6 allanamientos en su contra durante sexenio de Alejandro Murat (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, 18 de enero de 2018 con aceso vídeo a la conferencia de prensa)

Denuncia ONG hostigamiento (El Imparcial de Oaxaca, 19 de enero de 2018)

Denuncia Consorcio allanamientos en su contra durante sexenio de Alejandro Murat (SDP Noticias, 18 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca: Allanan por 2º vez las oficinas de Consorcio

Marzo 6, 2012

Oaxaca: Allanamiento y robo de las oficinas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (5 de noviembre de 2011)


Internacional/Nacional : Human Rights Watch publica informe sobre la situación de derechos humanos en México y el mundo

enero 19, 2018

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En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch, organización con sede en Washington, Estados Unidos, resaltó en el caso de México los abusos de miembros de las fuerzas armadas, la impunidad en casos emblemáticos (como Tlatlaya y Ayotzinapa), el uso habitual de la tortura, la Ley de Seguridad Interior y la violencia en contra de defensores y periodistas, entre otros aspectos.

El documento señala que “durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012,miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos—incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado”. Además de que “el gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la “guerra contra el narcotráfico” en México”.

En cuanto a desaparición forzada, indicó que es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas ausentes que deben investigar por su cuenta. En general, las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluidas fosas clandestinas”, lo anterior, a pesar de que “el gobierno federal ha impulsado iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce”.

En cuanto al acceso a la justicia, el informe subraya que es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales”. También agrega que “es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”.

Para más información :

Informe Mundial 2018 (Human Rights Watch, enero de 2018)

Human Rights Watch condena impunidad en abusos de fuerzas de seguridad en México (Proceso, 18 de enero de 2018)

Con Peña, “graves y reiteradas violaciones de derechos humanos”: HRW (Aristegui Noticias, 18 de enero de 2018)

Señalan impunidad en México (NVI Noticias, 19 de enero de 2018).

Para más información de SIPAZ :

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)


Guerrero: caso Ayotzinapa: se exige la entrega de vídeos del Palacio de Justicia de Iguala para conocer lo ocurrido

enero 19, 2018

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A casi 40 meses de la desaparición los 43 normalistas, la ejecución de 6 y 2 graves heridos, las madres, padres, estudiantes de Ayotzinapa, organizaciones y colectivos iniciaron del 17 al 27 de enero una nueva Jornada de Lucha por la Verdad y la Justicia, de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. En ella ,entre otro, se exige al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) la entrega de los vídeos del Palacio de Justicia de Iguala para saber lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en el puente del Chipote.

Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan « al menos seis cámaras de circuito cerrado con un rango amplio de visión pudieron haber captado lo que sucedió. Sin embargo cuando los vídeos de esas horas fueron solicitados por el GIEI y la PGR, personal de Tribunal informaron que las grabaciones no las tenías ya que fueron entregadas y extraviadas por la entonces Presidenta del Tribunal Superior de Justicia Lambertina Galeana Marín. »

Padres y madres de los estudiantes exigieron una investigación exhaustiva y cárcel para Lambertina Galeana Marín. Por su parte el actual magistrado Presidente del TSJ, Alberto López Celis, se comprometió que se rastreará la cadena que siguieron los vídeos generados en el Palacio de Justicia en Iguala y se iniciará algún procedimiento interno de responsabilidad por la pérdida de los vídeos si fuera el caso. De igual formase comprometió que en 10 días recibe a los padres y madres de los 43 para dar respuestas a los planteamientos hechos en la reunión.

Para más información:

NOTA INFORMATIVA | Madres y padres de los 43 inician nueva Jornada de lucha por la presentación con vida de los normalistas (Centro de derechos Humanos de la montaña Tlachinollan, 18 de enero de 2018)

Familiares de Ayotzinapa inician nueva joranda de lucha por los 43 (Bajo Palabra, 18 de enero de 2018)

Movimiento Ayotzinapa protesta en Palacio de Justicia de Iguala (Bajo Palabra, 17 de enero de 2018)

Ayotzinapa: Los videos destruidos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala (Proceso, 7 de septiembre de 2017)

Para más información de Sipaz:

Guerrero/Nacional : A tres años de Ayotzinapa (2 de octubre de 2017)

Guerrero: tercera visita del mecanismo de seguimiento de la CIDH sobre le caso Ayotzinapa a casi tres años de los hechos (7 de septiembre)

Guerrero: Sesión de seguimiento de la CIDH del caso Ayotzinapa : avances nulos (10 de julio de 2017)