Guerrero: San Miguel del Progreso exige resolución del amparo 429/2016

abril 24, 2017
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Foto @: CentroProDh

El 19 de abril, la Comunidad Agraria Indígena Me’phaa de San Miguel del Progreso en la Montaña de Guerrero, instó a que se resuelva el amparo 429/2016 conforme a los más altos estándares internacionales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Cabe recordar que en noviembre de 2015, la Secretaria de Economía, sin realizar ninguna consulta previa al pueblo indígena Me’phaa, publicó una declaratoria que permitiría la obtención de concesiones mineras al mejor postor, que sea nacional o internaciona,l sobre de más del 80 % del territorio de San Miguel del Progreso.

En diciembre de 2015, la Comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso interpuso un amparo contra dicha declaratoria por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas.

En los meses de julio y diciembre de 2016, se llevaron a cabo unos peritajes antropológicos  que confirman el carácter inescindible de la naturaleza agraria e indígena de la Comunidad de San Miguel del Progreso y que la liberación de más del 80% de su territorio pondría en peligro la continuidad, viabilidad y sustentabilidad de la comunidad.

El 31 de marzo, se llevó acabo la audiencia constitucional correspondiente al amparo 429/2016, por lo que la comunidad de San Miguel del Progreso se encuentra en espera de que se declare sin efectos la declaratoria.

Para más información:
Territorio sagrado no concesionado (Centro de derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan, 19 de abril de 2017)
Respaldan organizaciones la demanda de amparo de San Miguel del Progreso contra las minas (El Sur de Acapulco, 20 de abril de 2017)
San Miguel del Progreso exige suspensión de la declaratoria de libertad del terreno para minería (CentroProdh, 21 de abril de 2017)
Para más información del SIPAZ:
Guerrero: San Miguel del Progreso exige se determine inconstitucionalidad de Ley Minera (20 de mayo de 2016)
Guerrero: Comunidad indígena pide a la SCJN revisión de la Ley Minera (2 de julio de 2014)


Guerrero: Rechazan la iniciativa de Ley de Seguridad Interior

marzo 30, 2017
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Foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía Foto@: Tlachinollan

El 28 de marzo, en Guerrero, uno de los estados más violentos de México y también uno de los más militarizados, tuvo lugar el foro sobre militarización titulado “Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía” durante el cual organizaciones civiles, víctimas, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) en México defendieron diferentes motivos para rechazar la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior que se encuentra actualmente en discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados.

En el acto, participaron padres y madres de los 43 estudiantes, quienes denunciaron que soldados del 27 Batallón de Infantería y policías de los tres niveles de gobierno intervinieron en los ataques, asesinatos y desapariciones forzadas sufridas por sus hijos. Asimismo participaron Tita Radilla, hija del líder campesino de Atoyac, Rosendo Radilla Pachecho, detenido y desaparecido en un retén militar en 1974 y Valentina Rosendo Cantú, violada por militares a los 17 años.

Previo a ese foro, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros, se pronunciaron en contra de esa Ley de Seguridad Interior explicando que daría pie a más violaciones a derechos humanos y a una completa impunidad. Esas organizaciones argumentaron que « de nada ha servido que los militares hayan asumido tareas de seguridad pública en el Estado si los niveles de violencia siguen aumentando exponencialmente cada día porque los grupos del crimen organizado se han adueñado de las instituciones y ejercen un control territorial imponiendo sus reglas y autogobierno.»

Para más información:

Rechazan la iniciativa de Ley de Seguridad Interior (El Sur de Acapulco, 29 de marzo de 2017)

Foro | Seguridad o Derechos Humanos: Una falsa dicotomía (Centro de derechos Humanos de la montaña Tlachinolla, 27 de marzo 2017)

Para más información de Sipaz:
Nacional : cierre de año legislativo con agenda polémica en el Congreso (18 de diciembre 2016)


Guerrero : padres de los 43 participan en audiencia de la CIDH

marzo 22, 2017
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Foto archivo Sipaz

El 17 de marzo, a 30 meses de la desaparición de los 43 normalistas, en el marco del 161 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó una audiencia con el fin de supervisar las investigaciones y búsqueda que realiza el Estado mexicano, así como los avances del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Según el periódico La Jornada, los defensores abrieron la audiencia con señalamientos críticos en torno a los nulos avances y urgieron a que los recientes cambios en la CIDH no afectaran el seguimiento al que dicha instancia se ha comprometido.

Por parte del Estado mexicano, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el gobierno de Peña Nieto sigue trabajando sobre la hipótesis de la verdad histórica (declarada por el Estado en enero de 2015) de que los 43 normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula : Las instancias responsables de la investigación han formulado una hipótesis que se ha conocido como la verdad histórica. Esa hipótesis presenta la versión de lo que sucedió, la versión de quiénes son los responsables, y de cuál fue el destino de los 43 a normalistas desaparecidos.” Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reaccionó, con indignación denunciando que “se están rechazando las conclusiones del GIEI en este momento por el Estado”. Cabe mencionar que las investigaciones del GIEI desmontaron, con múltiples evidencias, dicha verdad histórica.

El próximo 20 de abril, la CIDH hará una visita a México para continuar con el desarrollo del mecanismo.

Para más información :
Ayotzinapa en la CIDH: ¿golpe de mano? (La jornada, 20 de marzo de 2017)
La CIDH escuchó hoy de viva voz la pesadilla mexicana: muertos, desaparecidos, torturados… (Sin embargo, 17 de marzo de 2017)
Campa Cifrián revive en la CIDH la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa (Proceso, 17 de marzo de 2017)
La voz de los 43 en la CIDH (Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan, 20 de marzo de 2017)
Padres de los 43 participarán en audiencia de la CIDH en Washington (La Jornada, 14 de marzo de 2017)

Para más información de Sipaz:
Guerrero : La PGR niega ocultamiento al GIEI en el caso Ayotzinapa (26 de enero de 2017)
Nacional: Se aprueba la implementación del Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa (15 de septiembre de 2016)
Guerrero/México: GIEI concluye su trabajo México entregando un segundo informe (28 de abril de 2016)

Guerrero/ Nacional: EAAF y GIEI reaccionan ante conclusiones sobre fuego en el basurero de Cocula (11 de abril de 2016)
Guerrero: Grupo de Expertos sobre caso Ayotzinapa presenta su informe a 6 meses (7 de septiembre de 2015)


Guerrero : Convocatoria del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

marzo 16, 2017

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El Centro Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan extendió una convocatoria para la coordinación del área de incidencia internacional. Con sede en Tlapa, Guerrero, Tlachinollan es una organización de la sociedad civil dedicada desde hace 22 años a la defensa y promoción de los derechos humanos de la población indígena Me’phaa, Naua, Nnancué Ñomnda y Na Savi. Su centro de acción se ubica en la Montaña de Guerrero, región conformada por 19 municipios y más de 600 pequeñas comunidades, donde se encuentran algunos de los municipios más empobrecidos de México. Por su labor, Tlachinollan ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan el Premio MacArthur para las Instituciones Creativas y Efectivas, el Premio Robert. F. Kennedy y los premios otorgados a su fundador como son el VI Premio de los Derechos Humanos de la sección Alemana de Amnistía Internacional y el Reconocimiento por la Igualdad y la No Discriminación 2015, otorgado por la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Para más información :

Convocatoria para la coordinación del área incidencia internacional (Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan)


Guerrero : asesinan al periodista Cecilio Pineda

marzo 6, 2017
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Cecilio Pineda, asesinado a los 38 años, Foto@: TeleSur

El 2 de marzo, en la ciudad Altamirano, el periodista Cecilio Pineda fue asesinado a tiros por dos hombres a moto. Pineda tenía 38 años y era el director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal. La revista en linea Animal Político compartió que Cecilio Pineda “era un periodista especializado en temas policiacos en la región de Tierra Caliente, zona que actualmente atraviesa por fuertes problemas de seguridad, producto de la violencia ejercida por la banda criminal de Los Tequileros dedicada al narcotráfico, la amenaza y la extorsión.” Según esa misma revista justo antes de ser asesinado había compartido, desde su página de Facebook, dos vídeos en las que comunitarios de San Miguel Totolapan urgían al gobernador Héctor Astudillo a detener al Tequilero”, líder de la banda del mismo nombre.

La revista Proceso indicó que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, no quiso hablar sobre los señalamientos que hizo Cecilio Pineda en cuanto a la presunta protección que brinda su administración a la delincuencia y al diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco. Según el periódico el Sur de Acapulco, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, reveló que la delincuencia organizada participó en el asesinato del periodista.

Animal político recordó que periodista vivía bajo amenaza desde septiembre de 2015, día en el que un sujeto armado le disparó cuando llegaba a su casa, donde se encontraban su esposa e hijas diciéndole que esos tiros eran “un mensaje enviado por sus publicaciones periodísticas”. Tras esa tentativa de homicidio, Cecilio Pineda empezó a recibir medidas cautelares del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob). El 14 de octubre de 2016, el Mecanismo le retiró esas medidas en virtud de que no se identificó riesgo”.

La revista Sin Embargo declaró que “Cecilio es el segundo periodista asesinado en poco más de un año del gobierno de Héctor Astudillo Flores y el número 28 en el gobierno de Enrique Peña Nieto”. Del 2000 a la fecha han matado a 101 periodistas.” Además, denunció que “la protección a periodistas no será eficaz si no se combate la impunidad. México es el país en la región más peligroso para ejercer el periodismo y hoy por hoy existe un 99.75 por ciento de impunidad en estos crímenes.

Para más información:

Confirma Fiscal participación del crimen organizado en asesinato de Cecilio Pineda (El Sol de Acapulco, a 3 de marzo de 2017)

Minimiza Astudillo acusaciones de Cecilio Pineda (Proceso, a 6 de marzo de 2017)

Gobernación le quitó la protección al periodista asesinado porque no identificó riesgo (Animal político, a 4 de marzo de 2017)

Tres veces intentamos sacar a Cecilio Pineda de Altamirano pero no quiso: Segob (Proceso, 6 de marzo de 2017)

Cecilio Pineda (Sin embargo, 6 de marzo de 2017)

Para más información de Sipaz:

Chiapas : amenazas a periodista tras hacer públicos actos de corrupción de funcionarios del estado (20 de junio de 2016)

Guerrero: Asesinaron a periodista en Taxco (26 de abril de 2016)


Guerrero : Arturo Campos ¿ a un paso de la libertad?

marzo 2, 2017
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Arturo Campos Herrera, injustamente preso en el centro penitenciario de Ayutla, Foto@: Tlachinollan

El 14 de febrero, el Juez Sexto de Distrito de Acapulco, determinó que Arturo Campos que pertenece a la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC – PC) no cometió el delito de secuestro que le imputaron hace más de tres años. Arturo fue acusado de haber secuestrado y extorsionado a cinco personas pero, en un careo con las supuestamente 5 víctimas, ninguna pudo sostener esas acusaciones. En una declaración que emitió Arturo ese mismo día expresó que “Yo sé que eso lo inventó el gobierno. […] Los secuestros que dicen que cometemos los policías comunitarios son pura jalada de ellos solo para tenerme encerrado. […] Al gobierno no le gusta que los pueblos trabajemos derecho, mucho menos permite que le quitemos el negocio que tienen con la delincuencia. A nosotros nos quiere acabar, quiere vernos derrotados en la cárcel y ganas no le faltan para desaparecernos.”

Arturo pertenece a un sistema de justicia comunitario bajo el amparo de varias leyes y convenios nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la indeterminación de los pueblos y comunidades indígenas (ley 701, de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero; convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Articulo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Sin embargo, varias autoridades de policías comunitarias, al aplicar su derecho a la autodeterminación deteniendo delincuentes en sus territorios, han sido acusadas de secuestro, arrestadas y encarceladas.

Arturo explicó en su declaración que como policía comunitaria se organizan para defenderse de las inseguridad que ha llegado en sus comunidades “por culpa del mismo gobierno que no hace nada por los pueblos.” Afirmó que saliendo de la cárcel continuará impulsando la organización : “Seguiremos luchando contra la inseguridad y contra el gobierno que es cómplice de la delincuencia y es el causante de todo lo que está pasando en el estado. Muchos políticos, que si son delincuentes son los que deberían de estar en mi lugar, pero son intocables porque gozan de impunidad y son parte de la mafia.”

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompaña a Arturo en su proceso penal en su comunicado intitulado Las Batallas por la libertad de Arturo consideró que “en el camino hacia la búsqueda de justicia se ha dado un paso más para demostrar no sólo inocencia sino también las técnicas del Estado para criminalizar el modelo de justicia comunitario de la CRAC-PC”.

Tlachinollan aseguró que “en estricto apego a los principios de legalidad y justicia el juez de la causa está obligado a emitir la libertad inmediata de Arturo Campos Herrera“. Por ello exhortó al Juez de Primera Instancia en materia Penal y al Poder Judicial del Estado (PJEG) que se apeguen a la legalidad.

Para más información:
Las batallas por la libertad de Arturo(Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 17 de febrero de 2017)
Me declaro policía comunitario: inocente, no delincuente”(Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 17 de febrero de 2017)

Para más información de Sipaz:
Guerrero : Testigos de cargo del caso de Arturo Campos Herrera reconocen que no cometió el delito de secuestro por lo cual se encuentra preso (9 de diciembre de 2016)
Guerrero : exigen liberación de Arturo Campos Herrera, integrante de la CRAC PC ( 03 de diciembre de 2016)
Guerrero : marchan en Chilpancingo por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria (14 de octubre de 2016)


Guerrero: escalada de la violencia irrefrenable

febrero 14, 2017

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El Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan en su ultima rubrica de opinión intitulada «Los civiles armados» denuncia la escalada de la violencia irrefrenable que se esta viviendo en el estado de Guerrero “donde  el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad”. Tlachinollan explica los vínculos que han establecido los políticos del estado con nuevos actores que pertenecen a la delincuencia organizada y a grandes transnacionales. Afirma que el Estado ya no está al servicio ni protege a la población sino a los intereses macroeconómicos de las grandes transnacionales y los del crimen organizado, ambos vinculados entre ellos generandoun ambiente de miedo que  coloca  a las personas  en un estado de suma vulnerabilidad. Declara que el modelo de desarrollo estafincado  en el despojo y la privatización  de los recursos estratégicos” y que “toda la  fuerza del estado está  focalizada  en salvaguardar la riqueza de los saqueadores” mientras se profundiza gravemente la desigualdad social. Además, el Centro de derechos humanos señala la criminalización de los lideres sociales: se desaparecen y arremeten violentamente contra quienes se oponen  a esos negocios  truculentos y al saqueo de recursos naturales de las transnacionales”.

En esa misma publicación, Tlachinollan informa que “en Guerrero han incubado en diferentes regiones del estado actores no estatales  vinculados al crimen organizado que  la misma sociedad  los cataloga como grupos civiles armados. Son  hombres armados que irrumpen en los poblados para arremeter contra familias y comunidades enteras.

Tlachinollan concluye su opinión culpando a los cuerpos de seguridad y el mismo Ejército de haber sido “incapaces de contener  este desorden institucional porque están llamados a proteger los intereses macroeconómicos y los diferentes giros de la economía criminal que se lavan con los negocios de las transnacionales. Nunca están en el lugar ni en el momento en que la población requiere protección. En contraste los civiles armados  se desplazan con total libertad a sabiendas de que el camino está bajo su control.

Para más información:

OPINIÓN | Los civiles armados (Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, 5 de febrero de 2017)