Nacional/Internacional: Organizaciones civiles fuerzan a Relaciones Exteriores a hacer público el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas

Alto a la Tortura (@Desinformémonos)

El 12 de abril, después de 4 meses en los que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantenía en reserva el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de Naciones Unidas sobre su segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016, organizaciones civiles forzaron a que se hiciera público el documento mediante una solicitud de acceso a la información.

Dichas organizaciones indicaron que “aunque en el informe revelado, el SPT reconoció avances legislativos en torno a la prevención de la tortura en el país, también reiteró que la tortura es una práctica generalizada y confirmó que la impunidad casi absoluta que prevalece en los casos fomenta su repetición “. Señalaron que el Subcomité resaltó que “la falta de independencia de los servicios forenses de las procuradurías se traduce en el encubrimiento de actos de tortura y documentó que muchas personas privadas de la libertad no denuncian la tortura y malos tratos por temor a represalias”. Aunado a la impunidad, el Subcomité señaló su preocupación por “distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja y las autoridades y personal de los penales”.

Las organizaciones llamaron al Estado mexicano a que cumplan a cabalidad las recomendaciones formuladas por el SPT, e incluyan a organizaciones de la sociedad civil, expertas y expertos en su implementación.

“Entre las recomendaciones formuladas por el subcomité al Estado mexicano están garantizar que todas las autoridades facultadas para privar de la libertad a los ciudadanos sean capacitadas y apliquen plenamente los estándares de uso racional y proporcionado de la fuerza con enfoque de derechos humanos, instruir a los agentes de Estado sobre la prohibición del uso de la tortura, adoptar medidas necesarias para prevenirla y sancionarla, entre otras”, resumió La Jornada.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó por su parte que en los últimos 17 años ese organismo emitió alrededor de 300 recomendaciones por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, derivadas de más de 11 mil 500 quejas. La CNDH constató que “la brecha existente entre un fenómeno reconocido como generalizado y las escasas sentencias condenatorias por tortura indican que la impunidad ante los actos de tortura es prevalente”.

Para más información :

Prevalece impunidad de actos de tortura en México, señala subcomité de la ONU (La Jornada, 18 de abril de 2018)

La CNDH emitió 300 recomendaciones por tortura y tratos crueles en los últimos 17 años (El Sur, 17 de abril de 2018)

La CNDH emitió 300 recomendaciones por tortura y tratos crueles en los últimos 17 años (Proceso, 16 de abril de 2018)

ONU confirma la práctica generalizada de la tortura en México (SIDIDH, 16 de abril de 2018)

Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Subcomité de Naciones Unidas, diciembre de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Internacional/Nacional : Human Rights Watch publica informe sobre la situación de derechos humanos en México y el mundo (19 de enero de 2018)

Nacional: Senado aprueba Ley contra la Tortura (29 de abril de 2017)

Nacional/Internacional : « la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México » Juan E. Mendez (7 de marzo de 2017)

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Guerrero : Juez ordena que se garanticen derechos al agua, a la salud y trato digno a los 25 presos del CECOP

Presos del CECOP (@Tlachinollan)

En el marco del juicio que se les sigue a 25 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa de La Parota (Cecop) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), detenidos el 7 de enero del 2018, en la Concepción y actualmente encarcelados en el Penal de Las Cruces en Guerrero, se llevaron a a cabo, a principios de abril, cuatro días de audiencias de ejecución penal en las que se verificaron las condiciones de su internamiento.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció varias violaciones a sus derechos humanos consistentes en la restricción de la visita familiar y de sus abogados, la falta de atención a la salud, al agua y a la alimentación adecuada, así como el aislamiento injustificado que sufren algunos de ellos y el hacinamiento para otros.

El Cereso de Acapulco y las autoridades estatales interpusieron un recurso de nulidad argumentando que dichas alegaciones no se habrían hecho conforme a la ley de la materia.  Por su parte, la defensa manifestó que las violaciones denunciadas eran caso urgente pues muchas de ellas ponen en riesgo la salud, la dignidad y la vida.

La Juez de Ejecución que revisó el caso determinó respetar el derecho al trato digno, al agua y a condiciones adecuadas de internamiento de dichos presos, incluyendo el hecho que el líder Marco Antonio Suástegui debía de tener espacios de esparcimiento como el resto de las personas privadas de la libertad.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan celebró que en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal sea un juez de ejecución quien vigile y supervise los derechos de las personas privadas de su libertad así como las circunstancias de internamiento, infraestructura, salud y alimentación en los penales : “Los sistemas penitenciarios son una piedra angular en el Sistema de justicia, pero es el rubro donde se  presentan graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La falta de respeto a los derechos y las leyes de parte de las autoridades, así como la concepción de un derecho penal de autor que ve en la persona privada de la libertad como enferma que requiere un tratamiento, tiene hoy en día en una situación de colapso a los penales”.

Para más información :

Ordenan celda ‘digna’; agua, alimentación y visitas a presos de La Parota (Regeneración, 6 de abril de 2018)

BOLETÍN | Juez de ejecución ordena al Cerereso se garantice derecho al agua, a la salud y trato digno a los 25 del CECOP (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinllan, 8 de abril de 2018)

Juez ordena que se garantice el derecho al agua y a la salud a los 25 del CECOP (Somos el medio, 8 de abril de 2018)

Los 25 presos del Cecop (La Jornada de Guerrero, 9 de abril de 2018)

Respeto a los derechos humanos de los 25 del Cecop (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinllan, 9 de abril de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero: Acción urgente: Ejecuciones extrajudiciales y detenciones de policías comunitarios y de miembros del CECOP (10 de enero de 2018)

Guerrero: Heridos siete integrantes del Cecop (3 de mayo de 2016)

Guerrero: Liberan a vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui (24 de agosto de 2015)

Internacional/Nacional/Oaxaca: DDHPO denuncia a Fox, Calderón y más de 100 exfuncionarios ante la Corte Penal Internacional por crimenes de lesa humanidad

Foto @ impacto.mx

El pasado 5 de abril del 2018, el ombusman de Oaxaca Arturo Peimbert, confirmó en una entrevista con la Jornada que presentará en julio ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y una docena de altos funcionarios del Estado Mexicano por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto socio-político de 2006 y 2007 en Oaxaca.

Peimbert argumentó para la Jornada que las acciones del gobierno siguieron un patrón “sistemático y generalizado de guerra de baja y mediana intensidad, como estrategia de contención de la protesta social“. La revista Proceso reporta específicamente “crímenes graves, en particular asesinatos, torturas y desapariciones forzadas“, cometidos por parte de cuerpos federales, estatales y municipales de policía, mismos que a 12 años “se encuentran en la absoluta impunidad“.

La Jornada indicó que “según el informe final de la Comisión de la Verdad para el caso Oaxaca 2006-2007, fueron abatidos 30 civiles durante los ataques de grupos armados a las barricadas.“ Además de contener “una lista de más de cien funcionarios, señalados como responsables” durante este conflicto.

En su entrevista Peimbert añadió que “para llevar este caso ante la Corte Penal nos inspiramos en el que presentó Michael Chamberlin, del Comité de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, sobre Coahuila. Ahí se documenta la acción concertada del grupo criminal de los Zetas con los gobernadores Humberto y Rubén Moreira, y en consecuencia la desaparición comprobada de más de mil 800 personas y las masacres de Allende y Piedras Negras. Por tratarse no de casos aislados, sino de un patrón de violencia sistemática y generalizada, la CPI lo admitió en junio del año pasado”.

Para más información:

Estado sigue patrón de guerra de baja intensidad contra protesta social: Peimbert (La Jornada, 5 de abril de 2018)

Denunciarán a Fox, Calderón y Ruiz ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad (Proceso, 21 de marzo de 2018)

Denunciarán a Felipe Calderón ante Corte Penal Internacional (La Jornada, 21 de marzo de 2018)
Para más información en SIPAZ:

Oaxaca: denuncian amenazas contra integrantes de la Comisión de la Verdad conformada para investigar el conflicto político-social del 2006 (23 de abril de 2015)

Oaxaca: A 8 años del conflicto de 2006, sigue la impunidad. Se conforma Comisión de la Verdad (27 de noviembre de 2018)

 

Chiapas : cambios en gabinete ante funcionarios que optaron por buscar puestos de elección popular

Nombramiento de Mario Carlos Culebor Velasco como secretario general de gobierno (@gobierno de Chiapas)

El arranque de las campañas electorales 2018 implicó cambios recientes en el gabinete del gobernador Manuel Velasco Coello.

Juan Carlos Gómez Aranda dejó el cargo de secretario general de gobierno después de tres años al frente de la dependencia para ser postulado como candidato para ocupar un escaño en el poder Legislativo. En su lugar, fue nombrado Mario Carlos Culebro Velasco quien se desempeñó, entre otros cargos como diputado local y federal, como Subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y recientemente, como Secretario de Transportes de Chiapas.

Asimismo, José Luis Llaven Abarca fue relevado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, posiblemente para presentarse a la presidencia municipal de su municipio de origen Suchiapa. Su responsabilidad le fue delegada a Jesús Ernesto Molina Ramos.

Por su parte, Raciel López Salazar solicitó licencia para separarse del cargo de Fiscal General del Estado (FGE), posición que ha desempeñado por siete años para unirse al equipo de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña y a la gubernatura de Chiapas, Roberto Armando Albores Gleason, aspirantes de la coalición “Todos por México”. En su lugar quedará María Susana Palacios García, quien se desempeñaba como fiscal de Coordinación de esa dependencia.

Cabe mencionar finalmente que el Congreso del estado también aprobó licencia para 14 alcaldes y 19 diputados pidieron licencia en busca de otra posición de elección popular o de la reelección en el caso de los ediles.

Para más información :

Gobernador Manuel Velasco realiza cambios en su gabinete (Diario Untimatum, 2 de abril de 2018)

Culebro Velasco, titular de la Secretaría General de Gobierno (El Heraldo de Chiapas, 1ero de abril de 2018)

Boletín del gobierno del estado (1ero de abril de 2018)

El secretario de Gobierno de Chiapas deja el cargo (La Jornada, 31 de marzo de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas: Cambio en el secretaría general de gobierno (21 de abril de 2015)

Chiapas : Conceden a médico acusado de motín amparo reconociendo que su participación en protesta fue por mejorar servicios de salud

Enfermeras en huelga de hambre, abril de 2017 (@CNTE)

El 26 de marzo, un juzgado federal otorgó un amparo en favor del doctor Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, acusado del delito de motín, tras haber participado en protestas con enfermeras y trabajadores del sector salud, entre el 3 de abril y el 24 de mayo de 2017, un movimiento que se generó en Tuxtla Gutiérrez para exigir la reinstalación de varias trabajadoras despedidas, así como el abastecimiento de medicamentos, material de curación y equipo clínico. Tras semanas de negociaciones la huelga de hambre finalmente concluyó con una serie de acuerdos que no han terminado de cumplirse a cabalidad.

El juez encargado del caso determinó que los datos de prueba aportados por la fiscalía no demostraban que Zavaleta Ruíz, con su participación en las protestas, hubiera amenazado la estructura jurídica o material del Hospital Regional Doctor Rafael Pascasio Gamboa ni que hubiera puesto en riesgo su subsistencia, sino que por el contrario, los reclamos fueron con la finalidad de mejorar el servicio médico.

Medios subrayaron que con esta decisión : « la creciente tendencia gubernamental para criminalizar el derecho a la protesta mediante el delito de motín recibió en días pasados un importante revés por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante criterios que bien podrían determinar las sentencias futuras para casos similares. (…) La sentencia definitiva emitida hace apenas unos días apunta a convertirse en un parteaguas jurídico para el uso tramposo del motín como herramienta penal para la represión política ».

Para más información :

Chiapas: Otorgan amparo a médico acusado por participar en protesta (La Jornada, 26 de marzo de 2018)

Dan revés a la criminalización de la protesta en Chiapas (Revolución 3.0, 5 de abril de 2018)

Trabajadores del sector salud reclaman el pago de sus “gastos de camino” en Chiapas (Proceso, 5 de abril de 2018)

Chiapas: represión y encarcelamiento arbitrario a trabajadores del sector salud (31 de enero de 2018)

Chiapas: Sector salud denuncia criminalización en su contra (22 de enero de 2018)

Chiapas: Acuerdan terminar segunda huelga de hambre de enfermeras en Chiapas (29 de mayo de 2017)

Chiapas : Enfermeras retoman huelga de hambre y denuncian incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno del estado (2 de mayo de 2017)

2018: México será examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)

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• #ColectivoEPUmx denuncia ante la ONU: la crisis de violencia, corrupción e impunidad en México, perpetúa las violaciones a derechos humanos:
• La sociedad civil considera imprescindible ayuda del Consejo de Derechos Humanos para garantizar cumplimiento de las recomendaciones derivadas del tercer EPU y para revertir la impunidad que azota al país.
• El estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales en materia de derechos humanos.

En un ejercicio de articulación histórico más de 200 organizaciones de la sociedad civil mexicanas, hemos conformado el #ColectivoEPUmx. La inédita articulación civil para este tema, presentó el pasado 29 de marzo un informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos. Este documento busca visibilizar la situación actual de los derechos humanos en México y resaltar las deficiencias del cumplimiento de las obligaciones del estado mexicano.  (Una descripción de lo que significa el Examen Periódico Universal puede ser consultada en http://bit.ly/2pQGKZF)

La administración de Enrique Peña Nieto representa una gran oportunidad para el ejercicio del EPU, debido a que en ella coincidieron dos ejercicios, el segundo ciclo que tuvo fin en 2014 y el actual que inició en mayo de 2017. En este entendimiento el estado mexicano se encontraba en la situación perfecta para desarrollar políticas públicas de impacto que permitieran reflejar avances en materia de derechos humanos.

Desde el final del segundo ciclo del EPU, México ha experimentado una tentación autoritaria, que se traduce en la construcción de un marco jurídico que favorece estructuralmente la impunidad debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación de derechos humanos.

Según el Índice Global de Impunidad realizado en 2017, México ocupa el primer lugar en impunidad en las Américas y el cuarto lugar en el mundo, está situación constituye el eje transversal que perpetúa la violencia y las violaciones a derechos humanos. Dentro del estado mexicano la impunidad es generada por; la falta de sistemas de seguridad funcionales, la desigualdad económica y social, la falta de sistemas de justicia funcionales y la falta del monitoreo de las obligaciones en materia de derechos humanos.

El estado mexicano no ha sido transparente al evaluar sus avances, retos o retrocesos, a la luz de los ejercicios del EPU anteriores. Por ello las organizaciones de la sociedad civil vemos necesario manifestar ante el Consejo de Derechos Humanos que México no ha incumplido con las 267 recomendaciones emitidas en los ciclos pasados del EPU, ni con las 1885 recomendaciones  de los órganos y procedimientos especiales de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.

La inexistencia de un mecanismo que permita monitorear las obligaciones en materia de derechos humanos produce un aumento en las violaciones a los mismos. Por ello y en aras de hacer 100 % efectivo el ejercicio actual del EPU, las organizaciones de la sociedad civil solicitamos la coadyuvancia internacional para la implementación de recomendaciones, mediante la actualización al Consejo de Derechos Humanos sobre la implementación de las recomendaciones, en una intervención oral anual bajo el ítem 6 de la agenda del Consejo, con miras a identificar áreas en las que el Consejo y sus Estados miembros puedan brindar asistencia técnica para coadyuvar en el cumplimiento de las mismas.

Por lo anterior, mediante nuestro informe manifestamos la situación real que guardan los derechos humanos en México, resaltando que los ejes transversales que perpetúan su violación  son la  actual situación impunidad e  incumplimiento de recomendaciones de los ejercicios pasados del EPU, así mismo hacemos un llamado al Consejo de Derechos Humanos para que coadyuve con el estado mexicano y generen mecanismos que permitan implementar los resultados del presente ejercicio del EPU y  mecanismos tendientes a erradicar la impunidad.

Nacional : familiares de personas desaparecidas se oponen a cambios a la Ley General de Desaparición forzada

Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México consideraron « inaceptable » y un « retroceso » que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) quede bajo la tutela de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por lo que exigieron que la operación del órgano esté a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) como se había acordado con los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el marco del proceso de elaboración y aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda.

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación”, el Movimiento expresó que lamentaba « profundamente que el secretario de Gobernación haya roto los compromisos asumidos anteriormente por esa secretaría y que, de forma unilateral, haya decidido debilitar orgánicamente a la entidad responsable de encarar el reto más importante de México en materia de derechos humanos (…) con su decisión, el secretario de Gobernación manda un mensaje de desdén al trabajo realizado conjuntamente con decenas de colectivos de familiares y de la sociedad civil ».

Puntualizaron que « debido a la extrema gravedad y relevancia política del problema de las desapariciones en nuestro país, la posición y estructura orgánica de la CNB debe reflejar el compromiso del gobierno con este tema ». Expresaron que « lo apropiado es que la CNB sea adscrita directamente al secretario de Gobernación, ya que esto le permitiría cumplir de mejor forma sus atribuciones de coordinación, conducción y vinculación interinstitucional de una política integral para la búsqueda de personas ». Indicaron además que no confían en la CNS, pues « no ha favorecido el esclarecimiento de los múltiples casos de policías federales desaparecidos, ¿cómo esperar que ayude a encontrar a otros ».

Para más información :

Familiares de desaparecidos exigen a Peña que Comisión de Búsqueda dependa de Segob (Proceso, 2 de abril de 2018)

Comisión de Búsqueda dejará de ser un órgano independiente; es un retroceso: activistas (Animal Político, 2 de abril de 2018)

Se oponen a reformas a la Ley de Desaparición Forzada (Vanguardia, 2 de abril de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : ONU se pronuncia ante entrada en vigor de Ley sobre Desaparición forzada (19 de enero de 2018)

Nacional: Promulgan Ley contra la Desaparición forzada (25 de noviembre de 2017)

Nacional: aprueban Ley de Desaparición forzada (17 de octubre de 2017)