FNLS reporta retraso a la Investigación forense del caso de menor asesinado en Ocosingo

@ tiempo y forma

El 26 de junio del 2017, llegó un equipo de forenses argentinos a Chiapas para investigar la cause de muerte de Humberto Morales Sántiz de 13 años de edad y de El Carrizal, quien fue asesinado en febrero de 2017.

Los peritos argentinos encontraron dificultades para iniciar sus actividades debido a la falta de rayos X que debía de proporcionar el gobierno mexicano.

El Frente Nacional de Lucha hacia el Socialismo (FNLS) exigió que “ningún motivo obstruya la loable labor que contribuirá con el derecho a la verdad de los familiares de la víctima; juicio y castigo a los responsables materiales y ejecución de nuestro compañero; desarticulación y expulsión del campamento policiaco-paramilitar que se ubica anticonstitucionalmente en El Carrizal”.

Paralelamente, 14 integrantes del FNLS fueron detenidos mientras realizaban un volanteo informativo en la caseta en Chiapa de Corzo de la autopista Tuxtla-San Cristóbal el 29 de junio de 2017.

Para mas información:

Forenses argentinos arriban a Chiapas para aclarar caso de menor asesinado en Ocosingo (FNLS, 27 de junio de 2017)

Represión y desalojo violento de la policía estatal preventiva a compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS, 27 de junio de 2017)

Detienen a 14 miembros del FNLS por toma de caseta en Chiapas (Proceso, 29 de junio de 2017)

Para mas información de Sipaz:

Chiapas: Jornada Nacional: “Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡hasta encontrarlos!” (14 de marzo de 2017)

Chiapas: “Jornada nacional contra el terrorismo del estado en Chiapas” del FNLS (2 de mayo de 2016)

Oaxaca: OSC denuncian las condiciones de seguridad en el estado

En un comunicado publicado el 9 de mayo pasado, más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hicieron un llamado enérgico al gobierno federal de Enrique Peña Nieto y estatal de Alejandro Murat Hinojosa para que actúen ante el aumento de la inseguridad en el estado: “Vemos con preocupación esta situación de inseguridad que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que el porcentaje de personas mayores de 18 años considera que vivir en Oaxaca es peligroso, las cifras aumentaron de 68.6 en marzo a 82.6 en diciembre del año pasado. La misma encuesta señala que 85% de los oaxaqueños opinan que el gobierno fue ineficiente para atender los problemas de delincuencia como robos, extorsiones, secuestros, fraudes, entre otros asuntos”.

Señalaron además que las cifras oficiales no reflejan la amplitud de la problemática, ya que “la mayoría de los ciudadanos no denuncian los sucesos de inseguridad, de acuerdo a un estudio de investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados. En el 2015 las “cifras negras” de los delitos no denunciados aumentaron 94.8% ya que ir a denunciar lo consideran como una pérdida de tiempo y desconfían de la autoridad”.

Indicaron además que “De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano a principios de este año se reflejó que en Oaxaca los delitos que registraron alzas fueron el secuestro, el robo con violencia, el robo de vehículos, el robo a negocios y el robo a transeúnte. Esta realidad agudiza problemas sociales y estructurales de la población al tener pérdidas económicas y materiales, detiene la inversión en el estado e incrementa el cierre de negocios que como consecuencia traen la pérdida de empleos. Desafortunadamente estos acontecimientos se han ido normalizando en la sociedad oaxaqueña, contexto que pone en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos los ciudadanos, sin que ante este escenario exista una estrategia integral clara de los distintos niveles de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población”.

Para más información:

Urgente Mejorar las Condiciones de Seguridad que vivimos en el Estado de Oaxaca (OSC, 9 de mayo de 2017)

OSC de Oaxaca llaman a Peña y a Murat a garantizar seguridad ante alza de delitos (Proceso, 9 de mayo de 2017)

Violencia, un monstruo que crece en Oaxaca: ONG (NVI Noticias, 5 de mayo de 2017)

Con 211 homicidios dolosos, Oaxaca registra el primer trimestre más violento en siete años (Proceso, 26 de abril de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Registra Oaxaca 500 mujeres asesinadas durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo (12 de septiembre de 2016)

Oaxaca: Aumentan homicidios en Oaxaca (22 de abril de 2016)

Chiapas: CIDH determina responsabilidad en ejecución extrajuidicial en el marco del plan de Campaña Chiapas 94

Conferencia de Prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 3 de mayo de 2017 Foto: @Sipaz

El 3 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en la que informó que, en el caso de la ejecución extrajudicial del indígena tzeltal Gilberto Jiménez Hernández ocurrida en febrero de 1995 en la comunidad La Grandeza, municipio de Altamirano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó “la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.”

A 22 años del operativo militar en dicha comunidad , el Boletín de Prensa del CDHFBC recordó: “El 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, la población recibió la alerta del operativo militar realizado por la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea “Arcoiris” en el Agrupamiento “Yabur”, compuesta por 65 agentes militares quienes portaban armamento 3 MP5 Cal. 9mm y 62 G-3 Cal. 7.62mm. Al mismo tiempo aviones del Ejército sobrevolaban en la región. La población del ejido La Grandeza, conformada, en su mayoría, por mujeres, niñas, niños y ancianas/os se desplazó forzadamente hacía la montaña para salvar su vida, mientras en el poblado, los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas. El señor Gilberto Jiménez Hernández, indígena tseltal de 43 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia a la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y sin importar que llevara su hija de cinco años atada con un chal en la espalda, le disparó.”

El Director del CDHFBC, Pedro Faro, recalcó que “hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano, el expediente se encuentra extraviado por las autoridades de procuración de justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México”.

Rubén Moreno, abogado del Centro explicó por su parte que la familia de Jiménez Hernández decidió no recibir ninguna reparación económica por el daño, sino que optó porque se hiciera público el informe de la CIDH.

Para más información:

Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad: CIDH (CDH Fray Bartolomé de Las Casas, a 3 de Mayo de 2017)

CIDH culpa al Estado por muerte de tzetzal: Frayba (La Jornada, 3 de mayo de 2017)

CIDH culpa al Estado mexicano por ejecución extrajudicial de indígena tzeltal (Proceso, 3 de mayo de 2017)

Determinan responsabilidad del Estado en muerte de indígena (Cuarto Poder, 4 de mayo de 2017)

Nacional: Senado aprueba Ley contra la Tortura

El 25 de abril, el Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley contra la Tortura y envió el documento al Ejecutivo federal para su promulgación. Esta legislación estuvo en discusión por casi un año en la Cámara de Diputados, mientras “del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 104 quejas y emitió 79 recomendaciones sobre el tema de la tortura. A ello se suman las 4 mil 404 quejas presentadas ante dicho organismo por la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el mismo periodo, de las cuales, mil corresponden a casos relacionados con el Ejército y la Marina. Según cifras obtenidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República recibió 4 mil 55 denuncias por tortura, e informó que sólo mil 884 casos se encuentran en investigación. De ésos, sólo en 11 se registraron consignaciones, y únicamente se tiene conocimiento de cinco sentencias por ese delito en el periodo de referencia.”

Está Ley general pretende permitir prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En caso de cometer el delito de tortura, para “obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona”, se prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo, para el servidor público que incurra en dicho delito. Cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescente, se aumentará la pena hasta 30 años de prisión. Lo mismo tendrá validez en caso de que una mujer gestante, una persona con discapacidad, o un adulto mayor, sea sometido a cualquier forma de violencia sexual, tenga la condición de migrante, afrodescendiente o pertenezca a una comunidad indígena.

El texto de ley plantea también “aplicar las mismas sanciones a los superiores jerárquicos, cómplices y colaboradores en actos de tortura y como medida temporal se prevé la remoción de servidores públicos señalados o investigados por este delito, con el objetivo de que no entorpezcan la indagatoria en su contra.”

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró la ley aprobada ya que prohíbe de forma absoluta la tortura, “sanciona la conducta en todo el país bajo una misma definición acorde con los tratados internacionales, excluye pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos y determina reglas claras de combate a la impunidad”. Consideró además que otro avance de la legislación consiste en que “distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos de tortura e incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas”.

Por su parte, Amnistía Internacional consideró que representa un paso adelante para hacer frente a la crisis de derechos humanos que prevalece en el país, pero que “a menos que las autoridades mexicanas hagan un esfuerzo real por garantizar el procesamiento de todos los responsables de los miles de casos de tortura denunciados cada año en todo el país, esta ley no será más que palabras sobre el papel. No debemos permitir que esto siga siendo así”.

Para más información:

Por unanimidad, aprueba el Senado Ley contra la Tortura (La Jornada, a 27 de abril de 2017)

Aprueba Senado ley contra tortura: penas de hasta 30 años (Aristegui Noticias, a 26 de abril de 2017)

Senado aprueba por unanimidad ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura (Proceso, 26 de abril de 2017)

Y ONU-DH urge a Peña Nieto promulgarla (Proceso, 26 de abril de 2017)

‘Un paso adelante’, nueva ley contra la tortura en México: AI (MVS, 26 de abril de 2017)

La ONU-DH felicita al Congreso de la Unión por la aprobación de la ley general de tortura (La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), a 26 de abril de 2017)

Sociedad civil insta al Senado a aprobar Ley General contra la Tortura esta semana (Tlachinollan, a 24 de abril de 2017)

Ley general contra la tortura (La Jornada, a 6 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

Nacional: Organizaciones sociales se pronuncian sobre ley de tortura (31 de mayo de 2016)

Nacional/Internacional : « la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México» Juan E. Mendez (7 de marzo de 2017)

Chiapas : Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres cuestiona falta de avances de Alerta de Violencia de Género

El pasado 21 de abril, se llevó a cabo una reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en Tuxtla Gutiérrez, en seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) emitida hace más de 5 meses por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Después de la misma, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas –integrada por 21 organizaciones civiles y decenas de personas-, se pronunció para denunciar que “pese a los compromisos adquiridos por las instituciones del gobierno estatal y federal para la implementación de acciones inmediatas para atender la AVG, señalamos la falta de compromiso en acciones claras y contundentes para atender las múltiples denuncias presentadas por hechos de violencia y feminicidio hacia las mujeres en las distintas regiones de Chiapas”.

Cuestionó “la falta de interés y ausencia del gobernador, Manuel Velasco Coello, y funcionarios con capacidad de decisión” así como el hecho que “no se han instalado las mesas de atención de casos, salud y coordinación de municipios pesé a la urgente necesidad de atender los eventos de violencia contra las mujeres que se siguen sumando en la entidad”.

La Campaña reiteró que “la declaratoria parcial de AVG para 23 municipios omite las graves violaciones a derechos humanos de las mujeres que se están cometiendo en el resto de municipios de la entidad que no fueron consideradas como parte de la Declaratoria”.

Reprobó además “el uso y abuso que el gobierno estatal, servidores públicos y personas de la política interna hacen de los recursos públicos para instrumentalizar a mujeres beneficiarias de programas asistenciales, como el Prospera, para fines político electorales violentando su derecho a decidir y participar libremente sin condicionamiento alguno”.

Cabe recordar que según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Chiapas se encuentra en el décimo lugar de los estados en México con mayor número de agresiones a mujeres registradas.

Para más información :

Aumentan feminicidios y dilación y omisión de autoridades en Chiapas: activistas y organizaciones (Desinformémonos, 22 de abril de 2017)

Gobierno estatal irresponsable en atender la Alerta por Violencia de Género en Chiapas (Comunicado de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio, Chiapas Paralelo, 25 de abril de 2017)

Lejos de cumplir Alerta de Género, gobierno de Chiapas usa programa con fines electorales: ONG (Contralínea, 26 de abril de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Internacional/Chiapas: Día Internacional de la Mujer (13 de marzo de 2017)

Chiapas : sigue la violencia hacia las mujeres (24 de febrero de 2017)

Chiapas: Día Internacional de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres (28 de noviembre de 2016)

Oaxaca : 7 años de impunidad en el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

(@Amnistía Interncional)

El 27 de abril, se cumplieron siete años desde el asesinato de los defensores de derechos humanos Bety Cariño (37) y Jyri Jaakkola (33, de nacionalidad finlandesa ) mientras participaban en una caravana humanitaria a la comunidad indígena de San Juan Copala, en la zona triqui de Oaxaca. Aunque 13 victimarios están plenamente identificados, sólo 5 se encuentran en la cárcel hasta ahora.

Organizaciones indígenas y campesinos recordaron los hechos con una marcha denunciaron que “Durante estos siete años hemos asistido a innumerables reuniones con todo tipo de autoridades, y nos hemos encontrado con un muro de indiferencia, de instituciones débiles y de las complicidades de autoridades federales, que no han querido ir al fondo para castigar a los perpetradores de este crimen, archivando diversas averiguaciones que señalan a los responsables, buscando esconder la verdad de lo que ocurrió en el ataque a la caravana y proteger a los autores, no solo materiales sino también a los intelectuales de este y otros crímenes más cometidos en contra de defensores comunitarios en Oaxaca. Sin acierto y apelando a que no es posible la detención de quienes asesinaron a Bety y Jyri, el gobierno busca simular un juicio descalificando las pruebas que señalan la responsabilidad de los agresores, mientras los testigos y víctimas que participaron en la caravana, han sido sujetos de acoso, amenazas permanentes, agresiones y todo tipo de hostigamientos”.

Para más información :

Con marcha exigen justicia para activistas asesinados hace siete años en Oaxaca (Proceso, 27 de abril de 2017)

La justicia para Bety y Jyri no llega (EL Imparcial de Oaxaca, 27 de abril de 2017)

Bety Cariño y Jyri Jaakkola, siete años de un crimen impune (Contralínea, 27 de abril de 2017)

Pronunciamiento de organizaciones sociales e indígenas (26 de abril de 2017)

Siete años de impunidad en la Mixteca de Oaxaca: MAIZ (NVI Noticias, 26 de abril de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca: Parlamentarias europeas vuelven a denunciar impunidad en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2 de marzo de 2017)

Oaxaca/Internacional : Suman 5 detenidos en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010) (15 de octubre de 2016)

Oaxaca: PGR archiva el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (28 de abril de 2016)

Oaxaca: Gobierno del estado no recibe a eurodiputadas por “falta de voluntad” hacia el caso de Bety y Jyri (2 de octubre de 2015)

Oaxaca: Persisten agresiones y hostigamientos hacia víctimas de Nochixtlán

Arturo Peimbert Calvo (@DDPHO)

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, informó que, el 17 de abril pasado, cuando se encontraba en las inmediaciones del municipio de Nochixtlán, lo encañaron y, al marcharse, le dispararon a larga distancia con impactos de balas en la batea y en una portezuela del vehículo.

Señaló que a diez meses de los acontecimientos represivos de Nochixtlán, “la falta de avances en la investigación favorece la impunidad, y alienta las agresiones a las víctimas, a familiares de las personas fallecidas y a sus defensores, por lo cual es necesario visibilizar la dilación con la que las autoridades están actuando para iniciar las investigaciones”. Agregó que “un caso en el que hay aproximadamente 100 personas heridas de bala y ocho personas fallecidas, debe ser investigado con prontitud debido a su magnitud”.

Expuso su preocupación “debido a las recientes agresiones de las que han sido objeto las víctimas y sus representantes, por ejemplo, la infligida al profesor Santiago Ambrosio Hernández, quien el 5 de marzo sufrió un atentado en el que resultó lesionado en la pierna por impacto de bala”. Por lo mismo, informó que se solicitaron medidas cautelares para quienes exigen justicia en el caso.

Cabe recordar que en Nochixtlán, el 19 de junio pasado, se llevó a cabo un desalojo perpetrado por policías federales contra pobladores y maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mismo que dejó ocho muertos y más de 100 heridos.

Para más información :

Denuncian que persisten las agresiones contra víctimas del desalojo en Nochixtlán (La Jornada, 20 de abril de 2017)

Agreden a ombudsman de caso Nochixtlán; resulta ileso (SDP Noticias, 19 de abril de 2017)

Disparan contra camioneta de Arturo Peimbert , presidente de la DDHPO (Red Capital, 18 de abril de 2017)

Agresiones y hostigamiento a víctimas de Nochixtlán continuán a diez meses de la tragedia (Boletín completo, DDHPO, 18 de abril de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca: Comité de Víctimas de Nochixtlán denuncia “intento de homicidio” contra dos de sus integrantes (7 de marzo de 2017)

Oaxaca: Organizaciones de Derechos Humanos presentan informe sobre represión en Nochixtlán (11 de julio de 2016)

Oaxaca/Nacional: Allanan casa de fotoperiodista que cubrió hechos en Nochixtlán (4 de septiembre de 2016)

BOLETÍN URGENTE: REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA (22 de junio de 2016)