Desde el 14 de junio, el acuerdo entre México y Estados Unidos para contener el flujo de migrantes de los últimos meses ha implicado una militarización de ambas fronteras, sostienen organizaciones de derechos humanos.
En la frontera Sur,se anunció la llegada de seis mil elementos de la Guardia Nacional (GN). Además, ”elementos del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destacamentados en la sierra de Chiapas se colocaron un brazalete negro con las siglas GN (Guardia Nacional) e iniciaron patrullajes en los municipios Frontera Comalapa y otros de la sierra de Chiapas”, ello después que “se multiplicó el número de migrantes que utilizan esta vía, luego que se endureció la ruta que parte del río Suchiate y corre por la costa de Chiapas, con la integración de elementos de la Policía Militar y la Marina en los retenes”, informó Chiapas Paralelo a los pocos días de la firma del convenio.
Las organizaciones civiles que trabajan a favor de los migrantes expresaron su preocupación por el “doble discurso” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que de una política humanitaria pasó a una militarista. Acusaron el gobierno federal de haber dejado que “la administración de Donald Trump, extendiera su dominio fronterizo hasta el sur de México”. Indicaron además que el aumento de la vigilancia policiaca y militar, no frenará la migración sino que la llevará a recurrir a rutas más peligrosas y riesgosas para su seguridad e integridad. Igualmente, les preocupa la tendencia a la estigmatización de todas las organizaciones de la sociedad civil aumentando los riesgos para defensores de migrantes y cerrando los posibles canales de diálogo. Advirtieron que hay poca claridad en las funciones de la GN: “desde marzo del 2011, cuando se despenalizó la migración como un delito, esta quedó como una falta administrativa y el INM (Instituto Nacional de Migración) como la única autoridad facultada para detener a los migrantes. Sin embargo, ahora lo están haciendo todos, Marinos, Ejército, Policía Federal, los cuerpos policiacos estatales y hasta los municipales”, recuerda Chiapas Paralelo.
Otro problema vinculado a la estrategia de contención tiene que ver con la saturación de las estancias migratorias que se se encuentran rebasadas en su capacidad, hasta en 400 por ciento con “condiciones de hacinamiento, sin sanidad ni alimentación adecuada ni acceso suficiente a servicios de salud”. El quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Édgar Corzo Sosa, igualmente señaló la falta de personal e infraestructura para darle trámite a las solicitudes de refugio o regulación de la estancia migratoria.
Las organizaciones civiles también han denunciado que el INM ha solicitado a las empresas de transporte colaborar para impedir el ingreso de personas indocumentadas a sus vehículos, lo que aceptaron hacer algunas de ellas cuando el Instituto amagó con demandarles por delitos equiparables al tráfico de personas, con penas de entre mil a 10 mil días de multa o hasta 16 años de cárcel. Las OSC cuestionaran que esta última acción obstaculiza “el libre tránsito, no sólo para esta población, sino también para las personas mexicanas” ya que existen “millones de personas que viven en México -que no cuentan con estos documentos- y transitan por las carreteras del país en los diferentes sistemas de transporte: jóvenes, personas jornaleras agrícolas –de las cuales, muchas son indígenas, inmigrantes con documentación migratoria, miles de personas mexicanas retornadas o deportadas que no cuentan con documentos de identidad, y aquéllas que no tienen su credencial del INE porque se las robaron, no lo han actualizado, etc”.
En la Frontera Norte, “tenemos un despliegue total entre la Guardia Nacional y unidades del ejército de casi 15,000 hombres”, reconoció el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, durante la conferencia matutina de AMLO el 25 de junio. Afirmó que “considerando que la migración no es un delito, es una falta administrativa, entonces nada más los detenemos y los ponemos a disposición de las autoridades” del Instituto Nacional de Migración. En este mismo marco, AMLO confirmó que los efectivos de la Guardia Nacional sí realizan detenciones de migrantes en auxilio de las autoridades del INM. Declaró que “puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos es que se respete los derechos humanos de los migrantes y eso va a continuar así».
Para más información:
Organizaciones, activistas y defensores denuncian doble discurso del gobierno de AMLO en política migratoria (Chiapas Paralelo, 17 de junio de 2019)
Por “contingencia migratoria”, personas sin identificación oficial no podrán abordar en ADO y ETN (Proceso, 18 de junio de 2019)
Acciones para contener migración en el país ponen en peligro libertad de tránsito de población mexicana (OSC, 19 de junio de 2019)
Organizaciones denuncian que medidas gubernamentales contra migrantes son anticonstitucionales (Desinformémonos, 20 de junio de 2019)
15 mil elementos de la Guardia Nacional impedirán el cruce de migrantes hacia EU (Animal Político, 24 de junio de 2019)
Puede Guardia Nacional detener a migrantes: López Obrador (Excelsior, 25 de junio de 2019)
Para más información de SIPAZ:
Chiapas/Nacional/Internacional: liberan a los defensores de derechos humanos de los migrantes, Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez (12 de junio de 2019)
Nacional/Internacional: Acuerdo sobre migración entre EUA y México cancela imposición de aranceles al segundo (8 de junio de 2019)
Nacional/Internacional : Detienen a dos defensores de derechos humanos de los migrantes (6 de junio de 2019)
Chiapas/Nacional/Internacional : Misión de Observación concluye “la frontera Sur es una tortura silenciosa” (1 de junio de 2019)
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