El 3 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en la que informó que, en el caso de la ejecución extrajudicial del indígena tzeltal Gilberto Jiménez Hernández ocurrida en febrero de 1995 en la comunidad La Grandeza, municipio de Altamirano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó “la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.”
A 22 años del operativo militar en dicha comunidad , el Boletín de Prensa del CDHFBC recordó: “El 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, la población recibió la alerta del operativo militar realizado por la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea “Arcoiris” en el Agrupamiento “Yabur”, compuesta por 65 agentes militares quienes portaban armamento 3 MP5 Cal. 9mm y 62 G-3 Cal. 7.62mm. Al mismo tiempo aviones del Ejército sobrevolaban en la región. La población del ejido La Grandeza, conformada, en su mayoría, por mujeres, niñas, niños y ancianas/os se desplazó forzadamente hacía la montaña para salvar su vida, mientras en el poblado, los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas. El señor Gilberto Jiménez Hernández, indígena tseltal de 43 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia a la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y sin importar que llevara su hija de cinco años atada con un chal en la espalda, le disparó.”
El Director del CDHFBC, Pedro Faro, recalcó que “hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano, el expediente se encuentra extraviado por las autoridades de procuración de justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México”.
Rubén Moreno, abogado del Centro explicó por su parte que la familia de Jiménez Hernández decidió no recibir ninguna reparación económica por el daño, sino que optó porque se hiciera público el informe de la CIDH.
Para más información:
Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad: CIDH (CDH Fray Bartolomé de Las Casas, a 3 de Mayo de 2017)
CIDH culpa al Estado por muerte de tzetzal: Frayba (La Jornada, 3 de mayo de 2017)
CIDH culpa al Estado mexicano por ejecución extrajudicial de indígena tzeltal (Proceso, 3 de mayo de 2017)
Determinan responsabilidad del Estado en muerte de indígena (Cuarto Poder, 4 de mayo de 2017)
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