Nacional: Relatores sobre libertad de expresión de la CIDH y la ONU presentan informe después de visita a México

junio 21, 2018
OAS

David Kaye y Edison Lanza, Relatores Especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@OAS)

El 19 de junio los relatores sobre libertad de expresión Edison Lanza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y David Kaye de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentaron su informe fruto de su visita a México a finales de 2017 durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

De manera general, señalan que el país “atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de la población. Uno de los aspectos centrales de la crisis es el debilitamiento del estado de derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha extendido en el país” y que « persisten prácticas intimidatorias contra la prensa, como agresiones directas o la discrecionalidad en la publicidad oficial » .

Además del uso de la violencia en todas sus formas, actores delictivos y autoridades públicas intentan coptar a periodistas para sus propios fines y coaccionarlos para que difundan información que favorezca a las organizaciones delictivas o perjudique a sus opositores”, indicaron también.

Entre las múltiples recomendaciones incluidas en este informe, se encuentran : derogar la Ley de Seguridad Interior ; realizar una investigación independiente por el uso del software espía Pegasus ; mostrar voluntad política para reforzar las medidas de seguridad y protección para los comunicadores ; garantizar una cooperación y coordinación efectivas entre los niveles federal y estatal para ello ; contrarrestar la concentración en los medios de comunicación, en particular en la radiodifusión y la televisión de paga ; o, ampliar el acceso de los pueblos indígenas a la radiodifusión comunitaria

Igualmente, expresaron su preocupación ante el contexto propiciado por las próximas elecciones « programadas para julio de 2018, a nivel nacional, estatal y municipal, las más extensas en la historia de México » Recomendaron « prestar especial atención a garantizar que las personas puedan reunirse y protestar sin riesgo para su integridad personal, sin requisitos burocráticos desproporcionados y que las fuerzas policiales estén adecuadamente capacitadas para controlar grandes reuniones ».

Para más información :

Crímenes contra periodistas en México tienen objetivo político: Informe ONU/CIDH (Proceso, 18 de junio de 2018)

Acusan intimidación contra periodistas (El Sur, 19 de junio de 2018)

Los ataques a periodistas, la amenaza más directa a la libertad de expresión en México (La Jornada, 20 de junio de 2018)

CIDH y ONU instan al Estado mexicano a garantizar seguridad pública (Contralínea, 21 de junio de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Nacional/Internacional: relatores de la ONU y la CIDH sobre Libertad de Expresión llaman a México a redoblar esfuerzos para proteger a periodistas (7 de diciembre de 2017)

Nacional/Oaxaca: Red nacional de periodistas exige detener la violencia contra comunicadoras (17 de octubre de 2017)

Nacional/Internacional: Espionaje a periodistas y activistas en México (27 de junio de 2017)

Nacional/Guerrero: Siguen ataques y homicidios de periodistas y defensores de Derechos Humanos (19 de mayo de 2017)

Nacional: Pronunciamiento de WOLA frente al recrudecimiento de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos (11 de abril de 2017)

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Guerrero/Nacional/Internacional : Llamados a redigirir investigación en el caso Ayotzinapa

junio 14, 2018
Rompeviento

(@Rompeviento)

El 7 de junio, familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la reciente sentencia judicial que ordenó la creación de una comisión de la verdad para esclarecer el caso. También pidieron el regreso de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apoyaron en la investigación durante nueve meses en 2015. Cabe recordar que en su resolución, el tribunal federal concluyó que la investigación oficial no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y que “hay indicios suficientes” para presumir tortura contra inculpados.

Poco antes, la CIDH presentó en Washington el informe del “Mecanismo de Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa”, documento que enumera las múltiples inconsistencias en las investigaciones y recomendó corregirlas e impulsar nuevas hipótesis.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó la emisión del Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, así como la sentencia del Tribunal Federal con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre el caso. Llamó al Estado mexicano a redirigir “de manera profunda” la investigación del caso. La ONU-DH coincidió con la conclusión de la CIDH, en el sentido de que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación” en este caso.

El 12 de junio, un juez federal ordenó liberar a cuatro personas presuntamente vinculadas con el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, al señalar la falta de elementos probatorios en su contra. Únicamente uno de ellos, identificado como El Tongo, saldrá de la cárcel, por no existir más causas penales en su contra. Los otros tres continuarán en prisión.

De acuerdo con fuentes del poder judicial federal, la decisión fue tomada después de identificar que algunas de las declaraciones de los imputados fueron obtenidas mediante actos de tortura. En la resolución, el juez aclaró que el auto de libertad no implica que los hechos consignados por el Ministerio Público no existieron, ni tampoco que los liberados no participaron en su comisión, sino que representa una oportunidad para que las autoridades investiguen, respetando el debido proceso.

Para más información :

Padres de los 43 exigen a Peña acatar fallo sobre Iguala (El Sur, 7 de junio de 2018)

Padres de los 43 normalistas exigen a EPN acatar orden de crear Comisión para la Verdad (Animal Político, 7 de junio de 2018)

Caso Ayotzinapa: Rectificación, pide la CIDH al Estado mexicano (Proceso, 9 de junio de 2018)

Juez revoca el proceso de cuatro personas acusadas en el caso Ayotzinapa; señala falta de pruebas y tortura (Animal Político, 12 de junio de 2018)

Dictan libertad a 4 vinculados en caso Ayotzinapa (La Jornada, 12 de junio de 2018)

La PGR falla en aportar pruebas y juez ordena liberar a cuatro acusados por desaparición de los 43 (Proceso, 12 de junio de 2018)

Ayotzinapa, reto para la Suprema Corte (Proceso, 13 de junio de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero/Nacional: Tribunal Federal ordena la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación en el caso Ayotzinapa(6 de junio de 2018)

Guerrero/Internacional: nueva audiencia del caso Ayotzinapa ante la CIDH ; riesgo de carpetazo denuncian familiares y sus representantes legales (10 de mayo de 2018)

Internacional/Guerrero: Exigen que la PGR agote todas las líneas de investigación que surgen de nueva información en caso Ayotzinapa (18 de abril de 2018)

Guerrero/Nacional/Internacional : Nuevos informes sobre caso Ayotzinapa (15 de marzo de 2018)

Guerrero: PGR buscará cerrar caso Ayotzinapa antes de diciembre (6 de marzo de 2018)


Guerrero : 20 aniversario de la masacre de El Charco

junio 13, 2018

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(@El Sur de Acapulco)

El 7 de junio marcó el 20 aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla. Unas 300 personas, integrantes de distintas organizaciones civiles y sociales realizaron una marcha y un mitin en este lugar para exigir el esclarecimiento total del caso, justicia para las víctimas y castigo a los militares y policías responsables del asesinato de 10 campesinos y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los dirigentes de las organizaciones que asistieron al mitin coincidieron en hacer un llamado a la unidad de las víctimas y de los pueblos de la zona para seguir exigiendo justicia. Cabe explicar que desde el año pasado se produjo una división entre las 10 viudas y sobrevivientes, a raíz de que los gobiernos federal y estatal ofrecieron indemnización, proyectos productivos y asesorarías en sus gestiones y planteamientos ante las instituciones gubernamentales, a condición que desistieran de su demanda de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las viudas aceptaron y sólo mantienen la demanda ante el organismo multilateral los sobrevivientes Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora.

En un pronunciamiento, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan denunció « A veinte años de la Masacre de El Charco los familiares de las víctimas sobreviven en un ambiente de hostigamiento permanente sumidos en la miseria. En lugar de castigar a los responsables de estos crímenes, las autoridades civiles y militares han implantado el terror en las regiones indígenas para desarticular todo movimiento de protesta y desactivar cualquier indicio de organización comunitaria. En nuestro estado la estrategia bélica que se instaló desde hace más de 40 años ha dejado una cauda funesta marcada por graves violaciones a los derechos humanos. Esta violencia proveniente del Estado es la que nos ha colocado como la entidad más insegura y sangrienta del país. Los actores armados del Estado como el ejército, la marina y las corporaciones policiales actuaron como agentes represores de gobiernos caciquiles, que daban órdenes de asesinar a quienes se atrevían a alzar la voz o a encarar al poder impune ».

Para
más información :

Exigen organizaciones el esclarecimiento de la masacre de El Charco a 20 años de los ataques (El Sur, 9 de junio de 2018)

El Charco: a 20 años, la masacre del Ejército fracasó(Contralínea, 7 de junio de 2018)

Persiste impunidad en masacre de El Charco: activistas (La Jornada, 6 de junio de 2018)

Guerrero,
crimenes sin castigo
(Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, 4
de junio de 2018)

Para
más información de SIPAZ :

Guerrero/Nacional/Internacional : pide gobierno mexicano a la CIDH declarar inadmisible caso El Charco (25 de octubre de 2016)

Guerrero: Conmemoran 16 aniversario de la Masacre de El Charco y exigen justicia (10 de junio de 2014)

Guerrero: Presentación del informe de la Misión de Observación “Una luz contra la impunidad” (3 de abril de 2014)

Guerrero: Instan a CIDH tomar caso de la masacre de El Charco (31 de enero de 2013)


Guerrero/Nacional: Tribunal Federal ordena la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación en el caso Ayotzinapa

junio 6, 2018
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(@Centro PRODH)

El 4 de junio, un tribunal federal, con sede en Tamaulipas, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer el procedimiento en el caso Ayotzinapa y crear una comisión de la Verdad para volver a investigar la desparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014. Ello al sentenciar que la indagatoria “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”. Este fallo desacredita la llamada “verdad histórica” que se refiere a las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal a la fecha en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan.

El tribunal opinó que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidos bajo tortura” y ante las graves violaciones a los derechos humanos, como son tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia”. Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos. El Tribunal ba su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”.

En un comunicado el mismo día de la publicación de la sentencia, la PGR expresó que no comparte los criterios del Tribunal al considerar que la resolución emitida « desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”. Ante las acusaciones de tortura, indicó que “a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas Carpetas de Investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul”. Afirmó finalmente que “se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Por su parte, el Centro ProDH, representante de las familias de los 43 normalistas, indicó que las familias “iniciarán un proceso de análisis para revisar sus extremos y posicionarse públicamente en días inmediatos”. Saludó la resolución del Tribunal y consideró que « viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional ». Exigió « un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo ».

Para más información:

Comunicado de prensa “Histórica sentencia del poder judicial dela Federación en el caso Ayotzinapa: estabblece las graves irregularidades en que incurrió PGR y ordena crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad”  (Centro PRODH, 4 de junio de 2018)

Tribunal ordena crear Comisión para la Verdad en caso Ayotzinapa; no compartimos criterio de magistrados: PGR (Animal Político, 4 de junio de 2018)

Magistrados ordenan crear Comisión de la Verdad y piden a PGR reponer procedimiento en caso Ayotzinapa (Proceso, 4 de junio de 2018)

La PGR dice no compartir criterio de magistrados sobre Comisión de la Verdad para Ayotzinapa (Proceso, 4 de junio de 2018)

La investigación del caso Iguala no fue independiente ni imparcial (La Jornada, 5 de junio de 2018)

CNDH analiza la sentencia que ordena reponer el proceso del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de la Verdad (Sin Embargo, 5 de junio de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Internacional: nueva audiencia del caso Ayotzinapa ante la CIDH ; riesgo de carpetazo denuncian familiares y sus representantes legales (10 de mayo de 2018)

Internacional/Guerrero: Exigen que la PGR agote todas las líneas de investigación que surgen de nueva información en caso Ayotzinapa (18 de abril de 2018)

Guerrero/Nacional/Internacional : Nuevos informes sobre caso Ayotzinapa (15 de marzo de 2018)

Guerrero: PGR buscará cerrar caso Ayotzinapa antes de diciembre (6 de marzo de 2018)


Nacional : 94 candidatos asesinados; más de mil renuncian a competir.

mayo 19, 2018
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(@sdp noticias)

De finales de 2017 a la fecha, 94 candidatos de todos los partidos han sido asesinados, han ocurrido 305 agresiones en contra de políticos y, entre otros motivos por presiones del crimen organizado, más de mil renunciaron en participar a las elecciones del próximo 1ero de julio, una situación de violencia política que condenó enérgicamente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Cabe recordar que en el próximo proceso electoral, el más grande la historia mexicana, se elegirán al Presidente y a quienes ocuparán otros 3 mil 400 cargos. El estado de Guerrero registra el mayor número de asesinatos con 21 casos, seguido de Oaxaca (16), Puebla (10), Veracruz (8) y Estado de México (7). De los más de mil que renunciaron, 341 eran candidatos federales que contendían por un lugar en el Congreso, o sus suplentes ; mientras 660 eran candidatos a cargos municipales y diputaciones locales. Comparados con las 70 agresiones y 20 asesinatos registrados durante las elecciones federales de 2015, los ataques han aumentado un 400 %.

El Congreso de la Unión, llamó a las autoridades responsables de organizar los comicios para que convoquen a todos los participantes en el proceso « a conducirse con pleno respeto a las reglas de competencia y no generar clima de hostilidad entre abanderados y ciudadanos ». Exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales « a fortalecer los mecanismos de protección de candidatos y ciudadanos », así como a « distender y generar un ambiente de armonía que permita realizar unos comicios en sana competencia y en un ambiente de paz social ».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, reconociendo la “situación especial” de riesgo en que están los candidatos de diferentes filiaciones políticas, expresó que “confía en que el Estado va a continuar tomando medidas” para garantizar la seguridad en el proceso electoral y a investigar los casos reportados de manera diligente.

Para más información :

Asesinaron a 94 candidatos desde 2017, señalan en la Permanente (La Jornada, 17 de mayo de 2018)

Condena la Permanente asesinato de casi 100 candidatos (La Jornada, 16 de mayo de 2018)

Candidatos asesinados hasta hoy: 94. Políticos que se bajaron por las amenazas o la violencia: 1,000 (Sin Embargo, 14 de mayo de 2018)

La CIDH alerta por la violencia y el riesgo que corren candidatos en México, y pide al Estado garantizar su seguridad (Sin Embargo, 11 de mayo de 2018)

Guerrero arde en una campaña de violencia inédita: 24 políticos asesinados y 3 más desaparecidos (Sin Embargo, 10 de mayo de 2018)

Observadores extranjeros alertan que los altos niveles de violencia intimidarían el voto en México (Sin Embargo, 8 de mayo de 2018)


Guerrero/Internacional: nueva audiencia del caso Ayotzinapa ante la CIDH ; riesgo de carpetazo denuncian familiares y sus representantes legales

mayo 10, 2018

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El 8 de mayo, durante la audiencia realizada en el contexto del 168º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolló en Santo Domingo, República Dominicana, previa a un informe sobre el caso que rendirá la CIDH, y a una visita que se realizará a México en julio próximo, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero en 2014 y sus representantes legales advirtieron que el gobierno federal pretende darle el carpetazo a la investigación ante una posible alternancia en la presidencia de la república este año. “Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan“, afirmó el padre de uno de los desaparecidos.

Durante su intervención, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, señaló que “hay cuatro señales que confirman nuestros peores temores en torno a que la única prioridad de esta administración es cerrar el caso dada la alta probabilidad de que quienes confeccionaron la verdad histórica salgan pronto de sus posiciones de poder“. Dichas señales incluyen: « el rechazo del Gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial; la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados -proporcionados por la DEA– con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial ».

El comisionado Ernesto Vargas, de origen colombiano, enfatizó su preocupación por las descalificaciones contra Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH. Insistió en lo preocupante que resulta que dicha oficina haya descubierto un “patrón de tortura” que “puede dar al traste con la investigación”. Cabe mencionar que ante los más recientes cuestionamientos del gobierno mexicano, la ONU-DH defendió los hallazgos del informe “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, publicado en marzo pasado, que incluyen denuncias de tortura y encubrimientos en el caso Ayotzinapa. Igualmente reiteró su llamado a las autoridades mexicanas para que implementen sus recomendaciones, a fin de esclarecer los hechos, garantizar la justicia, brindar reparaciones a las víctimas y “garantizar la no repetición de estos eventos trágicos”.

Los representantes del Estado mexicano en Santo Domingo fueron encabezados por el embajador Miguel Ruiz Cabañas, quien presentó los avances de las investigaciones que ha hecho la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las filtraciones de la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos sobre conversaciones de los implicados en el caso Ayotzinapa. De acuerdo con el encargado de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de 5 mil imágenes obtenidas, se determinó explorar 360 lugares en búsqueda de los jóvenes, de los cuales, de noviembre a abril pasado, se han revisado 325 “sin resultados tangibles”. También refirió que se ha consignado a 31 personas como responsables de haber participado en los hechos, de las que 16 contarían con procesos abiertos en curso por portación de arma, delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud.

Para más información :

Alertan de intención de cerrar el caso Ayotzinapa ante probable alternancia presidencial (Centro ProDH, 8 de mayo de 2018)

En audiencia de la CIDH, activistas alertan contra carpetazo al caso Ayotzinapa (Proceso, 8 de mayo de 2018)

Este gobierno ya se va y quiere cerrar el caso Ayotzinapa, acusan padres de normalistas desaparecidos (Animal Político, 8 de mayo de 2018)

Caso Ayotzinapa en la CIDH: padres de los 43 exigen no olvidar a los jóvenes (CNN México, 9 de mayo de 2018)

La ONU-DH en Ginebra defiende informe sobre Ayotzinapa y reitera llamado a acatar sus recomendaciones (Proceso, 9 de mayo de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Internacional/Guerrero: Exigen que la PGR agote todas las líneas de investigación que surgen de nueva información en caso Ayotzinapa (18 de abril de 2018)

Guerrero/Nacional/Internacional : Nuevos informes sobre caso Ayotzinapa (15 de marzo de 2018)

Guerrero: PGR buscará cerrar caso Ayotzinapa antes de diciembre (6 de marzo de 2018)

Guerrero / México – Nacional: Ayotzinapa: Caravana Rompiendo el Silencio y el Olvido (3 de marzo de 2018)

Guerrero / Nacional-México: Ayotzinapa a 40 meses de la desaparición de los 43 sigue la “indolencia” del gobierno (30 de enero de 2018)


Chiapas: desplazados de Chalchihuitán denuncian condiciones en las que se siguen encontrando

marzo 23, 2018

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Desplazados de Chalchuitán (@CARITAS)

 

 

A 4 meses de que más de 5 mil personas de las comunidades indígenas tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó se vieron obligadas a huir a los montes para protegerse de agresiones de grupos armados, desplazados de Chalchihután realizaron una conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para denunciar que permanecen en condiciones inhumanas, con enfermedades respiratorias y digestivas, falta de alimentos y medicamentos, y que siguen experimentando miedo por los disparos de arma que no han cesado.

Por lo mismo, exigieron a las autoridades que generen condiciones de seguridad para retornar a sus lugares de origen, ya que, detallaron, se mantienen 10 campamentos donde permanecen un total de mil 94 personas que se organizaron en el « Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle, autónomo y en resistencia pacífica », ello ante las « mentiras e incumplimiento de los gobiernos federal, de Chiapas y autoridades municipales, que sólo buscan sus propios intereses, usando para eso la grave situación de nuestro municipio ».

Por su parte organizaciones de la sociedad civil denunciaron « la inacción de las autoridades municipal, estatal y federal para –luego de más de cuatro meses- atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas » luego de un « fallido » proceso de diálogo que ha resultado en « una total muestra de incapacidad y de una plena complicidad del Estado mexicano, que, lejos de resolver de raíz y de forma estructural la violencia y la impunidad existente, y garantizar efectivamente el inmediato retorno de todas las personas desplazadas de manera forzada, a sus casas y comunidades de origen, los grupos armados de corte paramilitar, continúan actuando impunemente, mismos que -como se ha venido denunciando públicamente desde nuestro primer pronunciamiento emitido el 15 de diciembre pasado- hoy día, tres meses después, han mantenido y extendido su acción intimidatoria ».

Expresaron finalmente su « rechazo al establecimiento de una Base de Operación Mixta (BOM) en la zona Chalchihuitán-Chenalho, misma que, en el marco de la aprobación de la anticonstitucional Ley de Seguridad Interior, lejos de brindar una verdadera seguridad a la población local y a los integrantes de Misiones y caravanas de Observadores de Derechos Humanos, en los hechos significa, -además de la intimidatoria militarización que pone en riesgo el delicado proceso de diálogo y la posible conciliación entre la base comunitaria de ambos municipios- significa un seguro incremento en los índices de alcoholismo, prostitución, violencia de género; así como en el abuso, violación y embarazos de adolescentes ».

Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado mexicano que implemente medidas cautelares para garantizar la seguridad personal de habitantes de comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, enfrentados por una disputa de límites territoriales desde hace más de 40 años.

Para más información :

En conflicto limítrofe se favorece a Chenalhó, denuncia obispo (La Jornada, 19 de marzo de 2018)

CIDH pide medidas cautelares para población de Chalchihuitán (La Jornada, 21 de marzo de 2018)

Comité de Desplazados Forzados Internos de Chalchihuitán ante incumplimiento del gobierno mexicano (Comunicado del 22 de marzo de 2018)

Continúa la negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado en Chalchihuitán (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 22 de marzo de 2018)

Seguimos en los montes, no lo olviden, advierte desplazada de Chalchihuitán (CIMAC Noticias, 22 de marzo de 2018)

Desplazados de Chalchihuitán exigen garantías para regresar a sus hogares (NVI Noticias, 23 de marzo de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas : sin condiciones de seguridad regresan a casa más de 4000 desplazados en Chalchihuitán (4 de enero de 2018)

SIPAZ: BOLETÍN URGENTE – Reactivación del conflicto agrario entre Chenalhó y Chalchihuitán : violencia generalizada e impunidad (16 de diciembre de 2017)

Chiapas : Conflicto agrario: fallo en favor del municipio de Chenalhóc(13 de diciembre de 2017)

Chiapas: últimos acontecimientos del conflicto agrario entre Chenalhó y Chalchihuitán (8 de diciembre de 2017)