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El 22 de agosto, poco antes de que se cumplieran 15 meses desde la detención de cinco tzeltales, defensores del territorio del municipio San Juan Cancuc, se llevó a cabo una audiencia en su caso para apelar la sentencia de 25 años de prisión dictada en su contra en mayo pasado.
Este mismo día, integrantes de organizaciones de derechos humanos, de Pueblo Creyente y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrritorio (Modevite) acompañaron a los familiares de los presos que se encuentran detenidos por el presunto delito de homicidio calificado de un policia municipal de San Juan Cancuc. Las familias han denunciado que su muerte “es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, porque habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”. Asimismo señalaron las múltiples irregularidades que se presentaron en el proceso incluyendo el hecho que no se investigó a la patrulla en la que murió el policía, ni se realizó investigación en el lugar de los hechos donde elementos de seguridad recogieron con vida al agente, para posteriormente entregarlo a su familia muerto, cinco horas después. Recalcaron finalmente “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, (además de la) alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde argumenta que las detenciones arbitrarias, como en el caso de los defensores de San Juan Cancuc, son un castigo de parte de las estructuras gubernamentales para “quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios”.
“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, recalcó.
Por lo mismo solicitó “la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la colusión con los jueces”. “Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos”, concluyó.
Para más información:
Exigen a magistrados libertad de defensores tseltales presos en Chiapas (desinformémonos, 24 de agosto de 2023)
En Chiapas, defensores presos de Cancuc apelan sentencia condenatoria (Avispa, 23 de agosto de 2023)
Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc (Frayba, 23 de agosto de 2023)
Familiares de tseltales privados de su libertad denuncian a la Fiscalía Indígena y a jueza por falta de seriedad (Chiapas Paralelo, 22 de agosto de 2023)
Denuncia pública de familiares de los presos de San Juan Cancuc, Modevite y Pueblo Creyente (22 de agosto de 2023)
Para más información de SIPAZ:
Chiapas: Presos de San Juan Cancuc condenados a 25 años de prisión (19 de mayo de 2023)
Chiapas: Siguen exigiendo libertad para presos de San Juan Cancuc (24 de abril de 2023)
Chiapas: Peregrinación en Chilón por la paz y la libertad de las personas injustamente presas. (22 de septiembre de 2022)
Chiapas: Peregrinan para exigir liberación de cinco indígenas tzeltales de San Juan Cancuc (7 de junio de 2022)
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