A mediados de enero, se hizo pública la recomendación (87/2018) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a distintas autoridades estatales y municipales de Chiapas ante una serie de omisiones para responder a la situación de desplazamiento forzado de cinco mil 266 pobladores de los municipios chiapanecos de Chalchihuitán y Chenalhó tras hechos violentos que derivan de un añejo conflicto agrario entre ambos municipios en octubre de 2017. Señaló que se vulneraron los derechos “a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria, y a las medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia”.
Entre las recomendaciones emitidas para resarcir los daños, la CNDH solicitó que “se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el desplazamiento forzado y se les brinde atención médica y psicológica”. También pidió inscribir en el registro nacional de víctimas a quienes sufrieron daños en sus viviendas, perdieron sus cosechas y animales de granja, como también a todas aquellas que lo requieran.
En el mismo sentido, ordenó realizar un censo para corroborar el número de víctimas que salieron de su domicilio por esta causa, realizar un diagnóstico sobre la situación actual de estas personas y del conflicto territorial; diseñar e implementar campañas de información para hacerles saber sus derechos y a quien pueden exigirle su cumplimiento y respeto, así como programas de salud.
Al igual que se elabore « un programa de desarme en esas localidades », así como “protocolos de actuación para garantizar sus derechos a la vida, salud, alimentación, vivienda y educación, entre otros”.
Además, solicitó continuar « con la integración y perfeccionamiento de las respectivas carpetas de investigación, instrumentando medidas eficaces para esclarecer los hechos y, en su caso, lograr la identificación y detención de los probables responsables ».
A las presidencias municipales de Chalchihuitán y Chenalhó les solicita que coadyuven con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “en los trabajos de deslinde que realicen en los límites territoriales entre esos municipios”.
Por último, la Comisión instó al ayuntamiento de Chalchihuitán investigar los “posibles actos de violencia que se suscitaron en las últimas semanas del mes de diciembre de 2018, presuntamente por el síndico municipal de ese lugar, contra las víctimas” y tomar medidas oportunas de manera inmediata.
La CNDH también emitió una recomendación (90/2018) a las autoridades de Chiapas por el desplazamiento forzado de 971 personas de Colonia Puebla, municipio de Chenalhó, mismo que se dio por conflictos pos-electorales en este lugar en mayo de 2016. Las autoridades tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus derechos fundamentales, enfatizó: no garantizaron la seguridad de los afectados ni previnieron los delitos y actos violentos y fueron vulnerados los derechos « a la seguridad personal, a la libertad de circulación y residencia, el derecho a no ser desplazado forzadamente, a la propiedad, a la asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda inmediata y a la alimentación. Así como a una vivienda adecuada, educación, al trabajo, atención médica y protección a la salud, de acceso a la justicia y al interés superior de la niñez, ya que entre las 971 personas se encontraban 470 niños y adolescentes ».
La CNDH además de solicitar un programa de reparación colectiva, pidió realizar un censo que corrobore el número de personas víctimas del desplazamiento que salieron de su domicilio desde mayo de 2016 y un diagnóstico que evidencie su situación actual. La Comisión destacó que es necesario un programa de acceso a viviendas del que puedan beneficiarse las personas desplazadas, el cual les permita vivir en condiciones de dignidad en tanto retornan a sus hogares; lo mismo programas de subsistencia, atendiendo a sus habilidades y conocimientos.
Otra petición incluida en la recomendación apunta a hacer un diagnóstico en todo el estado para evidenciar las causas del desplazamiento, los impactos en la población y las necesidades inmediatas de esas personas.
Para más información :
La CNDH emite recomendación por desplazamiento de cinco mil 266 personas en Chiapas (Proceso, 14 de enero de 2019)
La CNDH exige a los tres niveles de Gobierno atender ya a los más de 5 mil desplazados en Chiapas (Sin Embargo, 14 de enero de 2019)
Omisiones en tres niveles de gobierno ante desplazados en Chiapas: CNDH (LA Jornada, 14 de enero de 2019)
La CNDH emite recomendación por desatención a desplazados (LA Jornada, 15 de enero de 2019)
CNDH emite recomendación para el gobierno y Fiscalía de Chiapas por los desplazados de Chenalhó (Animal Político, 16 de enero de 2019)
CNDH emite recomendación a gobierno de Chiapas por los desplazados de Chenalhó (El Sol de México, 16 de enero de 2019)
Para más información de SIPAZ :
Chiapas: Destrucción de campamentos y amenazas a población tsotsil en desplazamiento forzado (23 de diciembre de 2018)
Chiapas: Coordinadora de personas desplazadas se reúnen con Manuel Velasco, autoridades estatales y federales; Congreso aprueba exhorto sobre desplazamiento forzado (5 de diciembre de 2018)
Chiapas : Congreso del estado solicita a gobierno atender el tema del desplazamiento forzado en el estado ; desplazados de Colonia Puebla retornan a San Cristóbal de Las Casas (6 de octubre de 2018)
Chiapas: Oportunidad de profundizar el tema del desplazamiento forzado en el Congreso del estado (24 de octubre de 2018)
Chiapas: Nuevo testimonio de una mujer desplazada del municipio de Chalchihuitán, Chiapas. (31 de agosto de 2018)
Chiapas: 54 familias instalan plantón en Tuxtla Gutiérrez (7 de marzo de 2018)
Chiapas: conflicto partidista desata violencia en el municipio de Chenalhó (27 de marzo de 2017)
Chiapas : Dos muertos y decenas de heridos en Chenalhó por disputa de la alcaldía (9 de marzo de 2017)
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