El 14 de diciembre de 2016, se presentó en Oaxaca el informe Detenciones arbitraria e ilegal – Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México elaborado conjuntamente por 11 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional. Ese informe analiza el caso de cinco defensores y defensoras de derechos humanos «arrestadas de forma ilegal sin orden de aprehensión y encarceladas por delitos que no cometieron sino por sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos»: Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado —estos últimos dos ya fueron liberados.
El Grupo de Trabajo (GT) sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, tras estudiar esos casos confirmó que fueron detenciones arbitrarias y que se realizaron «sin orden de detención ni cargos que se les imputaban ». El GT subrayó las numerosas irregularidades que presentaron los procesos penales. En su opinión, la detención de Librado Baños corresponde a « actos de retaliación y represalia por su activa defensa de los derechos de la población indígena y afrodescendiente de la región.» Cabe mencionar que el Grupo de Trabajo declaró haber solicitado información al Gobierno Mexicano respecto a esos casos, la que no le fue proporcionada en el periodo de tiempo legal a ese efecto.
Las 11 organizaciones y los familiares de las víctimas aseguran que las detenciones, actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos a los que han sido sometidos ilustran «un patrón mucho más amplio de criminalización de la protesta social en México que busca inhibir la defensa de derechos humanos y la protesta social, haciéndolas pasar por actividades ilegales y criminales. Aunado al hecho de que lejos de incidir a erradicar esta práctica el estado mexicano sigue deteniendo e intimidando a defensoras y defensores en el país. »
Los autores del informe resaltan que « la responsabilidad de estas violaciones de los derechos humanos es compartida entre la pluralidad de los actores involucrados directamente o indirectamente en el proceso de criminalización y detención arbitraria de las personas defensoras: el Estado mexicano puede ser involucrado a distintos niveles, federal y estatal, así como la policía, el Ejército, las mismas autoridades gubernamentales, el poder judicial a través de los operadores de justicia, compartiendo la responsabilidad con actores particulares como empresas privadas y terratenientes. »
Durante la presentación del informe, las organizaciones y familiares exigieron: « la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco defensores y defensoras de derechos humanos por las numerosas violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos ».
En el informe se aclara que « los cinco casos de detención arbitraria presentados evidencian la grave crisis de derechos humanos que se vive en México. Estos cinco casos son emblemáticos y representan solamente una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país. »
Para más información :
Inéditas, 5 detenciones arbitrarias de defensores de DDHH reconocidas por la ONU (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)
ONGs documentan detenciones arbitrarias de defensoras y defensores, familiares exigen su libertad (Educa, 15 de diciembre 2016)
Informe : detenciones arbitraria e ilegal (Consorcio Oaxaca, diciembre 2016)
Para más información de Sipaz:
Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril 2016)
sipaz.wordpress.com 