Nacional: El CNI denuncia que sigue la “guerra en contra de sus pueblos”

marzo 13, 2017
DSCF8889

Foto @ Sipaz

El 9 de marzo, el Congreso Nacional Indígena (CNI) publicó un comunicado para denunciar que mientras siguen organizándose hacia «la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno […] el despojo y la represión desde los malos gobiernos en sus tres niveles sigue actuando en contra de nuestra madre tierra, de nuestros pueblos y nuestras organizaciones autónomas.»

El CNI da nuevamente varios ejemplos de represión que están padeciendo los pueblos indígenas, entre otros, los actos de violencia ocurridos en el estado de Oaxaca contra la comunidad de San Francisco del Mar, región del Istmo de Tehuantepec «para imponer la aprobación de proyectos eólicos que implicara el despojo de una parte importante de tierras de uso común de esta comunidad y afectarían gravemente a su rico y delicado ecosistema.» Esta región es un lugar vital para miles de pescadores y la pesca es la fuente de alimentación para toda la población. «De ser aprobado el proyecto significaría quitarles el derecho a su fuente de vida y sustento » El CNI declaró que « se trata de un plan integral de despojo de los territorios de las comunidades del Istmo para cumplir con los megaproyectos que pretenden imponer en la región con la llamada Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec (ZEE). »

También fustigó contra las fuerzas armadas «del mal gobierno que han actuado al unisono con las bandas delincuenciales y particularmente en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula » en el Estado de Michoacan, donde 34 comuneros han sido asesinados y por los menos 5 están desaparecidos. Exigió nuevamente « el castigo a los militares y políticos responsables, […] la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de comandantes de Ostula y la región Sierra Costa, la presentación con vida de los desaparecidos y el respeto absoluto al territorio comunal de Ostula. »

Por fin, el CNI exigió la liberación inmediata del injustamente preso indígena ñhañhú Raymundo Pascual García, originario de San Ildefonso, Amealco, en el estado de Queretaro. Quien fue detenido por participar junto con su comunidad en las movilizaciones en contra del “gasolinazo”.

Para más información:

Comunicado del Congreso Nacional Indígena del 9 de marzo de 2017 (Enlace Zapatista, 9 de marzo de 2017)

Pescadores rechazan proyecto eólico en San Francisco del Mar (Istmo Press, 7 de marzo de 2017)

Comunicado “Una historia para tratar de Entender (Enlace Zapatista, , 17 de noviembre de 2016)

Lo importante es la insumisión, no ganar la presidencia con candidata indígena: EZLN (Proceso, 17 de noviembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/Nacional : Candidata presidencial “no es decisión de una persona” (Subcomandante Moíses) (15 de noviembre de 2016)

Chiapas /Nacional: Polémica después de la propuesta planteada por el EZLN y el CNI en octubre (24 de octubre de 2016)

Chiapas / Nacional : CNI y EZLN realizarán consulta para nombrar a una candidata indígena hacia las elecciones presidenciales de 2018 (15 de octubre de 2016)


Nacional: Amnistía Internacional presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. México, “en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia”

marzo 3, 2017

indice

El 21 de febrero pasado, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional presentó su informe anual. En la sección que corresponde a lo ocurrido en México en 2016, AI resumió: Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada. Seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de personas que huían de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. El Congreso rechazó uno de los dos proyectos de ley presentados que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas”.

En la presentación del informe en la Ciudad de México, Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de la sección mexicana de AI fue aún más sintética: “Estamos en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia en México”.

El 28 de febrero, el Gobierno de México se pronunció ante dicho informe, reconociendo “los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, al tiempo que refrenda su compromiso ineludible para dar respuesta a cada uno de ellos”.

Para más información:

Informe anual de Amnistía Internacional/México 2016-2017 (AI, 21 de febrero de 2017)

Estas son las fallas de Mexico en derechos humanos durante 2016 (Animal Político, 22 de febrero de 2017)

México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, dice Amnistía Internacional (New York Times, 22 de febrero de 2017)

Grave crisis de derechos humanos en México a diez años de la “guerra contra el narcotráfico”: AI (Desinformémonos, 23 de febrero de 2017)

Vive México la peor crisis de derechos humanos, acusa Amnistía Internacional (La Jornada, 23 de febrero de 2017)

Posición del gobierno mexicano respecto al informe de la organización Amnistía Internacional (Comunicado SEGOB-SRE-PGR, 1 de marzo de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Amnistía Internacional acusa PGR de falta de investigación acerca de involucramiento del Ejército en caso Ayotzinapa (23 de enero de 2015)

Nacional: Amnistía Internacional “Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso” (12 de diciembre de 2014)


Chiapas : continua el proceso de judicialización en contra de Roberto Paciencia Cruz

febrero 9, 2017
large_conferencia-prensa-paciencia-20161111

Lona de la conferencia de prensa “Libertad para Roberto Paciencia Cruz”

Roberto Paciencia Cruz, indígena tsotsil, campesino y adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona; fue y sigue siendo “víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, privación arbitraria de la libertad y violaciones al debido proceso”.

El 7 de agosto de 2013, en el municipio de Pantelhó, Roberto Paciencia Cruz fue detenido sin ninguna orden de aprensión por un supuesto secuestro. Fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), en Tuxtla Gutiérrez donde “fue torturado físicamente y psicológicamente durante dos días y encerrado en una celda de castigo”. Posteriormente fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde durante tres años y tres meses quedo injustamente privado de su libertad sin recibir ninguna sentencia aunque según los familiares de Roberto, los Solidarios de la Voz del Amate y el Grupo de Trabajo No Estamos Todos “la inocencia del compañero se ha demostrado por la vía legal en varias ocasiones: el único testigo inculpatorio no se ha presentado a ninguno de los varios citatorios, y, por el contrario, sí hay testigos que declararon que Roberto no estuvo presente en el lugar de los hechos a la hora que se cometió el delito del que falsamente se le acusa”.

Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a consecuencia de la tortura, Roberto tienemarcas, cicatrices, secuelas físicas y psicológicas. No recibió la atención médica adecuada. Además su prolongada reclusión ha afectado su proyecto de vida, en particular a su familia”. El 24 de septiembre 2016, en el marco del día internacional de los presos, Roberto compartió en una carta su dolor, sus preocupaciones y la injusticia que está sufriendo al estar separado de su familia. Declaró que “los más castigados de estas injusticias” son las familias de los presos. Denunció la falta de consideración de las autoridades para ellas: “a los gobernantes no les importa que la familia de un prisionero este llorando, o que duerman con hambre o que caminen descalzos a nuestros-as hijos-as por no contar con el apoyo de sus papas (sic.)”.

El 24 de noviembre 2016, el Lic. William Hernández Ovando, Juez del Ramo Penal del Distrito de San Cristóbal de Las Casas, dictó una sentencia absolutoria en el expediente de Roberto, quien recubró entonces su libertad. Sin embargo, el proceso de judicialización en contra de Roberto Paciencia Cruz sigue. A dos meses de haber sido liberado, Roberto recibió la notificación de que el Ministerio Publico “a pesar de no haber podido sostener la acusación en su contra y a pesar de las violaciones a sus derechos humanos mencionadas, interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia absolutoria.

Tras su liberación, Roberto ha migrado a San Cristóbal de Las Casas, en donde está trabajando para tratar de continuar un proyecto de vida junto a su familia. Sin embargo, la probabilidad de que pueda modificarse su sentencia absolutoria genera una situación de incertidumbre, estrés y ansiedad para él, así como para su familia.

Sobre el tema, la socióloga Aida Cipriano, especialista en Derechos Humanos en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO denuncia los varias casos de detenciones arbitrarias y torturas de indígenas: “Las prisiones de Chiapas están plagadas de indígenas que por no saber leer y expresarse, han sido prisioneros durante años, porque de lo primero que se ocupan las autoridades es de encerrarlos, después solamente tienen que dejar en el bote de la basura el expediente y estar pendientes que no se conozcan los hechos, para tenerlos ahí de por vida.”. Agrega que las y los indígenas son injustamente detenidos “ por un deficiente y tramposo sistema judicial mexicano, el cual, en Chiapas es racista, corrupto y creador de falsos positivos. Y es a los indígenas, a quienes han convertido en el blanco a seguir.”

El GTNET y el CDHFBC exhortan al magistrado Ramiro Joel Ramírez Sánchez y a los integrantes de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 de San Cristóbal de Las Casas encargado de revisar el expediente penal del caso  «a confirmar la sentencia absolutoria, por no contar con elementos jurídicos para revocar dicha sentencia.» Además solicitan estar atentos a la resolución que se dará a mediados de este mes.

Para más información:
Boletin conjunto: En riesgo la libertad personal de Roberto Paciencia Cruz (Grupo de Trabajo No Estamos Todxs & Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 02 de enero de 2017)

Juez dictaminará sentencia a Roberto Paciencia víctima de Tortura (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 10 de noviembre de 2016)

Velasco Coello el acérrimo enemigo de indígenas, a quienes se les fabrica delitos y se les encierra en la cárcel ( Revolución TRESPUNTOCERO, a 11 de agosto 2016)

Para más información de Sipaz:

Chiapas: Libertad de Roberto Paciencia Cruz en riesgo ( 2 de febrero de 2017)

Chiapas : Liberan a Roberto Paciencia (26 de noviembre de 2016)

Chiapas: Juez dictaminará sentencia a Roberto Paciencia (15 de noviembre de 2016)

Chiapas: Procesión fuera del CERSS No.5 en exigencia de la liberación de Roberto Paciencia Cruz (31 de octibre de 2016)

Chiapas: Carta de Roberto Paciencia Cruz en el marco del día internacional de los presos (24 de septiembre de 2016)


Chiapas : Frayba presenta su informe anual “Los caminos de la resistencia”

diciembre 20, 2016

Cartel-Los-Caminos-web-CORREGIDO-800x400.jpg

El 19 de diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) presentó su “Informe anual: Los caminos de la resistencia”, en un evento que contó con la participación de Marina Pagés, coordinadora del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Ana Valadez Ortega, integrante del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM); Rafael Landerreche Morín, integrante del Equipo Pastoral de Chenalhó; Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, así como Pedro Faro Navarro, director del CDHFBC.

El objetivo del libro es “hacer visibles a hombres y mujeres, pueblos y comunidades organizadas en la construcción de sueños y esperanzas que agrietan el sistema, generan vida y dignidad, caminos de resistencia frente a esta realidad cruel y sanguinaria que vivimos en México”.

Cuenta con cinco capítulos: “Despojo y megaproyectos, impactos a los derechos humanos”, “El desplazamiento forzado en un contexto de guerra”, “De la desacreditación a la represión” (enfocado en defensoras y defensores de derechos humanos), “Del conflicto armado interno a una violencia generalizada”, y “En medio del silbido de las montañas, el llamado a la verdad y la justicia” (sobre memoria histórica y la “Otra Justicia”).

Para más información :

Informe completo “Los caminos de la Resistencia” (CDHFBC, diciembre de 2016)

Lucha de EZLN por DH de indígenas, blanco de ataques: Frayba (La Jornada, 20 de diciembre de 2016)

« Andamos los caminos de la resistencia » (Boletín de prensa, CDHFBC, 19 de diciembre de 2016)

Persisten violaciones a derechos a 19 años de masacre de Acteal: Frayba (Proceso, 19 de diciembre de 2016)

Los caminos de la resistencia: Informe Frayba 2016 (Audios, Radio Zapatista, 19 de diciembre de 2016)

Documenta Frayba, despojos, megaproyectos y ataques contra defensores de DH; en Chiapas, “ocasionadas por el Estado mexicano” (Revolucion 3.0, 20 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : presentación del informe “Defender los derechos humanos en México, la normalización de la represión política” (31 de agosto de 2016)


Oaxaca / Nacional :ONGs documentan detenciones arbitrarias de defensoras y defensores, familiares exigen su libertad

diciembre 18, 2016
detenciones-arbitrarias-600x274

Pedro Canché Herrera, Nestora Salgado y Enrique Guerrero Aviña (Foto@: Consorciooaxaca)

El 14 de diciembre de 2016, se presentó en Oaxaca el informe Detenciones arbitraria e ilegal – Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México elaborado conjuntamente por 11 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional. Ese informe analiza el caso de cinco defensores y defensoras de derechos humanos «arrestadas de forma ilegal sin orden de aprehensión y encarceladas por delitos que no cometieron  sino por sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos»Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado —estos últimos dos ya fueron liberados.

 El Grupo de Trabajo (GT) sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, tras estudiar esos casos confirmó que fueron detenciones arbitrarias y que se realizaron «sin orden de detención ni cargos que se les imputaban ». El GT subrayó las numerosas irregularidades que presentaron los procesos penales. En su opinión, la detención de Librado Baños corresponde a « actos de retaliación y represalia por su activa defensa de los derechos de la población indígena y afrodescendiente de la región.» Cabe mencionar que el Grupo de Trabajo declaró haber solicitado información al Gobierno Mexicano respecto a esos casos, la que no le fue proporcionada en el periodo de tiempo legal a ese efecto.

Las 11 organizaciones y los familiares de las víctimas aseguran que las detenciones, actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos a los que han sido sometidos ilustran «un patrón mucho más amplio de criminalización de la protesta social en México que busca inhibir la defensa de derechos humanos y la protesta social, haciéndolas pasar por actividades ilegales y criminales.  Aunado al hecho de que lejos de incidir a erradicar esta práctica el estado mexicano sigue deteniendo e intimidando a defensoras y defensores en el país. »

Los autores del informe resaltan que « la responsabilidad de estas violaciones de los derechos humanos es compartida entre la pluralidad de los actores involucrados directamente o indirectamente en el proceso de criminalización y detención arbitraria de las personas defensoras: el Estado mexicano puede ser involucrado a distintos niveles, federal y estatal, así como la policía, el Ejército, las mismas autoridades gubernamentales, el poder judicial a través de los operadores de justicia, compartiendo la responsabilidad con actores particulares como empresas privadas y terratenientes. »

Durante la presentación del informe, las organizaciones y familiares exigieron: « la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco defensores y defensoras de derechos humanos por las numerosas violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos ».

En el informe se aclara que « los cinco casos de detención arbitraria presentados evidencian la grave crisis de derechos humanos que se vive en México. Estos cinco casos son emblemáticos y representan solamente una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país. »

Para más información :

Inéditas, 5 detenciones arbitrarias de defensores de DDHH reconocidas por la ONU (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)
ONGs documentan detenciones arbitrarias de defensoras y defensores, familiares exigen su libertad (Educa, 15 de diciembre 2016)
Informe : detenciones arbitraria e ilegal (Consorcio Oaxaca,
diciembre 2016)

Para más información de Sipaz:
Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril 2016)

 


Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN

diciembre 16, 2016

images

Manifestación en la Ciudad de México a 10 años del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada (@La Jornada)

 

Este 11 de diciembre se cumplió una década del inicio de la guerra contra la delincuencia lanzada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Diez años después, los saldos de la violencia son alarmantes: 186 mil muertos, más de 28 mil desaparecidos, decenas de miles de personas desplazadas según las cifras oficiales, un saldo comparable al de los conflictos armados de América Central en los 80s. En el plazo, según medios, se ha gastado más de un billón de pesos sin que se logre reducir la inseguridad y las afectaciones a civiles con un significativo aumento de violaciones a los derechos humanos. Por lo demás, el consumo interno de drogas ha aumentado y, si bien se han detenido a algunos capos, siguen operando nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas.

Organizaciones civiles sentenciaron que “el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”. Uno de los actores más cuestionado en la estrategia contra la delincuencia ha sido el Ejército, que, fuera de su mandato constitucional, ha sido desplegado para desempeñar tareas de seguridad. Del primero de diciembre de 2006 a finales de octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 158 recomendaciones a las fuerzas armadas, de las cuales 121 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las 37 restantes a la Secretaría de Marina. La mayoría de estas recomendaciones se emitieron por actos violatorios, como cateos y detenciones arbitrarias; uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza; lesiones, y también por privación de la vida o ejecuciones arbitrarias; desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles e inhumanos, así como por imputar indebidamente hechos a detenidos.

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, fue directo: “Los militares no estudian para perseguir delincuentes”. Y ante la falta de un marco legal “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (de la delincuencia), con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”. Expresó: “Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las Fuerzas Armadas”, (que se defina) “qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas. Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales… (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. Dijo también: “ falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes necesarios y presupuestos para atender estas situaciones”.

En este marco, la cúpula empresarial demandó que el Ejército mexicano no regrese a los cuarteles hasta que los gobiernos de los estados tengan la capacidad de enfrentar al crimen organizado, para lo cual urgió al poder legislativo a que apruebe leyes que den mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas.

Al finalizar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no se ha logrado el objetivo trazado y afirmó que los soldados seguirán en las calles “en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, no solo de ahora, sino desde hace ya varias décadas, de tener un país en condiciones de mayor paz y mayor tranquilidad”.

Mario Patrón, director del Centro Agustín Pro DH ha cuestionado que “en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad -como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia-, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción bajo el concepto de la seguridad interior”. Por lo mismo, decenas de organizaciones civiles, académicos e investigadores pidieron a la Cámara de Diputados –que estaban debatiendo este tema en estos mismos días- “a que no apruebe de forma apresurada” la permanencia militar en tareas de seguridad pública y la suspensión de garantías para la población.

Para más información :

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales (Sin Embargo, 5 de diciembre de 2016)

Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado (Sin Embargo, 7 de diciembre de 2016)

Militares no estudiamos para perseguir delincuentes: Cienfuegos (Aristegui Noticias, 8 de diciembre de 2016)

Reprocha Cienfuegos falta de apoyo de Segob; “no estamos a gusto persiguiendo delincuentes”, dice (Proceso, 8 de diciembre de 2016)

Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

Pide CCE aprobar leyes que den certeza jurídica a fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

El baño de sangre en 10 años deja más consumidores de drogas, más cárteles y más líderes criminales (Sin Embargo, 9 de diciembre de 2016)

El Ejército seguirá en las calles: Peña Nieto (El Heraldo de Chiapas, 10 de diciembre de 2016)

Activistas protestan ante “guerra contra el narco” (La Jornada, 11 de diciembre de 2016)

Violencia, dudas y la sombra de la corrupción marcan los 10 años de la guerra contra el narco (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Con Felipe Calderón, se generó un tsunami de sangre que no teníamos: especialista (Revolucion 3.0, 12 de diciembre de 2016)

Sedena, la que más recomendaciones ha recibido de la CNDH en 10 años (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Seguridad pública, función de civiles, dice CNDH (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Especial 10 años de la guerra contra el narco (Vice News, diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: La CNDH presentó su informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos (28 de septiembre de 2016)

Nacional: “Violencia del narco” ha desplazado a 281 mil personas (22 de julio de 2016)


Chiapas: Décimo Aniversario de Viejo Velasco

noviembre 17, 2016
viejovelasco19

@RedTdt

El 13 de noviembre, integrantes de comunidades, organizaciones civiles y sociales realizaron una peregrinación en Palenque para exigir justicia y el esclarecimiento de la masacre sucedida en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, el 13 de noviembre del 2006. Esta masacre perpetrada por 40 civiles de Nueva Palestina y de la comunidad Lacandona, acompañados por un grupo de 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas, entre otros funcionarios con armas de alto calibre, tuvo un saldo de « 4 ejecuciones  extrajudiciales,  1  detención  ilegal  con  actos  de  tortura,  4  desapariciones forzadas y el desalojo y desplazamiento forzoso de 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas, quienes huyeron a la montaña para sobrevivir al ataque ».

En un comunicado conjunto, manifestaron que « a  diez  años  de  la  Masacre  de  Viejo  Velasco  el  Estado mexicano continúa sin esclarecer los hechos. Los responsables materiales e intelectuales continúan gozando de la impunidad, a la fecha no se conoce el paradero de dos de los cuatro desaparecidos el día de la Masacre. Ante ello, los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes se mantienen organizados en su lucha por verdad y justicia ». Denunciaron además que « las  actuaciones  judiciales,  lejos  de  centrarse  en  el juzgamiento  efectivo  de  los  verdaderos responsables materiales e intelectuales, se han encaminado a responsabilizar a los propios familiares sobrevivientes de las víctimas ».

Recordaron el contexto en el que se dio la masacre : « El objetivo de esta Masacre era sembrar el terror para que las familias habitantes de la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, abandonaran sus tierras, en el marco del conflicto agrario regional en la Selva Lacandona (2) mismo que, por política de Estado y bajo el pretexto ecológico de “garantizar la conservación de la Reserva de Biosfera Montes Azules”, fue transformado en un intenso proceso de despojo territorial, bajo mecanismos de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de más de treinta poblados indígenas tseltales, tsotsiles choles y tojolabales, ubicados en la zona ».

Para más información:

Viejo Velasco: Caminar la justicia desde abajo frente a las cercos de impunidad de arriba (Regeneración Radio, 17 de noviembre de 2016)

Boletín de prensa conjunto (14 de noviembre de 2016)

A diez años de la masacre en Viejo Velasco, exigen esclarecimiento (Desinformémonos, 14 de noviembre de 2016)

Viejo Velasco: a 10 años de una impune masacre perpetrada en la Selva Lacandona (Chiapas Paralelo, 13 de noviembre de 2016)

A diez años de una masacre (Familiares de víctimas y victimas sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco, Coordinadora de organizaciones Sociales CDLI- Xinich’, Tsoblej Yu’un Jwocoltic, UCISECH y Misión Santísima Trinidad, 13 de noviembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Peregrinación contra el olvido de la masacre de Viejo Velasco y en defensa de la Madre Tierra (11 de abril de 2016)

Chiapas: Noveno aniversario de la Masacre de Viejo Velasco (19 de noviembre de 2015)

Chiapas: Peregrinación en Palenque a ocho años de la masacre de Viejo Velasco-Inicia campaña “Rostros del despojo” (14 de noviembre de 2014)

Chiapas: A 7 años de la masacre de Viejo Velasco (15 de noviembre de 2013)