Chiapas: disculpa pública del gobierno mexicano en Caso El Aguaje (2000)

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(@SIPAZ)

El 28 de enero pasado, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y firma de un acuerdo de solución amistosa en el Caso El Aguaje, comunidad ubicada en Rancho Nuevo, a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas donde, en 2000, un niño murió y otros dos resultaron heridos al estallar una granada abandonada por efectivos de la 31 Zona Militar, que colinda con dicha comunidad. El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en San Cristóbal.

José López Cruz, en representación de su familia (sus hijos son quienes resultaron heridos) y de Cristina Reyna Cruz López (madre del niño fallecido), expresó en el evento: “Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos. (…) Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quiénes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos” .

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), que asumió la defensa en este caso y lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que las acciones de justicia en México llegan “tarde y en forma parcial, mutiladas, incompletas y un tanto maltrechas”. Subrayó que, en el evento, no asistió ningún representante del Ejército diciendo: “El día de hoy falta el personaje principal de esta historia (…) El Ejército mexicano no está presente porque en México es intocable, nos queda claro que es un supra poder al gobierno civil”.

En representación del Estado, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció la responsabilidad del Estado al no haber resguardado y custodiado adecuadamente artefactos tan peligrosos como las granadas de fusil antipersonal utilizadas en las prácticas de las instituciones de seguridad. Detalló que el acuerdo que se firmó durante el acto incluye promesas de transparencia en el caso, acciones de rehabilitación, garantías de no repetición, una compensación económica “justa y calculada según los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia”, la prestación de servicios de salud, proyectos productivos y el otorgamiento de becas, entre otras. Agregó que la clínica de la comunidad El Aguaje, parte del convenio, llevará el nombre de Ángel Díaz Cruz, el niño que murió al estallar la granada.

Para más información:

Boletín: La justicia en México llega tarde y mutilada: Caso El Aguaje (CDHFBC, 28 de enero de 2016)

“Nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar”, reclamo de indígenas tsotsiles al Estado mexicano. (Pozol Colectivo, 28 de enero de 2016)

El Estado mexicano cumple reparación del daño por niño muerto y dos heridos (La Jornada, 29 de enero de 2016)

Una disculpa pública sin el agresor presente. Fuerzas Armadas son un poder superior al civil, acusan (Chiapas Paralelo, 29 de enero de 2016)

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