Foto: http://alzatuvozporlalibertadderaul.wordpress.com/
A dos años y cinco meses del homicidio de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares en el 2002, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) presentó a un presunto responsable del homicidio. La PGJE concluyó que el homicidio fue consecuencia de un conflicto suscitado durante una borrachera.
La defensa ha argumentado que el pasado 9 de febrero de 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, en el río que cruza la ciudad de Ayutla.Lorenzo era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos de indígenas de su región. Acompañó de manera activa la denuncia de los hechos ocurridos en contra de su hermana, Inés Fernández, así como la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (CODDEHUM) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en el 1998.
En un comunicado del 5 de julio, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense) y la OPIM denunciaron que Tlachinollan, como parte coadyuvante, sólo tuvo un acceso limitado a los avances de la investigación y que la conclusión de que el homicidio fue resultado de una borrachera denigra la trayectoria de Lorenzo Fernández como defensor de derechos humanos.
El mismo 5 de julio, Amnistía Internacional (AI) emitió una Acción Urgente exigiendo la liberación inmediata del preso político Raúl Hernández, integrante de la OPIM. Fue detenido el 17 de abril de 2008 y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García cometido el 1 de enero de 2008 en la localidad de El Camalote, estado de Guerrero. El 30 de junio de 2010, el juez que preside el proceso contra este defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, dio por terminada la fase de presentación de pruebas de su juicio por asesinato. La investigación del lugar del crimen llevada a cabo por el juez confirmó que las declaraciones de los testigos que afirmaban que Raúl Hernández estaba presente en el momento del asesinato no eran fiables. AI pidió a la sociedad civil enviar llamamientos a la PGJE antes del 14 de agosto 2010 para exigir la liberación de Hernández. (véase Acción Urgente abajo).
Finalmente, el 6 de julio, el Solicitor’s International Human Rights Group (SIHRG) publicó un informe sobre la situación de Raúl Hernández. En el informe enfatizó que su encarcelamiento fue basado en mentiras y que no existe prueba ninguna de su participación en los hechos criminales de los cuales fue acusado. El SIRHG expresó su más profunda preocupación por el caso de Hernández y afirmó estar dispuesto a tomar más medidas para proteger los derechos humanos de este defensor.
Para más información:
Comunicado conjunto de Tlachinollan, la Red Guerrerense y la OPIM (5 de julio)
Campaña de Amnistía Internacional para la liberación de Raúl Hernández
Acción Urgente Amnistía Internacional: Momento clave en el juicio por asesinato contra un activista (5 de julio)
Para más información de SIPAZ:
Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández (3 de julio de 2010)
sipaz.wordpress.com 