Guerrero: Desplazados de la Sierra de Petatlán – entre desprotección y criminalización (2)

noviembre 9, 2018

 

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Foto @ Scoopnest

El 26 de julio de 2018, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) publicó un boletín de prensa en donde denunció la detención de Baldo Santana en la entrada de la cabecera del municipio de San Marcos, Guerrero.  “Sin que sepamos el delito del que se le acusa. Sin embargo, Baldo Santana Alonso pertenece a las más de 170 personas que fueron desplazadas forzosamente en dos ocasiones de las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, del municipio de Coyuca de Catalán, región Tierra Caliente, Guerrero”

Según el Sur de Acapulco, después de la detención, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) le confirmó la detención de Santana Alonso por secuestro, pero no dio detalles.

Actualmente Baldo Santana sigue encarcelado en el penal de Coyuca de Catalán, a pesar de solicitudes que mandó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro-Morelos Chilapa) al director del penal de Coyuca de Catalán y al juez  de control para  solicitar el traslado de Baldo Santana Alonso al penal de Ayutla de los Libres con el motivo de “facilitar la visita de sus familiares ya que todos viven en el municipio.”

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Morelos, organización que ha dado acompañamiento al caso, informó que “apenas el lunes 16 de julio 2018 llegó una persona a Tepango para informarles que el grupo de la delincuencia organizada que los obligó a desplazarse había contratado a varios hombres para asesinar a Baldo Santana Alonso y a otra persona.”

Además ha denunciado que la detención del activista Baldo Santana es un acto más para intentar silenciarlo, pues desde hace años él y su familia han sido blanco de diversos ataques por su labor medioambientalista para la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP). Como el ataque que ocurrió en el julio 2013 cuando “sicarios atacaron a familiares y conocidos desplazados de Santana quienes se encuentran re ubicados en la comunidad La Unión, Ayutla de los Libres. Después de este ataque, las familias ubicadas en Tepango y la Unión  recibieron medidas cautelares”.

La detención de Santana es uno de los muchos hechos que han ocurrido en contra  de los  ambientalistas de la OCESP de la región Tierra Caliente, Guerrero quienes intentaron  proteger su territorio contra los talamontes. Según La Jornada el caso de La Laguna y Hacienda de Dolores es uno de muchos y refieren que “el éxodo en la sierra (Tierra Caliente) de Guerrero es una realidad. De dos años a la fecha se contabilizan 5 mil familias desplazadas de sus comunidades por la violencia generada entre las organizaciones criminales que disputan el control de territorios completos que les proporcionan, rutas de trasiego, zonas de cultivo y mano de obra ”. En el informe 24 del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con la colaboración del Centro Morelos  menciona que el desplazamiento en Guerrero también ocurre en las regiones Zona Norte, Centro, parte de la Costa Grande y en el puerto de Acapulco donde “varias familias han sufrido no sólo la amenaza de los grupos de la delincuencia organizada, sino que varias de ellas han vivido la tragedia de perder a un ser querido o de enfrentar el viacrucis de su desaparición”.

Para más información sobre el caso de la OCESP:

Guerrero: Desplazados de la Sierra de Petatlán – entre desprotección y criminalización (1) (8 de noviembre de 2018)

Para más información:

Piden familiares de Baldo Santana que sea traslado a la cárcel de Ayutla porque su vida corre peligro (ANG Noticias, 3 de octubre de 2018)

Uno está preso; el otro, muerto: la impunidad se ensaña con dos hermanos por defender su tierra (Sin Embargo, 6 de agosto de 2018)

Centro Morelos | Detención y traslado de Baldo Santana pone en riesgo su vida, integridad y seguridad (Red TdT, 26 de julio de 2018)

Arrestan a hermano de un activista ejecutado (La Jornada, 25 de julio de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: matan a dos sobrinos de lideresa ecologista (La Jornada, 13 de noviembre 2012)

Ejecutan a dos sobrinos de la dirigente de La Laguna, Sierra de Coyuca de Catalán, denuncia (El Sur de Acapulco, 13 de noviembre 2012)

Breves Guerrero: Dos ecologistas son secuestrados por hombres armados en la Sierra de Petatlán. Movimiento por la Paz condena el hecho. Monitor Civil de la Policía de la Montaña publica nuevo informe (9 de diciembre de 2011)

Guerrero – breves: Sigue conflictividad en la Sierra de Petatlán; Desplazad@s en la sierra de Coyuca de Catalán regresan a La Laguna; Presión para retirar la Policía Comunitaria de varias comunidades(29 de julio de 2011)

Guerrero: Segundo asesinato de ecologista en la Sierra de Petatlán (4 de junio de 2011)

Guerrero: Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz (20 de abril de 2011)

Guerrero: 107 desplazad@s forzos@s por la violencia (19 de mayo de 2011)

 

 

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Guerrero: Desplazados de la Sierra de Petatlán – entre desprotección y criminalización (1)

noviembre 8, 2018

Este video fue grabado en el marco de una visita del Sipaz – Servicio Internacional para la Paz, el 8 de octubre, a familias desplazadas del municipio de Coyuca de Catalán, región Tierre Caliente, Guerrero. Actualmente los desplazados se encuentran viviendo en las comunidades La Unión y Tepango, Ayutla de los Libres, Guerrero.

Agradecemos al equipo de Centro-Morelos Chilapa y Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña quienes hicieron posible nuestra visita a los desplazados en el municipio de Ayutla de los Libres.

Como organización y de manera general, hemos visto con creciente preocupación el aumento de la violencia y de situaciones de desplazamiento forzado en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Más información sobre el caso de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) se encuentra a continuación a través de una línea de tiempo. Consultamos  diferentes fuentes de información para su realización.

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SIPAZ visita a desplazados en la Unión, Ayutla de los Libres, Guerrero

En 1995, el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, otorga a la compañía estadounidense Boise Cascade derechos exclusivos de explotación sobre los bosques de la Costa Grande.

En febrero de 1998, para enfrentar la tala inmoderada, un grupo de campesinos forman la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP).

En 1999, dos miembros de la OCESP, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fueron detenidos por el ejército y torturados para hacerlos confesarse culpables de cargos relacionados con armas de fuego y drogas. Los dos fueron condenados sobre la base de pruebas falsas y fueron adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. En 2001, ante la enorme presión nacional e internacional, el presidente Fox ordenó su excarcelación, pero nunca se reconoció su inocencia, ni se llevó ante la justicia a los responsables de su tortura o detención, según información de Amnistía internacional.

En el 2005 amnistía internacional informó que “el trabajo de los campesinos ecologistas ha sido obstaculizado de nuevo por parte de caciques madereros de la zona y las autoridades locales mediante el encarcelamiento de Felipe Arreaga (2004) y la emisión de 14 órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes de la OCESP” Además mencionaron que “las ordenes de aprehensión sean una represalia contra la organización por su activismo medioambiental previo”. Felipe Arreaga fue liberado en septiembre del 2005 cuando sus abogados “ofrecieron más de 30 pruebas (entre las que destacan testigos de descargo y un video) para demostrar que el campesino ecologista simplemente no pudo haber cometido esos ilícitos por encontrarse en un sitio distinto al lugar donde ocurrieron los hechos que se le imputaban.”

El 3 de diciembre de 2008, Javier Torres Cruz de la OCESP y originario de la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero desapareció en el camino entre su comunidad, La Morena y la ciudad de Petatlán. Javier fue uno de los principales testigos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el caso de la muerte de la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido. Diez días después, Javier Torres Cruz, logró escapar de sus secuestradores.

El 18 de febrero de 2011 ocurrió otro asesinato en la Sierra de Coyuca de Catalán cuando mataron al líder de la comunidad La Laguna, Rubén Santana Alonso.

El 17 de abril de 2011, el hijo de Rubén Santana, Sergio Santana Villa, y otras dos personas fallecieron después de ser emboscadas por un grupo armado.

El  18 de abril de 2011,  el mismo Javier Torres Cruz quien fue secuestrado en  2008, fue asesinado por sicarios.

El 21 de abril del 2011, tres días después de estos hechos, familias afectadas de la zona se desplazaron por la primera vez ante la creciente violencia. En esta ocasión huyeron 107 personas, de las cuales 2 mujeres estaban embarazadas, 77 eran menores de 18 años (incluyendo 34  menores de 5 años) y se refugiaron Puerto las Ollas.

El  27 de mayo de 2011, por la noche fue secuestrado otro campesino de la comunidad de La Morena, Adrián Silva, cuando viajaba entre las poblaciones de Banco Nuevo y Parotitas, después de ser interceptado por presuntos talamontes del lugar. El día 28 de mayo fue encontrado asesinado en un lugar conocido como Parotitas.

El 27 de julio de 2011, el grupo de desplazados se entrevistó con el secretario general de Gobierno y con el secretario de Seguridad Pública y Protección, y les pidió que la protección policíaca que  tenían en Puerto de Las Ollas se diera también en La Laguna, Hacienda de Dolores y Los Huajes de Ayala, comunidades a las que pertenecen los desplazados que salieron después del asesinato de tres jóvenes el 17 de abril.

Luego de diversas negociaciones con autoridades del gobierno estatal, que se comprometieron a resguardar la zona, decidieron regresar entre 10 y 11 de noviembre, en una caravana de más de 20 vehículos, resguardada por integrantes del Ejército Mexicano, corporaciones policiacas y organizaciones no gubernamentales.

El día en que regresaron, Juventina Villa Mojica, dirigente de los campesinos ecologistas de la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, región de la Costa Grande de Guerrero, denunció que fueron asesinados dos de sus sobrinos cerca de Hacienda de Dolores.

El 2 de diciembre de 2011 en el Centro de Readaptación Social de Iguala fue encontrado muerto el hijo de Rubén Santana y Juventina Villa, Joel Santana Villa, de 26 años, a quien habían detenido  en julio pasado en inmediaciones de Coyuca de Catalán cuando le encontraron “presuntamente con armas de alto calibre y ocho kilos de mariguana”.

El 7 de diciembre el presidente de la OCESP, Marcial Bautista Valle, y la asesora de dicha organización, Eva Alarcón Ortiz, fueron “levantados” por un comando en la región de la Costa Grande de Guerrero. Viajaban a bordo de un autobús que fue detenida por sujetos armados quienes los llevaron por la fuerza. Siguen desaparecidos a la fecha.

El 30 de diciembre fue asesinado el campesino Ascensión Villa Santana en las inmediaciones de la comunidad de La Laguna. Era primo de Rubén Santana Alonso.

El 28 de noviembre de 2012, la esposa e hijo de Rubén Santana (Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa) fueron asesinados. Fueron atacados a pesar de que eran resguardados por al menos 25 agentes de la Policía Preventiva Estatal que estaban asignados a su seguridad desde mayo del año anterior. Juventina consiguió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) les otorgara medidas cautelares que consistieron en que grupos de policías resguardaran la comunidad.

Después de estos incidentes la gente decidió desplazarse otra vez. A partir del 30 de noviembre, los desplazados arribaron a Puerto de los Ollas custodiados por elementos del Ejército y de la Policía estatal. Se enteraron que los agresores empezaron a vivir en sus viviendas.

El 5 de diciembre, una misión civil de observación acudió a la comunidad de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, para conocer la situación de las 45 familias que huyeron del poblado La Laguna debido a la violencia generada por talamontes y delincuentes en dicho lugar. Entre diciembre del 2012 e inicio de 2013 llegaron a vivir en La Unión y Tepango en el municipio de Ayutla de los Libres.

Según varias fuentes, el gobierno se comprometió a dar a los afectados 3 hectáreas de tierra por familia pero solo recibieron una. Otros compromisos que nunca han realizado son: la entrega de alimentos y proyectos para que pudieran empezar negocios o acceder a un trabajo.

La situación de seguridad en La Unión sigue preocupante.  En julio de 2013, los desplazados fueron atacados por tres sicarios en sus nuevas casas. Policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) intervinieron, dos de los atacantes murieron en el enfrentamiento.

Según información del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) relacionado con los desplazados; “el 18 de marzo del 2015 fue detenido en bajos del ejido el C. Gildardo Días Pérez, recluido actualmente en el penal de Ayutla y, finalmente el 19 de diciembre de 2016 fue asesinado Constantino Días Pérez en la avenida principal Ayutla-Tecoanapa.

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: matan a dos sobrinos de lideresa ecologista (La Jornada, 13 de noviembre 2012)

Ejecutan a dos sobrinos de la dirigente de La Laguna, Sierra de Coyuca de Catalán, denuncia (El Sur de Acapulco, 13 de noviembre 2012)

Breves Guerrero: Dos ecologistas son secuestrados por hombres armados en la Sierra de Petatlán. Movimiento por la Paz condena el hecho. Monitor Civil de la Policía de la Montaña publica nuevo informe (9 de diciembre de 2011)

Guerrero – breves: Sigue conflictividad en la Sierra de Petatlán; Desplazad@s en la sierra de Coyuca de Catalán regresan a La Laguna; Presión para retirar la Policía Comunitaria de varias comunidades(29 de julio de 2011)

Guerrero: Segundo asesinato de ecologista en la Sierra de Petatlán (4 de junio de 2011)

Guerrero: Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz (20 de abril de 2011)

Guerrero: 107 desplazad@s forzos@s por la violencia (19 de mayo de 2011)

Guerrero: breves – Preocupación por la seguridad de los habitantes de La Morena; OSC envían carta a Segob por las recientes amenazas contra la OPIM; Monitor Civil documenta 384 casos de violación a los derechos humanos por parte de la policía; CIDH falla a favor de campesinos ecologistas (27 de diciembre de 2010)

 

 

 

 


Guerrero: 24 aniversario del CDH Tlachinollan

octubre 8, 2018

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El 6 de octubre, para conmemorar su 24 aniversario, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó su informe anual “Montaña: Manantial de resistencia, torbellino de esperanza” después de una misa celebrada en la catedral de Tlapa de Comonfort. “Este informe es la historia de las luchas de los pueblos de Guerrero, de las familias que luchan día a día por la justicia en cada rincón de este estado”, expresó Abel Barrera, director del Centro.

En el evento, estuvieron presentes padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), familiares del activista asesinado en esta ciudad, Antonio Vivar Díaz, entre otras personas y grupos acompañados por el Centro. Igualmente estuvieron representantes de la ONU-DH y de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), el senador Emilio Álvarez Icaza, e integrantes de organizaciones civiles y sociales.

Igualmente se realizó una marcha por las calles Tlapa en exigencia al respeto a los derechos de los pueblos originarios, alto al hostigamiento y a la criminalización, entre otras demandas.

Según Abel Barrera, en palabras retomadas por la Revista Proceso, « El aporte de Tlachinollan -que en náhuatl significa lugar de los campos quemados- es que logró pelear en tribunales los derechos de los pueblos indígenas, tanto en casos de violaciones graves de derechos humanos, como en la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales, así como en la defensa del territorio ». Reconoció a este mismo medio que los principales desafíos para Tlachinollan están en la defensa del territorio indígena y en alcanzar la verdad en el caso Ayotzinapa “para se hagan investigaciones con pruebas científicas, que se tome en cuenta el contexto de macrocriminalidad, que se considere a las víctimas y que se mantenga la supervisión internacional, es un tema que pone a prueba a este nuevo sexenio”.

Para más información:

El Centro Tlachinollan: 24 años en defensa del territorio y contra la impunidad (Proceso, 5 de octubre de 2018)

Marchan en Tlapa en respaldo a Tlachinollan en su 24 aniversario (El Sur, 6 de octubre de 2018)

Presenta Tlachinollan su informe anual ante padres de Ayotzinapa, activistas y organismos (El Sur, 6 de octubre de 2018)

Festeja Tlachinollan en Tlapa el 24 aniversario de su fundación (La Jornada de Guerrero, 7 de octubre)

Pide el Centro Tlachinollan no criminalizar a la lucha social (LA Jornada, 7 de octubre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero : el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cumple 23 años (31 de agosto de 2017)

Guerrero: 22° aniversario del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan (6 de septiembre de 2016)

Guerrero: Tlachinollan dedica su XXI informe de actividades a padres y madres de Ayotzinapa (1ero de septiembre de 2015)

Guerrero: Tlachinollan festeja 20 años de lucha en defensa de los derechos humanos (29 de julio de 2014)


Guerrero: 50 órdenes de aprehensión contra comuneros del CECOP

septiembre 17, 2018
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Foto @ Regeneración

Semanas después de la liberación de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), reeducados y campesinos de varios pueblos que pertenecen a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, se ha desatado una nueva persecución y criminalización sin precedentes contra los miembros del movimiento, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Según varios diarios, policías ministeriales mantuvieron retenes en las entradas de los bienes Comunales de “Cacahuatepec como Las Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, Las Palmitas, Tasajeras, San Isidro Gallinero y La Concepción y con lista en mano revisan de manera ilegal a todos los campesinos que salen o entran”. Además informaron que más de 80 elementos recorren los poblados de San Isidro Gallinero, Parotillas, La Concepción, Aguas Calientes, Oaxaquillas, Salsipuedes y Amatillo.

Hace dos semanas, “policías ministeriales catearon ilegalmente el domicilio de Clemente Cabrera Benítez, destacado miembro del CECOP en la comunidad de Tasajeras y se lo llevaron detenido. El 4 de septiembre detuvieron en San Isidro Gallinero a Tomás Cruz Valeriano de la comunidad de Ilamos, los dos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de daños y despojo que derivan de acusaciones infundadas y pruebas fabricadas. La Fiscalía ha liberado más de 50 órdenes de aprehensión contra igual número de comuneros del CECOP, cuyo delito ha sido defender sus tierras y sus bienes naturales como el Rio Papagayo que es explotado irracionalmente por los empresarios gravilleros.”

El 12 de diciembre, una delegación de comunitarios del Cecop, la CRAC, del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña (Ccdm), del Frente Popular de Tlapa (FPT), del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en La Montaña (Frecoddec) y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan estuvieron en el Congreso del Estado donde se reunieron con una comisión de diputados de Morena. Según  La Jornada de Guerrero, listaron varios puntos para su urgente resolución, entre ellos el establecer mecanismos para la pronta liberación de los presos políticos, la expulsión inmediata de las fuerzas estatales de los Bienes Comunales y el cese a la intimidación y elhostigamiento a las organizaciones civiles.

Según Cuadratin Guerrero, presentaron también una propuesta de iniciativa de reforma de la Constitución Política de Guerrero que abarca del artículo 08 al 14, en materia de derechos indígenas y afro-mexicanos para garantizar su derecho a decidir y ejercer sus formas de organización social, económica y política, así como su sistema comunitario de justicia.

Para más información

Comunicado / Persecución política contra el CECOP (CDH Tlachinollan, 6 de septiembre de 2018)

Piden organizaciones la libertad de los presos del Cecop y alto al hostigamiento (Sur de Acapulco, 12 de septiembre de 2018)

Piden comunitarios que diputados exhorten al gobierno a no reprimirlos (La Jornada de Guerrero, 13 de septiembre de 2018)

Piden organizaciones reforma que garantice derechos de los pueblos (Cuadratin Guerrero, 12 de septiembre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero : Detienen a otro integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) en medio de presiones de fuerzas civiles armadas (5 de septiembre de 2018)

Guerrero : Liberan a 9 de los 25 detenidos por enfrentamiento en La Concepción en enero (1ero de septiembre de 2018)

Guerrero/Nacional : Nestora Salgado anuncia campaña por la libertad de los presos políticos (31 de agosto de 2018)

Guerrero : Cancelación definitiva de la Parota y libertad de presos, pide CECOP en su 15 aniversario (31 de julio de 2018)

Guerrero : Juez ordena que se garanticen derechos al agua, a la salud y trato digno a los 25 presos del CECOP (11 de abril de 2018)

Guerrero: Acción urgente: Ejecuciones extrajudiciales y detenciones de policías comunitarios y de miembros del CECOP (10 de enero de 2018)


Guerrero : Condena de 19 años de cárcel a dos militares por violación a 16 años de los hechos

junio 19, 2018

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En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Ciudad de México el 18 de junio, se informó que el 1° de junio pasado, fue emitida una sentencia condenatoria de 19 años contra dos militares acusados por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en Guerrero en 2002 contra la indígena me´phaa, Valentina Rosendo Cantú, en aquel entonces menor de edad. Esta sentencia se obtuvo tras 16 años de lucha de Valentina para que su voz fuera escuchada en un tribunal civil mexicano. Dicha sentencia da respuesta a lo ordenado al Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en agosto de 2010.

Los militares, al ostentarse como un grupo armado, actúan como si no hubiera leyes que los obliguen a respetar los derechos de las personas. Por el hecho de que Valentina, una menor de edad, se viera obligada a lavar su ropa en un arroyo, para los militares fue una oportunidad para mancillarla y causarle un grave daño que ha trastocado su proyecto de vida como mujer, como esposa y como madre. Se infligió un daño a su dignidad, a la honra familiar y a la misma comunidad porque los elementos castrenses usaron su fuerza para causar terror y romper el tejido comunitario”, afirmó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano. Por ello, esta sentencia es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad, porque Valentina persistió, las organizaciones continuaron acompañándola y hubo una jueza independiente”, destacó Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).

Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena que habla Me’phaa y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza”, expresó por su parte Valentina Rosendo Cantú.

Para las organizaciones que han acompañado a Valentina a lo largo de los últimos 16 años, « este caso emblemático demuestra las graves consecuencias que genera la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y debe ser una llamada más de atención para que el Estado cambie su política de seguridad pública ».

Para más información :

« Después de 16 años, histórica condena por tortura sexual contra militares en México » (CDH Tlachinollan, 18 de junio de 2018)

Siempre dije la verdad”: Valentina Rosendo al confirmar la sentencia contra militares que la violaron (Proceso, 18 de junio de 2018)

Justicia para Valentina Rosendo… 16 años después (Proceso, 18 de junio de 2018)

Demostré al gobierno que nunca investigó: Valentina Rosendo (La Jornada, 18 de junio de 2018)

Sentencia histórica para Valentina Rosendo: juez da 19 años de cárcel a militares que la violaron hace 16 años (Animal Político, 18 de junio de 2018)

Aprendí español y fui a otro país por justicia: Valentina, indígena que puso a 2 militares en prisión (Sin Embargo, 18 de junio de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero : 16 años después, la justicia mexicana podría sentenciar a militares que violaron a Valentina Rosendo Cantú (26 de mayo de 2018)

Guerrero : Caso de Valentina Rosendo Cantu esperando sentencia en el sistema de justicia mexicana (21 de mayo de 2018)

Guerrero: Inicio de los procesos penales en contra de militares, presuntos responsables en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo (9 de enero de 2014)

Guerrero: ONGs exigen a Peña Nieto que se cumplan las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo (30 de enero de 2013)

Guerrero: Valentina Rosendo e Inés Fernández reciben reconocimiento por su lucha (14 de noviembre de 2012)

Guerrero: A dos años de sentencias de Corte Interamericana, siguen impunes los casos de Inés y Valentina (5 de octubre de 2012)


Guerrero : Libres 6 autoridades comunitarias de la CRAC-PC. Pretenden reactivar averiguaciones previas en contra de la ex comandante, Nestora Salgado por el mismo caso

mayo 28, 2018
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Liberación de seis policías comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso (@TlachinollaN)

El 12 de mayo, el juzgado en materia penal de Tlapa dictó sentencia absolutoria a seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso luego de 5 años de proceso penal tras ser detenidos por el Ejército y la Marina, acusados del supuesto delito de secuestro.

En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de la Tlachinollan subrayó que en 2013, 2014 y 2015 se dieron tres resoluciones de Jueces Federales que reconocen que « la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar sus conflictos dentro de su territorio, por lo tanto, sus actuaciones se asemejan a actos de autoridad y no constituyen delitos ».

La sentencia que permitió la absolución de los 6 policías comunitarias también « reconoce los derechos de los pueblos y personas indígenas a la libre determinación, al autogobierno, a elegir a sus propias autoridades y aplicar sus propios sistemas normativos, así mismo se menciona que los seis policías son indígenas e integrantes de la Crac-PC bajo el amparo de la Constitución mexicana y de la ley 701, y el convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ». Subrayó que esta resolución demostró « la criminalización de la que es objeto la CRAC-PC al aplicar sus sistemas normativos ».

Por esta misma causa penal también habían sido absueltos Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrera al no acreditarse las acusaciones en su contra. Sin embargo, en el caso de Nestora Salgado, ex-comandante de la CRAC y hoy candidata de Morena al Senado, la Fiscalía estatal apeló contra los autos de libertad y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dió trámite a la solicitud. « La reactivación de las averiguaciones previas en contra de Nestora Salgado forma parte de una estrategia maquiavélica para golpear la figura de la luchadora social –quien ya había sido exonerada por los cargos de secuestro, homicidio y robo que enfrentaba–, pero también para afectar a la coalición Juntos Haremos Historia », afirmaron activistas civiles. Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, puntualizó que los señalamientos en contra de Nestora son un “acto deliberado de uso faccioso de los sistemas de justicia para descalificarla, cuando jurídicamente quedó demostrado la manipulación e inducción de los testigos que la acusaban”.

Por otro lado, Nestora Salgado dijo que demandará por daño moral y exigirá una disculpa pública al candidato presidencial de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade, por afectar su imagen al acusarla de ser una secuestradora en el segundo debate presidencial. Informó que después de las declaraciones de Meade la casa de su hija en Guerrero fue atacada a tiros. Llamativamente, la reactivación de las acusaciones en su contra se dieron apenas cuatro días después de las mismas.

Para más información :

BOLETÍN | Libres 6 autoridades comunitarias de la CRAC-PC (Tlachinollan, 12 de mayo de 2018)

Concluyeron que no había pruebas en contra de Nestora los jueces que la absolvieron (El Sur de Acapulco, 23 de mayo de 2018)

BOLETÍN | Victoria de la Policía Comunitaria ante los tribunales (Tlachinollan, 24 de mayo de 2018)

Dictan sentencia absolutoria para seis policías comunitarios de El Paraíso, Ayutla (La Jornada de Guerrero, 25 de mayo de 2018)

Absuelven a seis policías comunitarios que estuvieron tres años en prisión y dos en libertad bajo fianza (Sur de Acapulco, 25 de mayo de 2018)

La Justicia reabre el proceso de Nestora Salgado, cuatro días después de la acusación de Meade (El País, 25 de mayo de 2018)

Reabrir el proceso de la luchadora social busca afectar a Morena: activistas civiles (La Jornada, 27 de mayo de 2018)

Meade y Nestora (Proceso, 28 de mayo de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero : Arturo Campos libre, tras 4 años de encarcelamiento injusto; lo declaran inocente (19 de diciembre de 2017)

Guerrero : 4 años de detención arbitraria del policía comunitario Arturo Campos (4 de diciembre de 2017)

Guerrero: Falsas acusaciones de secuestro a policías comunitarios (14 de noviembre de 2017)

Guerrero : marchan en Chilpancingo por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria (14 de octubre de 2016)

Guerrero: En libertad seis presos de la CRAC-PC (13 de mayo de 2016)


Guerrero : Caso de Valentina Rosendo Cantu esperando sentencia en el sistema de justicia mexicana

mayo 21, 2018
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Valentina Rosendo Cantú (@Amnistía Internacional)

El próximo 22 de mayo, el caso de Valentina Rosendo Cantú, violada por militares en Guerrero en 2002, volverá a ser presentado ante instancias de procuración de justicia mexicana. En su momento, Valentina había renunciado a esta vía ya que « en aquel momento este derecho le fue obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. Además de ser revictimizantes y no garantizar su atención médica integral, las instancias nacionales consideraron que el fuero competente para conocer y juzgar los hechos era la justicia castrense ». Cabe recordar además que durante todo el proceso ella y su familia « fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones que impactaron tanto a nivel personal como comunitario, obligándola a salir de su comunidad y desplazarse para el resguardo de ella y su hija », explica el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia a su favor en la que quedó asentado que fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de las fuerzas armadas en un contexto caracterizado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense” (Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71).

Esta sentencia tuvo impacto más allá de su caso : « ha sentado precedentes respecto de la calificación de la violación sexual como tortura y ha desarrollado a detalle los estándares para juzgar con perspectiva de género y etnicidad; igualmente se han logrado reformas en materia de Amparo y Justicia Militar ».

Dieciséis años después de los hechos, el caso está « a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos ». Tlachinollan subraya al respecto que « la eminente resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos ».

Para más información :

Ficha Informativa – Valentina Rosendo Cantú: combate a la impunidad militar a partir de una sentencia internacional (Tlachinollan, Mayo 2018)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero: Inicio de los procesos penales en contra de militares, presuntos responsables en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo (9 de enero de 2014)

Guerrero: ONGs exigen a Peña Nieto que se cumplan las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo (30 de enero de 2013)

Guerrero: Valentina Rosendo e Inés Fernández reciben reconocimiento por su lucha (14 de noviembre de 2012)

Guerrero: A dos años de sentencias de Corte Interamericana, siguen impunes los casos de Inés y Valentina (5 de octubre de 2012)