Conferencia de prensa en el CDHFB. Foto: @FB
El día 10 de octubre, mediante conferencia de prensa llevada a cabo en la oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las organizaciones civiles integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, hicieron público su posicionamiento después de casi un año que se ordenara implementar las medidas que derivan de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas.
El 18 de noviembre de 2016, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; también estableció acciones específicas para los municipios indígenas de la región Altos de Chiapas: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalho, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.
Las organizaciones peticionarias insisten en que: “la determinación es parcial ya que la Declaratoria debe ampliarse a todo el estado de Chiapas debido al contexto de creciente violencia contra las mujeres que las organizaciones civiles estamos documentando y como una demanda urgente de familiares de víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida”.
Afirman que: “desde el 20 de enero de 2017, fecha en que se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) hemos observado con preocupación que los representantes del Gobierno de Chiapas han politizado la Declaratoria para impulsar candidaturas, afianzar puestos políticos y justificar la reorientación de presupuestos públicos”.
A través de dicha Declaratoria manifiestan su preocupación ante el incumplimiento del mandato federal y declaran que las mesas de trabajo no han funcionado como se acordó en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), por lo que “no hay resultados concretos y adolecen en su funcionamiento de un plan y programas que permitan monitorear y evaluar los avances, retos y retrocesos en la implementación de acciones”.
Así mismo expresan: “Un impedimento mayor en esta primera etapa ha significado el papel que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado (FGE) al jugar un papel de juez y parte como entidad responsable de coordinar la AVG para Chiapas y ser una de las instituciones señaladas en violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia; insistimos en que sea la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas quien asuma la responsabilidad de coordinar la implementación de la DAVG”.
Por todo lo denunciado anteriormente hacen de conocimiento público que “las Peticionarias han determinado NO ASISTIR más a las mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Chiapas, a través de la Fiscalía General del Estado, por incumplir de manera reiterada los acuerdos que permitan la implementación urgente y seria por parte de las autoridades involucradas”.
Sin embargo manifiestan continuar asistiendo a las sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario por considerarlo el espacio adecuado para dar seguimiento y evaluar las acciones que implemente el Gobierno de Chiapas.
Para más información:
Estado incumple atender violencia de género en Chiapas. (10 de octubre de 2017). Frayba.
Denuncian omisiones tras declaratoria de alerta de género en Chiapas. (26 de junio de 2017). Revista proceso.
Construye Chiapas programa estatal para atender Alerta de Violencia de Género. (4 de agosto de 2017). Gobierno del estado de Chiapas.
Para más información de SIPAZ:
sipaz.wordpress.com 