El 7 de diciembre, alrededor de 35 efectivos militares a bordo de 3 carros Hummer incursionaron en la comunidad de La Morena, municipio de Petatlán, haciendo uso de sus armas de fuego y provocando pánico entre los habitantes. Según testimonios, los hombres y adolescentes corrieron hacia los cerros cercanos, mientras las mujeres, niños y ancianos se concentraron en sus casas, mismas que fueron hallanadas por los militares. En el mes de febrero fue asesinado por militares Adolfo Torres Rosas, y también fueron detenidos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa, que actualmente se encuentran presos en el penal de Acapulco por supuestos delitos contra la salud. En los últimos meses, el hostigamiento a la familia Torres Cruz se ha centrado en la presencia intermitente y amenazante de militares en su comunidad y la promoción del rumor de que la familia Torres Cruz está involucrada en secuestros, sin que esto se canalice debidamente ante las autoridades civiles correspondientes.
En un comunicado de prensa del 7 de diciembre, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), exigieron a las autoridades, entre otras cosas: el alto al hostigamiento a la familia Torres, la salida inmediata del Ejército de la Comunidad de La Morena, y que no se utilizara el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero. De igual forma, el 21 de diciembre, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresó su preocupación por la situación en La Morena por medio de una acción urgente. Reiteró que hasta la fecha no se conoce nada nuevo sobre la investigación en torno a las circunstancias de la muerte del señor Adolfo Torres Rosas, y denunció la violencia ejercida durante el arresto y detención de los señores Anselmo Torres y Húber Vega, quienes habrían sido víctimas de malos tratos y torturas.
Por otra parte, el 15 de diciembre, Organizaciones Sociales y Civiles (OSC), enviaron una carta al Secretario de Gobierno (SEGOB), expresando su preocupación por las amenazas ocurridas el 28 de noviembre en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM). L@s integrantes de la OPIM han acompañado a Inés Fernández y a Valentina Rosendo, mujeres indígenas me’phaa quienes fueron violadas por militares en el 2002, cuyos casos fueron recientemente resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado Mexicano. Las OSC enfatizaron que “a la luz de las recientes amenazas, el pronto y cabal cumplimiento de las sentencias [de la CoIDH en contra del Estado Mexicano] deviene fundamental para evitar que se consumen nuevos hechos que lamentar”.
Por otro lado, a tres años de instalado, el Monitor Civil de la Policía y de los Cuerpos de Seguridad Pública en la Montaña de Guerrero (Monitor Civil), hizo público el hecho que documentó 384 casos de abuso policial. Destacó que es la policía investigadora ministerial la autoridad que más viola los derechos fundamentales de la ciudadanía en la región de Montaña (179 casos registrados). Desde la experiencia del Monitor Civil, las condiciones institucionales de esta corporación son las que más propiciaron abusos policiales, pues la ausencia de mecanismos internos y externos de control y rendición de cuentas permite a los elementos ministeriales infringir los derechos humanos y la legalidad sin que sus actos tengan consecuencias sancionatorias. Las violaciones más recurrentes perpetradas por las corporaciones policiales fueron la detención arbitraria (122 casos), la extorsión (87 casos) y los tratos crueles inhumanos y degradantes (59 casos), destacando otro tipo de violaciones en menor cantidad como la tortura (6 casos), la ejecución extrajudicial (3 casos), ataques a la inviolabilidad del domicilio (22 casos) y la imposición de multas excesivas (31 casos). Monitor Civil preparó un informe sobre la situación de la policía en la Montaña de Guerrero a través del que se pretende establecer pautas para una reforma democrática de la policía.
Por último, el 20 de diciembre, la CoIDH condenó al Estado mexicano por haber violado los derechos a la libertad, a la integridad, a las garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, conocidos como «campesinos ecologistas». La sentencia de la corte señaló que el Estado mexicano deberá realizar una investigación penal sobre los actos de tortura que denunciaron Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Además, en un plazo de dos meses, tiene que indemnizar a los campesinos ecologistas por los daños sufridos y cubrir el costo de los tratamientos médicos y psicológicos que han recibido.
En 1999, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos por miembros del Ejército, por su lucha en contra de la tala de árboles en la sierra de Petatlán, y de acuerdo con sus testimonios, fueron torturados. En 2004, el caso de los «campesinos ecologistas» llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el 2009 fue retomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La sentencia de la CoIDH también ratificó el llamdo a que México reforme el Código de Justicia Militar, para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos humanos.
Para más información:
– México: Preocupación por la seguridad de los habitantes de la comunidad de La Morena en Petatlán, en particular por los familiares del Sr. Javier Torres Cruz, Estado de Guerrero, México. (Acción Urgente Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, 21 de diciembre)
– OSC envían carta a Segob por las recientes amenazas contra la OPIM entorno a las sentencias de la CoIDH (CENCOS, 15 de diciembre)
– A tres años de trabajo Monitor Civil documenta 384 casos de violación a los derechos humanos por parte de la policía (CENCOS, 17 de diciembre)
– CIDH falla a favor de campesinos ecologistas (El Universal, 20 de diciembre)
Para más información de SIPAZ:
– Guerrero: breves – ONGs presentan escrito a Corte Interamericana sobre caso de ambientalistas; Activista detenido (22 de septiembre de 2010)
– Guerrero: El Monitor Civil documenta 117 casos de abuso policiaco (29 de noviembre de 2008)
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