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El 10 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) iniciaron una campaña para invitar a la sociedad civil a enviar cartas al gobernador Ángel Aguirre Rivero para pedirle que firme los Acuerdos de Cacahuatepec. El día 7 de mayo, en la comunidad de Aguacaliente, en la zona rural de Acapulco, en reunión con un@s 1.600 integrantes del CECOP, Ángel Aguirre dijo que no impondrá la construcción de la presa, sin embargo se negó a firmar el documento denominado los Acuerdos de Cacahuatepec, que rechaza el proyecto hidroeléctrico. El gobernador sólo se comprometió a revisar los Acuerdos de Cacahuatepec, documento de cinco puntos mediante el cual los pobladores buscan comprometerlo para gestionar ante la Presidencia de la República la cancelación del proyecto, no usar la fuerza pública para hacer nuevas asambleas, promover el desarrollo de las comunidades, coadyuvar a recomponer el tejido social de los poblados de la zona y respetar las luchas que el CECOP ha entablado desde 2003 en los tribunales. El 10 de mayo, el periódico Provincia publicó que el gobernador planteó la posibilidad de una nueva negociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE, la instancia gubernamental encargada con el proyecto) para la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota.
Por otro lado, el día 12 de mayo, el procurador de Justicia del Estado, Alberto López Rosas, informó que el gobierno de Guerrero acatará plenamente la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el martes pasado sobre el caso de Quetzalcóalt Leija Herrera, activista por el respeto a la diversidad sexual, asesinado el 4 de mayo en Chilpancingo. El fiscal insistió en que el gobierno estatal acatará la exigencia de esclarecer la muerte de Leija Herrera, coordinador del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (CEPRODEHI). También dijo que se coordinará con la Secretaría de Gobernación federal para atender en lo que corresponde a justicia los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas me’phaa, violadas por soldados del Ejército mexicano en 2002, casos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) responsabilizó al Estado mexicano mediante sentencias en 2010. “Antes de que finalice el año daremos cumplimiento a todas las recomendaciones. No sólo acatará en todos sus términos esta recomendación, sino todas las que envíen los organismos internacionales”, aseguró.
Para más información:
Carta modelo al gobernador Ángel Aguirre Rivero
Exigimos que el Gobernador de Guerrero firme los «Acuerdos de Cacahuatepec» (CENCOS, 11 de mayo)
Plantea gobernador de Guerrero posibilidad de negaciación sobre La Parota (Provincia, 10 de mayo)
Instan ONG a Aguirre a respetar decisión del Cecop por La Parota (La Jornada, 7 de mayo)
Aguirre Rivero rechaza poner punto final al proyecto La Parota (La Jornada, 7 de mayo)
Investigarán asesinato de activista gay en Guerrero (12 de mayo)
Acataremos también la parte jurídica del caso de las indígenas violadas por soldados: López Rosa (Sur Acapulco, 12 de mayo)
Para más información de SIPAZ:
Guerrero: ONGs piden cancelación definitiva de La Parota (7 de mayo)
Guerrero: asesinato brutal de activista LGBT en Chilpancingo (5 de mayo)
Guerrero: Instalación de mesas de trabajo en los casos de Inés Fernández y valentina Rosendo (25 de marzo)
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