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México: Controvertida, la iniciativa de Calderón para reformar el fuero militar



El 18 de octubre, el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar que modificaría el fuero castrense de tal forma que los elementos de las Fuerzas Armadas que cometen los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, serían juzgados en tribunales civiles. Organizaciones de derechos humanos criticaron la iniciativa como insuficiente, pues no acabaría con la impunidad prevaleciente en lo que se refiere a violaciones cometidas por las fuerzas armadas, además de dejar fuera otros tipos de violaciones a derechos humanos.

La iniciativa del Ejecutivo federal contempla que la persecución de los delitos de tortura, violación y desaparición forzada esté a cargo del Ministerio Público federal. Para su investigación, se crearía la Policía Ministerial Militar, subordinada y bajo el mando de la primera. Los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada, enfrentarían una condena de 20 a 50 años, sin posibilidad de amnistía, indulto o beneficio de preliberación.

Organismos de derechos humanos internacionales criticaron que la reforma impulsada es insuficiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México consideró que la iniciativa abre el camino para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Rosendo Radilla (desaparición forzada) y Valentina Rosendo e Inés Fernández (violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército), sin embargo, indicó, se queda corto ya que no abarca todos los delitos cometidos por militares en contra de la población civil, valoración con la que coincidió Amnistía Internacional. En el mismo sentido, la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, criticó que no estén incluidos delitos igualmente graves como el de la ejecución extrajudicial.

Por su parte, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales manifestaron en un boletín conjunto que la reforma del Código de Justicia Militar mantiene las condiciones que favorecen la impunidad en cuanto a abusos de las fuerzas armadas en contra de civiles. Explicaron que la propuesta no armoniza la legislación interna con los tratados internacionales en la materia. Las organizaciones destacan que las sentencias de la CoIDH no serían acatadas con esta reforma, ya que en los fallos emitidos por la instancia interamericana “se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles“. Por su parte, el día 21 de octubre, organizaciones civiles y sociales del estado de Guerrero emitieron un pronunciamiento acerca del tema, recordando «que las cuatro sentencias [de la CoIDH] en contra de México (Caso campo algodonero; Caso Rosendo Radilla; Casos Inés Fernández y Valentina Rosendo) están relacionadas con efectivos militares violadores de derechos humanos y tres de estos cuatro procesos tuvieron lugar en el estado de Guerrero.

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