Oaxaca: Resolución de la Suprema Corte en el caso Oaxaca

La Policía Federal Preventiva en la ciudad de Oaxaca en 2006 Fuente: www.dokumentarfoto.de

La PFP en la ciudad de Oaxaca en 2006 Fuente: http://www.dokumentarfoto.de

El 14 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte de las autoridades en el marco del conflicto que tuvo lugar en Oaxaca en 2006 y partes de 2007. De ésta se desprende que el gobernador en aquel tiempo y a la fecha, Ulises Ruiz Ortíz, es responsable de violaciones a los Derechos Humanos.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, la SCJN responsabilizó al gobernador oaxaqueño de violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por policías estatales en el conflicto de mayo de 2006 hasta junio de 2007. Sin embargo, fue rechazada por la mayoría del pleno la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío, de incluir a Vicente Fox, entonces Presidente de la República, como al entonces Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y a Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública del sexenio de Fox, en la lista de responsables por haber permitido una situación de ingobernabilidad en la entidad y así haber expuesto a la población a situaciones que vulneraran sus Derechos Humanos. Ahora le compete al Presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión determinar si se procederá a un juicio político en contra del gobernador oaxaqueño, expresó el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, después de la resolución.

Ruiz Ortíz se manifestó en contra de la resolución tomada por la SCJN, cuestionando que no se hubiera incluido a Fox. Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que había demandado la renuncia de Ulises Ruiz en el conflicto de 2006 y 2007, insistieron en la responsabilidad del mandatario estatal por las violaciones a Derechos Humanos. Gabriel López Chiñas, secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacó que deberían ser sometidos a juicio tanto el gobernador como Jorge Franco Vargas, ex secretario general de Gobierno de Oaxaca, y la ex procuradora de Justicia Rosa Lizbeth Caña Cadeza, por ser los operadores “de la represión desatada en contra del pueblo” oaxaqueño. La Sección 22 del SNTE, que aglutina a maestras y maestros de toda la entidad de Oaxaca, había sufrido represión de parte del gobierno estatal el 14 de junio de 2006, lo que derivó en la conformación de la APPO, integrada por diversas organizaciones sociales, políticas e indígenas, que se enfrentó a las autoridades estatales en el segundo semestre de 2006 para exigir la renuncia del gobernador, a quien acusaron de reprimir a las organizaciones sociales, políticas e indígenas.

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