El 16 de octubre, José Manuel Hernández Martínez (“Don Chema”) fue trasladado de manera sorpresiva y bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por policías estatales y federales del penal de “El Amate” en Chiapas (donde se encontraba desde su detención el pasado 30 septiembre de este año) al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Nemesio Ponce Sánchez, subsecretario de Gobierno de Chiapas, le confirmó tal traslado a familiares y amigos del interno que no estuvieron informados de antemano del mismo, explicando que era “por su seguridad”. Afirmó además que quien quisiera visitarlo en aquel estado lejano de Chiapas podía disponer de boletos de avión sufragados por el gobierno del estado.
En un comunicado público, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) – Región Carranza dio a conocer el traslado de Don Chema y la muerte de 2 ejidatarios que estuvieron durante la detención del líder de su organización (el primero murió de manera inmediata y el segundo apenas el 17 de octubre). Denunció: “Lo mas lamentable de toda esta situación, nuestra organización desde un principio firmamos un pacto de civilidad política y acuerdos de gobernabilidad […] y durante este proceso nos hacen la detención de José Manuel Hernández Martínez, por lo que emprendimos una serie de acciones en contra del gobierno del estado por que para nosotros fue una traición a los acuerdos firmados por la forma de su detención”. Concluyó el comunicado afirmando:”Ante esta situación responsabilizamos al gobierno de Juan Sabines por que es un golpe a nuestra organización y a la lucha social en el estado de Chiapas”
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, este traslado constituyó una “medida de castigo, para él y su familia”. Denunció que con esta acción “el Estado violó los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas los cuales indican que: Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizadas y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales, y tomaran en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal (…) Los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes”.
En un comunicado, el Frente Nacional de Lucha hacia el Socialismo denunció por su parte que este “traslado más bien obedece a una venganza política y el afán de aislarlo de la solidaridad que ha recibido en el CERSS 14 “El Amate”, acción que atenta contra sus derechos constitucionales y humanos, así como a un debido proceso”.
Para más información:
Boletín de prensa de la OCEZ-Región Carranza
Boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: Traslado Forzoso de José Manuel Hernández Martínez, líder de la OCEZ
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