El 6 de julio, una riña entre «grupos contrarios” por el control interno del penal de las Cruces en Acapulco dejó un saldo de 28 muertos y tres heridos.
Según Animal Político, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había identificado al Cereso de Acapulco como un foco rojo en las prisiones de Guerrero desde el año pasado. Y había exhortado al gobierno de Astudillo “impulsar acciones necesarias” para optimizar el trato y condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la entidad. De igual manera el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) había emitido recomendación contra el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores por considerar que existen “situaciones apremiantes a atender”. Según Proceso, Astudillo dijo públicamente que “no tuvo tiempo de cumplir” con las observaciones de la CNDH y el MNPT para tratar de revertir las condiciones de corrupción que provocaron la masacre en el penal de Acapulco.
El 14 de julio, la CNDH anunció que retomará el caso « para investigar violaciones a los derechos humanos. »
Para más información:
CNDH atrae caso de la masacre en Acapulco y alerta por riesgo de tortura en penales en Guerrero (Proceso, a 12 de julio de 2017)
Riña entre grupos rivales deja 28 muertos y 3 heridos en la cárcel de Acapulco, Guerrero (Animal Político, a 6 de julio de 2017)
Sube a 28 la cifra de muertos por motín en penal de Acapulco (La jornada, 6 de julio de 2017)
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