Oaxaca: tienen lugar elecciones comunitarias en San Dionisio del Mar

@La Jornada

El 6 de enero, se llevaron a cabo elecciones comunitarias en San Dionisio del Mar a un mes de reportes de tensiones dentro del municipio y después de la suspensión de las elecciones extraordinarias previstas en este municipio. Cabe recordar que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) había decidido suspender las elecciones extraordinarias del 9 de diciembre del año pasado “por falta de condiciones y [la] violencia generada”, después del intento infructuoso de instalar las casillas de voto y varios actos de violencia.

En 2012, parte del municipio declaró su autonomía ante el sistema de los partidos políticos y se formó la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar (APSDM) eligiendo a sus líderes a través de su sistema normativo interno. Aunque el sistema todavía no es reconocido por ninguna autoridad oficial, “han sido nombrados doce personas que se encargaran de realizar actividades de gobierno comunitario”, ya que “después de la mala experiencia vivida con los partidos de todos los colores, se ha creado conciencia, que la ruta son los sistemas normativos internos (usos y costumbres)”. Declararon que van a “realizar las gestiones necesarias encaminadas a nuestro reconocimiento para el cambio de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos”. La mayoría de los votos fueron para la maestra Magali Martínez Gómez (con 522 votos), quien encabezará al gobierno comunitario, con Rogelio Pineda en segundo lugar (146 votos) y Alejandro Sosa Flores (81 votos) en tercer lugar.

Además subrayan otra vez que su “Territorio no es negociable bajo ninguna circunstancia para megaproyectos sean estos eólicos y mineros o de cualquier otro tipo”.

El Frente Ciudadano por San Dionisio del Mar cercano al Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró sus propias elecciones comunitarias el pasado 2 de enero, nombrando a Jorge Castellanos Pino como su presidente comunitario. Estas elecciones tampoco recibieron reconocimiento legal. Por lo tanto, el municipio ahora se encuentra con dos representantes “electos”, mientras se preparan nuevas elecciones extraordinarias.

Para más información:

Comunicado (Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, el 6 de enero de 2019)

Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar eligen a sus representantes; rechazan Comisionado para gobernarles (Pagina 3, el 7 de enero de 2019)

Elige Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar a sus autoridades comunitarias (El Universal, el 7 de enero de 2019)

Asamblea de San Dionisio del Mar elige a representantes de un nuevo gobierno comunitario (La Minuta, el 7 de enero de 2019)

Asamblea de pueblos de San Dionisio del Mar elige representantes (La Jornada, el 6 de enero de 2019)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Suspenden elección extraordinaria en San Dionisio del Mar. (11 de diciembre de 2018)

Oaxaca: Sigue creciendo la tensión en San Dionisio del Mar pocos días antes de elecciones extraordinarias (6 de diciembre de 2018)

Oaxaca: Clima de extrema polarización antes de elecciones extraordinarias en San Dionisio del Mar (30 de noviembre de 2018)

Oaxaca : denuncian ataque armado en contra de integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar en Defensa de la Tierra y el Territorio (2 de abril de 2018)

Oaxaca: San Dionisio del Mar cumple 4 años en resistencia a parque eólico (8 de febrero de 2016)

Oaxaca: Pobladores de Juchitan ganan amparo para suspensión de obras de parque eólico (14 de octubre de 2015)

Oaxaca: Conflictos por elecciones extraordinarias en San Dionisio del Mar  (19 de diciembre de 2014)

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Oaxaca: Hacen público dictamen final del juicio popular comunitario contra empresas mineras y el Estado mexicana

El 10 de diciembre, en el Día Internacional de los derechos humanos, en un acto frente al Palacio de Gobierno de la Ciudad de Oaxaca, pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes que participaron en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca” en octubre pasado presentaron públicamente el dictamen final.

Cabe recordar que el Juicio Popular Comunitario contó con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad incluyendo – reza el dictamen- « afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalizacion de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque e instancias del Estado ».

El veredicto planteó la necesidad de cancelar las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, “ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía a nuestra integridad cultural, a administrar y controlar nuestros territorios y a mantener la propiedad colectiva de nuestras tierras y bienes comunes naturales”.

Igualmente exigió la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros “hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria”. Asimismo, urgió a las autoridades a aprobar leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas, que les reconozcan como sujetos de derecho público y que incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.

El dictamen también planteó la necesidad de proteger a quienes defienden sus territorios para que puedan hacerlo en “condiciones de libertad y seguridad” y exigió que “se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas”.

El acto, terminó entre las consigas “¡Si a la vida, no a la minería!” y “¡Ni oro, ni plata, la minería mata!”.

El informe del juicio popular detalla que hasta 2017 se tenían registrados 42 proyectos mineros, a cargo de 38 empresas con sedes en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. De éstos, 36 están en etapa de exploración, dos en desarrollo, uno fue postergado y dos ya están en fase de explotación comercial.

Para más información:

“Oaxaca territorio prohibido para la minería”: exigencia de pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal (Pronunciamiento e Informe, 10 de diciembre de 2018)

Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras (Vídeo, 10 de diciembre de 2018)

Comunidades indígenas de Oaxaca exigen la prohibición total de la minería en el estado (Animal Político, 10 de diciembre de 2018)

Demandan pueblos que Oaxaca sea territorio libre de minería (NVI Noticias, 12 de diciembre de 2018)

“Oaxaca, territorio prohibido para la minería”: exigencia de comunidades al nuevo gobierno (Desinformémonos, 10 de diciembre de 2018)

Repudian proyectos de mineras en Oaxaca (La Jornada, 11 de diciembre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca : Se lleva a cabo Juicio Popular contra el Estado y las Empresas Mineras (13 de octubre de 2018)

Oaxaca: Anuncian juicio popular contra empresas mineras. (9 de agosto de 2018)

Oaxaca: “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería” – Magdalena Teitipac sigue en pie de lucha por su territorio (6 de marzo de 2018)

Nacional: Secretarios de la Comisión de Derechos Humanos se comprometen a crear una Ley General para la Protección de Desplazados Internos

Foto @ Reforma

El 6 de diciembre, representantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas (que incluye a más de 400 desplazados de los municipios de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo) realizaron una rueda de prensa con el respaldo del Senador independiente Emilio Álvarez Icaza en el Senado de la República.

Este mismo día, en la Cámara de diputados, se llevó a cabo otra rueda de prensa en conjunto con desplazados del municipio Leonardo Bravo, Guerrero quienes fueron acompañados por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), misma que contó con la presencia del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre. En ambos momentos las víctimas de desplazamiento forzado (DFI) interno dieron sus testimonios y exigieron una atención adecuada a su problemática.

Los desplazados también participaron en el Conversatorio sobre Desplazamiento Forzado Interno: “Victimas Invisibles”, convocado por la Comision Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Ku´untik y el Senado. Participaron en el mismo 20 organizaciones y colectivos de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Morelos y Tamaulipas. Durante el conversatorio, “se expuso que el desplazamiento interno ocurre en todo el país a causa de la violencia ejercida por la delincuencia organizada, gobiernos municipales y estatales.”

Durante el Conversatorio, los secretarios de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Nestora Salgado y Emilio Álvarez Icaza se comprometieron  a crear la Ley General para la Protección de Desplazados Internos debido a la violencia.

Una Ley General sobre esta temática cabría en el marco de la recomendación que el Gobierno Canadiense dio al Gobierno Mexicano, el 7 de noviembre pasado, durante el Examen Periódico Universal (EPU): “desarrollar un marco legal adecuado, así como políticas y programas públicos para abordar el desplazamiento, que afecte de manera desproporcionada a las comunidades indígenas”.

En meses anteriores, los obispos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Rodrigo Aguilar Martínez y Salvador Rangel Mendoza de la Diócesis Chilpancingo- Chilapa, Guerrero, también han expresado sus preocupaciones sobre esta problemática.

El 10 de diciembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al ser cuestionado respecto al tema de los desplazamientos forzados que se dieron en Chiapas durante la administración del exgobernador Manuel Velasco Coello, mencionó que “estamos trabajando para garantizar que haya justicia en Chiapas y en todo México”.

Para más información:

Construirán Senado y Ong’s Ley General para la Protección de Desplazados Internos (Senado de la República, 7 de noviembre de 2018)

Habrá justicia para los desplazados de Chiapas: AMLO  (El Heraldo de Chiapas, 10 de diciembre de 2018)

Prioritario atender a desplazados: Obispo (Oye Chiapas, 10 de diciembre de 2018)

Visita el obispo Rangel a los desplazados de la sierra en Chichihualco; les pide paciencia (El Sur de Acapulco, 19 de noviembre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: A 7 años de los hechos violentos que suscitaron el desplazamiento forzado de familias de Banavil (7 de diciembre de 2018)

Chiapas: Coordinadora de personas desplazadas se reúnen con Manuel Velasco, autoridades estatales y federales; Congreso aprueba exhorto sobre desplazamiento forzado (5 de diciembre de 2018)

Chiapas: Último informe de Gobierno de Manuel Velasco Coello – desalojan a manifestantes (27 de noviembre de 2018)

Chiapas: proceso de diálogo Chavajebal posibilita retorno de parte de los desplazados de Chabajeval (26 de noviembre de 2018)

Chiapas: Desplazados realizan “Caravana de Pies Cansados” (20 de noviembre de 2018)

Chiapas : Frayba denuncia nuevos ataques en Aldama y exige frenar la violencia en este municipio (11 de noviembre de 2018)

Chiapas : Congreso del estado solicita a gobierno atender el tema del desplazamiento forzado en el estado ; desplazados de Colonia Puebla retornan a San Cristóbal de Las Casas (26 de octubre de 2018)

Chiapas: Oportunidad de profundizar el tema del desplazamiento forzado en el Congreso del estado (24 de octubre de 2018)

Oaxaca: Iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario: “profundización del despojo de los territorios de las comunidades indígenas”, Tequio Jurídico

Ricardo Monreal ante el Senado, Foto @ SinEmbargo

El 21 de noviembre de 2018, la organización civil oaxaqueña Tequio Jurídico se pronunció en contra de la iniciativa del senador Ricardo Monreal, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, de abrogar la Ley Agraria actual y expedir una nueva Ley para el Desarrollo Agrario. Denunció que esta iniciativa “busca profundizar el despojo de los territorios de las comunidades indígenas y campesinas contrario a su propio objetivo que describe establecer la protección de la tierra de comunidades pertenecientes a pueblos indígenas.”

La nueva Ley tiene como fin “armonizar las disposiciones legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales,“ según Carlos González García, abogado integrante del Congreso Nacional Indígena para la Jornada.

Tequio Jurídico subraya que dicha Ley “no reconoce a los pueblos y a las comunidades indígenas su derecho a la autonomía y libre determinación y al territorio, conforme con los estándares internacionales”, además de “poner en riesgo la existencia de la propiedad social de ejidos y comunidades”, ya que la Ley otorgaría a la asamblea el derecho de resolver la terminación del régimen ejidal y especifica que si “después de la asignación hubiese excedentes de tierra, estas pasarán a la nación, con la declaración de nacionales” (Artículo 18, párrafo segundo).

La organización oaxaqueña exige en su pronunciamiento la no-aprobación de la iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario por la Cámara de Senadores, la impulsión de una “verdadera iniciativa que reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público” y una “profunda reforma constitucional que tenga como base los Acuerdos de San Andrés Larrainzar”.

Para más información:

La iniciativa Ley para el Desarrollo Agriario propuesta por el senador Monreal profondurizará el despojo de los territorios de las comunidades indígenas (Tequio Jurídico, 22 de noviembre de 2018)

Ley de Desarrollo Agrario, ¿muerte anunciada de la propiedad social? (SinEmbargo, 21 de noviembre de 2018)

Iniciativa de ley para el desarrollo agrario: nueva reforma estructural (La Jornada, 3 de noviembre de 2018)

Para más información en SIPAZ:

Oaxaca: SCJN avala consulta indígena realizada en Juchitán (16 de noviembre de 2018)

Oaxaca : Llaman a SCJN a amparar los derechos colectivos de la comunidad zapoteca y a cancelar los permisos de Eólica del Sur (27 de octubre de 2018)

Oaxaca: Asesinan a defensor quien se opuso contra un proyecto de la empresa Eólica del Sur (25 de julio de 2018)

Oaxaca : Emiten Alerta Temprana a favor de indígenas zapotecas de Unión Hidalgo (22 junio de 2018)

Oaxaca : Suspenden la construcción de un parque eólico en Unión Hidalgo(24 de mayo de 2018)

Oaxaca : comuneras y comuneros de Unión Hidalgo rechazan consulta indígena (18 de abril de 2018)

Oaxaca : Desalojo y detenciones en el parque eólico Bií Hioxo (20 de julio de 2017)

Oaxaca: 11 ejidatarios son detenidos al desalojar bloqueo a parque eólico de la francesa EDF (27 de abril de 2017)

 

Chiapas: Peregrinación contra la militarización y la violencia en Chicomuselo

Peregrinación en Pablo L. Sidar, Foto @ SIPAZ

El 10 de noviembre de 2018, SIPAZ acompañó a la peregrinación en el municipio de Chicomuselo, zona fronteriza, contra la militarización y la violencia, en particular las amenazas contra el sacerdote Eleazar Juárez Flores, de la parroquia de Chicomuselo, que se ha pronunciado contra la minería y la militarización de la región. 

Organizada por el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida (Samuel Ruiz Garcia) y la Parroquia de Chicomuselo, la peregrinación se dio en Pablo L. Sidar, un pueblo cerca de Chicomuselo. Más de 3 mil personas marcharon con música y consignas a través del pueblo. Después se pararon en el centro, donde se celebró una misa y denunciaron la militarización del área, las amenazas contra el sacerdote Flores, así como el asesinato de una mujer de 36 años, que ocurrió en la comunidad. El nuevo cuartel militar en el área fue otro punto enfatizado.

Durante el pronunciamiento, denunciaron también el alcoholismo y la venta ilegal de alcohol, uso de drogas, y prostitución. Había gente presente de otras parroquias de Chiapas. También gente de Pablo L. Sidar participó en la marcha y misa.

Solidarizándose con la peregrinación, la Red por la Paz se pronunció afirmando que:

“En ese sentido, como Red por la Paz, nos preocupa que dadas las condiciones de desmantelamiento, división y fractura del tejido social comunitario que impone este contexto de violencia en la región la respuesta del Estado Mexicano sea la aplicación de facto de la Ley de Seguridad Interior (LSI) a través de la instalación y funcionamiento del cuartel militar recién inaugurado en Chicomuselo, Chiapas. Reprobamos los actos de intimidación y provocación que realizan efectivos militares a la labor de promoción y defensa de los derechos humanos de quienes acompañan a personas, organizaciones y comunidades que han optado por la defensa de la vida, por condiciones de seguridad, pero sin guerra y por la construcción de paz con justicia y dignidad.”

Red por la Paz Chiapas, el 10 de noviembre de 2018

Para más información:

Organizaciones y pueblos en resistencia rechazan militarización en Chicomuselo (Chiapas Paralelo, 6 de noviembre e 2018)

Denuncian amenazas de muerte al sacerdote de Chicomuselo (Alerta Chiapas, 10 de noviembre de 2018)

Inauguran cuartel militar en Chicomuselo (Alerta Chiapas, 8 de noviembre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: amenazan nuevamente al párroco de Chicomuselo (1 de octubre de 2018)

Chiapas: Peregrinación en Chicomuselo une alrededor de 5,000 hombres y mujeres que se oponen a actividades mineras (3 de octubre de 2017)

Chiapas: Mineros promueven división comunitaria en Chicomuselo (28 de april de 2017)

 

Nacional: cuestionamientos de organizaciones campesinas e indígenas ante iniciativa de ley agraria

(@Desinformémonos)

En fechas recientes, integrantes de organizaciones campesinas e indígenas han expresado su preocupación por la iniciativa de ley agraria propuesta en octubre por el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. Para Carlos González García, abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), dicha propuesta “da continuidad” a la contrarreforma salinista de 1992 y forma parte de una estrategia para despojar a los pueblos originarios: “tiene como fin armonizar las disposiciones legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales”; y “brinda a las trasnacionales la posibilidad de apoderarse de tierras de uso agropecuario y forestal”.

“Con esta iniciativa olvidan que las tierras las han obtenido los ejidatarios y comuneros después de una lucha armada, hace ya cien años [Revolución Mexicana], y que no sólo se usan para producir y explotar los recursos naturales que ahí existen, sino también para recrear su cultura y la convivencia con las otras comunidades », indicaron organizaciones campesinas. Criticaron que las autoridades busquen beneficiar a los empresarios « en lugar de promover que los ejidatarios y comuneros sean quienes sean capacitados y decidan sobre la preservación y explotación de los recursos en sus territorios ».

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresó que la actual Ley Agraria “constituye, a pesar de todos los intentos de gobiernos anteriores por deteriorarla, una herramienta fundamental para la defensa de los núcleos agrarios de nuestro país frente a proyectos extractivos que generan despojo, destrucción de la tierra y el territorio, daños a la salud y al medio ambiente de sus habitantes, así como criminalización y/o asesinatos de quienes se oponen a ellos”. Para sus integrantes, la nueva iniciativa que abrogaría dicho texto “constituye una regresión y una nueva amenaza para los derechos de los pueblos campesinos que lucharon por la tierra y que con su lucha han configurado y dado sentido a la historia y presente de nuestro país. (…) En nuestra opinión, este documento está diseñado bajo la misma lógica que impulsó la contrarreforma agraria de 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y, además, agiliza la implementación de las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente respecto a la Reforma Energética”.

Para más información:

Iniciativa de ley agraria es una estrategia de despojo contra los pueblos indígenas: CNI (Desinformémonos, 6 de noviembre de 2018)

Piden frenar Ley Monreal; dirigentes campesinos la consideran privatizadora y neoliberal (MVS Noticias, 6 de noviembre de 2018)

Por regresiva objetan nueva ley agraria propuesta por Monreal (Regeneración, 5 de noviembre de 2018)

Permite despojo el plan agrario de Monreal, alertan grupos indígenas y campesinos (La Jornada, 4 de noviembre de 2018)

Iniciativa de ley para el desarrollo agrario: nueva reforma estructural (La Jornada, 3 de noviembre de 2018)

La REMA se pronuncia en contra de la iniciativa de “Ley para el Desarrollo Agrario” de MORENA (REMA, 30 de octubre de 2018)

Presenta Monreal iniciativa de ley para el desarrollo agrario (La Jornada, 24 de octubre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Aprobada la reforma energética (11 de diciembre de 2013)

Chiapas : Grupo Chiapaneco contra el modelo extractivo se pronuncia contra el despojo

Reunión del Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo, octubre de 2018 (@Otros Mundos)

El 27 de octubre, al finalizar una reunión de dos días que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, los pueblos y organizaciones que conforman el Grupo Chiapaneco contra el modelo extractivo se declararon « en resistencia » ante dicho modelo capitalista que « busca mercantilizar la energía que nos da la vida, que viene de los ríos, el mar, el sol, el viento, los bosques y los volcanes. No estamos de acuerdo con que las grandes empresas nacionales y transnacionales vengan a despojarnos de nuestras tierras y territorios con proyectos extractivos como son pozos petroleros, geotermia, represas hidroeléctricas, minas y parques eólicos, para producir energía que alimente sus industrias contaminantes y el modelo de vida capitalista de las grandes ciudades ».

Denunciaron que « las empresas no piden permiso ni a la Madre Tierra ni menos a los pueblos de Chiapas, cuando quieren extraer los bienes comunes naturales de nuestros territorios, con la complicidad de los tres niveles de gobierno, del aparato militar, paramilitar y policiaco ». Afirmaron que, a diferencia de lo que quieren hacernos creer los empresarios “una energía que desplaza a los pueblos no puede ser ni verde ni limpia”.

Rechazaron distintos proyectos que se están implementando o que se podrían implementar en las zonas Costa, Sierra, Zoque, Altos, Selva, mismos que «violan nuestros derechos como pueblos (…). Nos desplazan, inundan nuestras tierras (…). Nos roban nuestras agua y contaminan nuestras fuentes de vida » además de generar « militarización para el control del territorio y la protección de los proyectos privados, no solo a través de la presencia del ejército mexicano sino también de paramilitares y de servicios guardias privadas».

Indicaron finalmente que « todos estos proyectos que no dejan en nuestros pueblos ningún desarrollo económico, social, ni cultural. El único camino que nos abre es el de la muerte. (…) Queremos seguir con fuerza y para ello necesitamos poder seguir viviendo en nuestras comunidades, con nuestras formas de vida, con respeto y cuidado de nuestras tierras y territorios. Queremos que se respeten y reconozcan los derechos colectivos de los pueblos ».

Para más información :

Pueblos organizados de Chiapas nos declaramos en resistencia ante el modelo energético capitalista (Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo, 27 de octubre de 2018)

Pueblos organizados detendrán el avance de proyectos extractivistas en Chiapas (Chiapas Paralelo, 28 de octubre de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas : se lleva a cabo el Encuentro “¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!” en Acacoyagua (23 de abril de 2018)

Chiapas: Acacoyagua prohibe la actividad minera en su territorio (22 de enero de 2018)

Chiapas: intimidación a integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) por policías y militares (17 de mayo de 2017)

Chiapas : FDPS suspende diálogo con el gobierno hasta que cierren mina de la empresa El Puntal S.A. de C.V. y se deroguen otras concesiones (22 de febrero de 2017)