Guerrero – breves: Juez absuelve a agresor de uno de los integrantes del Comité Radio Ñomndaa; Segob evade cumplir sentencia por el de caso Inés y de Valentina

El 25 de enero, un juez absolvió al agresor de uno de los integrantes del Comité Radio Ñomndaa. Después de un proceso que se prolongó por más de 10 años, se dictó sentencia absolutoria a favor de José Luis Rocha Ramírez, actual secretario del gobierno municipal de Xochistlahuaca y hermano de la cacique local Aceadeth Rocha Ramírez, quien el 9 de enero de 2001 agredió a Don Silverio Matías Domínguez, integrante del Comité Radio Ñomndaa, provocando que perdiera un ojo.

El boletín de prensa del Comité Radio Ñomdaa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan enfatizó: “La absolución de José Luis Rocha Ramírez no sólo consolida la impunidad sino que también evidencia la sujeción del Poder Judicial de Guerrero a intereses caciquiles como los que representa en la Costa Chica del estado la hoy diputada Aceadeth Rocha Ramírez. En este sentido, no puede soslayarse que dicha sentencia se suma a la resolución dictada en septiembre por el mismo juez Alderete Cruz, (…) en la que condenó a Genaro Cruz Apóstol exautoridad agraria, David Valtierra Arango y al mismo Silverio Matías Domínguez, integrantes del Comité de Radio Ñomndaa, imponiendo una pena de más de tres años de prisión y el pago de una multa de mil 753 pesos por un delito fabricado, consecuencia de una acusación falaz que impulsó la cacique Aceadeth Rocha Ramírez. Analizadas conjuntamente, ambas sentencias evidencian el modo en que las instancias de procuración y administración de justicia de Guerrero actúan con parcialidad, criminalizando severamente a los defensores de derechos humanos aun en ausencia de pruebas y encubriendo la impunidad de quienes detentan el poder incluso en presencia de pruebas contundentes”.

Finalmente, en un artículo de CIMAC Noticias del 26 de enero (Periodismo con perspectiva de género), se señaló que a la fecha la Secretaría de Gobernación ha evadido el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana por el de caso Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú, mujeres mephaa, violadas por militares en 2002. Omeheira López Reyna, titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Segob, informó que esta dependencia pidió a la CoIDH una interpretación de ambas sentencias en las que la Corte ordenó al Estado mexicano trasladar las investigaciones de ambos casos —que se encuentran en la jurisdicción militar— al ámbito civil.

Ciertamente se trata de un recurso establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. López Reina reconoció que esta petición ante la Corte retrasó la implementación de las mesas de trabajo sobre el cumplimiento de ambas sentencias. Por su parte, Agustín Martín, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que litigó estos casos ante el sistema interamericano recordó que las sentencias no se pueden apelar y que ésta no es la primera vez que el Estado mexicano cuestiona los mandatos de la CoIDH.

Para más información:

Nuevamente, el Poder Judicial de Guerrero exhibe su parcialidad contra los defensores indígenas (Boletín de prensa del Comité Radio Ñomdaa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 27 de enero)

Segob evade cumplir sentencia por caso Inés y Valentina (CIMAC, 26 de enero)

Blog sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo: http://justiciaporinesyvalentina.wordpress.com/

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – breves: Piden apoyo para caso de Radio Ñomndaa; SCJN atrae amparo pedido por familiares de Rosendo Radilla; 4 meses de desaparición de activista Victor Ayala; Debate entre candidatos a la gobernatura estatal: 18 de enero (17 de enero)

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Guerrero: breves – Preocupación por la seguridad de los habitantes de La Morena; OSC envían carta a Segob por las recientes amenazas contra la OPIM; Monitor Civil documenta 384 casos de violación a los derechos humanos por parte de la policía; CIDH falla a favor de campesinos ecologistas

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Foto @El Universal

El 7 de diciembre, alrededor de 35 efectivos militares a bordo de 3 carros Hummer incursionaron en la comunidad de La Morena, municipio de Petatlán, haciendo uso de sus armas de fuego y provocando pánico entre los habitantes. Según testimonios, los hombres y adolescentes corrieron hacia los cerros cercanos, mientras las mujeres, niños y ancianos se concentraron en sus casas, mismas que fueron hallanadas por los militares. En el mes de febrero fue asesinado por militares Adolfo Torres Rosas, y también fueron detenidos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa, que actualmente se encuentran presos en el penal de Acapulco por supuestos delitos contra la salud. En los últimos meses, el hostigamiento a la familia Torres Cruz se ha centrado en la presencia intermitente y amenazante de militares en su comunidad y la promoción del rumor de que la familia Torres Cruz está involucrada en secuestros, sin que esto se canalice debidamente ante las autoridades civiles correspondientes.

En un comunicado de prensa del 7 de diciembre, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), exigieron a las autoridades, entre otras cosas: el alto al hostigamiento a la familia Torres, la salida inmediata del Ejército de la Comunidad de La Morena, y que no se utilizara el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero. De igual forma, el 21 de diciembre, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresó su preocupación por la situación en La Morena por medio de una acción urgente. Reiteró que hasta la fecha no se conoce nada nuevo sobre la investigación en torno a las circunstancias de la muerte del señor Adolfo Torres Rosas, y denunció la violencia ejercida durante el arresto y detención de los señores Anselmo Torres y Húber Vega, quienes habrían sido víctimas de malos tratos y torturas.

Por otra parte, el 15 de diciembre, Organizaciones Sociales y Civiles (OSC), enviaron una carta al Secretario de Gobierno (SEGOB), expresando su preocupación por las amenazas ocurridas el 28 de noviembre en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM). L@s integrantes de la OPIM han acompañado a Inés Fernández y a Valentina Rosendo, mujeres indígenas me’phaa quienes fueron violadas por militares en el 2002, cuyos casos fueron recientemente resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado Mexicano. Las OSC enfatizaron que “a la luz de las recientes amenazas, el pronto y cabal cumplimiento de las sentencias [de la CoIDH en contra del Estado Mexicano] deviene fundamental para evitar que se consumen nuevos hechos que lamentar”.

Por otro lado, a tres años de instalado, el Monitor Civil de la Policía y de los Cuerpos de Seguridad Pública en la Montaña de Guerrero (Monitor Civil), hizo público el hecho que documentó 384 casos de abuso policial. Destacó que es la policía investigadora ministerial la autoridad que más viola los derechos fundamentales de la  ciudadanía en la región de Montaña (179 casos registrados). Desde la experiencia del Monitor Civil, las condiciones institucionales de esta corporación son las que más propiciaron abusos policiales, pues la ausencia de mecanismos internos y externos de control y rendición de cuentas permite a los elementos ministeriales infringir los derechos humanos y la legalidad sin que sus actos tengan consecuencias sancionatorias. Las violaciones más recurrentes perpetradas por las corporaciones policiales fueron la detención arbitraria (122 casos), la extorsión (87 casos) y los tratos crueles inhumanos y degradantes (59 casos), destacando otro tipo de violaciones en menor cantidad como la tortura (6 casos), la ejecución extrajudicial (3 casos), ataques a la inviolabilidad del domicilio (22 casos) y la imposición de multas excesivas (31 casos). Monitor Civil preparó un informe sobre la situación de la policía en la Montaña de Guerrero a través del que se pretende establecer pautas para una reforma democrática de la policía.

Por último, el 20 de diciembre, la CoIDH condenó al Estado mexicano por haber violado los derechos a la libertad, a la integridad, a las garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, conocidos como “campesinos ecologistas”. La sentencia de la corte señaló que el Estado mexicano deberá realizar una investigación penal sobre los actos de tortura que denunciaron Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Además, en un plazo de dos meses, tiene que indemnizar a los campesinos ecologistas por los daños sufridos y cubrir el costo de los tratamientos médicos y psicológicos que han recibido.

En 1999, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos por miembros del Ejército, por su lucha en contra de la tala de árboles en la sierra de Petatlán, y de acuerdo con sus testimonios, fueron torturados. En 2004, el caso de los “campesinos ecologistas” llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el 2009 fue retomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La sentencia de la CoIDH también ratificó el llamdo a que México reforme el Código de Justicia Militar, para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos humanos.

Para más información:

– México: Preocupación por la seguridad de los habitantes de la comunidad de La Morena en Petatlán, en particular por los familiares del Sr. Javier Torres Cruz, Estado de Guerrero, México. (Acción Urgente Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, 21 de diciembre)

– OSC envían carta a Segob por las recientes amenazas contra la OPIM entorno a las sentencias de la CoIDH (CENCOS, 15 de diciembre)

– A tres años de trabajo Monitor Civil documenta 384 casos de violación a los derechos humanos por parte de la policía (CENCOS, 17 de diciembre)

– CIDH falla a favor de campesinos ecologistas (El Universal, 20 de diciembre)

Para más información de SIPAZ:

– Guerrero: breves – Nuevas amenazas a dirigentes de la OPIM; inclusión de recursos en presupuesto federal destinados a La Parota; Invitación al sexto aniversario de Radio Ñomndaa (6 de diciembre)

– Guerrero: breves – ONGs presentan escrito a Corte Interamericana sobre caso de ambientalistas; Activista detenido (22 de septiembre de 2010)

– Guerrero: El Monitor Civil documenta 117 casos de abuso policiaco (29 de noviembre de 2008)

Guerrero: breves – Nuevas amenazas a dirigentes de la OPIM; inclusión de recursos en presupuesto federal destinados a La Parota; Invitación al sexto aniversario de Radio Ñomndaa

El 28 de noviembre, Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, respectivamente presidenta y dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), recibieron nuevas amenazas de muerte por escrito a su domicilio. Ambos han estado haciendo campaña para que los soldados responsables de la violación de las dos mujeres indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo en 2002 tengan que rendir cuentas por sus actos. La carta de amenaza, escrita a mano, decía, en algunos fragmentos: “Hola Obtilia. Ahora ya sabemo donde vive por que tanto molesta de la asunto Ines y Valentina deje estar chingando en la asunto sentencia de las dos mujeres … calmate con tu gente de la organización porque sino te va carga la chingada … calmate Cuauhtémoc porque se van carga la chingada … dejen estar chingando que el gobierno tiene cumplir la sentencia si esta enojado los gobierno poreso estamo aquí deje estar peleando sentencia ines y valentina” [sic]. El día 2 de diciembre, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente acerca del caso. Respaldando la Acción Urgente, el diputado federal perredista Filemón Navarro Aguilar exigió al gobierno del estado de Guerrero y al federal que desplieguen medidas cautelares para salvaguardar la integridad de Obtilia Eugenio Manuel.

Por otro lado, el 26 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la inclusión de recursos destinados a la construcción de la hidroeléctrica La Parota cerca de Acapulco en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, a pesar del rechazo del proyecto en la zona en la que se construiría. La entrega de recursos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción de La Parota parece ignorar la existencia de cuatro sentencias emitidas en el año 2007 por los tribunales agrarios, mismas que impiden que el gobierno federal y estatal realicen obras en la zona donde se pretende construir la presa. También ignora la decisión adoptada en la asamblea del 12 de agosto de 2007 cuando, tras oír los argumentos a favor y en contra del proyecto, los dueños de la tierra determinaron rechazarlo. Además el 1 de julio, la titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA), Martha Leticia Gracida Jiménez, otorgó una medida suspensiva, lo que implica que no se podrán hacer trabajos que impliquen la implementación del proyecto hidroeléctrico hasta que no se resuelva en todas sus instancias el juicio de nulidad, el cual está todavía en su primera instancia.

Por último, los días 17 a 20 de diciembre del presente año, en la comunidad Suljaa’ en la Costa Chica de Guerrero, se celebrará el sexto aniversario de la radio autónoma Radio Ñomndaa – la Palabra del Agua. Se realizarán varias mesas de trabajo acerca de los medios de comunicación populares, la defensa de la comunicación del pueblo, entre otras, así como un programa sociocultural.

Para más información:

– Acción urgente – Nuevas amenazas a activistas indígenas (2 de diciembre)

– Continúan amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero(Protectionline, 30 de noviembre)

– Demanda diputado del PRD al gobierno del estado proteger a Obtilia Eugenio tras amenazas de muerte (El Sur de Acapulco, 30 de noviembre)

– Presupuesto para la construcción de la Parota: cheque en blanco a los violadores de derechos humanos (CENCOS, 27 de noviembre)

– Según CFE, la construcción de La Parota iniciará el 5 de julio de 2011(El Sur de Acapulco, 6 de diciembre)

Invitación sexto aniversario de Radio Ñomndaa

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – breves: Atentado contra periódico El Sur de Acapulco; Conflicto agrario en Jicayán de Tovar; Manifestación contra el proyecto hidroeléctrico de La Parota; Desalojo forzado de 350 familias en Puerto Marqués; Policía Comunitaria emite comunicado contra exploraciones mineras (17 de Noviembre de 2010)

Guerrero: amenazan de muerte a Andrea Eugenio Manuel, activista indígena y hermana de Obtilia (26 de marzo de 2010)

Guerrero: nuevas amenazas en contra de Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIM y testigo en el caso de Inés Fernández Ortega vs. México (17 de marzo de 2010)

Guerrero: Con expediente fabricado, se condena a miembros de Radio Ñomndaa a 3 años de prisión. (28 de septiembre de 2010)

Guerrero: Formal prisión a David Valtierra, fundador de la Radio Ñomndaa (14 de noviembre de 2009)

Guerrero: Breves – Reactivación de órdenes de aprehensión contra miembros CETEG; Exponen organizaciones sociales ante Comisión Interamericana; Estado mexicano no cumple sentencia, acusan; homenaje a Comandante Ramiro

Durante la última semana de octubre fueron reactivadas 40 órdenes de aprehensión contra líderes sociales del movimiento magistral guerrerense e incluso fueron detenidos cinco de ellos. En un boletín de prensa del 29 de octubre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (RENACID) destacaron que estos hechos demuestran la criminalización a la protesta social que ha emprendido el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, en lugar de escuchar y atender las demandas de la sociedad civil. Además en el boletín  pidieron el cese a la represión arbitraria contra integrantes de los movimientos sociales y el respeto a la libre manifestación.

Conferencia CEMDA (@CENCOS)

El 28 de octubre, en la Ciudad de México, se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en la que organizaciones sociales expusieron la violación por parte del Estado mexicano al Derecho a la Consulta y Participación en asuntos de Interés Público, por la construcción de megaproyectos como por ejemplo la presa hidroeléctrica La Parota. Las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Tlachinollan, entre otras, expusieron que las autoridades de distintos niveles de gobierno han incumplido la Constitución, en especial, el artículo 2 que los obliga a implementar y llevar a cabo procesos de consulta cuando se trata de medidas legislativas, programas de desarrollo e implementación de obras e infraestructura  que incidan sobre territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas. Expusieron que en el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, no se informó que inundarían 17,300 hectáreas, que se desplazarían a 25 mil campesinos y que afectarían a otros 75 mil más que viven rio abajo, ni se les consultó si estaban dispuestos a ser desplazados.

En el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas me’phaa que fueron violadas sexualmente por militares en 2002, los abogados Miguel Pulido Jiménez, director del Centro de Análisis e Investigación; Guadalupe Barrera, del centro de Investigación y Docencia Económicas AC y Daphne Cuevas, del Consorcio Parlamentario y Equidad AC, denunciaron que el Estado mexicano no está cumpliendo con la sentencia dictada por la Corte Interamericana (CoIDH). En conferencia de prensa, el 7 de noviembre, denunciaron que, primero el Estado mexicano fue incapaz de garantizar los derechos de las indígenas, después no les reconoció su condición de víctimas, y cuando la CoIDH lo condenó, no tuvo la voluntad de presupuestar los recursos suficientes para indemnización y reparar el daño. Guadalupe Barrera y Daphne Cuevas manifestaron que mientras el gobierno federal asegura que no tiene dinero para el pago de reparación de daños, sí cuenta con una presupuesto millonario para el pago de publicidad e imagen.

El 4 de noviembre en Chilpancingo, organizaciones sociales rindieron un homenaje por el primer aniversario luctuoso de Omar Guerrero Solís, mejor conocido como el comandante Ramiro, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), quien el 4 de noviembre del año pasado fue asesinado en la sierra de Coyuca de Catalán. El Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense), el sindicato minero de Taxco y la CETEG, entre otras, celebraron con una misa en la iglesia de San Mateo y posteriormente hicieron un acto en el zócalo. Javier Monroy, integrante de TADECO, destacó que “Ramiro, ofrendó su vida por nuestro pueblo, por darle una vida digna y por construir un mundo mejor y por ello debe ser el ‘modelo a seguir’ por los jóvenes”.

Para más información:

Critican ONG acoso contra profesores (La Jornada, 29 de octubre)

Guerrero, México: Reactivación de órdenes de aprehensión contra magisteriales y criminalización de la protesta (Kaos en la Red, 29 de octubre)

Exponen organizaciones ante la CIDH violaciones al derecho a la consulta (CENCOS, 28 de octubre)

No se cumple sentencia de Coidh, acusan (La Jornada, 8 de noviembre)

Rinden organizaciones homenaje al comandante Ramiro, caído en 2009 (La Jornada, 4 de noviembre)

Guerrero: Corte Interamericana condena Estado mexicano por violaciones sexuales sufridas por dos mujeres indígenas me’phaa

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

El viernes 1 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias en las que condena al Estado mexicano por las violaciones sexuales que las mujeres indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron en 2002. En ellas señala que el Estado debe reparar los daños integralmente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder. Las dos mujeres indígenas me’phaa fueron violadas sexualmente por elementos del ejército mexicano en 2002. Durante su búsqueda de justicia, tanto las mujeres mismas como sus familiares han sufrido amenazas de muerte, intentos de secuestro e incluso fue asesinado el hermano de Inés en 2008.

Durante una conferencia de prensa del 4 de octubre, en la que participaron Valentina Rosendo, sus representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza y el abogado Mario Patrón, Valentina Rosendo dijo: “exijo que el gobierno cumpla la sentencia, si es que todavía le queda un poco de dignidad”. Además explicó su sentir en este momento en el que, después de más de ocho años de búsqueda de justicia vividos en condiciones de adversidad y de riesgo, finalmente la CoIDH le ha dado la razón: “ya que por fin se demostró que siempre dijimos la verdad porque no sabemos mentir, para nosotras y nuestras familias lo más importante ahorita es que nos dejen vivir en paz, con tranquilidad”.

La directora de CEJIL Mesoamérica, Alejandra Nuño, reiteró la importancia de la sentencia para las mujeres a nivel latinoamericano. Señaló: “Dentro del Sistema Interamericano sin duda las sentencias de Inés y Valentina constituirán un referente ineludible sobre los criterios aplicables en casos donde se documenten violaciones sexuales cometidas por agentes estatales. Se trata de dos sentencias de muy significativa trascendencia El viepara las mujeres en América Latina”. Por otro lado, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, enfatizó el impacto negativo que genera en los derechos humanos la participación del Ejército en tareas ajenas a su naturaleza. Dijo: “en la Montaña de Guerrero, la militarización que prevalecía cuando Valentina e Inés fueron violadas sexualmente sigue siendo una realidad del presente. La misma CoIDH habla en sus fallos de que en Guerrero las mujeres están en peligro por la violencia institucional castrense. Por eso la reforma del fuero militar es urgente, porque es un modo de afianzar mecanismos para que este poder sin contrapesos que es el Ejército rinda cuentas”.

Para más información:

–  El Estado mexicano es responsable de tortura y violación sexual de Inés y Valentina, deberá reparar y sancionar daños: CoIDH (Comunicado Tlachinollan, OPIM y CEJIL, 1 de octubre)

– Las sentencias de la CoIDH permitirán a Inés y Valentina acceder a la justicia negada por México (Comunicado Tlachinollan y CEJIL, 4 de octubre)

– Declaración Pública de Amnistía Internacional (5 de octubre)

– Reconoce que fueron violadas por militares en 2002 (CIMAC Noticias, 1 de octubre)

– Que el gobierno admita que fueron militares los que me violaron; que vayan a la cárcel (La Jornada, 5 de octubre)

– Weblog sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

– Sentencias dictadas por la Corte Interamericana

Para más información de SIPAZ:

– Breves sobre Guerrero: Valentina ante la CoIDH- Novedades en el caso del preso de conciencia Raúl Hernández (5 de junio de 2010)

– Guerrero: breves – Ataque a líder de la OFPM; intentan secuestrar a la hija de Inés Fernández (2 de septiembre de 2010)

Breves sobre Guerrero: Valentina ante la CoIDH- Novedades en el caso del preso de conciencia Raúl Hernández

El 27 de mayo, se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con sede en San José de Costa Rica, la audiencia del caso de la indígena Valentina Rosendo Cantú, que desde hace ocho años denunció haber sido violada por militares en el municipio de Acatepec, Guerrero. “Espero de los jueces justicia, que los militares estén en la cárcel y que el gobierno acepte que fueron militares los que abusaron de mí”, declaró Rosendo a los medios en un receso de la audiencia ante la Corte, donde su testimonio se presentó de forma privada. Aseguró que “valió la pena ocho años de espera, de tanto sufrimiento, porque llegar hasta aquí fue importante”. Explicó además que que tras interponer denuncias en México recibió amenazas, tuvo que abandonar su comunidad por temor a represalias y que el Estado se ha negado a reconocer responsabilidad alguna.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la víctima ante la CoIDH, ha criticado que este caso se encuentre en el fuero militar. Según CEJIL, el Estado mexicano está en “completo desacato” de una orden de la Corte Interamericana que indica que en México la jurisdicción militar no puede investigar violaciones sobre derechos humanos.

Este es el segundo caso de este tipo por el que México se sienta en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en abril pasado los jueces vieron el caso de la indígena Me´phaa Inés Fernández, que denunció abusos por militares también en 2002, y del cual no ha dictado sentencia todavía.

Por otro lado en un boletín conjunto de la OPIM con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan del 1 de junio, se informó que un Juez había constatado falsedad en declaración del principal acusador del preso de conciencia Raúl Hernández de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM)

El Juez de Primera Instancia, Alfredo Sánchez Sánchez, con sede en Ayutla, realizó una inspección ocular en la comunidad me´phaa de El Camalote que permitió verificar que tanto la distancia entre el domicilio del principal testigo y el lugar de los hechos que reportó, así como los accidentes geográficos del terreno y la oscuridad no le podrían haber permitido tener la suficiente visibilidad.

Según Tlachinollan e integrantes de la Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), eso “resta valor probatorio al testimonio de Fidel Remigio, y en consecuencia debe de haber el desistimiento de la acción penal contra Raúl Hernández, porque queda evidenciado una vez más, que él está preso bajo delitos fabricados y por su trabajo a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Para más información:

– Caso de Valentina Rosendo Cantú

Indígena exige a CoIDH justicia (El Universal, 28 de mayo)

Aborda la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso de indígena guerrerense (La Jornada, 28 de mayo)

– Caso de Raúl Hernández

Comunicado OPIM/Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (1 de junio)

Para más información de SIPAZ:

– Caso de Valentina Rosendo Cantú

Guerrero: Breves – CECOP se manifieste ante Senado / Conferencia de prensa casos Inés y Valentina (21 de mayo)

– Caso de Raúl Hernández

Guerrero: 2º aniversario del encarcelamiento de Raúl Hernández (Abril 19, 2010)

Guerrero: ganan amparo 5 integrantes de la OPIM (Febrero 24, 2010)

Guerrero: Breves – CECOP se manifieste ante Senado / Conferencia de prensa casos Inés y Valentina

El 19 de mayo, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) se manifestaron ante el Senado de la República en la Cuidad de México para exigir la cancelación de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota. Unos 300 manifestantes de 28 pueblos del Núcleo de Cacahuatepec y los ejidos de Dos Arroyos y los Huajes, del municipio de Acapulco, se pararon en frente del Senado mientras una delegación de 10 miembros del CECOP asistieron a la audiencia con los diputados Agustín Guerrero y Avelino Méndez, del PRD, y el priísta Silvio Lagos. Exigieron que se respetara la voz de los pueblos expresada en la asamblea del 12 de agosto de 2007, cuando fue rechazado el proyecto hidroeléctrico. El 12 de mayo, el CECOP también presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) solicitando la nulidad de la asamblea del 18 de abril de 2010. En la misma, personas a favor del proyecto aprobaron la expropiación de las tierras para la construcción de La Parota, mientras la presencia de más de 600 policías impedía a los opositores entrar en dicha asamblea.

Por otro lado, el 19 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Ciudad de México, acerca de los casos de violación sexual en 2002 de las mujeres indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega. Por la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado mexicano, los casos han quedado impunes, por lo que en 2004, decidieron presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El 17 de abril se realizó una audiencia de la CoIDH en el caso de Inés en Lima, Perú. La conferencia de prensa del 19 de mayo se dio a pocos días de la audiencia en el caso de Valentina (27 de mayo, en Costa Rica). El comunicado de prensa fue suscrito por varias organizaciones de derechos humanos entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Amnistía Internacional sección México. Enfatizó el carácter paradigmático de estos dos casos al visibilizar “la múltiple discriminación y el alto grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas -particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales- que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud en México”.

Para más información:

Caso de la Parota

– Comunicado de prensa: “Exigen comuneros de la CECOP cancelación definitiva de La Parota ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (19 de mayo)

– Lleva Cecop su movimiento al Senado (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Caso de Valentina:

– Comunicado de prensa: Valentina Rosenda, otra mujer me’phaa de Guerrero que sentará en el banquillo de los acusados al Estado mexicano ante la CoIDH (19 de mayo)

– México, al banquillo de los acusados, ahora por la violación de la me’phaa Valentina (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota (21 de abril)