BOLETÍN URGENTE: REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA

junio 22, 2016
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BOLETÍN URGENTE

San Cristóbal de Las Casas
21 de junio de 2016

REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA

El 19 de junio en el estado de Oaxaca elementos policiales reprimieron de forma violenta a maestras, maestros y sociedad civil organizada en rechazo a la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Tales hechos causaron la muerte de al menos 6 personas, la detención-desaparición de 22 y heridas de bala a otras 45 entre Nochixtlán y Hacienda Blanca. La atención médica no fue garantizada, ante lo que la población generó puestos de atención para tratar a las y los heridos. En la capital del estado, en los últimos días han estado llegando aviones de la Policía Federal y Gendarmería.

Este hecho es el más reciente en un contexto de escalada de violencia represiva en todas las entidades donde se ha manifestado el movimiento magisterial con apoyo de la sociedad civil (Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, entre otros) en las últimas semanas. Todas estas movilizaciones han sido en exigencia de una mesa de diálogo con el gobierno federal acerca de la reforma, mismo que ha mantenido una postura dura de no querer modificarla y amenazando con el cese inmediato de quienes se mantienen en huelga.

Antecedentes:

En 2013, el gobierno federal aprobó la reforma educativa, incluida en el paquete de reformas impulsadas desde el “Pacto por México” -un acuerdo entre los principales partidos políticos planteando la construcción de una sociedad de derechos y libertades, crecimiento económico, seguridad, justicia, transparencia, combate a la corrupción y gobernabilidad democrática-. Desde su anuncio por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la reforma de la educación causó inconformidad entre el magisterio. Fue presentada por el gobierno como una mejora del sistema educativo a partir de la evaluación de las y los docentes; también busca promover la autonomía de las familias de las y los estudiantes en la gestión de las escuelas, en la práctica implicando la asunción de los gastos de mantenimiento de las escuelas. Fue interpretada por un sector amplio del magisterio como una reforma laboral -más que de contenidos educativos- y que permitiera despidos selectivos de docentes, así como el inicio de la privatización de la educación en el país.

A raíz de ello, las y los profesores disidentes organizaron múltiples protestas en varios estados en busca de diálogo con el gobierno federal para la derogación de dicha reforma. Varias de las movilizaciones  fueron reprimidas por fuerzas policiales, causando la muerte de 3 docentes (uno de Chiapas y dos en Guerrero en 2015 y 2016).

Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca denunciaron la “criminalización del magisterio”, con ejemplos como “campañas mediáticas de difamación” o la detención de al menos 75 personas -entre las cuales figuran varios líderes magisteriales-, quienes se encuentran “en situación de prisión política”. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas valoró que varias de las detenciones fueron dirigidas contra defensoras y defensores de derechos humanos y se llevaron a cabo en condiciones de arbitrariedad. Además, parte de las y los detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios de alta seguridad competentes a delitos graves del fuero federal.

Asimismo,  la sociedad civil oaxaqueña rechazó las decenas de órdenes de aprehensión emitidas hacia integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -conocida por exigir la cancelación de la reforma educativa y por ser parte destacada del movimiento social oaxaqueño-, buscando “desarticular el movimiento”. Ante todo ello, diversos relatores de las Naciones Unidas emitieron “llamados urgentes a las autoridades mexicanas” por las violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones sin órdenes de aprehensión ni de cateo y ante el uso de tortura.

Desde el 15 de mayo del año en curso, el magisterio opositor se declaró en paro de labores, cerrando buena parte de los centros educativos, con porcentajes superiores al 95% en los estados de Chiapas y Oaxaca. Sumado al paro, las y los docentes han organizado marchas, bloqueos carreteros, plantones, tomas simbólicas de ayuntamientos y de radiodifusoras, entre otras acciones, las cuales han contado con el creciente apoyo de madres y padres de familia, así como de la sociedad civil en general. Actualmente el magisterio mantiene un plantón en el zócalo de Oaxaca de Juárez, el cual está siendo custodiado mediante barricadas en el centro histórico de la ciudad y por bloqueos carreteros de puntos estratégicos para evitar la entrada de fuerzas policiales.

La Sociedad Civil de Oaxaca publicó una Acción Urgente divulgando la emisión de una Alerta Humanitaria “por ataque armado del Estado a la población civil”. En ella se solicita el cese a la fuerza y la represión contra el magisterio y la población, la instalación de una mesa de diálogo, la atención médica inmediata, el cese a la criminalización de las y los maestros, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la liberación de las y los detenidos, así como el castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Desde el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), mostramos nuestra alta preocupación ante las violaciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones magisteriales, por lo que las y los invitamos a firmar la Acción Urgente del Espacio Civil de Oaxaca en la página de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT).

Asimismo, valoramos que la situación no nada más en Oaxaca sino también en Chiapas es de alta tensión, por lo que invitamos a la sociedad nacional e internacional a mantenerse al pendiente de los sucesos en este estado.

Para más información:

AU: Sociedad Civil de Oaxaca emite Alerta Humanitaria por ataque armado del Estado a la población civil

 

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Chiapas: 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, el caso sigue impune

junio 21, 2016
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Foto:@Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Han pasado 20 años, sin que sus familiares y la sociedad conozcan el paradero de Minerva Guadalupe Pérez Torres (Minerva). Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), “los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Minerva se encuentran protegidos por la impunidad provocada por el Estado mexicano”.

El 20 de junio de 1996, Minerva fue detenida en un retén de revisión del “grupo paramilitar” Desarrollo Paz y Justicia ubicado en la comunidad de Miguel Alemán, municipio de Tila; en el retén se encontraban aproximadamente 50 personas armadas. Fue “detenida y posteriormente llevada a una casa en donde estuvo tres días. En este lugar fue torturada sexualmente por más de 30 personas del grupo paramilitar Paz y Justicia. Finalmente fue llevada rumbo a la comunidad de Masojá Chico, Tila, sin conocerse la ubicación exacta de su paradero”. La familia de Minerva sigue exigiendo al Estado mexicano acciones inmediatas que lleven a la búsqueda y localización de Minerva, “ya que la omisión en las investigaciones y la falta de mecanismos eficaces por parte de las autoridades de procuración de justicia han mantenido la desaparición forzada”; que se conozca la verdad, para alcanzar la justicia con dignidad, se castiguen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y que el Estado mexicano “reconozca su responsabilidad en esta política de destrucción, violencia y muerte”.

Cabe mencionar que el caso de Minerva, junto con siete casos más de la zona Norte de Chiapas, es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se encuentra en la etapa de estudio sobre fondo. Este caso “se cometió en el marco del Conflicto Armado Interno iniciado en enero de 1994” y “se encuentra vinculado con la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 y del Plan de Campaña Chiapas 2000”.

Para más información:

Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres (CDHFBC, 20 de junio de 2016)

Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres (Kman Ilel, 21 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Minerva, la mitad de su vida desaparecida sin justicia (25 de junio de 2015)

Chiapas: A 18 años de la desaparición de Minerva Pérez, su caso sigue en impunidad (20 de junio de 2014)

Chiapas: A 17 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, se admite el caso ante la CIDH (22 de junio de 2013)


Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU

marzo 31, 2016
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Foto @ Desinformémonos

Después de haber señalado que la tortura es “una práctica generalizada en México“, al Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, le fue negada una nueva visita a México para este año. El relator solicitó la visita de seguimiento desde septiembre de 2015, considerando que su mandato acaba en octubre de 2016. El gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó dicha petición argumentando que ya están programadas las visitas de otros expertos y no es posible agendarlo antes de octubre, cuando concluye la misión de Méndez. Posteriormente la SRE cambió la versión y dijo que “la visita no podrá concretarse hasta que esté aprobada la ley contra la tortura en el Congreso de la Unión”. La senadora Angélica de la Peña Gómez recordó que en octubre pasado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fue criticado entre otros por organismos de la sociedad civil porque no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”. La senadora enfatizó que “para eliminar la práctica de la tortura en el país, lo primero es reconocer su existencia”. 

Cabe recordar que en marzo de 2015, Juan E. Méndez presentó el informe elaborado tras su visita a México en abril y mayo de 2014, el cual fue inmediatamente descalificado por funcionarios federales, quienes lo tacharon “de poco profesional y ético“. Tras la intervención del experto, el embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negó rotundamente sus observaciones. “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad“, afirmó Lomónaco.

Para más información:

Se niega gobierno mexicano a recibir a Relator contra la Tortura de la ONU (Desinformémonos, 28 de marzo de 2016)

México aceptará al relator de la ONU contra la tortura hasta que el Congreso apruebe nueva ley: SRE (Eme Equis, 28 de marzo de 2016)

Gobierno de Peña Nieto rechaza visita del relator sobre tortura de la ONU (Aristegui Noticias, 26 de marzo de 2016)

Senado debe iniciar ya debate de Ley General contra la Tortura: Angelica de la Peña (El Sol de México, 16 de febrero de 2016)

Ley general contra la tortura (6 de febrero de 2016)

Relator especial alerta de tortura, malos tratos e impunidad en México (Centro de Información de las Naciones Unidas, 9 de marzo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

Chiapas: Gobierno de Chiapas niega investigar casos de tortura en sus penales (1 de octubre de 2015)

Nacional: 20 ONG critican el proceso para crear la Ley General contra la Tortura (7 de septiembre de 2015)


Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura

febrero 9, 2016
Conferencia de prensa, Foto @ Luis Barrón, SinEmbargo

Conferencia de prensa, Foto @ Luis Barrón, SinEmbargo

 

El 3 de febrero, cerca de 30 organismos de la sociedad civil, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), compartieron su indignación ante la iniciativa de Ley contra la Tortura en una conferencia de prensa. Instaron al Poder Legislativo a aprobar una legislación contra la tortura a la altura de los estándares internacionales y exhibieron que, el 10 de diciembre del 2015, Enrique Peña Nieto,el presidente de la República, sin aviso a las organizaciones, envió al Senado su iniciativa, la cual, además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta ley debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz”. Su propuesta[n]o refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, indicaron los organismos de la sociedad civil en su posicionamiento. Por ejemplo, no incluye el establecimiento del Protocolo de Estambul, que es un manual internacional para la investigación y documentación de la tortura, ni prohíbe el uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura. En octubre de 2015, el Ejecutivo Federal realizó una serie de consultas en un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, así como personas de la academia y actores sociales, en las que se llegó a acuerdos sobre los estándares que deberá contener la Ley General contra la Tortura. Según dichas organizaciones, en el texto final, “[n]o se incorporaron en su totalidad las propuestas de la sociedad civil y el sector académico.

Entre otros, el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de Naciones Unidas, han calificado la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada. “La tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México”. El coordinador de la CMDPDH, José Antonio Guevara, recordó que entre el 2006 y el 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 100 quejas por tortura y cerca de 4,000 por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otros 4,500 expedientes. Ante el inminente inicio de labores legislativas en este período de sesiones, las organizaciones exigieron al Poder Legislativo que, en sus diferentes etapas, “[t]ome en cuenta las observaciones e insumos elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y expertos en estos temas y aprueben una legislación que esté a la altura de los más altos estándares internacionales en materia de prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que permita revertir a la práctica generalizada de tortura e impunidad que prevalece en el país”.

Para más información

Ley general contra la tortura (La Jornada, 6 de febrero de 2016)

EPN no tomó en cuenta a las ONG al enviar iniciativa de ley sobre tortura (Diario Cambio, 5 de febrero de 2016)

La iniciativa de Ley contra la Tortura promueve …aún más tortura, dicen grupos civiles (Sin Embargo, 3 de febrero de 2016)

Legislativo debe aprobar una ley contra la Tortura a la altura de los estándares internacionales (Codigo DH, 3 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ

Nacional: 20 ONG critican el proceso para crear la Ley General contra la Tortura (7 de julio de 2015)

Chiapas/Nacional: 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (1 de julio de 2015)

Nacional/Internacional: relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura presenta informe sobre México en Ginebra, Suiza (10 de marzo de 2015)


Chiapas: Familia de José Rolando, asesinado por tortura, exige justicia y cese de amenazas

noviembre 5, 2015
José Rolando @ Chiapas Denuncia

José Rolando @ Chiapas Denuncia

El 29 de octubre, por cumplirse un año y 8 meses desde el asesinato de José Rolando Pérez de la Cruz por policías del municipio de Acala (tras golpearlo y torturarlo hasta la muerte el 1 de marzo de 2014), sus familiares hicieron público un comunicado exigiendo justicia, garantías de no repetición y garantías de seguridad para la familia y la abogada del caso, ya que han recibido amenazas y hostigamiento.

Además, dieron las gracias por el apoyo y la solidaridad que han recibido a nivel nacional e internacional, así como por la intervención de la organización a la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura de Francia (ACAT-Francia) hacia el gobierno del estado de Chiapas.

Seguimos exigiendo justicia y verdad a este mal gobierno de Velasco Coello, quien ha demostrado su falta de interés, su incompetencia e ineficiencia para que sean investigados y encarcelados todos aquellos que obstruyeron y participaron directa o indirectamente en el asesinato de José Rolando”, externaron frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez.

Para más información:

Familiares de José Rolando muerto por tortura exigen verdad y justicia (Chiapas Denuncia Pública, 29 de octubre de 2015)

Chiapas: como en Iguala, la muerte de Rolando Pérez de la Cruz fue “bajo custodia y tortura de la policía municipal” (Radio Zapatista, 29 de octubre de 2015)

Policías municipales de Acala privan arbitrariamente de la vida al joven Rolando Pérez (CDHFBC, 15 de marzo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Tortura y privación de la vida de joven bajo la responsabilidad de policías municipales de Acala, denuncia CDHFBC (18 de marzo de 2014)

 


Chiapas: Gobierno de Chiapas niega investigar casos de tortura en sus penales

octubre 1, 2015
(@alainet.org)

(@alainet.org)

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) denunciaron obstrucción en la documentación y aplicación del Protocolo de Estambul (un mecanismo reconocido por México para evitar la tortura). Entre el 21 y el 25 de septiembre impidieron la entrada de dos peritos independientes del Protocolo Estambul e integrantes del CCTI, acompañados por personal del Frayba, en tres Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), para realizar trabajo de documentación y aplicación. Antes, once presos habían denunciado torturas durante su detención o dentro de los penales chiapanecos, en su mayoría indígenas. Los denunciantes presentaron diferentes niveles de deterioro en su salud física y mental, por falta de atención médica y psicológica, en parte graves, que requirieron atención urgente. Otro aspecto que dejó más vulnerables a los presos indígenas y de que sufrieron mucho es la falta de un traductor, tanto en sus procesos judiciales como en los centros de reclusión.

A pesar de las gestiones que el Frayba y el CCTI realizaron con varias autoridades competentes a la solicitud presentada, éstas no dieron acceso a los dos expertos a los penales. Para Gilberto Hernández del Frayba, “[e]sta manera de actuar responde a un interés de mantener la impunidad y evitar cualquier tipo de investigación”. Entre los presos que fueron a visitar los peritos estuvo Alejandro Díaz Santiz del colectivo La Voz del Amate, quien denunció en reiteradas ocasiones las condiciones miserables en las que se encontraron sus compañeros en los CERSS. Después de sus declaraciones fue trasladado el 11 de septiembre del penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas al nuevo Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 de Villa Comaltitlán, un penal de máxima seguridad. Según información del Grupo de Trabajo “No estamos todxs” (GTNET) este traslado forzado [e]s una venganza política del mal gobierno contra Alejandro, castigado por apoyar y concientizar a los demás presos”.

En el contexto en el que se discute el Proyecto de Ley General sobre Tortura, las autoridades del estado de Chiapas dejaron ir la oportunidad de mostrar su interés para investigar hechos de tortura en personas privadas de su libertad y abonar por una mayor credibilidad en la protección de los derechos humanos de las personas sobrevivientes de tortura.

Para más información

Presos denuncian malos tratos, discriminación e injusticias (Chiapas Denuncia Pública, 29 de septiembre de 2015)

Niega gobierno de Chiapas investigar casos de tortura en sus penales (Desinformémonos, 28 de septiembre de 2015)

Gobierno de Chiapas obstruye la documentación de violaciones a los Derechos Humanos (Pozol, 25 de septiembre de 2015)

Indígena tsotsil es trasladado a penal de máxima seguridad, pese a “compromiso” de Velasco por obtener su libertad (Pozol, 13 de septiembre de 2015)

De la tortura al protocolo de Estambul (Amnistía Internacional, 9 de febrero de 2015)

Para más información de SIPAZ

Chiapas: Trasladan a Alejandro Díaz Sántiz, junto a 386 presos, a penal de alta seguridad (15 de septiembre de2015)

Nacional: 20 ONG critican el proceso para crear la Ley General contra la Tortura (7 de septiembre de 2015)

Chiapas/Nacional: 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (1 de julio de 2015)

Chiapas: Consumen agua contaminada en penal 5º de San Cristóbal de Las Casas (16 de junio de 2015)

Chiapas: Alejandro Díaz denuncia amenazas por parte del director del penal nº5 de San Cristóbal (17 de febrero de 2015)


Nacional: La CIDH realiza visita “in loco” en México

octubre 1, 2015

(Tres integrantes de la CIDH antes del encuentro en Tenosique, @ La 72)

(Tres integrantes de la CIDH antes del encuentro en Tenosique, @ La 72)

Del 28 de septiembre al 2 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita “in loco” en México para hacer observación sobre la situación de derechos humanos en el país, con énfasis en ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada. Bertha Santoscoy, una representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló que el criterio más utilizado por la CIDH para realizar una investigación “in loco” es “[l]a gravedad y el elevado número de denuncias sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos que se detectan en un determinado país”. La delegación quiso monitorear la situación de derechos humanos, recolectar información y vigilar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. “La preocupación nuestra ha sido constante en los últimos años, pero sí es cierto que en el momento actual hay una serie de incidentes muy graves”, afirmó Cavallaro, miembro de la CIDH. Desde el 28 de septiembre la delegación visitó Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila, Veracruz y la Ciudad de México. La delegación encabezada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y se reunió con representantes de la sociedad civil. Como parte de su visita se encontró, el 29 de septiembre, con varias organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas en Tenosique en el estado de Tabasco. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares en los distintos lugares que recorrió. Además la CIDH realizó un encuentro con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar atención al Informe sobre los hechos acontecidos en Ayotzinapa.

El 2 de octubre, la delegación va a dar una conferencia de prensa para dar a conocer sus observaciones preliminares. Para 2016 anunciaron la publicación de un informe sobre las observaciones que recabaron.

Para más información

La CIDH ve graves violaciones a derechos humanos en México (Informador, 30 de septiembre de 2015)

CIDH revisará graves violaciones a Derechos Humanos en México (Centro Prodh, 28 de septiembre de 2015)

Visita in loco a México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Diario de Chiapas, 20 de septiembre de 2015)

CARTA INVITACIÓN DE LA CIDH PARA REUNIÓN EN LA 72 EL 29 DE SEPTIEMBRE (La 72, 20 de septiembre de 2015)

CIDH realiza visita in loco a México (Organización de los Estado Americanos, 17 de septiembre de 2015)

Para más información de SIPAZ

Nacional/internacional: La CIDH expresa su preocupación ante el endurecimiento de las autoridades mexicanas hacia los migrantes y sus defensores en la frontera Sur (17 de junio de 2015)

Guerrero: Caso Ayotzinapa es desaparición forzada, confirman expertos de la CIDH (24 de marzo de 2015)

Nacional/Internacional : Cuestionan organizaciones internacionales al mecanismo para defensores de derechos humanos y periodistas (08 de mayo de 2015)