Guerrero: Piden investigación “que se funde en pruebas científicas” en caso Ayotzinapa

Foto @SIPAZ

El 13 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) declaró que se practican “desapariciones generalizadas” en “gran parte” de México y que el caso Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”. Recordó al Estado su obligación de “investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” ante hechos de desaparición forzada, una recomendación claramente aplicable al caso Ayotzinapa.

Las inconsistencias señaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en cuanto a la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) –sobre el presunto asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa- fortalecen la exigencia de abrir nuevas líneas de investigación y descartar la versión oficial, sostuvieron familiares de los jóvenes en conferencia de prensa, el 9 de febrero. El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, aseveró: ‘‘La verdad histórica del gobierno federal sobre el caso (…) se cae a pedazos. Hoy con certeza y en verdad nos queda claro que no nos equivocamos desde el primer momento cuando decíamos que no confiábamos en la versión del gobierno y de la Procuraduría General de la República (PGR)’’.

En un comunicado del 9 de febrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó detalladamente acerca de la investigación fallida en el caso de Ayotzinapa. Concluye mencionando: “[Ahora los padres y las madres] esperan que con el apoyo internacional de la ONU y la Comisión Interamericana, y el trabajo de gran prestigio que está realizando el equipo argentino, la PGR escuche sus planteamientos y haga valer el derecho de las víctimas haciendo una investigación que tome en cuenta todas las líneas posibles y se funde en pruebas científicas“. El 12 de febrero, representantes de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, expresaron su beneplácito por la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a México, quienes a partir del 1 de marzo comenzarán la verificación de la investigación de la desaparición forzada de los jóvenes.

Para más información:

‘‘La verdad histórica sobre Ayotzinapa se cae a pedazos’’, expresan padres de familia (La Jornada, 10 de febrero de 2015)

Un gobierno que sepulta la verdad (CDHM Tlachinollan, 9 de febrero de 2015)

ONU acusa “desapariciones generalizadas” en México (SIDIDH, 13 de febrero de 2015)

Ayotzinapa: representantes de familias expresan beneplácito por llegada de expertos de la CIDH a México (SIDIDH, 12 de febrero de 2015)

Información de Equipo Argentino robustece postura de padres de familia de Ayotzinapa (SIDIDH, 9 de febrero de 2015)

Ofrece CIDH abrir nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa (Proceso, 12 de febrero de 2015)

Fallida respuesta de la PGR a peritos argentinos, dice AI (La Jornada, 10 de febrero de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Amnistía Internacional acusa PGR de falta de investigación acerca de involucramiento del Ejército en caso Ayotzinapa (23 de enero de 2015)

Guerrero: Actualización caso Ayotzinapa (12 de enero de 2015)

Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa (18 de diciembre de 2014)

Chiapas/México: EZLN cederá su lugar a los familiares y los normalistas de Ayotzinapa (15 de diciembre de 2014)

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Guerrero: Ordenan regreso de Marco Antonio Suastegui, opositor a represa de La Parota, a penal guerrerense

Conferencia de prensa del 29 de enero de 2015 (@Tlachinollan)

En conferencia de prensa el 29 de enero, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan informó que el 26 de enero, la juez tercero de Distrito en Acapulco resolvió que las autoridades penitenciarias no justificaron las razones que motivaron el traslado de Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), a un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. Por lo mismo ordenó su reingreso al penal de La Unión, en el municipio de Isidoro de Montes de Oca, en el estado de Guerrero

Cabe recordar que el 17 de junio de 2014, el vocero del Cecop fue detenido por policías ministeriales y trasladado a Tepic, Nayarit, por instrucciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero.

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña había interpuesto una demanda de amparo en su caso “por considerar que existe un patrón sistemático en la utilización de los penales de máxima seguridad para castigar y acallar a los luchadores sociales y defensores comunitarios que defienden y ejercen sus derechos”. Denunció que “(l)a decisión del gobierno del Estado implicó un acto que tuvo como fin reprimir y castigar a Marco Antonio Suástegui Muñoz por su oposición a la construcción del Proyecto hidroeléctrico La Parota y por defender su territorio”.

Para más información:

Boletín informativo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan, 29 de enero de 2015)

Ordena una juez trasladar a Marco Antonio Suástegui al penal de La Unión (29 de enero de 2015, La Jornada de Guerrero)

Exigen inmediato regreso de opositor de La Parota (El Universal, 29 de enero de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Tlachinollan denuncia ante juez traslado “ilegal” de Marco Antonio Suástegui Muñoz a Nayarit y demanda su regreso al estado (14 de agosto de 2014)

Guerrero: soldados y policías irrumpen en La Concepción tras asamblea del Cecop en la que se informó sobre el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz (9 de agosto de 2014)

Guerrero : marchan 14 organizaciones a favor de la liberación de Marco Antonio Suástegui Muñoz del Cecop (17 de julio de 2014)

Guerrero: Organizaciones exigen la inmediata liberación del vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz (27 de junio de 2014)

Guerrero: Actualización caso Ayotzinapa

Omar García, estudiante de Ayotzinapa, golpeado por militares en Iguala. Foto @Regeneración

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, confirmó que el equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará la investigación de la masacre y desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre en Iguala. La CIDH sigue cabildeando con quienes podrían venir a México a revisar el expediente que integró la Procuraduría General de la República (PGR), los trabajos de búsqueda de la Gendarmería Nacional, y decir si las autoridades están agotando todas las líneas de investigación. Barrera Hernández confirmó que se firmó el convenio con el gobierno federal para que el equipo de expertos forme parte de las medidas cautelares que la CIDH otorgue a los padres de los normalistas desaparecidos.

Mientras tanto, sigue la búsqueda de los desaparecidos. Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, comenzaron el sábado 10 de enero las jornadas de búsqueda ciudadana en la sierra norte de Guerrero, en la población conocida como Filo del Caballo. Durante un encuentro entre los padres de los normalistas y representantes de la organización civil Ciencia Forense Ciudadana -que en esta ciudad ha documentado más de 300 casos de personas desaparecidas-, Felipe de la Cruz, padre de un estudiante desaparecido, señaló que cuentan con información de que en esa zona podrían estar los estudiantes. De la Cruz recordó que para participar en la búsqueda estaban convocadas todas las organizaciones sociales del país. El padre de uno de los estudiantes sobrevivientes al ataque reiteró que no solicitarán la ayuda del gobierno federal, porque a más de tres meses de la desaparición de los jóvenes no han entregado resultados. “No hay ni una pista. Tienen a más de 90 detenidos, pero ninguno ha dicho donde están, entonces hoy creemos en la fuerza del pueblo“, declaró.

Por otra parte, el 12 de enero, padres de los estudiantes se enfrentaron contra elementos de la policía militar antimotín y policía estatal cuando intentaron entrar a las instalaciones del 27 Batallón de infantería en Iguala para buscar a los normalistas desaparecidos. Estudiantes que también se encontraban en las inmediaciones del batallón fueron agredidos por la policía con gas lacrimógeno y extintores. Utilizaron dos camiones para derribar el portón de la entrada del batallón y reclamar con vida a los estudiantes. Las protestas en instalaciones militares se extendieron a los municipios de Acapulco y Cruz Grande. Con ellas, exigieron la apertura de los cuarteles para buscar en ellos a los jóvenes desaparecidos, pues consideran que hay “indicios” de que el Ejército participó en el crimen. Sin embargo, las autoridades federales niegan que haya sido así y atribuyen el caso a policías municipales de Iguala y Cocula ligados al narcotráfico.

Para más información:

Cabildea ya la CIDH entre los expertos que revisarán el expediente de Ayotzinapa, adelanta Tlachinollan (Sur Acapulco, 12 de enero de 2015)

Comenzará mañana en la sierra norte búsqueda de normalistas (El Universal, 9 de enero de 2015)

Se enfrentan padres de Ayotzinapa con militares, cuatro heridos (Regeneración, 12 de enero de 2015)

Padres de normalistas se enfrentan con militares en Iguala (CNN México, 12 de enero de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa (18 de diciembre de 2014)

Chiapas/México: EZLN cederá su lugar a los familiares y los normalistas de Ayotzinapa (15 de diciembre de 2014)

Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa (11 de diciembre de 2014)

Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa

Foto @SinEmbargo

Según una investigación publicada por la revista Proceso, fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes el 26 de septiembre pasado. Un trabajo realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en testimonios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales, muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado. El artículo señala las contradicciones que existen entre la Procuraduría General de la República (PGR) y los testimonios de los detenidos, así como de estudiantes que presenciaron los hechos. Uno de los puntos clave de la investigación, es que hubo monitoreo de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que la PF sabía de su llegada a Iguala. Señala que el ataque y la desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).

Además, en las redes sociales empezó a aparecer la información de que la mayoría de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala todavía están con vida y son mantenidos cautivos por el Ejército y policías federales en el marco de una operación de Inteligencia militar. La veracidad de la filtración todavía no ha sido confirmada. El comunicado fue emitido, presuntamente por elementos del Ejército mexicano quienes formaron parte de la 35.° zona militar (a la cual pertenece Iguala), al que ya no pertenecen porque fueron desplazados a otros sectores o están licenciados. El objetivo de la operación, llamada ‘Az’, era fraccionar “los grupos transgresores de la normal que alteran el orden de Iguala secuestrando vehículos propiedad del señor presidente municipal y alebrestan a la gente de varios poblados“. Según el comunicado”[l]os trasgresores fueron repartidos en tres grupos por la Inteligencia militar. 21 se los llevaron a dos cuarteles militares para interrogarlos” y al resto los dividieron en dos grupos que fueron llevados a Cocula y Chilapa por policías municipales y el cártel de los Guerreros Unidos.

Por otro lado, el 14 de diciembre, enfrentamientos en Chilpancingo, Guerrero, dejaron 22 personas heridas (14 de ellas maestros, padres y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y 8 elementos de la Policía Federal). Los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes que hacía los preparativos para el concierto de rock Festival una luz en la oscuridad, en Chilpancingo, fue agredido a golpes, pedradas y con gases lacrimógenos por policías. “Es un acto de brutalidad policiaca con el claro propósito de acallar las voces de los padres de familia”, aseveró Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Omar García, dirigente de la Normal de Ayotzinapa, relató que a pesar de que les dijeron a los federales que “éramos normalistas, y que estábamos preparando el concierto, nos dijeron: ‘Ni madres, nosotros les vamos a dar en su madre’. Los padres acusaron al gobierno federal de haber provocado un incidente de manera deliberada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por los acontecimientos ocurridos.

Para más información:

Filtración: “Los normalistas de Ayotzinapa están vivos, los tiene el Ejército mexicano” (RT, 14 de diciembre de 2014)

Iguala: la historia no oficial (Proceso, 13 de diciembre de 2014)

COMUNICADO | Agrede Policía Federal a estudiantes y familiares de desaparecidos de Ayotzinapa durante la preparación de jornada cultural (Tlachinollan, 14 de diciembre de 2014)

Investiga la CNDH hechos violentos en Chilpancingo (Proceso, 14 de diciembre de 2014)

Padres de los 43 acusan a la PF de ataque en Chilpancingo; incidente tensa Guerrero (Sin Embargo, 15 de diciembre de 2014)

El gobierno pretende criminalizar a quienes exigen justicia: Tlachinollan (La Jornada, 17 de diciembre de 2014)

Caso Iguala: federales involucrados y tortura a testigos.- Anabel Hernández (Aristegui Noticias, 15 de diciembre de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/México: EZLN cederá su lugar a los familiares y los normalistas de Ayotzinapa (15 de diciembre de 2014)Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa, 11 de diciembre de3 2014

Guerrero: Padres rechazan declaración de la PGR; Organizaciones expresan preocupación por descalificación de defensores Guerrerenses; HRW considera que Tlatlaya y Ayotzinapa son “crímenes de Estado”

Marcha en solidaridad con Ayotzinapa en San Cristóbal de Las Casas, 22 de octubre.

Foto @SIPAZ

El 7 de noviembre, en conferencia de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron presuntamente incinerados y sus restos arrojados al río Cocula, de acuerdo con información proporcionada por tres personas vinculadas al cártel Guerreros Unidos. Los restos hallados serán enviados a una universidad en Austria en un proceso que será largo, pues “por su alto grado de calcinación será difícil la extracción de ADN para su identificación”, argumentó el procurador Jesús Murillo Karam. “No aceptamos” las declaraciones de la PGR, pues “pretenden dar carpetazo” al caso de los 43 normalistas desaparecidos aunque digan que la investigación sigue abierta, acusó el padre de uno de los estudiantes, que insistió en que “nuestros hijos están vivos”. “Hoy nos quieren sorprender diciendo que hicieron cenizas a nuestros hijos, para que no podamos reconocerlos”, sostuvo otro familiar. Los padres acusaron que la intención de esta información es “que el presidente Enrique Peña Nieto se vaya de gira y diga que ya todo está resuelto”. El domingo 9 de noviembre, el presidente Peña Nieto inició una gira a China y Asia donde participará en el encuentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizará una visita de Estado y acudirá a la Cumbre del G-20.

Por otro lado, organizaciones agrupadas en torno al seguimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expresaron su preocupación sobre las declaraciones e informaciones que se han vertido en días recientes en contra de integrantes de las organizaciones sociales que laboran en el Estado de Guerrero. Su preocupación se dirigió en particular a la acusación del gobernador Rogelio Ortega Martínez, al descalificar el trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y al informe de inteligencia del gobierno mexicano filtrado a medios de comunicación, en el cual se acusa al secretario técnico de la Red Guerrerense de estar vinculado con un grupo guerrillero. En un documento, firmado por decenas de organizaciones de derechos humanos, manifiestan: “preocupa enormemente las recientes declaraciones del gobernador del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega, quien en medio de esta crisis de derechos humanos, llama al director de Tlachinollan a formar parte del gobierno estatal. Es de destacar que tanto el Centro Regional José María Morelos y Pavón como Tlachinollan forman parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y son organizaciones reconocidas por su dedicación en el fortalecimiento de liderazgos sociales que tanta falta hace en la zona, así como por la defensa jurídica de casos de violaciones graves de derechos humanos“.

En conferencia de prensa, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch (HRW), consideró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como el caso de la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, pusieron “por los suelos” el nombre del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno, en el ámbito internacional. Mencionó que el Ejecutivo federal ha querido mostrar al mundo “un México que es ficticio” y se alejó de temas de derechos humanos y de seguridad, considerándolos “tóxicos” para su imagen internacional. El directivo subrayó que ambos casos son crímenes de Estado, en los cuales las autoridades judiciales han actuado de forma tardía e ineficiente. La ejecución extrajudicial de al menos 12 personas en Tlatlaya por elementos del Ejército y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa están entre los casos de violencia más graves en la historia contemporánea de México y América Latina en años recientes, pero no son hechos aislados, sino parte de una atmósfera de impunidad y corrupción, agregó.

Para más información:

“No aceptamos” la hipótesis del asesinato de los normalistas, sostienen padres de desaparecidos (Desinformémonos, 7 de noviembre de 2014)

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pudo evitarse, dice el Frayba (La Jornada de Guerrero, 7 de noviembre de 2014)

Video: Los quemaron 15 horas, con leña, diesel, llantas, plástico.- PGR (Aristegui Noticias, 7 de noviembre de 2014)

Desaparición de normalistas deja “por los suelos” imagen del gobierno, a nivel internacional: HRW (Aristegui Noticias, 7 de noviembre de 2014)

Comienza Peña Nieto su gira de trabajo en China y Australia (Milenio, 9 de noviembre de 2014)

Inaceptable la postura del gobernador y la del gobierno federal, dicen defensores (La Jornada de Guerrero, 10 de noviembre de 2014)

Para más infrmación de SIPAZ:

Guerrero: Actualización en el caso Ayotzinapa (5 de noviembre de 2014)

Guerrero: Actualización caso Iguala: Detienen ex edil de Iguala; Renuncia Gobernador de Guerrero; Parlamento Europeo se divide por Ayotzinapa (24 de octubre de 2014)

Guerrero: Versiones contradictorias sobre fosas en Iguala a tres semanas de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa – Radicalización de las protestas (17 de octubre de 2014)

Nacional/Internacional: Múltiples movilizaciones y marchas por el “Dolor” y la “Rabia” de Ayotzinapa (9 de octubre de 2014)

Guerrero: Marcha de familias damnificadas a un año de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid

Marcha de damnificados en Tlapa (@Tlachinollan)

A un año de que la tormenta Manuel y el huracán Ingrid azotaran el estado de Guerrero, comunidades indígenas de la Montaña organizaron una marcha de entre tres y cuatro mil personas en Tlapa de Comonfort denunciando que a más de diez meses de que se diera a conocer el Plan Nuevo Guerrero (PNG), con una asignación de más de 37 mil millones de pesos, aún no han sido reparados ni reconstruido caminos, escuelas, centros de salud ni viviendas. En los pocos avances comentaron que las autoridades dan un trato de segunda a los pueblos originarios, donde mandan empresas que fallan y usan materiales de mala calidad.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña emitió un comunicado en el que señaló que las comunidades “se mantienen en situación de alto riesgo, especialmente por la falta de un programa integral de reconstrucción para la región de la Montaña y por la ineficiencia de los distintos niveles de gobierno para dar una respuesta coordinada a las comunidades afectadas”. El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández comentó que previo a la marcha las autoridades federales y estatales le dijeron que no marcharan y si lo hacían no fueran “tan exigentes o reclamones y que el mismo viernes les conseguían reuniones a cambio de no marchar”. Barrera Hernández manifestó que gracias al programa Que llueva maíz en la Montaña, se evitó la hambruna, pero tampoco el gobierno ha cumplido con la entrega de maíz y otros granos para los pueblos damnificados; de seis entregas acordadas sólo en tres ocasiones cumplieron.

Para más información:

Permanecen en condición de damnificadas familias de La Montaña a un año del paso de Ingrid y Manuel (Boletín de prensa de Tlachinollan, 13 de septiembre de 2014)

Marchan en Tlapa afectados para exigir reconstrucción total por daños de Manuel (La Jornada de Guerrero, 14 de septiembre de 2014)

Marchan miles en la Montaña; exigen cumplir promesas de reconstrucción (la Jornada, 14 de septiembre de 2014)

Marchan en Tlapa 4 mil damnificados por Manuel; exigen los granos que les prometieron (El Sur de Acapulco, 14 de septiembre de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Se logra acuerdo para implementación de un programa de abastecimiento de granos básicos para los damnificados de la Montaña (22 de febrero de 2014)

Guerrero: Damnificados de la Montaña realizan “Peregrinación del Hambre” por falta de apoyo gubernamental (5 de febrero de 2014)

Guerrero: Damnificados de las tormentas migran para poder subsistir (22 de octubre de 2013)

Guerrero: Continúa crisis humanitaria causada por la tormenta Manuel en La Montaña (1ero de octubre de 2013)

Guerrero: exigen liberación de presos políticos en el marco del onceavo aniversario del Cecop

Marcha del CECOP, 18 de agosto de 2014 (@Tlachinollan)

El 15 de agosto pasado, en el marco del onceavo aniversario del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), miles de campesinos y campesinas marcharon en Acapulco acompañados de organizaciones sociales nacionales y estatales, conformando un contingente de casi 3000 personas. Su principal demanda fue la exigencia de la liberación de uno de los voceros de CECOP, detenido en junio pasado, Marco Antonio Suástegui Muñoz. A la par, exigieron justicia en el caso de los demás presos políticos del estado, como Julio Ventura Ascencio y Emilio Hernández Solís, también integrantes del CECOP, así como los comandantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina.

Abel Barreara Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, aseguró que el traslado de Marco António Suástegui al penal federal de Tepic, Nayarit, fue “ilegal” y afirmó: “buscamos mostrar el patrón de criminalización que se está imponiendo en el estado y en el país, de trasladar a penales federales a compañeros que son defensores comunitarios, como Marco Antonio, y arrinconarlos en lugares que hacen imposible que sus familiares tengan contacto con él, que los abogados puedan implementar una defensa adecuada, y que el mismo compañero quede en una situación de mayor vulnerabilidad por su aislamiento”.

Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, presente en el evento, declaró “estamos aquí porque es una necesidad unificar nuestros esfuerzos de resistencia. Ya basta de esa forma de gobernar, ya basta de imponer esos proyectos que no tienen nada que ver con las necesidades prioritarias de nuestros pueblos, {…} venimos a decirles que no están solos, no es una cosa aparte lo que está pasando aquí, tanto en Guerrero como en otras partes de México tenemos la necesidad obligada para decir ya basta al despojo del territorio”.

Para más información:

Marchan cientos en Acapulco; exigen liberar al vocero del Cecop (La Jornada, 16 de agosto de 2014)

Marchan Cecop y ONG en Acapulco; exigen liberar a Suástegui Muñoz (La Jornada de Guerrero, 16 de agosto de 2014)

Marchan organizaciones, pueblos y movimientos por libertad para defensor de los ríos y el agua (Nota Informativa de Tlachinollan, 15 de agosto de 2014)

Unas 179 órdenes de aprehensión hay contra cecopistas, dicen coordinadores (La Jornada de Guerrero, 18 de agosto de 2014)

Las arbitrariedades del poder: a once años del Cecop y a un año de Nestora Salgado (Tlachinollan, El Sur de Acapulco, 18 de agosto de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: soldados y policías irrumpen en La Concepción tras asamblea del Cecop en la que se informó sobre el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz (9 de agosto de 2014)

Guerrero : marchan 14 organizaciones a favor de la liberación de Marco Antonio Suástegui Muñoz del Cecop (17 de julio de 2014)

Guerrero: Organizaciones exigen la inmediata liberación del vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz (27 de junio de 2014)