Guerrero : exigen liberación de Arturo Campos Herrera, integrante de la CRAC PC

Arturo Campos, @Tlachinollan

El 1ero de diciembre se cumplieron tres años del encarcelamiento injusto del dirigente indígena de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC PC), Arturo Campos Herrera. En este marco fue organizado un mitin afuera de la cárcel de Ayutla de Los libras donde se encuentra actualmente recluido. En el mismo participaron integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos que anunciaron una campaña para exigir su libertad. Arturo Campos pudo ver y escuchar el mitin desde una ventana de la cárcel.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan publicó un boletín titulado « El Costo del Deber Cumplido » en el que recordó « El primero de diciembre de 2013, fue detenido en la ciudad de Chilpancingo, al concluir un mitin (…) para exigir la libertad de trece de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) detenidos de manera arbitraria, por dar cumplimiento al mandato de la asamblea regional. Arturo sabía de una orden de captura en su contra, pero aun así asumió el riesgo de lo que representa defender los derechos del pueblo. Se trataba de alzar la voz por la libertad de sus compañeros, pero también de reivindicar los sistemas normativos indígenas que el gobierno estatal y federal se empeñan en pisotear y desacreditar de muy diversas formas ».

Volvió a denunciar que « El plan de su captura fue desmovilizar a la CRAC-PC, que exigía la libertad de Nestora Salgado, y colocar a sus dirigentes más combativos en penales de alta seguridad. Arturo Campos fue trasladado de inmediato al Penal del Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez. La consigna fue evitar que contara con una defensa adecuada y generar temor entre las mismas organizaciones sociales que se solidarizaban. Permaneció aislado por más de un año, imponiéndole un castigo injusto para doblegarlo. Actualmente se encuentra recluido en el penal de Ayutla donde enfrenta dos procesos penales por los supuestos delitos de secuestro.  Arturo Campos, con la fuerza de su lucha tenaz, ha logrado demostrar su inocencia en cuatro causas penales de las siete que pesaban en su contra. En este arduo proceso jurídico los jueces Federales han reconocido al sistema de justicia comunitaria, resolviendo que el delito de secuestro no está acreditado. Sin embargo, ha pesado pesa más la línea de mantener en prisión a Arturo Campos por ser una voz que tiene arraigo entre los pueblos indígenas discriminados secularmente ».

Para más información :

Hyperlink a Acción Urgente en Change.org

Protestan familiares, Crac y Upoeg en la cárcel de Ayutla para liberar a Campos (La Jornada de Guerrero, 2 de diciembre de 2016)

Protestan ONG en la cárcel de Ayutla; exigen la libertad de Arturo Campos de la CRAC (El Sur de Acapulco, 2 de diciembre de 2016)

El Costo del Deber Cumplido (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 1ero de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: XXI Aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (28 de octubre de 2016)

Guerrero : marchan en Chilpancingo por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria (14 de octubre de 2016)

Guerrero: En libertad seis presos de la CRAC-PC (13 de mayo de 2016)

Guerrero/Nacional: Finaliza Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos (29 de abril de 2016)

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Guerrero: Levantan en Tixtla a integrante de la CRAC-PC

(@Tlachinollan)

El 23 de noviembre, Irineo Salmerón Dircio, profesor de educación primaria, coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), adscrito a San Luis Acatlán, fue privado de su libertad en Tixtla por tres hombres armados, cuando iba rumbo a su trabajo. Ante lo ocurrido, integrantes de la CRAC bloquearon una carretera federal durante seis horas para exigir a las autoridades estatales la búsqueda y presentación con vida de su compañero de 48 años.

En una Acción Urgente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan contextualizó: “el municipio de Tixtla ha sido escenario en los últimos años pero sobre todo en los últimos meses, de una escalada de violencia generalizada, caracterizada por la actuación impune de grupos armados supuestamente vinculados a bandas del crimen organizado que se disputan el control de territorio y vías de comunicación. El pasado fin de semana, 19 y 20 de noviembre, fueron encontrados nueve cuerpos decapitados y desmembrados con señales de violencia física en el distribuidor vial que conecta a este municipio con Chilpancingo, Chilapa y Atliaca. Sin embargo, es también obvio y muy preocupante que esa violencia ha afectado a las organizaciones sociales y miembros del sector educativo en la región”.

En un comunicado, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) aludió al protocolo que indica que las autoridades deben esperar 72 horas : “Es inaceptable que conociendo que un comando de hombres armados fue responsable de la privación de libertad de Irineo Salmerón, se tengan que esperar 72 horas para comenzar con las investigaciones, cuando podría tratarse claramente de un secuestro o desaparición”

Para más información:

Acción Urgente RIESGO GRAVE PARA LA VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD DE IRINEO SALMERON DIRCIO, PROFESOR Y COORDINADOR DEL COMITÉ DE ENLACE DE LA CRAC-PC EN TIXTLA CON LA CASA MATRIZ DE SAN LUIS ACATLÁN (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 23 de noviembre de 2016)

Levantan al coordinador de la CRAC?en Tixtla; comunitarios bloquean seis horas la carretera (El Sur, 24 de noviembre de 2016)

La violencia en Guerrero deja al menos 34 muertos en tres días (La Jornada, 22 de noviembre de 2016)

Se reúne la CRAC con funcionarios estatales para buscar al coordinador levantado en Tixtla (El Sur, 25 de noviembre de 2015)

Guerrero: Marchan 3 mil integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero contra el hambre y el olvido

Imagen del bloqueo en uno de los accesos a Tlapa. Foto:@Tlachinollan

El pasado 30 de marzo más de 3 mil indígenas de la zona de la Montaña Alta de Guerrero marcharon en exigencia de la reparación de los daños ocasionados en septiembre de 2013 por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel. A más de 2 años y medio de los daños por las tormentas, 185 comunidades organizadas bajo el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero denunciaron la desatención a los compromisos que tomó el gobierno estatal en apoyo a sus demandas de reconstrucción de viviendas y de la base productiva. A día de hoy, “decenas de familias siguen viviendo en los cerros bajo techos de láminas debido a que el gobierno aún no ha reconstruido sus viviendas”, afirmó Síntesis de Guerrero. Tomando las principales vías de acceso a la ciudad de Tlapa de Comonfort, demandaron “atención inmediata de los gobiernos estatal y federal, y para exigir que se subsanen los incumplimientos”, según el boletín del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Según el mismo, “[a]nte la grave crisis productiva que enfrentan las familias indígenas, los pueblos cuya economía se basa en la agricultura de temporal y en la comercialización del café, están al borde de una situación de gravedad”. A pesar de ello, “los gobiernos estatal y federal se han empeñado en postergar soluciones de fondo a un problema estructural”, por lo que el Consejo de Comunidades Damnificadas plantearon el programa “Que Llueva Maíz en la Montaña”. Éste propone la compensación del déficit de producción de granos básicos, que han obligado a decenas de familias a migrar para trabajar principalmente como jornaleros agrícolas, además de que se construya vivienda. Cabe recordar que la zona de la Montaña de Guerrero es una de las regiones más empobrecidas del país y que alrededor de 4.250 casas fueron dañadas por los huracanes. En declaraciones de un integrante del Consejo, “han pasado más de dos años y la construcción de la primaria sigue pendiente, todavía nos hacen falta 13 casas para familias que tuvieron salir de la comunidad porque el pueblo quedo enterrado”.

Como indicó Tlachinollan, el proceso del Consejo de Comunidades Damnificadas lleva a cabo una “lucha contra la discriminación, el abuso de las autoridades y las prácticas clientelares y corruptas que practican en esta región olvidada […] para hacer que las autoridades se comprometan al cumplimiento de sus compromisos”. El Consejo solicitó retomar el diálogo con los gobiernos estatal y federal para que se cumpla la etapa de construcción de viviendas del programa “Que Llueva Maíz en la Montaña”.

Para más información:

BOLETÍN | Mas de 3 mil Indígenas de la Montaña se movilizan contra el hambre y la discriminación (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 31 de marzo de 2016)

Exige el Consejo de Damnificados de La Montaña que se amplíen los apoyos de granos básicos (El Sur Acapulco, 31 de marzo de 2016)

Exigen familias indígenas de La Montaña al gobierno cumpla con la entrega de granos (La Jornada de Guerrero, 31 de marzo de 2016)

Cierran carreteras en Tlapa damnificados de la montaña (Síntesis de Guerrero, 31 de marzo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Marcha de familias damnificadas a un año de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid (15 de septiembre de 2014)

Guerrero: Se logra acuerdo para implementación de un programa de abastecimiento de granos básicos para los damnificados de la Montaña (22 de febrero de 2014)

Guerrero: Damnificados de la Montaña realizan “Peregrinación del Hambre” por falta de apoyo gubernamental (5 de febrero de 2014)

Guerrero: Damnificados de las tormentas migran para poder subsistir (22 de octubre de 2013)

Guerrero: Grupo de Expertos sobre caso Ayotzinapa presenta su informe a 6 meses

Marcha por Ayotzinapa, Ciudad de México,

26 de septiembre. Foto @SIPAZ

Los normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo informó la Procuraduría General de la República a inicios de este año, determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la presentación de su informe a 6 meses el pasado 6 de septiembre. Lo ocurrido contra los normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fue “un ataque masivo“, donde hubo 180 víctimas directas, entre ellas 6 ejecuciones extrajudiciales y 43 “desapariciones forzadas”, establecieron los expertos de la CIDH. El experto Carlos Beristain afirmó sobre los hechos que “hubo presencia de diferentes agentes del Estado (policía municipal, ministerial, federal) y no encontramos que hubiera acciones de protección. Lo que estaba pasando eran agresiones que superaban cualquier neutralización de personas”. Además, “hubo un retardo en atención a las víctimas. Las ambulancias tenían miedo de salir”. Las y los expertos, además, urgieron a investigar los hornos crematorios que pudieron haber sido habilitados para incinerar a los estudiantes. Por su parte, los padres y las madres piden la presencia indefinida de especialistas hasta que se alcance verdad y justicia.

El perito, José Torero, acudió el 12 de julio al basurero de Cocula, acompañado por el grupo de expertos, y estableció las condiciones necesarias para incinerar un cuerpo. “Nos demostró que las evidencias y el estado del arte de la ciencia en fuego indica que el óptimo para incinerar un cuerpo es un horno crematorio. En esas condiciones el tiempo requerido, requiere entre 90 y 120 minutos un solo cuerpo“, apuntó el experto Francisco Cox durante la conferencia de prensa. También, precisó que para incinerar un solo cuerpo, se necesitarían 650 kilogramos de madera. Además, la llama por la supuesta quema se habría tenido que inclinar hacia el basurero, encendiendo todo el plástico, lo que no ocurrió. “Para la incineración de 43 cuerpos no pudo hacerse en el basurero de Cocula”, remató Carlos Beristain. Ante esto, los expertos llamaron a investigar los hornos de cremación que pudieron haber sido utilizados para la quema de cuerpos de los estudiantes.

Otro asunto que los expertos precisaron, fue que fueron cinco, y no cuatro, los camiones sacados por los estudiantes el día de los hechos. La existencia del quinto autobús fue primero negada por declaraciones; ante la evidencia de un video de su existencia, las autoridades federales presentaron un camión para el examen de los expertos, quienes encontraron que no se trataba de la misma unidad que aparecía en el video del día de la toma. Hasta el momento, dicho autobús no ha sido encontrado y el GIEI sospecha que pudo haber sido un vehículo modificado para el transporte de droga, tomado de manera casual por los jóvenes, lo que habría desencadenado la agresión masiva, indiscriminada y con autores que, protegidos por una total impunidad, atacaron a cara descubierta.

Tanto padres y madres de los desaparecidos como las organizaciones acompañantes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Prodh, resaltaron que todos los funcionarios que obstaculizaron el acceso a la justicia deberán ser investigados. También precisaron que la investigación debe abarcar todo el contexto de macrodelincuencia, pues no es creíble que la colusión del crimen organizado con las autoridades se limite al ámbito municipal.

Para más información:

“Los muchachos no fueron incinerados en basurero de Cocula”: #InformeGIEI (Aristegui Noticias, 6 de septiembre de 2015)

Investiguen los hornos crematorios, piden expertos del caso Ayotzinapa al gobierno (Aristegui Noticias, 7 de septiembre de 2015)

Trasiego de drogas en autobuses, línea por indagar en caso Iguala (La Jornada, 6 de septiembre de 2015)

Informe completo Ayotzinapa (GIEI, 6 de septiembre de 2015)

video: Informe Ayotzinapa

video: Posición oficial de la PGR

video: Pronunciamiento de familiares

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Tlachinollan dedica su XXI informe de actividades a padres y madres de Ayotzinapa

Nacional/Guerrero: A casi un año de la desaparición forzada de “los 43”, no cesan las movilizaciones (28 de agosto de 2015)

Guerrero: Familiares de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunen con PGR por primera vez en 4 meses (16 de julio de 2015)

Guerrero: Familiares de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunen con PGR por primera vez en 4 meses

 

Marcha en Chilpancingo, febrero 2015

Foto @archivo SIPAZ

El día 9 de julio, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, junto a sus representantes, sostuvieron una reunión con la Procuradora General de la República, Arely Gómez. Fue la primera reunión desde que Gómez fuera ratificada en esa posición, y después de cuatro meses de rompimiento de la comunicación entre los familiares y las autoridades. La reunión fue gestionada y acompañada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independiente (GIEI), el cual en un comunicado de prensa menciona: “El Grupo considera que esta reunión es un paso importante para avanzar en la investigación y mejorar la relación con los familiares y considera que el resultado fue fructífero“. En la reunión la Procuradora y los familiares de los estudiantes hicieron referencia a la importancia del trabajo del GIEI frente a la investigación y se acordaron mecanismos de seguimiento y de diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR).

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, informó que la titular de la PGR no se pronunció sobre la “verdad histórica” establecida por el anterior procurador, Jesús Murillo Karam, y solamente señaló que el caso sigue abierto. El tercer informe del GIEI, de mayo de 2015, confirmó que el destino de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada no puede darse por resuelto de ninguna manera con la versión y las pruebas ofrecidas por la PGR: primero, porque existen alegaciones de tortura por parte de algunas de las personas en cuyas declaraciones se basa la teoría del caso, y segundo, porque no hay un móvil sólido que explique el inicio de la trama esgrimida por las autoridades federales.

Cabe recordar que el GIEI se compone por 5 expertas y expertos internacionales e independientes que en el marco de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El GIEI estará emitiendo una serie de recomendaciones al Estado mexicano sobre el caso y la situación de desaparición forzada en México.

Para más información:

Boletín de prensa GIEI (9 de julio de 2015)

Nuevas líneas de investigación para Ayotzinapa (SIDIDH, 10 de julio de 2015)

Tercer boletín GIEI (11 de mayo 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Guerrero: A nueve meses de Ayotzinapa los familiares expresan: “No nos vamos a callar” (2 de julio de 2015)

Chiapas/Guerrero: Delegación de familiares y compañeros de Ayotzinapa recorren comunidades del Congreso Nacional Indígena (22 de junio de 2015)

Guerrero/Nacional: 8 meses después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y no hay avances (30 de mayo de 2015)

Guerrero: Se cumple un año de la detención del dirigente del CECOP, Marco Antonio Suastégui

Foto @Pueblo Guerrero

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) se manifestaron el 17 de junio en las instalaciones del Poder Judicial en Acapulco, donde exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la libertad inmediata de su líder Marco Antonio Suástegui, alegando su inocencia, motivo por el cual no descansarán hasta sacarlo de la cárcel. Marco Antonio Suástegui, preso desde hace un año, fundó la Policía Comunitaria en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y durante años se opuso al proyecto de la presa La Parota. Al cumplirse un año de la detención del dirigente del CECOP, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, urgió al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Acapulco, que resuelvan tres apelaciones pendientes que presentó en contra de los autos de su formal prisión. El organismo denunció que el Tribunal “ha dilatado las decisiones sobre los recursos de apelación sin fundamento alguno, retrasando el proceso”. También dijo que el amparo contra el auto de formal prisión evidenció violaciones al debido proceso, entre ellas, que al momento de tomar la declaración de Suastégui en ningún momento se le permitió contar con un abogado de su confianza.

Para más información:

Protestan integrantes de la CECOP; piden la libertad de Marco Antonio Suástegui (Bajo Palabra, 17 de junio de 2015)

Ha dilatado las decisiones sobre los recursos de apelación en el caso de Marco Antonio Suástegui sin fundamento alguno, retrasando el proceso, acusó Tlachinollan (Pueblo Guerrero, 18 de junio de 2015)

CECOP protesta en el poder Judicial en Acapulco (Pueblo Guerrero, 17 de junio de 2015)

Video Libertad para Marco Antonio Suastégui (Tlachinollan)

Caso la Parota (Tlachinollan)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: regreso del vocero del Cecop a penal en Guerrero. (9 de abril de 2015)

Guerrero: Ordenan regreso de Marco Antonio Suastegui, opositor a represa de La Parota, a penal guerrerense (30 de enero de 2015)

Guerrero: Tlachinollan denuncia ante juez traslado “ilegal” de Marco Antonio Suástegui Muñoz a Nayarit y demanda su regreso al estado (14 de agosto de 2014)

Guerrero: regreso del vocero del Cecop a penal en Guerrero.

Marco Antonio Suastegui (@Tlachinollan 2012)

El 31 de marzo, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, reingresó al reclusorio de La Unión en el estado de Guerrero después de haber sido trasladado del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde se encontraba encarcelado desde junio de 2014. La esposa de Suástegui Muñoz, María de Jesús, señaló que su esposo se encontraba en mal estado después de nueve meses y medio sin atención médica y luego de haber sido torturado, pero afirmó que “se hizo justicia porque es una persona inocente y sólo lucha por sus ideales, no vamos a descansar hasta que salga en libertad”.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, responsable de su defensa, denunció en un comunicado que “el gobierno del estado de Guerrero se empecinó injustificadamente en retrasar el traslado de Marco Antonio a Guerrero, interponiendo un recurso de revisión extratemporal a manos del Director General de Reinserción Social en el Estado de Guerrero, sobre el cual después se desistió; aún así, el Tribunal Colegiado ya habría admitido la evaluación del mismo. Estas acciones legales extemporáneas, que contrastan con los mensajes públicos del ejecutivo estatal frente al CECOP, son una clara prueba de la falta de voluntad política y el uso arbitrario del sistema jurídico por parte del Gobierno del estado de Guerrero, con el único objetivo de continuar la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos”.

Exigió además que “el gobierno del estado de Guerrero debe garantizar la seguridad de Marco Antonio Suástegui en el penal de La Unión y el pleno acceso de sus familiares y defensa; así como abstenerse de cualquier otra acción que violente su derecho a una defensa adecuada”.

Para más información:

Regresan a Marco Antonio Suástegui al reclusorio de La Unión, procedente de Tepic (El Sur, 1ero de abril de 2014)

Fue torturado en Acapulco y en Tepic nunca tuvo atención médica, denuncia Suástegui (El Sur, 3 de abril de 2014)

Trasladan a penal de Guerrero a defensor comunitario criminalizando por la defensa del territorio (Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, 1ero de abril de 2015)

México debe proteger a Marco Antonio Suástegui Muñoz quien ha sido trasladado a un penal en Guerrero (Amnistía Internacional , abril de 2015)

Traslado a Guerrero de Marco Antonio Suástegui (Front Line Defenders, abril de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Ordenan regreso de Marco Antonio Suastegui, opositor a represa de La Parota, a penal guerrerense (30 de enero de 2015)

Guerrero: Tlachinollan denuncia ante juez traslado “ilegal” de Marco Antonio Suástegui Muñoz a Nayarit y demanda su regreso al estado (14 de agosto de 2014)

Guerrero : marchan 14 organizaciones a favor de la liberación de Marco Antonio Suástegui Muñoz del Cecop (17 de julio de 2014)