Chiapas: Denuncias por intimidación y por proyecto contaminante en el municipio de Tila

Placas del PUDEE en Jolnixtie © SIPAZ

El 24 de junio, fue difundida una denuncia pública de los representantes de la organización Kichán Kichañob sobre las altas tarifas de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así como sobre las amenazas de la CFE de cortarles el servicio. Por su parte, representantes de la organización Pueblos Unidos en la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE) y autoridades ejidales de la comunidad Jolnixtie 1a Sección, en una denuncia pública fechada el día 30 de junio, alertan sobre el proyecto de drenaje y captación de aguas negras al aire libre, mismo que tendría como efecto que ya no se podría usar el agua para uso humano, entre otros.

Según la denuncia de los representantes de Kichán Kichañob, en las comunidades de Limar, Nuevo Limar, Usipá, Cruz Palenque y Jol-Ako, todas en la zona baja del municipio de Tila, la CFE está cobrando tarifas altas que no corresponden al consumo de la población. Comentan que la CFE “al no pagar ya nos intimidan” con la fuerza pública y amenazas de cortes masivos. Los representantes de la organización exigen respeto a su “derecho de estar en la resistencia de no pago por la razón de las altas tarifas”.

En Jolnixtie 1a Sección, otra comunidad de la zona baja del municipio de Tila, los representantes del PUDEE y autoridades ejidales, denuncian el proyecto de construcción de drenaje con captación de aguas negras al aire libre en la comunidad vecina de Libertad Jolnixtie 2a Sección, que contaminaría el arroyo que pasa por Jolnixtie 1a Sección, “afectando y contaminando kilómetros de ríos, arroyos manantiales y mantos acuíferos, que provocará contaminación al medio ambiente, y afectar[ía] los diversos especies de planta y animales que ya están en peligros de extinción, de igual manera dejaremos de utilizar nuestras aguas para preparar nuestros alimentos, lavar la ropa, utilizar para bañarse, que se verá afectadas mas de mil familias, entre ellas las escuelas de nivel básico (preescolar, primaria)“. Explican que este proyecto del actual presidente municipal de Tila, Limber Gutiérrez Gómez, tiene el respaldo de las autoridades ejidales de Libertad Jolnixtie 2a Sección, además de personas que ellos identifican como parte de la organización de corte paramilitar “Paz y Justicia”, vinculados al Partido de la Revolución Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM). “[L]a construcción afectará un predio de una hectárea de terreno cultivado propiedad del Sr. Francisco García Hernández, [al que] llegaron estos grupos paramilitares a limpiar sin respeto y autorización del propietario, dejaron tirado árboles frutales y maderales que tenia sembrado. Insultaron y amenazaron de expulsar en la comunidad si no dejará de construir en su terreno”. Los ejidatarios exigen a las autoridades competentes que cancelen la obra, además alegan que no fueron consultadas sobre dicho proyecto, lo que contraviene lo definido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la misma materia.

Para más información:

Denuncia completa de los representantes de Kichán Kichañob

Denuncia completa de representantes del PUDEE y autoridades ejidales de Jolnixtie 1a Sección

Cuarto Poder: Señalan intimidaciones por parte de CFE; choles en “resistencia”

Cuarto Poder: Sistema de drenaje vs. medio ambiente, dicen

Anuncios

Chiapas: marchan ejidatarios de Tila en defensa de su territorio

Hace años, o más bien décadas, que queda sin resolver el conflicto en cuanto a las tierras donde se ubica la cabecera municipal de Tila en la zona Norte de Chiapas. Últimamente la tensión ha ido creciendo entre los ejidatarios y el gobierno municipal, haciendo que los “pobladores” (gente que se instaló en la cabecera de Tila sin ser ejidatarios) también se dividieran entre los que apoyan al gobierno municipal y los que apoyan a los ejidatarios.

Según la información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), en 1934 , un decreto presidencial otorgó un poco más de 5400 hectáreas a los 836 ejidatarios de Tila. En 1966 esta resolución se vio modificada para convertir 130 hectáreas del ejido en “fondo legal”, o sea una parte en la que se sentó la “mancha urbana” y  la sede del gobierno municipal de Tila. Pero esta modificación no se dio de acuerdo a la ley, ya que quien la realizó no fue una autoridad competente para llevarla a cabo. Por ello en 1977 los ejidatarios presentaron un amparo en contra de esta decisión y lo ganaron. A pesar de ello, el  gobierno municipal de Tila llegó a pedir la aplicación del fondo legal y lo consiguió en el año 1980, o sea 130 hectáreas de las tierras ejidales pasaron bajo el control del gobierno municipal, lo cual dio pie a que los ejidatarios presentaran un segundo amparo en 1982. Aquella demanda no fue atendida durante años… hasta que en diciembre de 2008 se les otorgó el amparo. Según el mismo CDHFBC, eso implicaba tanto la devolución de las tierras despojadas, como  la cancelación de los registros de propiedad privada correspondientes y el pago de daños y perjuicios a los ejidatarios. Nada de eso fue cumplido hasta la fecha.

Por eso se realizó una gran marcha el día 11 de abril de 2010. “Miles” -según el CDHFBC- de hombres, mujeres, niños, ancianos vinieron a reivindicar el derecho a su territorio, reclamando el cumplimiento del amparo jurídico a su favor y denunciando los múltiples hostigamientos sufridos por este asunto y la criminalización de su protesta.

Para fotos y vídeos de la marcha y para leer el comunicado:

Marcha de miles de ejidatarios en Tila (blog Chiapas Denuncia Pública, 13/04/10)

Chiapas: MRPS anuncia creación de comité de Derechos Humanos y marcha

El día 9 de abril de 2010 en San Cristóbal de Las Casas, el MRPS – Movimiento de Resistencia Popular del Sureste – anunció la creación del “Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa” con presencia en los municipios de Petalcingo y Tumbalá de la zona norte de Chiapas.

Denunciaron “un clima de persecución y criminalización de sacerdotes, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos” y estrategias de “persecución, represión y provocación” promovidos tanto por el gobierno estatal de Chiapas como por el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa a quien imputan ” la suspensión de facto de las garantías constitucionales y derechos humanos de nuestro pueblo y el establecimiento de un Estado de excepción.” Ante tal panorama de “violaciones a los derechos humanos de manera estructural” y la  necesidad urgente de “fortalecer los procesos organizativos de nuestras comunidades”, este comité “a través de sus monitores y monitoras comunitarios, pretende ser un instrumento para documentar y sistematizar las violaciones a nuestros derechos humanos cometidas por parte de las distintas instancias del Estado.”

En la misma conferencia de prensa, el MRPS anunció la marcha que realizará el día siguiente, 10 de abril de 2010, en la cabecera municipal de Tila, con tres motivos: “manifestar públicamente [su] rechazo al Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar “ (según comentaron, nueva cara del PROCEDE, Programa de Certificación de  Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos) reivindicando los derechos de los ejidatarios; “exigir una tarifa justa de energía eléctrica para Chiapas y el mantenimiento y reparación de las líneas de energía eléctrica por parte de la CFE en los municipios de la zona Norte, así como el cese de la criminalización y persecución de los defensores de derechos humanos en Chiapas.”

Chiapas: Continúan violaciones del derecho al territorio al Pueblo Ch´ol de Tila

El 29 de enero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) emitió un boletín expresando su “profundo rechazo y extrañamiento al gobierno mexicano” por seguir violando el derecho al territorio del pueblo Ch´ol del ejido de Tila. Afirmó que persiste el despojo de 130 hectáreas del ejido de Tila por parte del Ayuntamiento Municipal de Tila, el Congreso y el Gobierno del Estado a pesar de que los ejidatarios ganaron un amparo que debería restituirles su pleno derecho a la propiedad de las tierras despojadas y el pago de la reparación de los daños ocasionados.

El boletín afirma que el gobierno estatal ha iniciado una campaña de intimidación contra las autoridades ejidales para que acepten un “acuerdo” sobre las tierras y así evitar tener que cumplir con la sentencia. También menciona un aparente “interés en provocar un conflicto social entre los ejidatarios de Tila y los avecindados, al generar miedo en estos últimos de que serán desalojados por la fuerza y expulsados del ejido como consecuencia del cumplimiento del amparo”.

El CDHFBC denunció en este caso una violación de sentencias pasadas del Corte Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH) y del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que concluyen que el derecho de las comunidades indígenas a sus tierras tiene que ver con la integridad y supervivencia material de dichas comunidades, tanto como la reproducción social de sus costumbres y vidas espirituales.  Desde este marco, el gobierno estatal tiene la obligación de “adoptar medidas  especiales para garantizar a los pueblos indígenas el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente; así como a adoptar medidas especiales para respetar, proteger y garantizar su derecho de propiedad con pleno respecto a su territorio.”

Para más información:

Boletín: Continúan violaciones del derecho al territorio al Pueblo Ch´ol de Tila (CDHFBC)

 

Chiapas: proyecto eco-turístico divide la comunidad de Jolaco en la zona Norte

En la comunidad Jolaco en el municipio de Tila en la zona Norte de Chiapas se está dando una lucha “contra el capitalismo destructor de la naturaleza y la humanidad”. Diego Martínez López, catequista ch’ol y miembro de la organización de retornados en la zona, Kichan Kichañob, adherente de La Otra Campaña, es ejidatario y dueño de unas hectáreas en el ejido que contienen un tesoro particular: un manantial, grutas y un arroyo con unas hermosas cascadas. Ahí desde siempre la gente de la comunidad ha venido a bañarse y convivir. En el corazón de la montaña, se esconde el nacimiento del agua que corre en el arroyo y varios cientos de metros de grutas y cuevas cubiertas de estalactitas y estalagmitas. Ahí en la profundidad de la montaña, las autoridades religiosas de la comunidad se reúnen para rezar y quemar velas cuando hay sequía.

Desde tiempo gente de ciudad y de otros lados se han acostumbrado a venir a la cascada para bañarse. Diego nunca ha tomado medidas en contra de la gente que llega de fuera, aunque sí se ha molestado con personas que llegan y ensucian el arroyo. Últimamente sin embargo, Diego y la organización Kichan se han encontrado con una nueva problemática. Ya en 1998 el gobierno intentó pavimentar un camino que cruzaría un campo de cafetales perteneciendo a Diego para entrar a las cascadas. Se le prometieron 50.000 pesos para construir el camino y él aceptó. Derrumbaron árboles frutales y cafetales, pero nunca lo indemnizaron por las pérdidas. Finalmente se suspendieron los planes de carretera. Hace menos de un año, volvieron a abrirse en el marco de un nuevo proyecto eco-turístico impulsado por el gobierno. Los planes dividieron la comunidad. Diego y Kichan Kichañob decidieron no optar por el proyecto, mientras la otra parte estuvo a favor de la construcción de una carretera y un complejo eco-turístico en la orilla del arroyo. También se dice que el gobierno municipal de Tila planteó una propuesta para dejar entrar a una empresa embotelladora en el manantial.

Diego sigue insistiendo en que la cascada y el arroyo pertenecen a sus antepasados y a sus familiares, tanto como a la comunidad. No quiere vender su terreno y dice que seguirá hasta que pueda defendiendo su derecho. La otra parte de la comunidad sin embargo insiste en que la cascada es un bien comunal que pertenece a toda la comunidad, y por lo tanto están exigiendo la aceptación del proyecto eco-turístico. El conflicto parece estancado vulnerando la autonomía en la comunidad entre los dos grupos y el desacuerdo que les divide acerca del futuro de la cascada.