Guerrero: tercera visita del mecanismo de seguimiento de la CIDH sobre le caso Ayotzinapa a casi tres años de los hechos

septiembre 7, 2017
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Foto @: Sipaz

Del 28 al 30 de agosto, se realizó la tercera visita del Mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para supervisar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto del avance de la investigación.

Durante su visita, la delegación de la CIDH visitó la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos”, donde escuchó las denuncias de los padres de familia, quienes según la revista Proceso acusan falta de avances concretos en el caso.

Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la Procuraduría General de la República (PGR) informó a la delegación la asignación de un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para esta investigación, y confía en que esta potencialidad se traduzca en resultados que acerquen a la verdad sobre lo ocurrido el 26 y 27 de setiembre de 2014.

Los padres y madres emplazaron a la Procuraduría General de la Républica a detener antes de octubre a policías municipales de Huitzuco y Cocula, quienes podrían estar involucrados en la detención de los normalistas. De lo contrario, advirtieron, no volverán a la mesa de diálogo programada para octubre.

El 26 de septiembre 2017, se cumplirán 3 años de la noche de Iguala durante la cual fueron desaparecidos los 43 normalistas, asesinados otros 6 y lesionados unos 25. Dentro de los lesionados Aldo Gutierrez Solano, quien recibió una bala que le destrozó 65 de su cerebro sigue en un estado « vegetativo ». En esta ocasión padres y madres de las víctimas anunciaron una marcha nacional que tendrá lugar en la ciudad de México.

Para más información:

Claman justicia por normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 35 meses (Proceso, 26 de agosto de 2017)

La CIDH lamenta que, a casi tres años, paradero de los 43 “sigue desconocido” (Proceso, 30 de agosto de 2017)

Mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa realiza tercera visita oficial a México (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 30 de agosto de 2017)

A 3 años del caso Ayotzinapa, el gobierno sigue sin conocer el paradero de los normalistas: CIDH (Animal Político, 30 de agosto de 2017)

XXXVI ACCIÓN GLOBAL POR AYOTZINAPA Y MÉXICO (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 01 de septiembre de 2017)

En caso Ayotzinapa “hay avances”, pero falta tener pronto noticias del paradero de los 43: CIDH   (Proceso, 4 de septiembre de 2017)

Para más información de Sipaz:

Guerrero: a 34 meses de la tragedia de Ayotzinapa familiares convocan a unas jornadas de lucha (31 de julio de 2017)

Guerrero: Sesión de seguimiento de la CIDH del caso Ayotzinapa : avances nulos (10 de julio de 2017)

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Guerrero: Caso Rosendo Radilla piden llamar a declarar al ex presidente Luis Echeverría

septiembre 7, 2017

 

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El 25 de agosto se cumplieron 43 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de miembros del Ejército mexicano. A casi 10 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la sentencia en contra del Estado mexicano por la desaparición de Radilla, a la fecha no existe ningún indicio sobre su paradero, tampoco se ha llevado ante la justicia a ningún integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), institución que ejecutó una política de detención y desaparición en el estado de Guerrero en los años 60 y 70.

Ante ello, la Comisión Mexicana de Defensa y Prevención de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) que cite a comparecer a 372 personas en calidad de probables responsables, así como testigos, bajo la consideración que existe evidencia suficiente que sustenta que fueron las encargadas de la ejecución de los planes de operación militar que llevaron a la desaparición de más de 500 personas tan sólo en el municipio de Atoyac de Álvarez. Entre el lista de personas, se encuentran servidores públicos adscritos a la policía del estado de Guerrero, así como militares adscritos a la SEDENA, incluyendo al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, quien como comandante supremo de las fuerzas armadas en el periodo de 1970 – 1976, tenía pleno conocimiento de las acciones realizadas por parte del Ejército mexicano.

Para más información :

Caso Rosendo Radilla Pacheco (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos)

CMDPDH llama a PGR cite a comparecer a Luis Echeverría por desaparición forzada de Rosendo Radilla (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 31 de agosto de 2017)

Piden citar a declarar al ex presidente Luis Echeverría por la desaparición de Rosendo Radilla (El Sur de Acapulco, 1 de septiembre de 2017)

Para más información de Sipaz:

Guerrero/NacionPara más información :al: A 41 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, exigen justicia ( 26 de agosto 2015)

Guerrero: A 40 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco (28 de agosto de 2014)


Nacional: Personal de la Casa de Migrantes recibe nueva embestida

junio 29, 2017

NEW-LOGO-ROJOEl 26 de junio, el hogar-refugio para migrantes en Tenosique, Tabasco, “la 72”, público denunció que esta padeciendo una nueva “embestida” de parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en contra del personal de La 72.

La 72 estaba recibió notificaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) informando que se está investigando a Fray Bernardo Molina Esquiliano, miembro del equipo de la 72 y parte de la Orden Franciscana en el Sureste de México por una denuncia interpuesta por Eduardo Silvestre Hernández Dighero, Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Tabasco por tráfico de personas (FED/TAB/TEN/0000134/2017).

Desde hace 7 años, “la 72” se ha dedicado a dar alimento, hospedaje, orientación legal y acompañamiento integral a migrantes que ingresan a México por la Frontera Sur y que, a menudo, se vuelven víctimas del crimen organizado en el país.

Según la casa de migrantes, No es desconocido para nadie que nuestro equipo recoge a las personas que vienen en la carretera y les ofrece llevarlas a Tenosique, a La 72 para acogerlas y empezar un acompañamiento integral. Esto ha sido visto por las autoridades y especialmente el INM, como tráfico de personas. Hemos denunciado ante el mundo entero que el tramo carretero de tan solo 60 km de la frontera con Guatemala a Tenosique es un campo minado donde a las personas migrantes les puede pasar de todo: violaciones sexuales, asaltos, golpizas, secuestros, discriminación, desaparición forzada, muerte. Y hasta ahora las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo no han hecho lo que les corresponde sino que criminalizan nuestra labor y peor, utilizan el sistema penal para frenarnos, intimidarnos, acosarnos.”

Por lo mismo, “la 72” hizo un llamado al Estado mexicano para que deje de acosarnos y nos permita generar procesos de hospitalidad para todas las personas migrantes y refugiadas que atendemos en Tenosique y en la región. Seguiremos haciendo nuestra labor con transparencia, con pasión y exigiendo el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y a nuestra labor.”

Para más información:

Nueva embestida del INM en contra del personal de La 72 (Mesa transfronteriza, a 26 de julio de 2017)

El INM denuncia a integrante de “La 72” por supuesto tráfico de personas (Proceso, a 26 de junio de 2017)

Para más información de Sipaz:

Nacional/Internacional: Organizaciones se oponen a base del Comando Sur en Guatemala

México/Guatemala: Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera de Guatemala-México

México: 5 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas


Nacional/Internacional: Espionaje a periodistas y activistas en México

junio 27, 2017
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Foto: @SinEmbargo

El 19 de junio, la revista The New York Times (NYT) publicó un reportaje titulado “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México” en el que informaron que periodistas y activistas mexicanos han sido espiados con un software adquirido por el gobierno, llamado Pegasus.

El software Pegasus se infiltra en los teléfonos y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia. La empresa expresó que venden esta aplicación en “forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas” y que solamente un juez federal puede dar la autorización de vigilar comunicaciones privadas al demostrar que se tiene un caso bien armado para realizar esa solicitud. Según varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia “es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas”.

Eduardo Guerrero ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, cuestionó: “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”

No hay pruebas definitivas que demuestran que el gobierno mexicano fuera el responsable ya que “el software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo. Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.” Además, NSO Group aseguró que “el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.”

Según el periódico Animal Pólitico se encuentran entre los blancos:

– “Centro Agustín Pro. Durante el periodo de ataques, los directivos del centro estaban activamente involucrados en la documentación y defensa de casos graves de violaciones a derechos humanos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa o la presunta ejecución extrajudicial cometida por el Ejército en Tlataya.”

– “Carmen Aristegui y su hijo, así como Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, recibieron intentos de intrusión vía SMS a partir de abril de 2015 y hasta mediados de 2016. Meses después de la publicación del reportaje de La Casa Blanca y durante la difusión de otros artículos de posible corrupción.”

– “Carlos Loret de Mola. Fue blanco de al menos ocho intentos de intrusión, desde agosto de 2015, mes en que el periodista publicó la primera columna de varias relacionadas con la presunta ejecución extrajudicial de Tanhuato.”

– “El 25 de mayo de 2016, Salvador Camarena, director del área de investigación periodística de esta organización, recibió un intento de intrusión. Fue un día después de que esa organización en colaboración con Animal Político revelaron el reportaje Las Empresas Fantasma de Veracruz que terminó con la renuncia y posterior detención del exgobernador Javier Duarte.”

– “Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano de la Competitividad fueron víctimas de intentos de intrusión, en el periodo en que impulsaron varias investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción, y la promoción de la Ley 3 de 3, para que funcionarios declaren los bienes que poseen públicamente.”

El gobierno federal se pronunció en “un comunicado de tres párrafos dirigido al editor del New York Times, donde de manera oficial menciona que “no hay prueba alguna” de que agencias del gobierno de México sean responsables del espionaje y pidieron que las personas espiadas denuncien la supuesta intrusión.”Ante esta respuesta, los periodistas y defensores espiados presentaron  una denuncia por posible intervención ilegal de comunicaciones ante la PGR aunque dudan que tendrá resultados toda vez que el gobierno tendría ser juez y parte en este caso.

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Activistas piden a la PGR investigar espionaje – Periódico Proceso Foto: @Benjamin Flores

En protesta por el caso #GobiernoEspía, el 23 de junio, periodistas y defensores de derechos se entregaron simbólicamente ante la Procuraduría General de la República (PGR) . La politóloga Denise Dresser, participante en la manifestación expresó: Así como criminalizó a quienes son la voz los ojos y la consciencia del país, nosotros venimos a entregarnos como criminales, del mismo tipo. En plena solidaridad con Carmen Aristegui, con Juan Pardiñas, con Daniel Lizárraga y con Salvador Camarena, y con los otros periodistas y activistas que fueron espiados. Esperamos una investigación independiente, internacional, limpia autónoma y creíble. Cosa que el Estado Mexicano no podrá hacerse por su propia cuenta.”

Para más información:

5 claves para entender el caso del espionaje a periodistas con el software Pegasus (Animal Politico, a 20 de junio de 2017)

Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México (The New York Times, a 19 de junio de 2017)

Proponen comisión especial para indagar espionaje a periodistas y activistas (Proceso, a 19 de junio de 2017)

En manos de PGR, denuncia por espionaje gubernamental a periodistas y activistas (Aristegui Noticias, a 20 de junio de 2017)

Activistas y periodistas en México son espiados con un software adquirido por el gobierno: NYT (Animal Politico, a 19 de junio de 2017)

Periodistas y defensores se entregan ante PGR en protesta por #GobiernoEspía (CentroProdh, a 26 de junio de 2017)

Para más información de Sipaz:

Nacional: Cámara de Diputados aprueba cateos militares a domicilios y espionaje telefónico

Chiapas: EZLN denuncia sobrevuelos militares nocturnos sobre Caracoles zapatistas

Chiapas : Liberan a 236 normalistas detenidos por presuntos actos vandálicos en el marco de protesta contra reforma educativa

México: La CIDH exige una investigación sobre el caso de varias mujeres víctimas de abuso sexual en San Salvador Atenco en el 2006


Guerrero/ Nacional: Madres y padres de los 43 consideran no acudir a la reunión con la PGR y la CIDH

abril 20, 2017
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Foto @: Archivo SIPAZ

El 20 de abril, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tienen agendada una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), con representantes del mecanismo especial de seguimiento y con la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Esta reunión estaba programada antes de la sesión de la CIDH que tuvo lugar en Washington el 17 de abril. Sin embargo, según el periódico el Sur de Acapulco, las madres y padres consideran no acudir en razón de las declaraciones que hizo el subsecretario Roberto Campa Cifrián durante esta sesión. Afirmó que la principal linea de investigación sigue siendo la de la calcinación de los normalistas en el basurero de Cocula, a pesar de que esa hipótesis fue científicamente desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).

Que acudan o no a la reunión, las familias afirmaron que no dejarán de exigir a las autoridades que den con el paradero de sus hijos, por ello, anunciaron que emprenderán el jueves 20 de abril a las 11 de la mañana, una marcha del antimonumento a la PGR, y ahí se instalarán en un plantón indefinido.

Para más información:

Las grietas del poder (Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, 18 de abril de 2017)

Valoran padres de los 43 la posibilidad de asistir a la reunion de PGR con la CIDH (El Sur de Acapulco, 19 de abril de 2017)

Para más información del SIPAZ:

Guerrero : padres de los 43 participan en audiencia de la CIDH (22 de marzo de 2017)


Nacional: PGR ofrece disculpa pública a mujeres indígenas encarceladas injustamente por 3 años

febrero 28, 2017

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El 21 de febrero, tres mujeres indígenas Hñähñú recibieron una disculpa pública por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) después pasar injustamente más de tres años en prisión.

Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio vendían agua fresca en un tianguis de Querétaro. En 2006, fueron detenidas tras ser acusadas de haber “privado de la libertad a seis agentes de la PGR durante un zafarrancho que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron con comerciantes informales tres meses antes, luego de que los policías intentaron despojarlos de mercancía, en un operativo para el cual carecían de autorización.

Jacinta -madre de seis hijos- fue “sentenciada a pasar 21 años en prisión, con un juicio en el que nunca se presentaron pruebas en su contra y en el que la indígena otomí careció de la asistencia de un intérprete”, lo que resulta violatorio de derechos humanos “ya que en el momento del proceso penal Jacinta apenas entendía el español”.

Su defensa demostró que a Jacinta se le atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, que ella no pudo haber realizado por su incomprensión de dicha lengua en aquel entonces. También se demostró que era materialmente imposible que Jacinta, junto con las otras dos mujeres indígenas, pudieran privar de su libertad a seis agentes.

Por esas razones, el “Tribunal Unitario revocó la sentencia de 21 años de cárcel y ordenó reponer el proceso en contra de la indígena otomí, ante lo cual la PGR decidió no ejercer nuevas acciones en su contra y Jacinta pudo recuperar la libertad.

La revista Animal Político explica que “desde mayo de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de la demanda de resarcimiento moral y material, interpuesta por Jacinta Francisco Marcial y las otras dos mujeres indígenas en contra de la PGR “y que el “fallo del TFJFA establece que la PGR hizo mal su trabajo por lo que a Jacinta se le debe reparar el daño”.  La misma revista declara que “aún cuando Jacinta recuperó la libertad desde 2009, hasta la fecha su inocencia no había sido oficialmente reconocida y los responsables de los abusos cometidos en su contra no habían sido sancionados.”

Para el Centro Prodh, la importancia de este acto está en que es el primer evento de este tipo que responde a una sentencia emitida por tribunales nacionales (otros han sido ordenados por organismos internacionales), al mismo tiempo que pone en el centro la lucha de estas mujeres por su propia dignidad y por sentar un precedente para otras víctimas.

 Para más información:

Para Jacinta, Alberta y Teresa, una disculpa “cosmética” (Proceso, a 27 de febrero de 2017)
La PGR ofrecerá una disculpa pública a tres indígenas que fueron encarceladas (Animal Politico, a 21 de febrero de 2017)
Disculpa pública de PGR a tres indígenas detenidas injustamente (La Jornada, a 22 de febrero de 2017)


Guerrero : La PGR niega ocultamiento al GIEI en el caso Ayotzinapa

enero 26, 2017
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Familiares siguen exigiendo justicia, Foto@: Ronaldo Schemidt

En entrevista con La Jornada Alfredo Higuera Bernal, titular de la oficina de investigación del caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR) negó haber ocultado información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014.

Una de las hipótesis del GIEI para explicar el ataque contra los estudiantes era que éstos tomaron autobuses usados por un cartel del crimen organizado, Guerreros Unidos, para traficar droga llevándola a Estados Unidos. Según La Jornada, la PGR tenía conocimiento del uso de los autobuses por el cartel para su trafico. Dos meses antes de la desaparición de los 43, en julio de 2014, el Ejército y la PGR, detuvieron a Gonzalo Martín Souza Neves y José Bahena Salgado, integrantes de Guerreros Unidos, en posesión de unos 250 mil dólares en efectivo, tres vehículos y 24 kilos de heroína. El día de la captura, la Secretaría de Gobernación informó, mediante el boletín 351/14 que Gonzalo Martín Souza Neves había “tomado el mando del grupo delictivo […] quedando a cargo del trasiego de droga a través de compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros (sic) ”.

Sin embargo, cuando el GIEI solicitó información a la PGR para inquirir sobre su hipótesis, la PGR nunca le proporcionó la información relacionada con antecedentes del tráfico de heroína en camiones de pasajeros. Según La Jornada, en respuesta a una solicitud de información sobre Guerreros Unidos, la PGR indicó que únicamente localizó “datos según los cuales el grupo delincuencial fue formado en 2011 por integrantes de La familia michoacana y los Beltrán Leyva”, sin mencionar la detención de julio de 2014. De igual manera, al presentar en junio de 2016 su informe final sobre el caso Ayotzinapa – conocido como el libro blanco–, la PGR en cuanto a la hipótesis del GIEI señaló que hasta el momento no se encontraron evidencias que la sustentaran”.

El no mencionar esos datos ni a los padres ni al GIEI podría indicar según La Jornada que no ha habido buena fe de la PGR y es más grave aún porque se trata de información de especial relevancia. Alfredo Higuera Bernal no confirmó las acusaciones de ocultamiento y aseguró quela investigación de esa línea fue uno de los planteamientos principales que hizo el GIEI y ha sido objeto de tratamiento en las pláticas que tenemos con los representantes de los padres.”

A pesar de las dificultades encontradas en la indagatoria para encontrar a sus hijos, los padres de los ausentes siguen su proceso de búsqueda y de exigencia de justicia y verdad. Luego de seis meses de haber suspendido el diálogo con el gobierno, declararon que el próximo 9 de febrero se reunirán con el procurador general de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y un integrante de la Comisión de Seguimiento del Caso Iguala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien funja como mediador entre las partes para que se llegue a una nueva mesa de diálogo. Los padres de familia presentarán sus exigencias, entre ellas que se actué jurídicamente contra Tomás Zerón, ejercicio de la acción penal en contra de policías municipales de Huitzuco y dos agentes de la Policía Federal, por haber participado en la desaparición de los normalistas.

 

Para más información :

Padres de los 43 y PGR reanudarán diálogo en febrero (La Jornada, 26 de enero de 2017)

Rechaza Alfredo Higuera que haya habido ocultamiento en el caso Iguala (La Jornada, 24 de enero de 2017)

PGR ocultó el trasiego de droga en autobuses (La Jornada, 23 de enero de 2017)

PGR ocultó datos sobre trasiego de drogas en caso Iguala (UniRadioInforma, 23 de enero de 2017)

Para más información de Sipaz :

Guerrero/México: GIEI concluye su trabajo México entregando un segundo informe (28 de abril de 2016)

Guerrero: Grupo de Expertos sobre caso Ayotzinapa presenta su informe a 6 meses (7 de septiembre de 2015)

Guerrero: Familiares de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunen con PGR por primera vez en 4 meses (16 de julio de 2015)