Oaxaca: “Ríos para la vida, no para la muerte”

febrero 9, 2010

Entre el 5 al 7 de febrero tuvo lugar el VII Encuentro del Movimiento de Afectados por las Presas y Represas en México y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en Paso de la Reina, municipio de Jamiltepec, Oaxaca.  La declaratoria final del encuentro celebró la suspensión temporal de la construcción de las presas Arcediano y La Parota y reafirmó su oposición al proyecto “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” en Oaxaca, “El Zapotillo” en Jalisco, y el proyecto Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo en la laguna de Cuyutlan, Colima.  Denunció que la construcción de las presas siempre ha significado el “despojo histórico y sistemático de los recursos naturales, tradiciones y formas de vida de las comunidades indígenas, campesinas y de los pueblos originarios en el país,” y que el daño social y ambiental de tal construcción no se puede resarcir.

La declaratoria enfatizó el rechazo al “proceso de privatización del agua, la energía y tierra; la criminalización y hostigamiento a los movimientos sociales en defensa del territorio, la imposición de las altas tarifas del consumo de energía eléctrica a las comunidades rurales de todo el país, el financiamiento e intromisión de la banca mundial que promueve esos modelos de supuesto desarrollo,” y demandó la “cancelación definitiva” de los proyectos de construcción hasta ahora suspendidos.  El documento finalizó con un llamado por “la soberanía alimentaria y energética desde los pueblos y para los pueblos.”

Para más información:

Declaratoria de la VII reunion del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y Represas en México y en Defensa de los Ríos

Anuncios

Oaxaca: Encuentros y denuncias

noviembre 27, 2009

El 13 y 14 de noviembre, el Colectivo Oaxaqueño por la Defensa de los Territorios convocó al Segundo Foro Nacional “Tejiendo la resistencia por la defensa de nuestros territorios” que se llevó a cabo en la comunidad mixe de San Juan Jaltepec de Candayoc, Municipio de San Juan Cotzocón. Los objetivos eran “Intercambiar experiencias en la defensa de las tierras, el territorio y los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas; y, explorar las posibilidades de conjuntar esfuerzos comunitarios para hacer una defensa común de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas.

En la declaración final, se enfatizó: “Que la falta de reconocimiento a la autonomía sobre nuestras tierras y territorios, la falta de mecanismos jurídicos de defensa y la falsa mediación de instancias agrarias, ha dejado un sin número de conflictos agrarios entre comunidades. (…) Hoy en día Oaxaca y Chiapas son ejemplo del laboratorio de megaproyectos y políticas publicas, que solo han generado conflictos, división interna en las comunidades, despojo y violación de nuestros derechos. (…) Desde los corazones de nuestros pueblos, declaramos que: Nuestras comunidades y pueblos indígenas estamos en resistencia, no nos dejaremos vencer ante esta nueva ofensiva neoliberal de despojo, creemos profundamente en el valor de nuestras asambleas, del ejercicio de la autoridad vista como servicio, la propiedad colectiva de la tierra y la reconstitución de nuestros territorios como pueblos, como instituciones de las que obtendremos fortaleza”.

Reflejando los pendientes que se tienen, en los días posteriores, circuló una denuncia de intimidación a los pobladores de Paso de la Reina, el 19 de noviembre, al día siguiente de una misa que se realizó en apoyo de su causa presidida por el Obispo de Puerto Escondido.

Posteriormente, el 18 de noviembre, se realizó en la Ciudad de Oaxaca el Encuentro por la Justicia y contra la Impunidad, los casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El objetivo del evento era analizar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos Lydia Cacho, Atenco, Acteal y Oaxaca y las implicaciones que tienen para el movimiento social, las víctimas de la represión y la defensa de la justicia y los derechos humanos.

El pronunciamiento final subrayó que en todos los casos presentados “prevalece en el fondo la impunidad” y apuntaló: “Los órganos de administración y procuración de justicia en México son rápidos y expeditos cuando se trata de castigar y reprimir a ciudadanos que defienden sus derechos contra los abusos del gobierno, pero son lentos e ineficientes cuando se trata de corregir una injusticia y son prácticamente impotentes cuando se trata de aplicar la justicia a algún alto funcionario”.

Para más información:

Declaración de Jaltepec, Foro la resistencia por la defensa de nuestros territorios (14 de noviembre

Denuncia Paso de la Reina

Pronunciamiento final del Foro por la Justicia y contra la Impunidad

Más información de SIPAZ:

Oaxaca: Rechaza asamblea ejidal autorización a la CFE para construcción de presa en Paso de la Reina

Oaxaca: Foro Tejiendo Resistencias por la Defensa de Nuestros Territorios


Oaxaca: ONGs presentan Diagnóstico de DDHH

octubre 26, 2009

diagnostico

Portada del Diagnóstico

El 14 de octubre, varios organismos de Derechos Humanos presentaron un diagnóstico sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos en Oaxaca, documento que contiene información recopilada en 2008 y en el primer semestre de 2009. Destacaron que la labor de defensa de los Derechos Humanos es criminalizada y perseguida.

En el boletín de prensa emitido en el marco de la presentación del “Diagnostico sobre la Situación de las Defensoras y  los Defensores de Derechos Humanos de Oaxaca” , se denuncia “el aumento registrado por organizaciones no gubernamentales de abusos de derechos humanos cometidos en contra de defensores/as de derechos humanos, con mayor frecuencia la intimidación y el hostigamiento, mientras van en aumento las de carácter más grave como son las agresiones, amenazas a la integridad personal, detenciones ilegales, difamaciones, descalificaciones, persecución judicial entre otros, con el único objetivo de impedir el ejercicio del derecho de los defensores y defensoras de promover y defender los derechos humanos y denunciar violaciones ”.

El diagnóstico, elaborado por Peace Watch Switzerland (Suiza) a raíz de entrevistas con 17 organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, abarca los temas Impunidad, Criminalización de la Protesta Social, Militarización, Ruptura del Tejido Social, Conflictos Agrarios y Defensa de los Recursos Naturales, así como el Proceso Electoral Rumbo al 2010. Además, revela la necesidad de una articulación conjunta de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, por la cual se creó “un espacio denominado ‘Espacio de Defensores/as de Derechos Humanos’ para compartir metodologías de intervención así como monitorear los patrones que se cometen en los ataques a todos/as los Defensores/as de Derechos Humanos que promueven, defienden o se organizan para exigir la vigencia de los Derechos Humanos ”. Dicho espacio está conformado por Consorcio para el Dialogo Parlamentario A.C. , el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. , la Liga Mexicana por los Derechos Humanos A.C. (Limeddh) , Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa), el Comité 25 de Noviembre A.C. y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” A.C.

Para más información:


Oaxaca: Resolución de la Suprema Corte en el caso Oaxaca

octubre 22, 2009
La Policía Federal Preventiva en la ciudad de Oaxaca en 2006 Fuente: www.dokumentarfoto.de

La PFP en la ciudad de Oaxaca en 2006 Fuente: http://www.dokumentarfoto.de

El 14 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte de las autoridades en el marco del conflicto que tuvo lugar en Oaxaca en 2006 y partes de 2007. De ésta se desprende que el gobernador en aquel tiempo y a la fecha, Ulises Ruiz Ortíz, es responsable de violaciones a los Derechos Humanos.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, la SCJN responsabilizó al gobernador oaxaqueño de violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por policías estatales en el conflicto de mayo de 2006 hasta junio de 2007. Sin embargo, fue rechazada por la mayoría del pleno la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío, de incluir a Vicente Fox, entonces Presidente de la República, como al entonces Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y a Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública del sexenio de Fox, en la lista de responsables por haber permitido una situación de ingobernabilidad en la entidad y así haber expuesto a la población a situaciones que vulneraran sus Derechos Humanos. Ahora le compete al Presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión determinar si se procederá a un juicio político en contra del gobernador oaxaqueño, expresó el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, después de la resolución.

Ruiz Ortíz se manifestó en contra de la resolución tomada por la SCJN, cuestionando que no se hubiera incluido a Fox. Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que había demandado la renuncia de Ulises Ruiz en el conflicto de 2006 y 2007, insistieron en la responsabilidad del mandatario estatal por las violaciones a Derechos Humanos. Gabriel López Chiñas, secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacó que deberían ser sometidos a juicio tanto el gobernador como Jorge Franco Vargas, ex secretario general de Gobierno de Oaxaca, y la ex procuradora de Justicia Rosa Lizbeth Caña Cadeza, por ser los operadores “de la represión desatada en contra del pueblo” oaxaqueño. La Sección 22 del SNTE, que aglutina a maestras y maestros de toda la entidad de Oaxaca, había sufrido represión de parte del gobierno estatal el 14 de junio de 2006, lo que derivó en la conformación de la APPO, integrada por diversas organizaciones sociales, políticas e indígenas, que se enfrentó a las autoridades estatales en el segundo semestre de 2006 para exigir la renuncia del gobernador, a quien acusaron de reprimir a las organizaciones sociales, políticas e indígenas.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Oaxaca: Campaña por el castigo de los asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes

octubre 5, 2009

lorenzo-presente

En 2006, el arquitecto Lorenzo Sampablo Cervantes, padre de 4 hijos y miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solía acudir a las marchas, llevaba víveres en los plantones y mantenía “una idea firme en contra de los abusos cometido por parte del gobierno”. Fue matado el 22 de agosto de 2006 “a quema ropa y sin posibilidad de defenderse” según se ha denunciado por balas de “grupos paramilitares al mando de Aristeo López”, ex funcionario policiaco de José Murat en Oaxaca. Fue la primera pesona en ser asesinada en los hechos violentos que sacudieron al estado entre 2006 y 2007.

El día 8 de agosto pasado, a tres años de su muerte, y por decisión de sus familiares, inició la Campaña por el Castigo de los Asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes en la Ciudad de Oaxaca con una velada en la que se pidió justicia en su caso. Las actividades realizadas en el marco de esta campaña apuntan a “la exigencia de castigo a los responsables del asesinato de Lorenzo Sampablo Cervantes” señalando como autores materiales e intelectuales a “los jefes policíacos, y funcionarios gubernamentales Manuel Moreno Rivas, Lizbeth Caña Cadeza, Jorge Franco Vargas “el Chuckie”, Bulmaro Rito Salinas, Lino Celaya Luría, Aristeo López Martínez, Ulises Ruiz entre otros; no olvidando a quienes integraron las Caravanas de la Muerte que le quitaron la vida a Lorenzo Sampablo”.

En actos públicos Petra González Garnica, la viuda de Lorenzo Sampablo, ha reafirmado la importancia de seguir trabajando por la justicia, por no olvidar a los 26 asesinados, a los más de 500 detenidos y a los 300 procesados en el marco de la represión que se desató en Oaxaca entre 2006 y 2007. Petra González no ha aceptado la indemnización que se le ha ofrecido y ha afirmado que no la aceptará hasta que se haya hecho justicia. En un encuentro con familiares de presos, asesinados y lesionados como consecuencia de los enfrentamientos en 2006-2007, los familiares contaron con mucha indignación y dolor sobre las consecuencias de la impunidad en sus vidas a 3 años de los hechos violentos que cambiaron sus vidas, dejándolas truncadas, a medias. El sufrimiento sigue y la petición de no dejar los muertos y las injusticias en el olvido sigue clara y contundente.

Para más información:

Blog: “Campaña por el Castigo de los Asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes”

”Justicia para Oaxaca: Lorenzo Sampablo Cervantes Presente Ahora y Siempre” (31/08/2009)


Oaxaca: Demandan reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura

agosto 7, 2009
Conferencia de prensa - Fuente: LIMEDDH

Conferencia de prensa - Fuente: LIMEDDH

El 5 de agosto, en una conferencia de prensa, la Liga Mexicana Por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca (LIMEDDH), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADDH) de la Sección XXII de Oaxaca del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Comité de Familiares de Detenidos, Asesinados y Presos Políticos (COFADAPPO) presentaron su postura con respecto al informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto social en Oaxaca, abarcando el periodo de mayo de 2006 hasta julio de 2007. Además anunciaron que en este año, 63 personas que fueron detenidos el 25 de noviembre de 2006, a través de la LIMEDDH han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura.

Según el boletín de prensa, emitido por la LIMEDDH el mismo 5 de agosto, “[g]raves violaciones al marco constitucional de garantías individuales y derechos humanos quedan sin ser investigadas y en el anonimato, tras la conclusión del informe preliminar de la investigación […] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del conflicto político social de 2006 […]en la entidad oaxaqueña.” Detenciones Arbitrarias, Ejecuciones Extrajudiciales, Desapariciones Forzadas y Violaciones del principio del Derecho al Debido Proceso son algunas de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por las autoridades estatales y federales, denunció la LIMEDDH. Enfatizó la importancia del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en materia de Derechos Humanos ante el clima de impunidad existente. Recordó que hay varios informes públicos, realizados por organizaciones internacionales de derechos humanos que contrastan con el informe de la SCJN y que evidencian las graves violaciones cometidas en el marco del conflicto.

Asimismo, la LIMEDDH informó que en lo que va del año 2009, 63 personas que fueron detenidas el 25 de noviembre de 2006 y que han sido víctimas de violaciones a Derechos Humanos, han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura, entre otras, sumando una cantidad de 58,400,000.00 $ (Pesos Mexicanos), siendo 940,000.00 $ por cada una de las víctimas. Destacó que “[n]o se trata de ponerle precio a la libertad personal o a la integridad física o psicológica, sino de reivindicar el derecho que tienen las víctimas a ser indemnizadas por el Estado perpetrador; además constituye la pena pública que el Gobierno del Estado de Oaxaca debe compurgar, independientemente y sin menoscabo de la responsabilidad penal y administrativa, en que hayan incurrido los funcionarios públicos responsables.” Además, la LIMEDDH hizo un llamado a las autoridades estatales y federales de abstenerse de cualquier tipo de hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos, víctimas y familiares; de lo contrario, considerarían cerradas las vías institucionales nacionales para obtener justicia y acudirían a instancias internacionales de Derechos Humanos para denunciarlo.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Oaxaca: rechaza asamblea ejidal autorización a la CFE para construcción de presa en Paso de la Reina

julio 29, 2009

Pancarta contra las represas en Oaxaca

En una conferencia de prensa el día 27 de julio un miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) en Tataltepec de Valdés y el presidente del comisariado de bienes ejidales de Paso de la Reina, comentaron que la asamblea general había revocado y cancelado la autorización que el 27 de junio de 2007 otorgaron por escrito a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias para ir haciendo estudios de campo. La paraestatal CFE ha venido ignorando la oposición de varias comunidades indígenas y mantienen la decisión de construir el proyecto de presa hidroeléctrica en tierras ejidales que atraviesa el río Verde en el Istmo de Oaxaca, aun cuando los afectados exigen cancelar la obra y ya se movilizaron para detener los trabajos preparatorios.

El representante de los ejidatarios del Copudever, Juan Gómez Gómez demandó a las autoridades respetar el derecho ejidal y la decisión “libre e informada” de los pueblos indígenas, como lo prevén los convenios internacionales suscritos y ratificados por el gobierno mexicano.

Para más información:

“Ejidatarios de Oaxaca se alistan para luchar contra presa de CFE”, La Jornada (27/07/2009)

“NO a la presa Paso de la Reina”, Prensa Indígena (07/03/2009)

“Rechazan pueblos la hidroeléctrica Paso de Reina en Oaxaca”, Cimacnoticias (21/05/2008)

Más información en el blog de SIPAZ:

“Oaxaca: Proyecto de presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” (03/10/2008)