Oaxaca: en riesgo defensora de derechos humanos Mayen Pilar Arellanes Cano

El 1ero de septiembre, el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C., denunció el hostigamiento, robo y allanamiento de morada, en contra de la abogada defensora de derechos Humanos Mayen Pilar Arrellanes Cano, integrante del CEDEDH (Centro de Defensoría de Derechos Humanos “IIN NTUSU”). Mayen Pilar Arellanes también es fundadora del “Comité de Liberación 25 de Noviembre” y beneficiaria de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007.

Los hechos denunciados ocurrieron el día 26 de agosto. El testimonio de MAyen Pilar Arellanes detalla ” cuando regresaba de la comunidad donde actualmente trabajo es decir de yalalag, aproximadamente a las siete de la noche llegue a mi domicilio ubicado en la colonia reforma agraria de esta ciudad de Oaxaca de Juárez, fue mi sorpresa que al entrar, la puerta que da a la cocina y a mi recamara se encontraban abiertas y todas mis cosas personas tiradas, mis cajones vaciados y mis papeles de igual forma tirados y dentro de lo que pude percatarme que me hace falta es mi computadora Laptop que contiene archivos sobre casos que he venido documentando del año 2006 a la fecha con grandes violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tal es el caso de Lauro Juárez indígena chatino desaparecido en diciembre del 2007, entre otros archivos personales y laborales, algunas fotografías de los mismos casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos pero también fotografías personas y familiares, dentro de las cosas que se llevaron es mi memoria USB con grabadora que también contenía archivos, particularmente testimonios de los presos políticos del 2005-2006 y algunos archivos de violaciones en defensa de los pueblos originarios particularmente del pueblo de Yalalag, también me hace falta una libreta de apuntes personales que es la que cargo conmigo siempre que voy a una reunión y contiene apuntes sobre violación a derechos humanos y $ 2,000 pesos en efectivo, también se llevaron mi gafete que me acredita como integrante del Centro de Defensoría en Derechos Humanos IIN NTUSU”.

El Centro Regional de DH “Bartolomé Carrasco Briseño”, exigió al gobierno mexicano el cese de las amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación en contra de Arellanes Cano, así como realizar investigaciones para el castigo de los responsables.

Para más información:

Acción Urgente del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C. (1ero de septiembre de 2010)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Acción Urgente en caso del Padre Uvi (13 de agosto de 2010)

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Oaxaca: Misión Civil de Observación “El Agua es Vida, Defendamos su Existencia”

Ocotlán de Morelos

Del 16 al 18 de agosto se llevó a cabo una misión civil de observación en los valles centrales del estado de Oaxaca que investigó la problemática del agua en esta región.  Nombrada “El Agua es Vida, Defendamos su Existencia”, la misión, convocada por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., visitó las comunidades indígenas El Porvenir, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, La Barda Paso de Piedra, San Felipe Apóstol y San Antonino Castillo Velasco en los distritos de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez.

Los organizadores de la misión presentaron sus principales hallazgos y conclusiones en una conferencia de prensa que se dio en Oaxaca de Juárez el 19 de agosto.  Dirigiéndose a “los medios de comunicación nacionales y estatales”, “a los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca”, “a los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil” y “a la sociedad en general”, destacaron los “graves problemas de violación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” que sufren los habitantes de las comunidades visitadas , sobre todo por “escasez de agua, contaminación de ríos, arroyos, pozos de agua potables.” Según los integrantes de la misión, estos problemas están vinculados con la bajada “alarmante” de producción agraria en la región y también con el fenómeno de “creciente migración.” Además, los autores del comunicado observaron que “[l]a mayoría de las comunidades no cuenta[n] con recursos económicos específicos encaminados a desarrollar acciones que contribuyan a resolver los problemas ambientales”, aunque sí enfatizaron que frente los problemas relacionados con el agua en la región, los campesinos indígenas “no se han quedado con los brazos cruzados” sino que “están desarrollando acciones determinantes para recargar los mantos acuíferos; construyendo bordos de captación, ollas de filtración, represas, limpieza de los caminos, arroyo, ríos”, con el resultado que se ha “permitido la recarga de agua al subsuelo, lo que ha significando que crezca el nivel del agua.”

La misión civil de observación criticó las políticas gubernamentales y empresariales relacionadas con el tema del agua en la zona: “la mayor parte” de los problemas de la “contaminación del ambiente, la escasez de agua, la migración, [la] falta de proyectos adecuados y de recursos económicos” se atribuyen “a la ausencia de políticas públicas por las autoridades federal y estatal”. Subrayó la importancia en este sentido de la “ausencia de sensibilidad en los servidores públicos” como factor no menor.   Ademas se criticó la política de beneficiar a las grandes empresas transnacionales, especialmente las de minería, que han recibido concesiones para aprovecharse de los recursos naturales que se ubican en el centro del estado de Oaxaca, tanto como la tendencia gubernamental de reprimir acciones de oposición por parte de los campesinos en contra de la contaminación que resulta de las operaciones de empresas de minería.  De la misma manera, el comunicado expresó preocupación por la falta de tratamiento del Río Atoyac, por donde fluyen las aguas negras de Oaxaca de Juárez.

Frente la problemática del agua que investigó la misión, el comunicado exigió:  “El respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez”; “[e]l reconocimiento del trabajo de cuidado integral del ambiente de fortalecimiento del acuífero que realizan las comunidades indígenas del Valle e Ocotlán y Zimatlán”; “[e]l reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios sobre los recursos naturales, tierra y territorio; como depositarios y guardianes de los recursos naturales”; “[l]a inmediata implementación del proyecto de saneamiento del Rio Atoyac” y “[e]l reconocimiento y estricto respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, la libre determinación, que tienen las y los campesinos de Valles Centrales de Oaxaca.”

Para más información:

Boletin de prensa, 19 de agosto

Video de conferencia de prensa, 19 de agosto

Video Misión Civil de Observación “EL AGUA ES VIDA, DEFENDAMOS SU EXISTENCIA”

Oaxaca: nueva emboscada en región triqui deja 3 muertos y 2 heridos

Un grupo de mujeres triquis en el zócalo de Oaxaca de Juárez acompañado por Eve y Raimond Jaakkola, padres del activista finlandés asesinado en la región triqui el pasado 27 de abril (@ La Jornada)

El pasado sábado 22 de agosto se produjo una emboscada en la región triqui del estado de Oaxaca, dejando un saldo de 3 muertos y 2 heridos. Ésta tuvo lugar en la carretera Santiago Juxtlahuaca-Putla de Guerrero cerca del municipio autónomo de San Juan Copalá; como víctimas fatales se cuentan: Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto Silvano González Ramírez, y los heridos Víctor de Jesús González y Alfredo Martínez González, todos vinculados con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I). Según Jorge Albino Ortiz, portavoz de San Juan Copalá, los agredidos estaban recorriendo la zona, en tareas de preparación  y organización de una caravana de mujeres y niñ@s triquis, que tenía prevista dirigirse a la ciudad capitalina del estado (Oaxaca de Juárez)  al día siguiente, para denunciar frente el Alto Comisionado de la ONU el contexto de violencia que padecen en la región. Los asesinatos se atribuyen a los grupos el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), ambos señalados como grupos paramilitares, aunque el dirigente de Ubisort, Rufino Juárez Hernández, ha deslindado responsabilidad de parte de su grupo.

A  raíz del ataque del 22 de agosto, la mencionada caravana de mujeres y niñ@s se suspendió. Marcos Albino, integrante del MULT-I (que ha estado organizando un plantón de mujeres triquis en el Distrito Federal), aseveró que, en lugar de la caravana, “llevaremos a cabo otras acciones, no nos van a inmovilizar. Seguiremos en resistencia y apostando al diálogo y la paz hasta morir, de ser necesario.”

Tras deslindar todo tipo de responsabilidad en torno a los asesinatos, Juárez Hernández hizo una llamada dirigida al MULT-I para promover el diálogo a fin de “evitar más ejecuciones y detener la agonía de pobreza y violencia” en la zona. “El problema de nuestra etnia tiene que ser resuelto entre indígenas y no con extraños o extranjeros que desconocen y están mal informados”, estableció. Anadió él que “[r]espetamos que diversas organizaciones, grupos políticos o religiosos quieran intervenir, pero de nada ayudan si sus falsas declaraciones provocan más violencia y generan más encono entre los hermanos que viven todos los días en nuestra región.” Para que haya posibilidad de paz, dijo él, “no debe haber PRI-caciquil, ni PRD o izquierda radical y mucho menos proyectos de insurgencia o levantamientos que nos dividan más.”

El 23 de agosto, anunciaron Evencio Nicolás Martínez Ramírez, secretario general de Gobierno, y María de la Luz Candelaria Chiñas, procuradura, que la solución a la situación de violencia prevaleciente en la región triqui “depende de ellos (los indígenas), no del gobierno, no de la Procuraduría (General de Justicia del Estado, PGJE.”

Para más información:

Emboscan a indígenas triquis vinculados a San Juan Copala (La Jornada, 22 de agosto)

Tres muertos y dos heridos, saldo de emboscada de paramilitares (La Jornada, 23 de agosto)

Se deslinda Ubisort de emboscada a caravana triqui (La Jornada, 23 de agosto)

La paz en la región triqui depende de los indígenas, no de nosotros: autoridades (La Jornada, 24 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: mujeres triquis denuncian contexto que padecen (20 de agosto)

Oaxaca: más violencia en zona triqui tras el asesinato de Anastasio Juárez Hernández, dirigente de UBISORT y hermano de Rufino Juárez Hernández (13 de agosto)

Oaxaca: Acción Urgente en caso del Padre Uvi

Padre Uvi (@ Colectivo Pinotepa)

El jueves 5 de agosto,  el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (Barca), que tiene sede en Oaxaca de Juárez, emitió una Acción Urgente sobre el caso de Padre R. Fco. Wilfrido Mayrén Peláez, también conocido como el Padre Uvi.  La Acción Urgente destacó el papel del Padre Uvi en trabajos de derechos humanos desde el año 1992, siendo él fundador de Barca. Planteó que de manera más reciente el Padre Uvi ha apoyado  el proceso social organizativo del municipio autónomo de San Juan Copalá en la zona triqui, acercando a varios medios y organizaciones internacionales “para que conocieran la situación que prevalece en el lugar”. Denunció el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola el 27 de abril de este año por presuntos integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), y  asumió la defensa del sacerdote  Martín Octavio García Ortiz tras su secuestro por desconocidos el 19 de junio.

El comunicado de Barca relató que dos Eurodiputados pidieron asilo  al Padre Uvi el 2 de julio después de darse cuenta que les perseguían presuntos integrantes de UBISORT tras terminar una reunión en la que se habló sobre la situación actual de San Juan Copalá. Mencionó que la UBISORT acusó al padre Uvi de ser responsable del asesinato de Anastasio Juárez Hernández, líder de esta organización el 30 de julio.  Barca enfatizó: “[n]os preocupan los ataques que se han dado en contra del Padre ya que han sido cada vez más continuos y fuertes”, añadiendo que “desafortunadamente en Oaxaca son muchos los casos de ataque a defensores y creemos que gente del Gobierno y grupos en complicidad puedan atentar contra su integridad física y psicológica del defensor de los derechos humanos, ya que ante distintos hechos el gobierno ha protegido con toda impunidad algunos grupos, como en este caso es la UBISORT”. Barca hizo un llamado a “todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, personas y medios internacionales para que estén atentos y se pronuncien por la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano para garantizar la seguridad, proteger la vida y permitir el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Oaxaca.”

Para más información:

Acción Urgente Barca completa (5 de agosto)

Milicianos y activistas subversivos rechazan al Ejército en los triquis (Despertar, 2 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: más violencia en zona triqui tras el asesinato de Anastasio Juárez Hernández, dirigente de UBISORT y hermano de Rufino Juárez Hernández (13 de agosto de 2010)

Oaxaca: Actualización del caso de Padre Martín (19 de julio)

Oaxaca: detención de religioso tras asesinatos de funcionarios príistas en San José el Progreso (26 junio)

Oaxaca: Ataque a caravana de observación — 2 muertos y 4 desaparecidos (28 de abril)

Oaxaca: más violencia en zona triqui tras el asesinato de Anastasio Juárez Hernández, dirigente de UBISORT y hermano de Rufino Juárez Hernández

Rufino Juárez Hernández (@Diario Despertar)

Por la noche de jueves 29 de julio fue asesinado Anastasio Juárez Hernández,  agente municipal de San Juan Copalá designado por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y hermano del dirigente de tal organización, Rufino Juárez Hernández.  Según su hermano, fue asesinado a tiros en su casa ubicada en el centro de San Juan Copalá, aunque representantes de la administración de San Juan Copalá dicen que el asesinato tuvo lugar a varios kilómetros, en Juxtlahuaca.  Juárez Hernández culpó a los dirigentes del MULT-I–José Ramírez Flores, Miguel Ángel Álvarez Velasco, Eugenio Martínez López y Jesús Martínez–por el asesinato; también acusó a Alejandro Encinas, diputado del el Partido de la Revolución Democrática; a la Iglesia católica en Oaxaca, a la sección 22 del magisterio oaxaqueño y a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) de ser los “responsables intelectuales” del asesinato.  De manera llamativa también extendió la responsabilidad por el asesinato al actual gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, a quien otros señalan por sus fuertes vínculos con la UBISORT.

De manera encontrada, los voceros del municipio autónomo de San Juan Copalá afirmaron que Anastasio fue ultimado en la cabecera municipal de Juxtlahuaca tras un conflicto entre priístas por el control del gobierno municipal allí, involucrando también a grupos de taxistas y comerciantes del mercado local.  Al mediodía del viernes 30 de julio ingresaron entre cien y trescientos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) al municipio autónomo para, según afirmaron “respaldar al fiscal y a los peritos en el levantamiento del cadáver”. Los representantes del municipio autónomo aseveraron por otro lado que los elementos policiacos fueron acompañados por 400 hombres “fuertemente armados” de UBISORT, y que ambos grupos “entraron disparando” con un balance de dos niñas de 15 y 17 años heridas y dos detenciones. Representantes del municipio autónomo denunciaron que se unieron a la balacera integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).  Afirmaron que el propósito de este ingreso a San Juan Copalá, era llevar el cuerpo de Anastasio al municipio autónomo para fingir que fueron habitantes de Copalá quienes lo mataron.

En un comunicado, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) repudió el ingreso de elementos policiacos a San Juan Copalá, pidiendo que las organizaciones civiles de derechos humanos “manifiesten su repudio a esta agresión al municipio autónomo”. Refiriéndose a la caravana que intentó llegar al municipio autónomo el 8 de junio, Barca declaró que “es incongruente que cuando se pidieron medidas de seguridad para que la caravana humanitaria Bety y Jiry entrara a dejar víveres, el estado no cumplió con su responsabilidad e impidió que llegara a cumplir con su misión.”

Para más información:

Ultiman a Anastasio Juárez, agente municipal de San Juan Copala (La Jornada, 31 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: después de la caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” a San Juan Copalá (21 de Junio de 2010)

Oaxaca: propuesta legislativa de juzgar a Ulises Ruiz rechazado por coalición de oposición

Ulises Ruiz Ortiz (@ La Jornada)

El jueves 29 de julio,  el diputado local Cristóbal Carmona Morales, miembro del Partido Nueva Alianza (Panal), presentó ante el Congreso de Oaxaca una solicitud para iniciar un juicio de procedencia contra Ulises Ruiz Ortiz, actual gobernador priísta del estado, por violaciones a los derechos humanos de maestros y ciudadanos en general durante el año 2006, cuando se reprimió un movimiento magisterial y social que se oponía a la administración estatal.  La propuesta de juzgar a Ruiz Ortiz, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha responsabilizado  por violaciones a derechos humanos durante los eventos de 2006, ha producido bastante polémica desde el jueves pasado, especialmente por parte de los partidos integrantes de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” que derribó la alianza PRI-Verde Ecologista en las elecciones estatales ya hace casi un mes.

No obstante, esta iniciativa en contra del gobernador oaxaqueño no ha sido recibido como un avance por gran parte de la oposición.  De hecho, representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia (PC) han nombrado esta iniciativa un “juicio político simulado” caracterizada por tener  grandes lagunas legales.  Representantes de la coalición han denunciado que un juicio de este tipo muy probablemente resultaría en una exoneración de Ulises Ruiz, debido al hecho que actualmente la mayoría de los diputados del congreso estatal son del PRI y que todavía faltan unos meses para que entren en función los nuevos diputados elegidos el 4 de julio pasado.  Integrantes de esta coalición de oposición temen  que la propuesta para el juicio no incluya estipulaciones para quitar el fuero constitucional del actual gobernador, requisito legal para avanzar con el proceso.  También han expresado su inquietud frente el riesgo que la mayoría priísta de los diputados puedan nombrar a un nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que podría permanecer durante la próxima administración gubernamental de Gabino Cué y mantener al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Mafud Mafud, con el riesgo de que las averiguaciones previas lanzadas contra Ulises Ruiz pudieran desaparecer.  Además existe el riesgo  de que, si avanza el juicio político y si la mayoría priísta de los diputados le exonera  a Ulises Ruiz, ya no se le podría volver a procesar, dado que las personas no pueden ser juzgadas por el mismo delito más de una vez.

Por esto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado anunciando que los “diputados locales en funciones y electos del PAN, PRD, PT y Convergencia no permitirán que el gobernador del estado eluda la voluntad ciudadana que rechazó, de manera contundente, la continuidad del PRI en el gobierno de Oaxaca” el pasado 4 de julio.  Benjamín Robles Montoya, diputado local del partido Convergencia, declaró en conferencia de prensa realizada con la presencia de 12 diputados electos y 6 diputados actuales que “[n]o vamos a permitir que Ulises Ruiz se burle de la voluntad ciudadana”, o que el PRI tenga éxito en “esconder su porquería”.  Los partidos integrantes de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” han propuesto una contra-iniciativa de procedimiento  que consistiría en la creación de una mesa de recepción para recibir denuncias de la población en general con relación a los hechos de 2006.  El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Daniel Juárez, aseveró que solicitarán la información de organizaciones civiles de derechos humanos–Reporteros Sin Fronteras (RSF), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI)–para la recopilación de información para la mesa.

Para más información:

Demanda de juicio político, treta de Ulises Ruiz, señalan (La Jornada, 2 de agosto)

Alianza opositora pide aportar denuncias para someter a Ulises Ruiz a juicio político (La Jornada, 3 de agosto)

Legisladores de Oaxaca van contra Ulises Ruiz (El Universal, 2 de agosto)

Es una farsa juicio contra Ulises Ruiz: diputados (El Universal, 3 de agosto)

Instalarán mesa para denuncias contra URO (El Universal, 2 de agosto)

Mayoría priista pretende exonerar a URO en juicio político simulado, denuncia oposición (NSS Oaxaca, 1 de agosto)

Juicio político no exonera a Ulises Ruiz de responsabilidades penales (Reflexión Informativa Oaxaca, 2 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Derriba coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” al PRI en elecciones estatales (11 de julio 2010)

Oaxaca: ataque en contra de la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas

@ mx.geocities.com/staluciamonteverde

El miércoles 22 de julio, residentes de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla Villa Guerrero, denunciaron que un grupo que señalaron como “paramilitares” del poblado vecino de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, dispararon a su comunidad, hiriendo de gravedad a Jaime Jiménez Cruz, de 40 años de edad.  Las dos comunidades, que se ubican en la región mixteca del estado de Oaxaca, han experimentado conflictos por cuestiones agrarias.  Varios residentes de Zimatlán intentaron evacuar la zona de Zimatlán ante la amenaza de una agresión, pero no pudieron logrado por el cerco mantenido por el grupo agresor.

Para permitir la evacuación de niños, mujeres y ancianos de la comunidad, habitantes de Zimatlán solicitaron al Centro de Derechos Humanos y Asesoría a los Pueblos Indígenas (Cedhapi) que organice una caravana humanitaria que tiene previsto salir este sábado 24. Pidieron a la seguridad pública del estado y a la Secretaría General de Gobierno garantizar la seguridad de los desplazados, y a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos el envío de un representante.  Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Oaxaca un informe sobre la realidad experimentada en Zimatlán; las autoridades respondieron diciendo que se había otorgado seguridad a los afectados, y que “los hechos delictuosos se están investigando.”  Cabe destacar que en un comunicado reciente, Cedhapi había asegurado  que las autoridades estatales no habían respondido a las llamadas de auxilio de los habitantes de Zimatlán para detener al grupo agresor.

Para más información:

Denuncian ataque de paramilitares en la Mixteca oaxaqueña; un herido (La Jornada, 23 de julio)