Chiapas: Conferencia de prensa para exigir la libertad de Roberto Carlos Ruíz Hernández

Roberto Carlos Ruíz Hernández. Foto: @No Estamos Todxs

El 29 de junio en San Cristóbal de las Casas, tuvo lugar la conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), para exigir la libertad de Roberto Carlos Ruíz Hernández, inmigrante de origen hondureño encarcelado en la actualidad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado No. 13 (CERSS No.13), en Tonalá Chiapas y detenido desde el 22 de mayo de 2013 acusado de extorsión.
Participaron en la conferencia de prensa el Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs”, y los abogados del Centros de Derechos Humanos Digna Ochoa y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
En 2015 su expediente fue presentado ante la Mesa de Reconciliación del Gobierno de Chiapas para que el caso fuese revisado y en 2017, según con la información de Frayba: “los integrantes de la Mesa de Reconciliación habían determinado otorgarle su libertad, pero por retraso burocrático desde febrero a la fecha el gobierno mantiene una privación arbitraria que le ha ocasionado angustia y desgaste psicológico por la promesa de libertad”.
Además de todo ello: “Peritos independientes realizaron valoraciones médicas y psicológicas con base en el Protocolo de Estambul teniendo como resultado que Roberto Carlos sufre de consecuencias físicas y psicológicas debido a hechos de tortura y/o tratos crueles e inhumanos durante su detención”.
Señalan que: “Roberto Carlos lleva más del 70% de su sentencia cumplida, es sobreviviente de tortura, su proceso judicial tuvo faltas al debido proceso y derivó en un juicio injusto, no contó con asistencia consular y la Mesa de Reconciliación determinó otorgarle la libertad”.
Desde el Frayba consideran que: “la Embajada de Honduras en México no ha otorgado la asistencia consular adecuada a Roberto Carlos, ni las gestiones políticas ni diplomáticas para obtener su libertad, argumentando que no lo tiene registrado como ciudadano de su país, sin embargo Roberto Carlos ha sido deportado por el Estado mexicano en 3 ocasiones, por lo que el gobierno de ese país sí cuenta con los registros que lo acreditan como ciudadano hondureño”.
Cabe recordar que en mayo de 2017 Roberto Carlos, se costuró los labios e inició una huelga de hambre para exigir su libertad inmediata o al menos el traslado al penal de San Cristóbal de las Casas, por haber recibido amenazas, según Roberto, del preciso de la prisión.
Desde Frayba lamentan que: “el caso de Roberto Carlos sea un ejemplo más de la criminalización hacia las y los migrantes que deciden transitar o asentarse en nuestro país”.

Para más información:
Hondureño preso injustamente en Chiapas denuncia tortura, montaje de expediente y exige su liberación (Centro de medios libres, 22 de junio de 2017)

Denuncia de Roberto Carlos Ruiz, hondureño preso en México (Grupo de trabajo No estamos Todxs, 27 de junio de 2017)

Inmigrante hondureño continúa en detención prolongada e injusta (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 28 de junio de 2017)

Para más información SIPAZ:

Nacional/internacional: La CIDH expresa su preocupación ante el endurecimiento de las autoridades mexicanas hacia los migrantes y sus defensores en la frontera Sur

México : Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos “buscando vida en caminos de muerte”

Nacional: Senado aprueba Ley contra la Tortura

 

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FNLS reporta retraso a la Investigación forense del caso de menor asesinado en Ocosingo

@ tiempo y forma

El 26 de junio del 2017, llegó un equipo de forenses argentinos a Chiapas para investigar la cause de muerte de Humberto Morales Sántiz de 13 años de edad y de El Carrizal, quien fue asesinado en febrero de 2017.

Los peritos argentinos encontraron dificultades para iniciar sus actividades debido a la falta de rayos X que debía de proporcionar el gobierno mexicano.

El Frente Nacional de Lucha hacia el Socialismo (FNLS) exigió que “ningún motivo obstruya la loable labor que contribuirá con el derecho a la verdad de los familiares de la víctima; juicio y castigo a los responsables materiales y ejecución de nuestro compañero; desarticulación y expulsión del campamento policiaco-paramilitar que se ubica anticonstitucionalmente en El Carrizal”.

Paralelamente, 14 integrantes del FNLS fueron detenidos mientras realizaban un volanteo informativo en la caseta en Chiapa de Corzo de la autopista Tuxtla-San Cristóbal el 29 de junio de 2017.

Para mas información:

Forenses argentinos arriban a Chiapas para aclarar caso de menor asesinado en Ocosingo (FNLS, 27 de junio de 2017)

Represión y desalojo violento de la policía estatal preventiva a compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS, 27 de junio de 2017)

Detienen a 14 miembros del FNLS por toma de caseta en Chiapas (Proceso, 29 de junio de 2017)

Para mas información de Sipaz:

Chiapas: Jornada Nacional: “Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡hasta encontrarlos!” (14 de marzo de 2017)

Chiapas: “Jornada nacional contra el terrorismo del estado en Chiapas” del FNLS (2 de mayo de 2016)

Nacional: Personal de la Casa de Migrantes recibe nueva embestida

El 26 de junio, el hogar-refugio para migrantes en Tenosique, Tabasco, “la 72”, público denunció que esta padeciendo una nueva “embestida” de parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en contra del personal de La 72.

La 72 estaba recibió notificaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) informando que se está investigando a Fray Bernardo Molina Esquiliano, miembro del equipo de la 72 y parte de la Orden Franciscana en el Sureste de México por una denuncia interpuesta por Eduardo Silvestre Hernández Dighero, Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Tabasco por tráfico de personas (FED/TAB/TEN/0000134/2017).

Desde hace 7 años, “la 72” se ha dedicado a dar alimento, hospedaje, orientación legal y acompañamiento integral a migrantes que ingresan a México por la Frontera Sur y que, a menudo, se vuelven víctimas del crimen organizado en el país.

Según la casa de migrantes, “No es desconocido para nadie que nuestro equipo recoge a las personas que vienen en la carretera y les ofrece llevarlas a Tenosique, a La 72 para acogerlas y empezar un acompañamiento integral. Esto ha sido visto por las autoridades y especialmente el INM, como tráfico de personas. Hemos denunciado ante el mundo entero que el tramo carretero de tan solo 60 km de la frontera con Guatemala a Tenosique es un campo minado donde a las personas migrantes les puede pasar de todo: violaciones sexuales, asaltos, golpizas, secuestros, discriminación, desaparición forzada, muerte. Y hasta ahora las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo no han hecho lo que les corresponde sino que criminalizan nuestra labor y peor, utilizan el sistema penal para frenarnos, intimidarnos, acosarnos.”

Por lo mismo, “la 72” hizo un llamado al Estado mexicano “para que deje de acosarnos y nos permita generar procesos de hospitalidad para todas las personas migrantes y refugiadas que atendemos en Tenosique y en la región. Seguiremos haciendo nuestra labor con transparencia, con pasión y exigiendo el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y a nuestra labor.”

Para más información:

Nueva embestida del INM en contra del personal de La 72 (Mesa transfronteriza, a 26 de julio de 2017)

El INM denuncia a integrante de “La 72” por supuesto tráfico de personas (Proceso, a 26 de junio de 2017)

Para más información de Sipaz:

Nacional/Internacional: Organizaciones se oponen a base del Comando Sur en Guatemala

México/Guatemala: Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera de Guatemala-México

México: 5 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Chiapas: El pueblo Zoque se está movilizando contra los mega-proyectos en Chiapas

El movimiento se pronunció contra de los proyectos extractivos, “que ponen en riesgo la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques”. Foto: @Sipaz

El 22 de junio, el movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra organizó una peregrinación en Tuxtla Gutiérrez, donde, según la Jornada, peregrinaron aproximadamente seis mil personas provenientes de 3 zonas, miembros de la sociedad civil así como sacerdotes de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Los participantes denunciaron que la reforma energética aprobada en 2013 junto a 10 otras reformas constitucionales “constituyen una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas”, ya que sus impulsores son los únicos que se beneficiarían de ellas.

En este caso, la Licitación Pública Internacional conocida como Ronda 2.2 pasa por “el concesionamiento de 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, 2 de ellos tienen impacto en el Estado de Chiapas. Un total de 84,500 hectáreas de tierras de 9 municipios del norte de Chiapas serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio Zoque.”

Los dos bloques 10 y 11 en Chiapas, afectarían los municipios de Tecpatan, Francisco León, Ostuacan, el pueblo de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y hasta Teapa (Tabasco) con la finalidad de obtener gas húmedo, aceite ligero y aceite superligero.

 Foto: @Sipaz

En marzo de 2017, los representantes del movimiento reportaron una serie de irregularidades en el proceso de licitación otorgada por la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER), porque no se ha consultado a todas las comunidades afectadas, ni ha habido traductores en la lengua materna Zoque y tampoco se han presentado la Manifestación del Impacto Ambiental como requiere la ley.

Según el movimiento, los riesgos concretos serían “uso excesivo de agua, desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública.”

El movimiento declaró que están procediendo “a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales por omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, así como por las faltas que se están cometiendo en el proceso consulta previa, libre e informada.”

Igual el Congreso Nacional Indígena (CNI) expresó que “saludamos la movilización y organización emprendida desde abajo por el respeto a lo que es suyo (…) para resistir y repudiar organizadamente la llamada ronda 2.2 sobre su territorio ancestral con la que los capitalistas planean el exterminio de los pueblos del norte de Chiapas.”

 Foto: @Sipaz

 

Para mas información:

Pagina facebook del movimiento

Comunidades zoques resisten a proyectos de despojo (Chiapas Denuncia, a 22 de Junio 2017)

Marchan 6 mil personas en Chiapas en rechazo a explotación de hidrocarburos (La Jornada, a 23 de Junio 2017)

“Alto al despojo, destrucción y muerte”: Pueblo Zoque ante Ronda 2.2 de la SENER que ofrece su territorio al mejor postor (Desinformémonos, a 23 de Junio 2017)

Pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena en apoyo y solidaridad con la lucha del pueblo Zoque y por la libertad de Luis Fernando Sotelo (Enlace Zapatista, a 23 de Junio 2017)

Para mas información de Sipaz:

Chiapas: machan ejidos y comunidades de la zona zoque contra los proyectos extractivos

Chiapas: Libre activista zoque, Silvia Juárez Juárez

Chiapas : denuncian criminalización de defensores de la Madre Tierra en zona zoque

Chiapas : comunidades zoques se oponen a extracción de hidrocarburos en el norte de Chiapas

Nacional/Internacional: Espionaje a periodistas y activistas en México

Foto: @SinEmbargo

El 19 de junio, la revista The New York Times (NYT) publicó un reportaje titulado “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México” en el que informaron que periodistas y activistas mexicanos han sido espiados con un software adquirido por el gobierno, llamado Pegasus.

El software Pegasus se infiltra en los teléfonos y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia. La empresa expresó que venden esta aplicación en “forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas” y que solamente un juez federal puede dar la autorización de vigilar comunicaciones privadas al demostrar que se tiene un caso bien armado para realizar esa solicitud. Según varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia “es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas”.

Eduardo Guerrero ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, cuestionó: “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”

No hay pruebas definitivas que demuestran que el gobierno mexicano fuera el responsable ya que “el software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo. Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.” Además, NSO Group aseguró que “el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.”

Según el periódico Animal Pólitico se encuentran entre los blancos:

– “Centro Agustín Pro. Durante el periodo de ataques, los directivos del centro estaban activamente involucrados en la documentación y defensa de casos graves de violaciones a derechos humanos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa o la presunta ejecución extrajudicial cometida por el Ejército en Tlataya.”

– “Carmen Aristegui y su hijo, así como Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, recibieron intentos de intrusión vía SMS a partir de abril de 2015 y hasta mediados de 2016. Meses después de la publicación del reportaje de La Casa Blanca y durante la difusión de otros artículos de posible corrupción.”

– “Carlos Loret de Mola. Fue blanco de al menos ocho intentos de intrusión, desde agosto de 2015, mes en que el periodista publicó la primera columna de varias relacionadas con la presunta ejecución extrajudicial de Tanhuato.”

– “El 25 de mayo de 2016, Salvador Camarena, director del área de investigación periodística de esta organización, recibió un intento de intrusión. Fue un día después de que esa organización en colaboración con Animal Político revelaron el reportaje Las Empresas Fantasma de Veracruz que terminó con la renuncia y posterior detención del exgobernador Javier Duarte.”

– “Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano de la Competitividad fueron víctimas de intentos de intrusión, en el periodo en que impulsaron varias investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción, y la promoción de la Ley 3 de 3, para que funcionarios declaren los bienes que poseen públicamente.”

El gobierno federal se pronunció en “un comunicado de tres párrafos dirigido al editor del New York Times, donde de manera oficial menciona que “no hay prueba alguna” de que agencias del gobierno de México sean responsables del espionaje y pidieron que las personas espiadas denuncien la supuesta intrusión.”Ante esta respuesta, los periodistas y defensores espiados presentaron  una denuncia por posible intervención ilegal de comunicaciones ante la PGR aunque dudan que tendrá resultados toda vez que el gobierno tendría ser juez y parte en este caso.

Activistas piden a la PGR investigar espionaje – Periódico Proceso Foto: @Benjamin Flores

En protesta por el caso #GobiernoEspía, el 23 de junio, periodistas y defensores de derechos se entregaron simbólicamente ante la Procuraduría General de la República (PGR) . La politóloga Denise Dresser, participante en la manifestación expresó: “Así como criminalizó a quienes son la voz los ojos y la consciencia del país, nosotros venimos a entregarnos como criminales, del mismo tipo. En plena solidaridad con Carmen Aristegui, con Juan Pardiñas, con Daniel Lizárraga y con Salvador Camarena, y con los otros periodistas y activistas que fueron espiados. Esperamos una investigación independiente, internacional, limpia autónoma y creíble. Cosa que el Estado Mexicano no podrá hacerse por su propia cuenta.”

Para más información:

5 claves para entender el caso del espionaje a periodistas con el software Pegasus (Animal Politico, a 20 de junio de 2017)

‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México (The New York Times, a 19 de junio de 2017)

Proponen comisión especial para indagar espionaje a periodistas y activistas (Proceso, a 19 de junio de 2017)

En manos de PGR, denuncia por espionaje gubernamental a periodistas y activistas (Aristegui Noticias, a 20 de junio de 2017)

Activistas y periodistas en México son espiados con un software adquirido por el gobierno: NYT (Animal Politico, a 19 de junio de 2017)

Periodistas y defensores se entregan ante PGR en protesta por #GobiernoEspía (CentroProdh, a 26 de junio de 2017)

Para más información de Sipaz:

Nacional: Cámara de Diputados aprueba cateos militares a domicilios y espionaje telefónico

Chiapas: EZLN denuncia sobrevuelos militares nocturnos sobre Caracoles zapatistas

Chiapas : Liberan a 236 normalistas detenidos por presuntos actos vandálicos en el marco de protesta contra reforma educativa

México: La CIDH exige una investigación sobre el caso de varias mujeres víctimas de abuso sexual en San Salvador Atenco en el 2006

Nacional: Policía Federal anuncia protocolo para uso de la fuerza pública

Manelich Castilla Craviotto (@Primera Plana Noticias)

El 14 de junio, la Policía Federal (PF) dio a conocer que alista la publicación del primer protocolo sobre el uso de la fuerza, con el fin de establecer normas de capacitación y protección a los derechos humanos durante los operativos que realicen los elementos de seguridad

Entre otros, se definirá cuándo el policía puede emplear las pruebas de control físico y hasta aquellas situaciones en las que sea necesario utilizar tácticas defensivas, de reducir el uso de armas de fuego, exclusivamente cuando esté en riesgo la vida de un ciudadano o de un elemento de la corporación y además de señalar en qué casos es indispensable respaldar los operativos en vídeo y fotografías.

En relación con el protocolo el comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, explicó que “se trata de dotar de un marco normativo que de confianza y certeza jurídica a todas y todos los compañeros que en la calle exponen su vida, su integridad física y que en muchas ocasiones no tenían un mecanismo para defender su actuación en circunstancias de riesgo”.

Este anuncio ocurrió un año después de la represión de Nochixtlán, Oaxaca, en el que nueve personas murieron. El 20 de junio de 2016, un día después de los hechos, la Policía Federal y la Policía Estatal de esa entidad dieron una conferencia de prensa para presentar la versión oficial de los hechos y aseguraron que los elementos no iban armados. También se descartaron que fueran los primeros en disparar contra la población. Sin embargo testigos e incluso policías federales que participaron en el operativo, dieron testimonios distintos de ofrecidos por los mandos policíacos. Además ningún policía involucrado ha sido investigado ni sancionado hasta la fecha, reveló Animal Político.

Para más información:

Policía Federal anuncia protocolo para uso de la fuerza pública (Crónico, 14 de junio de 2017)

A un año de Nochixtlán, Policía Federal anuncia protocolo para uso de la fuerza pública (Animal Político, 14 de junio de 2017)

Policia federal alista protocolo sobre uso de la fuerza (Milenio, 14 de junio de 2017)

Manelich Castilla Craviotto: Primer protocolo sobre el uso de la fuerza pública (Heraldo de México, 14 de junio de 2017)

La PF pondrá en marcha protocolo sobre el uso de la fuerza (Proceso, 14 de Junio de 2017)

 Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Congreso local aprueba iniciativa sobre el “uso legítimo de la fuerza”(16 de mayo de 2014)

Nacional: Creación del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (12 de abril de 2014)

Oaxaca: Comité de Víctimas de Nochixtlán denuncia “intento de homicidio” contra dos de sus integrantes (7 de marzo de 2017)

Oaxaca: Organizaciones de Derechos Humanos presentan informe sobre represión en Nochixtlán (11 de julio de 2016)

Oaxaca/Nacional: Allanan casa de fotoperiodista que cubrió hechos en Nochixtlán (4 de septiembre de 2016)

BOLETÍN URGENTE: REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA (22 de junio de 2016)

Nacional/Internacional: Organizaciones civiles llaman a tomar acciones urgentes ante informe del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas

Foto: https://contactohoy.com.mx/onu-mexico-rechaza-reforma-por-derecho-a-la-vida-desde-concepcion-en-veracruz/

Organizaciones de la sociedad civil y defensoras y defensores medioambientales llamaron a que, tras el informe presentado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas transnacionales, empresas y Estado tomen acciones urgentes.

Las organizaciones recordaron que : “las empresas no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos” y el Gobierno “todavía no ha trazado pautas claras, ni ha fijado expectativas definidas para las empresas en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades”. Esto se ejemplifica, entre otros, en el caso del Río Santiago, al cual, según señalaron las organizaciones, las empresas “tiran lo que les da la gana y en cantidades que quieran” contando con la impunidad, complicidad y protección de las autoridades; recordaron que en la zona del Rio Santiago, donde operan al rededor de 300 industrias, más de 600 personas han muerto por contaminación industrial.

El informe de la ONU exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especificando que “las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”. Frente a ello, Sociedad Civil denunció que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y el territorio y en 28 casos, el acceso a la información.

El Grupo de Trabajo de la ONU también denunció que “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. Desde la sociedad civil denunciaron que se pasara por alto la existencia de sicarios y fuerzas paramilitares a sueldo de empresas que hostigan y fracturan las comunidades. Mario Luna, vocero comunidad yaqui de sonora y opositor al acueducto Independencia, explicó que “nosotros, en el ejercicio de nuestros derechos, hemos sido criminalizados, satanizados”. Ante ello, defensores y sociedad civil exigieron que tanto el Estado, como las empresas, lleven a cabo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU y que “los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán.”

Miembros de OSC y defensores apuntaron que el informe de la ONU abordó muy pocos casos y que puedo hablar más sobre cómo se relacionan empresas y autoridades, derechos laborales, proyectos turísticos, impactos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas, en la mayoría de casos defensores y garantes del medio ambiente.

*Consultar nota de prensa aquí.

Para más información:

Urge que Estado y empresas acaten informe sobre derechos humanos realizado por ONU: OSC (CentroProdh, a 13 de junio de 2017)

Empresas vienen por megaobras. Aplastan pueblos y las ayuda el Estado: así funciona México: ONGs (Sin Embargo, 12 de junio de 2017)

Estado y empresas no protegen adecuadamente ddhh(Animal Político, 15 de junio de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Visita oficial del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos a México