Guerrero: Breves – Reactivación de órdenes de aprehensión contra miembros CETEG; Exponen organizaciones sociales ante Comisión Interamericana; Estado mexicano no cumple sentencia, acusan; homenaje a Comandante Ramiro

Durante la última semana de octubre fueron reactivadas 40 órdenes de aprehensión contra líderes sociales del movimiento magistral guerrerense e incluso fueron detenidos cinco de ellos. En un boletín de prensa del 29 de octubre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (RENACID) destacaron que estos hechos demuestran la criminalización a la protesta social que ha emprendido el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, en lugar de escuchar y atender las demandas de la sociedad civil. Además en el boletín  pidieron el cese a la represión arbitraria contra integrantes de los movimientos sociales y el respeto a la libre manifestación.

Conferencia CEMDA (@CENCOS)

El 28 de octubre, en la Ciudad de México, se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en la que organizaciones sociales expusieron la violación por parte del Estado mexicano al Derecho a la Consulta y Participación en asuntos de Interés Público, por la construcción de megaproyectos como por ejemplo la presa hidroeléctrica La Parota. Las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Tlachinollan, entre otras, expusieron que las autoridades de distintos niveles de gobierno han incumplido la Constitución, en especial, el artículo 2 que los obliga a implementar y llevar a cabo procesos de consulta cuando se trata de medidas legislativas, programas de desarrollo e implementación de obras e infraestructura  que incidan sobre territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas. Expusieron que en el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, no se informó que inundarían 17,300 hectáreas, que se desplazarían a 25 mil campesinos y que afectarían a otros 75 mil más que viven rio abajo, ni se les consultó si estaban dispuestos a ser desplazados.

En el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas me’phaa que fueron violadas sexualmente por militares en 2002, los abogados Miguel Pulido Jiménez, director del Centro de Análisis e Investigación; Guadalupe Barrera, del centro de Investigación y Docencia Económicas AC y Daphne Cuevas, del Consorcio Parlamentario y Equidad AC, denunciaron que el Estado mexicano no está cumpliendo con la sentencia dictada por la Corte Interamericana (CoIDH). En conferencia de prensa, el 7 de noviembre, denunciaron que, primero el Estado mexicano fue incapaz de garantizar los derechos de las indígenas, después no les reconoció su condición de víctimas, y cuando la CoIDH lo condenó, no tuvo la voluntad de presupuestar los recursos suficientes para indemnización y reparar el daño. Guadalupe Barrera y Daphne Cuevas manifestaron que mientras el gobierno federal asegura que no tiene dinero para el pago de reparación de daños, sí cuenta con una presupuesto millonario para el pago de publicidad e imagen.

El 4 de noviembre en Chilpancingo, organizaciones sociales rindieron un homenaje por el primer aniversario luctuoso de Omar Guerrero Solís, mejor conocido como el comandante Ramiro, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), quien el 4 de noviembre del año pasado fue asesinado en la sierra de Coyuca de Catalán. El Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense), el sindicato minero de Taxco y la CETEG, entre otras, celebraron con una misa en la iglesia de San Mateo y posteriormente hicieron un acto en el zócalo. Javier Monroy, integrante de TADECO, destacó que “Ramiro, ofrendó su vida por nuestro pueblo, por darle una vida digna y por construir un mundo mejor y por ello debe ser el ‘modelo a seguir’ por los jóvenes”.

Para más información:

Critican ONG acoso contra profesores (La Jornada, 29 de octubre)

Guerrero, México: Reactivación de órdenes de aprehensión contra magisteriales y criminalización de la protesta (Kaos en la Red, 29 de octubre)

Exponen organizaciones ante la CIDH violaciones al derecho a la consulta (CENCOS, 28 de octubre)

No se cumple sentencia de Coidh, acusan (La Jornada, 8 de noviembre)

Rinden organizaciones homenaje al comandante Ramiro, caído en 2009 (La Jornada, 4 de noviembre)

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Guerrero: Corte Interamericana condena Estado mexicano por violaciones sexuales sufridas por dos mujeres indígenas me’phaa

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

El viernes 1 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias en las que condena al Estado mexicano por las violaciones sexuales que las mujeres indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron en 2002. En ellas señala que el Estado debe reparar los daños integralmente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder. Las dos mujeres indígenas me’phaa fueron violadas sexualmente por elementos del ejército mexicano en 2002. Durante su búsqueda de justicia, tanto las mujeres mismas como sus familiares han sufrido amenazas de muerte, intentos de secuestro e incluso fue asesinado el hermano de Inés en 2008.

Durante una conferencia de prensa del 4 de octubre, en la que participaron Valentina Rosendo, sus representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza y el abogado Mario Patrón, Valentina Rosendo dijo: “exijo que el gobierno cumpla la sentencia, si es que todavía le queda un poco de dignidad”. Además explicó su sentir en este momento en el que, después de más de ocho años de búsqueda de justicia vividos en condiciones de adversidad y de riesgo, finalmente la CoIDH le ha dado la razón: “ya que por fin se demostró que siempre dijimos la verdad porque no sabemos mentir, para nosotras y nuestras familias lo más importante ahorita es que nos dejen vivir en paz, con tranquilidad”.

La directora de CEJIL Mesoamérica, Alejandra Nuño, reiteró la importancia de la sentencia para las mujeres a nivel latinoamericano. Señaló: “Dentro del Sistema Interamericano sin duda las sentencias de Inés y Valentina constituirán un referente ineludible sobre los criterios aplicables en casos donde se documenten violaciones sexuales cometidas por agentes estatales. Se trata de dos sentencias de muy significativa trascendencia El viepara las mujeres en América Latina”. Por otro lado, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, enfatizó el impacto negativo que genera en los derechos humanos la participación del Ejército en tareas ajenas a su naturaleza. Dijo: “en la Montaña de Guerrero, la militarización que prevalecía cuando Valentina e Inés fueron violadas sexualmente sigue siendo una realidad del presente. La misma CoIDH habla en sus fallos de que en Guerrero las mujeres están en peligro por la violencia institucional castrense. Por eso la reforma del fuero militar es urgente, porque es un modo de afianzar mecanismos para que este poder sin contrapesos que es el Ejército rinda cuentas”.

Para más información:

–  El Estado mexicano es responsable de tortura y violación sexual de Inés y Valentina, deberá reparar y sancionar daños: CoIDH (Comunicado Tlachinollan, OPIM y CEJIL, 1 de octubre)

– Las sentencias de la CoIDH permitirán a Inés y Valentina acceder a la justicia negada por México (Comunicado Tlachinollan y CEJIL, 4 de octubre)

– Declaración Pública de Amnistía Internacional (5 de octubre)

– Reconoce que fueron violadas por militares en 2002 (CIMAC Noticias, 1 de octubre)

– Que el gobierno admita que fueron militares los que me violaron; que vayan a la cárcel (La Jornada, 5 de octubre)

– Weblog sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

– Sentencias dictadas por la Corte Interamericana

Para más información de SIPAZ:

– Breves sobre Guerrero: Valentina ante la CoIDH- Novedades en el caso del preso de conciencia Raúl Hernández (5 de junio de 2010)

– Guerrero: breves – Ataque a líder de la OFPM; intentan secuestrar a la hija de Inés Fernández (2 de septiembre de 2010)

Guerrero – breves: PGJE denigra homicidio de Lorenzo Fernández; Sigue presión de ONGs para liberación de Raúl Hernández

 Foto: http://alzatuvozporlalibertadderaul.wordpress.com/ 

A dos años y cinco meses del homicidio de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares en el 2002, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) presentó a un presunto responsable del homicidio. La PGJE concluyó que el homicidio fue consecuencia de un conflicto suscitado durante una borrachera.

La defensa ha argumentado que el pasado 9 de febrero de 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, en el río que cruza la ciudad de Ayutla.Lorenzo era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos de indígenas de su región. Acompañó de manera activa la denuncia de los hechos ocurridos en contra de su hermana, Inés Fernández, así como la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (CODDEHUM) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en el 1998.

En un comunicado del 5 de julio, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense) y la OPIM denunciaron que Tlachinollan, como parte coadyuvante, sólo tuvo un acceso limitado a los avances de la investigación y que la conclusión de que el homicidio fue resultado de una borrachera denigra la trayectoria de Lorenzo Fernández como defensor de derechos humanos.

El mismo 5 de julio, Amnistía Internacional (AI) emitió una Acción Urgente exigiendo la liberación inmediata del preso político Raúl Hernández, integrante de la OPIM. Fue detenido el 17 de abril de 2008 y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García cometido el 1 de enero de 2008 en la localidad de El Camalote, estado de Guerrero. El 30 de junio de 2010, el juez que preside el proceso contra este defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, dio por terminada la fase de presentación de pruebas de su juicio por asesinato. La investigación del lugar del crimen llevada a cabo por el juez confirmó que las declaraciones de los testigos que afirmaban que Raúl Hernández estaba presente en el momento del asesinato no eran fiables. AI pidió a la sociedad civil enviar llamamientos a la PGJE antes del 14 de agosto 2010 para exigir la liberación de Hernández. (véase Acción Urgente abajo).

Finalmente, el 6 de julio, el Solicitor’s International Human Rights Group (SIHRG) publicó un informe sobre la situación de Raúl Hernández. En el informe enfatizó que su encarcelamiento fue basado en mentiras y que no existe prueba ninguna de su participación en los hechos criminales de los cuales fue acusado. El SIRHG expresó su más profunda preocupación por el caso de Hernández y afirmó estar dispuesto a tomar más medidas para proteger los derechos humanos de este defensor.

Para más información:

Comunicado conjunto de Tlachinollan, la Red Guerrerense y la OPIM (5 de julio)

Campaña de Amnistía Internacional para la liberación de Raúl Hernández

 Acción Urgente Amnistía Internacional: Momento clave en el juicio por asesinato contra un activista (5 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández (3 de julio de 2010)

Guerrero: amenazan de muerte a Andrea Eugenio Manuel, activista indígena y hermana de Obtilia

Oficina de la OPIM

En su denuncia presentada ante el Ministerio Público el 19 de marzo, Andrea Eugenio Manuel explicó que el 17 de marzo como a las 4:30 de la tarde, cuando se encontraba esperando a compañeros suyos en frente de un expendio de verduras “se le acercó un desconocido, quien comenzó a tomarle fotografías. Ella le exigió una explicación, pero el sujeto, molesto, le contestó: “Te va a llevar la chingada ahorita”.” (La Jornada)

Andrea Eugenio Manuel trabaja desde hace años para la defensa de los derechos humanos y la defensa del pueblo Me’phaa: ” ha fungido como traductora […] en las denuncias contra soldados que violaron a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú. Ha acompañado a mujeres indígenas […] de Ayutla de los Libres en las denuncias públicas y jurídicas que han presentado contra efectivos del Ejército mexicano que han allanado sus poblados y violado sus derechos humanos. Andrea también participó como traductora en el proceso de queja y denuncia que presentaron 14 indígenas de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, que fueron esterilizados de manera forzada por personal de la Secretaría de Salud.” (La Jornada)

Esta amenaza de muerte dirigida hacia Andrea ocurrió 11 días después de  haber denunciado agresiones similares contra su hermana Obtilia, presidenta de la OPIM, Organización del Pueblo Indígena Me’phaa. Últimamente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan -quien está acompañando a la OPIM en la denuncia de violaciones a los derechos humanos– también ha sido víctima de actos de hostigamiento. Ambas organizaciones ya cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2009.

Junto con la Red Guerrerense, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la OPIM denuncian: “Esta escalada amenazas de muerte y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos de Guerrero, se dan en la antesala de la audiencia que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a Inés Fernández Ortega en su periodo de sesiones de abril. […] Nos preocupa que intereses obscuros pretendan acallar a los testigos y a las víctimas de cara a la audiencia que se llevará a cabo en los próximos días y que el Estado soslaye realizar una investigación exhaustiva que permita la identificación y sanción de los responsables.”

Para más información:

Amenazan de muerte a hermana de Obtilia, que ha apoyado la denuncia de indígenas violadas por militares (Boletín de prensa Tlachinollan-OPIM-Red Guerrerense 22/03/10)

OACNUDH condena hostigamiento y amenazas que persisten en contra de las y los defensores en Guerrero (Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, 23/03/10)

Amagan de muerte a activista indígena en Guerrero (artículo, La Jornada, 23/03/10)

Amenazan a hermana de Obtilia Eugenio, de OPIM: Tlachinollan (artículo, La Jornada Guerrero, 23/03/10)

Condena la ONU hostigamiento a defensores de indígenas, aun estando protegidos por la CIDH (artículo, la Crónica de Hoy, 24/03/10)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: nuevas amenazas en contra de Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIM y testigo en el caso de Inés Fernández Ortega vs. México (blog de SIPAZ, 17/03/10)

Guerrero: nuevas amenazas en contra de Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIM y testigo en el caso de Inés Fernández Ortega vs. México

El día miércoles 6 de marzo del 2010, Obtilia Eugenio Manuel, indígena me´phaa, defensora de derechos humanos en el estado de Guerrero, Presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y beneficiaria de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2009, nuevamente fue víctima de amenazas, a través de una carta anónima dirigida a ella que fue encontrada en la oficina de la OPIM.

Cabe subrayar que Obtilia también es testigo en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mismos que serán analizados este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambas son mujeres indígenas del pueblo Me’phaa que fueron violadas sexualmente y torturadas por efectivos militares en el año 2002, en medio de un contexto caracterizado por la represión contra los movimientos sociales y las organizaciones indígenas del estado de Guerrero. A la fecha los casos no han sido investigados, los responsables no han sido sancionados y los daños no han sido integralmente reparados.

En un pronunciamiento público, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan subrayaba: “En la mayoría de los casos de agresiones ocurridas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero no se ha logrado el esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los responsables y el sometimiento a proceso conforme a derecho de los mismos. La impunidad, la ausencia total de investigación y de acceso a la justicia ha hecho más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos en Guerrero pues cuando el Estado renuncia al cumplimiento de su deber de garantía y protección el mensaje es de impunidad para los agresores”.

Para más información:

Recuento de los hechos vinculados a estas nuevas amenazas (Tlachinollan)

Pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (16 de marzo de 2010)

Acción Urgente de Amnistía Internacional

Carta de Tlachinollan y CEJIL para solicitar apoyo en el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

Más información de SIPAZ:

Guerrero: continúan hostigamiento y agresiones contra defensores de derechos humanos (marzo de 2009)

Guerrero: presos de la OPIM ganan amparo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) publicó la siguiente declaración respecto al amparo otorgado a 4 de 5 presos, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM):

Juez federal concede amparo a indígenas me´phaa presos en Ayutla

· La resolución fue dictada el pasado 15 de octubre a favor de 4 presos. Uno permanecerá en prisión.

· Los presos amparados tendrían que estar libres mañana martes 21 de octubre.

· La sentencia demuestra que la finalidad del encarcelamiento fue acabar con el trabajo organizado

Tlapa, Guerrero, México a 20 de octubre de 2008.- La jueza Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla concedió un amparo a cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que desde hace seis meses están presos en el reclusorio de Ayutla señalados por el asesinato de un informante del Ejército.

Esta resolución fue dictada el 15 de octubre y en cuanto sea notificado el juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla, éste tendrá un plazo de 24 horas para poner en libertad a los indígenas detenidos.

Esto significaría que a más tardar mañana martes 21 de octubre los presos estarán saliendo de la cárcel, a excepción de Raúl Hernández Abundio quien permanecerá en prisión porque la jueza de Distrito dice que los testigos señalan que él estuvo en el momento en que fue disparada el arma de fuego que dio muerte a Alejandro Feliciano García, el pasado 1 de enero de este año. No obstante esta acusación es muy vaga.

Guerrero: Asesinan a miembro de la OPIM en Ayutla de los Libres

El día 10 de febrero del 2008 en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, Lorenzo Fernández Ortega, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Mepha´a (OPIM) fue asesinado. Durante los últimos meses, la OPIM ha denunciado una intensificación de las amenazas de muerte y otras agresiones por parte del Ejército federal y grupos supuestamente paramilitares.

Según la OPIM la intensificación de dichas amenazas coinciden con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el uso de esterilización forzada contra indígenas de la comunidad de Camalote, igual que por la audiencia que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú tuvieron hace poco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de sus denuncias en contra de miembros del Ejército federal por violaciones sexuales en 2002.

Lorenzo Fernández Ortega era hermano de Inés Fernández Ortega y originario de la Comunidad de El Camalote. Según la denuncia de la OPIM, “Lorenzo fue asesinado por paramilitares que trabajan para el 48º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con sede en Cruz Grande”.

El asalto ocurrió después de que Lorenzo y otras personas de la comunidad de El Camelote fueron a Huamuxtitlán a presentar el caso de los 14 campesinos esterilizados, el de las violaciones sexuales por parte del ejército y la situación de extrema militarización ante la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour que visitó Guerrero la semana pasada.

Últimamente otra integrante de la dirección colectiva de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, ha recibido amenazas de muerte.

Más información:

Acción Urgente: MÉXICO Miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (Amnistía Internacional, 22/02/2008)