Guerrero: Organizaciones nacionales e internacionales exigen una investigación sobre el asesinato de los dos defensores de derechos humanos

Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, incluyendo SIPAZ, han juntado para condenar la ejecución extrajurídica de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores de derechos humanos de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Todas esas organizaciones firmaron un pronunciamiento, redactado por el Insyde (El Insituto para la Seguridad y la Democracia) y Fundar (Centro de Investigaciones y Analyis), exigiendo una investigación inmediata e imparcial sobre la desaparición forzada y el asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce. La carta plantea, “Organizaciones en México y el mundo exigen inicio inmediato de investigación para esclarecer las ejecuciones extrajudiciales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, salvaguardar la integridad de sus familias y garantizar la reparación del daño a las víctimas”.

También la Presidencia de la Unión Europea condenó la tortura y ejecución extrajurídica de los dos defensores de derechos humanos. En una carta afirma: “la Presidencia llama al estricto castigo de los responsables, así como exhorta a que se brinde una debida protección a los defensores de los derechos de la población indígena y se impidan ataques semejantes”.

Además organizaciones internacionales de derechos humanos como  Amnistía Internacional (AI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han denunciado el asesinato de los defensores de derechos humanos.

La carta firmada por las organizaciones de la sociedad civil también exige que el Estado Mexicano cumpla con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como parte del Examen Periódico Universal del 10 de febrero. Las recomendaciones incluyen la necesidad de “Incrementar la efectividad de las medidas preventivas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos”.

Para más información:

Pronunciamiento redactado por Insyde-Fundar y firmado por organizaciones de la sociedad civil.

México: Asesinato de indígenas ilustra el pésimo estado de los derechos humanos en Guerrero, Amnestia Internacional, (24/2)

Comunicado de la Presidencia de la Unión Europea (25/2)

OACNUDH condena el asesinato de defensores indígenas de derechos humanos en Guerrero, OACNUDH (24/2)

Condenan CIDH, ONU y AI ejecución de dos defensores de derechos en Guerrero, La Jornada (25/2)

Más información de SIPAZ:

Guerrero: se encuentran los cuerpos de dos lideres mixtecos desaparecidos desde el 13 de febrero, Blog SIPAZ (23/2).

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Guerrero: se encuentran los cuerpos de dos lideres mixtecos desaparecidos desde el 13 de febrero

El día 22 de febrero de 2009 se encontraron los cuerpos de dos dirigentes reportados como desaparecidos  pertenecientes a la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). El día 13 de febrero, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la OFPM, fueron detenidos de manera forzada por 3 hombres armados presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM). Estos hombres armados llegaron a un evento público realizado en el pueblo de Ayutla de los Libres, amenazaron a Ponce Rosas y Lucas Lucía y los subieron ellos en un vehículo sin placas.

Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla -y ex militar-, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido”.

El domingo, 22 de febrero, por la mañana las esposas de Lucas Lucía y Ponce Rosas identificaron los cuerpos en el Servicio Medico Forense en Acapulco. Se encontraron los cadáveres enterrados a 80 centímetros y dentro de bolsas de plástico. Sus cuerpos presentaron claramente huellas de tortura y tiró de gracia.

Los dos integrantes de la OPFM habían trabajado por muchos años como defensores de derechos humanos de indígenas en la zona mixteca. Amnistía Internacional, en una acción urgente del 16 de febrero, planteó que “la desaparición de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía puede haber sido motivada por el trabajo de ambos para promover los derechos del pueblo indígena mixteco en la región”.

En su comunicado del 22 de febrero, el CDHM Tlachinollan aclaró: “Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un “crimen de Estado”, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo”.

Para más información:

Comunicado del CHDM Tlachinollan (22/2/09)

AU de Amnestia International “México: Asesinato de indígenas ilustra el pésimo estado de los derechos humanos en Guerrero” (24/2/09)

Crimen de Estado, la doble ejecución de líderes mixtecos, asegura ONG: La Jornada (23/2/09)

El doble homicidio, un crimen de Estado, acusa Tlachinollan: La Jornada Guerrero (23/2/09)

Guerrero: Integrantes del OPIM interponen un nuevo amparo

El pasado 21 de enero, cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) promovieron un amparo contra la orden de aprehensión que llevó a su encarcelamiento frente a un juez federal. Los 5 integrantes, quienes son defensores de derechos humanos, fueron detenidos el 18 de abril del 2008 y acusados de asesinar a Alejandro Feliciano el 1 de enero de 2008.

El 15 de octubre del 2008, la jueza Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, concedió un amparo a 4 de los 5 detenidos. Sin embargo no fueron liberados y el 3 de noviembre el Ministerio Público Federal presentó un recurso de revisión impugnando la decisión sin presentar nuevas pruebas en el caso.

En su comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña`Tlachinollan´ (CDHM Tlachinollan), dijo que, “Como Centro de Derechos Humanos esperamos que la jueza Octava de Distrito conceda el amparo a los cinco inculpados porque ha quedado evidenciado que no existen pruebas que sustenten el expediente y la orden de aprehensión, tal y como se corroboró con el amparo que concedió a los indígenas presos el pasado 15 de octubre”.

El CDHM Tlachinollan agregó que 10 otras personas, la mayoría integrantes del OPIM, se encuentran inculpados por el mismo delito y que van a promover una solicitud de amparo en los próximos días.

Más Información:

Comunicado del CHDM Tlachinollan (20/1/09)

Miembros de la OPIM interponen un amparo (La Jornada, 22/1/09)

Más Información de SIPAZ:

Guerrero: Gobierno federal impugna amparo otorgado a 4 de los 5 detenidos de la OPIM (SIPAZ, 06/11/08)

Guerrero: presos de la OPIM ganan amparo (SIPAZ, 22/10/08)

Guerrero: defensores de DDHH en Ayutla detenidos desde casi dos meses (SIPAZ, 13/06/08)

Página web de SIPAZ: Sociedad Civil – OPIM

Guerrero: Desaparecido aparece torturado

El 13 de diciembre de 2008, Javier Torres Cruz, de la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero, logró escapar de sus secuestradores. Según la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), durante los diez días en los que permaneció desaparecido, tuvo que permanecer con los ojos vendados y sufrió golpes y tortura. Según la Acción Urgente de Amnistía Internacional, al encontrarlo, presentaba “contusiones y magulladuras, especialmente en las manos, y se quejaba de fuertes dolores abdominales”. Según sus familiares, si bien Torres Cruz no supo donde estaba recluido, lo más probable es que los secuestradores eran elementos del Ejército.

Fuente: Amnistía EE.UU

En los antecedentes al caso, cabe mencionar que Javier Torres Cruz es miembro de la Organización Ecologista de la Sierra de Coyuca y Petatlán, testigo en el caso Digna Ochoa y Placido, y que denuncia haber sido acosado por parte de militares, policías yde 2008, 100 elementos del Batallón 19 de Iinfantería entraron a su comunidad, registrando varias casas y buscando a Javier Torres Cruz y sus hermanos. Además, “amenazaron, abofetearon y apuntaron con sus armas a mujeres, niños y niñas”. civiles armados encapuchados en varias ocasiones. El 13 de noviembre

Para más información:

Acción Urgente, Amnistía Internacional (18/12/2008)

Seguimiento al caso Javier Torres Cruz, OMCT (19/12/2008)

Denuncia pública, CCTI, ANAD y Familiares (18/12/2008)

Golpeado y con huellas de tortura aparece el ecologista Javier Torres, La Jornada (16/12/2008)

Otros articulos de SIPAZ:

Guerrero: Desaparece Javier Torres Cruz, testigo clave en el caso Digna Ochoa y Placido

Guerrero: Desaparece Javier Torres Cruz, testigo clave en el caso de Digna Ochoa y Plácido

Según una Acción Urgente de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el 3 de diciembre, Javier Torres Cruz desapareció en el camino entre su comunidad, La Morena y la ciudad de Petatlán donde vive su hermana Agustina Torres Cruz a quien iba a visitar ese día. Después de una comunicación telefónica entre los dos que se cortó abruptamente, los familiares de Torres lo buscaron por el camino y no lo encontraron ni a él ni a su camión.

Torres Cruz es integrante de la Organización Ecologista de la Sierra de Coyuca y Petatlán, además de ser uno de los principales testigos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el caso de la muerte de la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido. Torres Cruz testificó hace un año junto con su tío Isaías Torres Rosas: denunciaron que Rogaciano Alva Álvarez, ex alcalde de Petatlán y señalado como cacique en su región, había ordenado a tres pistoleros de asesinar a Digna Ochoa, hecho que se remonta al 19 de octubre de 2001. Por su testimonio, la PGJDF reabrió el caso recientemente. Subsecuentemente, Torres Rosas fue asesinado en enero de este año, dejando a Torres Cruz como el único testigo en el caso de Ochoa.

Cabe mencionar que el 13 de noviembre de 2008, un operativo militar de 100 elementos fue realizado en la comunidad de Torres, La Morena. Según los testimonios, el operativo fue acompañado por el mismo Rogaciano Alva Álvarez, junto con un grupo de civiles armados. Los civiles permanecieron en la comunidad hasta la mañana del 14 de noviembre. Según La Jornada, el abogado de la familia de Digna Ochoa, Manuel Fuentes Muñiz, señaló que todo apunta a que Rogaciano Alva Álvarez está implicado en la desaparición de Javier Torres Cruz.

Más información:

AU: MEX 111208 Presunta desaparición forzada/Temor por integridad personal (OMCT, 11/12/08)

AU: Desaparición forzada de Javier Torres Cruz (CCTI, 03/12/08)

Exigen aclarar desaparición de testigo que señala a autor de la muerte de Digna Ochoa (La Jornada, 11/12/08)

Guerrero: Acciones Urgentes de varias organizaciones internacionales llaman la atención sobre la detención arbitraria de Máximo Mojica

Amnistía Internacional (AI), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT, en inglés) a través del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) difundieron Acciones Urgentes (AU) sobre el caso de Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma quienes fueron detenidos arbitrariamente en los últimos días de noviembre de 2008 en Teloloapan, Guerrero.

El 27 de noviembre, tres hombres armados llevaron a Máximo Mojica sin presentar identificación ni orden de detención. El 29 de noviembre, María de los Ángeles Hernández y Santiago Nazario fueron detenidos por hombres armados quienes fueron descritos como agentes de la Policía Investigadora Ministerial por los vecinos.

El 3 de diciembre, después de varios días sin saber el paradero de estas tres personas, fueron encontradas en la Procuraduría General del Estado (PGE) en Acapulco. Fueron visitadas por integrantes de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero que luego informaron que los tres detenidos mostraban señales de malos tratos y que no habían tenido acceso a un abogado. La PGE tampoco había presentado cargos formales contra ninguno de los tres.

Cabe mencionar que Mojica ha participado en la Asociación Civil Tierra y Libertad, parte del Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero (FODEG) y que Mojica y María de los Ángeles Hernández ambos forman parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Actualización de los hechos: El 4 de diciembre de 2008, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma fueron trasladados a Tecpan y presentados ante el Juez del Distrito de Galeana para solicitar una medida de arraigo contra ellos, bajo los cargos de secuestro de la Sra. Adriana de Jesús Ortega Zarate.

Más información:

AU: Seguimiento Caso MEX 031208: Liberación/Presunta desaparición forzada/Tortura y malos tratos/ Temor por integridad personal (OMCT, 09/12/08)

Llega el caso Máximo Mojica a instancias mundiales; exigen proceso apegado a la ley (La Jornada, 05/12/08)

AU: Desaparición forzada por parte de encapuchados vestidos de AFI (CCTI, 01/12/08)

AU: Temor de tortura u otros malos tratos a los detenidos en Teloloapan, Guerrero (AI, 05/12/08)

MEX 031208: Presunta desaparición forzada / Temor por integridad personal (OMCT, 03/12/08)

Guerrero: El Monitor Civil documenta 117 casos de abuso policiaco

Las instalaciones del Monitor Civil de la Policía y las Fuerzas de Seguridad Pública de la Montaña de Guerrero en Tlapa de Comonfort [Fuente: Insyde]

El Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad en la Montaña de Guerrero ha documentado 117 casos de abuso policiaco desde su inicio en noviembre de 2007.

El Monitor Civil fue creado por parte del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Fundar-Centro de Análisis e Investigación y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ (CDHM Tlachinollan) para promover la idea que las funciones de la policía deben ser “la atención prioritaria al ciudadano, el respeto a la ley; el respeto a los derechos humanos y; la transparencia”.

En su comunicado de prensa, el CDHM Tlachinollan destacó que las principales quejas que el Monitor Civil ha recibido están relacionadas con varias agencias de las Policías Preventivas Municipales y la Policía Investigadora Ministerial (PIM).

Las quejas varían entre multas excesivas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, allanamientos de morada, inejecución de órdenes de aprehensión, entre otros. La violación que apareció con más frecuencia fue la detención arbitraria de personas. Esto implica que el individuo fue detenido “sin que medie flagrancia en el delito, falta administrativa u orden de aprehensión”.

La segunda violación más recurrente fue la de multas excesivas. El comunicado del CDHM Tlachinollan explica que “Direcciones de Seguridad Pública de los ayuntamientos de la región son concebidas como fuentes de ingreso para la administración pública municipal y por ello se efectúan cobros excesivos por conceptos de multas”.

También cabe señalar que un 16% de las quejas fueron presentadas por parte de agentes policiacos en casos de violaciones laborales.

Según el comunicado del 24 de noviembre, “Históricamente las instituciones policiacas fueron creadas para proteger los intereses políticos de los funcionarios en turno, sin embargo, hoy debemos acuñar el concepto de seguridad ciudadana como el eje de actuación de las corporaciones justamente porque su labor debe estar encaminada a la atención prioritaria del ciudadano”.

Más información:

A un año de creación Monitor Civil documenta 117 casos de abuso policiaco (CDHM Tlachinollan, 26/11/08)

Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana: Monitor Civil de la Policia en la Montaña de Guerrero (Fundar)