Guerrero: amenazan de muerte a Andrea Eugenio Manuel, activista indígena y hermana de Obtilia

marzo 26, 2010

Oficina de la OPIM

En su denuncia presentada ante el Ministerio Público el 19 de marzo, Andrea Eugenio Manuel explicó que el 17 de marzo como a las 4:30 de la tarde, cuando se encontraba esperando a compañeros suyos en frente de un expendio de verduras “se le acercó un desconocido, quien comenzó a tomarle fotografías. Ella le exigió una explicación, pero el sujeto, molesto, le contestó: “Te va a llevar la chingada ahorita”.” (La Jornada)

Andrea Eugenio Manuel trabaja desde hace años para la defensa de los derechos humanos y la defensa del pueblo Me’phaa: ” ha fungido como traductora […] en las denuncias contra soldados que violaron a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú. Ha acompañado a mujeres indígenas […] de Ayutla de los Libres en las denuncias públicas y jurídicas que han presentado contra efectivos del Ejército mexicano que han allanado sus poblados y violado sus derechos humanos. Andrea también participó como traductora en el proceso de queja y denuncia que presentaron 14 indígenas de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, que fueron esterilizados de manera forzada por personal de la Secretaría de Salud.” (La Jornada)

Esta amenaza de muerte dirigida hacia Andrea ocurrió 11 días después de  haber denunciado agresiones similares contra su hermana Obtilia, presidenta de la OPIM, Organización del Pueblo Indígena Me’phaa. Últimamente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan -quien está acompañando a la OPIM en la denuncia de violaciones a los derechos humanos– también ha sido víctima de actos de hostigamiento. Ambas organizaciones ya cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2009.

Junto con la Red Guerrerense, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la OPIM denuncian: “Esta escalada amenazas de muerte y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos de Guerrero, se dan en la antesala de la audiencia que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a Inés Fernández Ortega en su periodo de sesiones de abril. […] Nos preocupa que intereses obscuros pretendan acallar a los testigos y a las víctimas de cara a la audiencia que se llevará a cabo en los próximos días y que el Estado soslaye realizar una investigación exhaustiva que permita la identificación y sanción de los responsables.”

Para más información:

Amenazan de muerte a hermana de Obtilia, que ha apoyado la denuncia de indígenas violadas por militares (Boletín de prensa Tlachinollan-OPIM-Red Guerrerense 22/03/10)

OACNUDH condena hostigamiento y amenazas que persisten en contra de las y los defensores en Guerrero (Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, 23/03/10)

Amagan de muerte a activista indígena en Guerrero (artículo, La Jornada, 23/03/10)

Amenazan a hermana de Obtilia Eugenio, de OPIM: Tlachinollan (artículo, La Jornada Guerrero, 23/03/10)

Condena la ONU hostigamiento a defensores de indígenas, aun estando protegidos por la CIDH (artículo, la Crónica de Hoy, 24/03/10)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: nuevas amenazas en contra de Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIM y testigo en el caso de Inés Fernández Ortega vs. México (blog de SIPAZ, 17/03/10)

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Guerrero: nuevas amenazas en contra de Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIM y testigo en el caso de Inés Fernández Ortega vs. México

marzo 17, 2010

El día miércoles 6 de marzo del 2010, Obtilia Eugenio Manuel, indígena me´phaa, defensora de derechos humanos en el estado de Guerrero, Presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y beneficiaria de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2009, nuevamente fue víctima de amenazas, a través de una carta anónima dirigida a ella que fue encontrada en la oficina de la OPIM.

Cabe subrayar que Obtilia también es testigo en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mismos que serán analizados este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambas son mujeres indígenas del pueblo Me’phaa que fueron violadas sexualmente y torturadas por efectivos militares en el año 2002, en medio de un contexto caracterizado por la represión contra los movimientos sociales y las organizaciones indígenas del estado de Guerrero. A la fecha los casos no han sido investigados, los responsables no han sido sancionados y los daños no han sido integralmente reparados.

En un pronunciamiento público, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan subrayaba: “En la mayoría de los casos de agresiones ocurridas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero no se ha logrado el esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los responsables y el sometimiento a proceso conforme a derecho de los mismos. La impunidad, la ausencia total de investigación y de acceso a la justicia ha hecho más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos en Guerrero pues cuando el Estado renuncia al cumplimiento de su deber de garantía y protección el mensaje es de impunidad para los agresores”.

Para más información:

Recuento de los hechos vinculados a estas nuevas amenazas (Tlachinollan)

Pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (16 de marzo de 2010)

Acción Urgente de Amnistía Internacional

Carta de Tlachinollan y CEJIL para solicitar apoyo en el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

Más información de SIPAZ:

Guerrero: continúan hostigamiento y agresiones contra defensores de derechos humanos (marzo de 2009)


Guerrero: acción urgente en caso de nuevas desapariciones forzadas

marzo 12, 2010

En el estado de Guerrero parece que las desapariciones forzadas no sólo pertenecen al pasado doloroso de la guerra sucia de los 60 y 70  sino también a un presente de mucha violencia y violaciones reiteradas a los derechos humanos, muchas de las cuales están atribuidas a elementos del ejército.

En el mes de febrero de este año, ocurrieron dos nuevas desapariciones forzadas en la ciudad de Chilpancingo. RAÚL EVANGELISTA ALONSO fue llevado detenido por militares quienes ingresaron violentamente a su casa el 3 de febrero “sin que al momento haya sido puesto a disposición de alguna autoridad ministerial o judicial”, y ROBERTO GONZÁLEZ MOSSO quien fue llevado desde su trabajo el día 5 de febrero por sujetos vestidos de negro, cubiertos del rostro, portando armas largas y señalando que eran elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)” que llegaron acompañados por “dos comandos militares”. Desde estos hechos las distintas autoridades competentes “negaron que tuvieran detenida a persona alguna con ese nombre y tampoco implementaron acciones para detener al hoy desaparecido”. En ambos casos, los familiares presentaron una denuncia en contra de estos hechos.

Las organizaciones integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC solicita a la sociedad civil que presione a las autoridades competentes a través de una acción urgente exigiendo:  una investigación objetiva e imparcial sobre las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos así como la protección de aquellos, la presentación con vida de Raúl y Roberto, y asimismo que puedan enfrentar un proceso justo en caso de estar relacionados con algún delito.

Para el detalle de los hechos y un modelo de carta:

Acción Urgente (Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC)

Para más información:

Denuncian que soldados levantaron a dos hombres en Chilpancingo (La Jornada Guerrero 10/02/20109)

Rompen el Estado de derecho las operaciones militares que incomunican a detenidos: Codehum (El Sur de Acapulco 11/02/2010)

Piden familiares de dos levantados en Chilpancingo que el Ejército informe sobre su paradero (El Sur de Acapulco 22/02/2010)



Guerrero: Liberación de David Valtierra

marzo 5, 2010

El 24 de febrero, la Red Guerrerense de Organismo Civiles de Derechos Humanos informó que se le había dictado auto de libertad a David Valtierra Arango, uno de los fundadores de la Radio Comunitaria Ñomndaa (“La palabra del agua”), en relación a la acusación por los delitos de privación de la libertad personal y robo, en agravio de Ariosto Rocha Ramírez, el hermano de la actual diputada local priísta en Guerrero, Aceadeth Rocha Ramírez.

Para más información:

Auto de libertad a David Valtierra de Radio Ñomdaa – Indymedia México (28 de febrero)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Formal prisión a David Valtierra, fundador de la Radio Ñomndaa (14 de noviembre)


Guerrero: ganan amparo 5 integrantes de la OPIM

febrero 24, 2010

El 22 de febrero, 5 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), que son señalados como presuntos responsables del homicidio de un informante del Ejército, ganaron un ámparo que congeló las ordenes de aprehensión que tenían en su contra. Por ese mismo caso está recluido injustamente Raúl Hernández Abundio, quien fue adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional en noviembre de 2008.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció: “consideramos que este nuevo amparo a favor de cinco defensores de derechos humanos demuestra una vez más que hay una clara y abierta intención del Estado mexicano de perseguir y encarcelar a quienes como los indígenas Me´phaa se organizan para poner en practica los derechos colectivos, documentan y denuncian casos por abuso militar, como el de las indígenas Me´paa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cuyo expediente hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)”.

Para más información:

– Boletin del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (22 de febrero de 2010)

Frenan orden de aprehensión contra 5 indígenas (El Universal, 23 de febrero de 2010)


Guerrero: CIDH condena Estado mexicano en caso paradigmático de desaparición forzada

enero 16, 2010

En su sentencia del 23 de noviembre de 2009 hecha pública en diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó la culpabilidad del Estado Mexicano en la desaparición forzada del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco ocurrida en 1974, y denunció la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la llamada “Guerra Sucia”. La sentencia también cuestiona el fuero militar y ordena a las autoridades mexicanas adoptar reformas para garantizar que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles sean juzgadas en tribunales ordinarios.

La CoIDH condenó al Estado Mexicano a continuar con la búsqueda del campesino desaparecido, reconocer públicamente su responsabilidad en este caso, realizar una semblanza de su vida, otorgar atención sicológica a sus familiares, y pagar el equivalente de 238 mil 300 dólares como parte de la reparación de daños.

En las semanas siguientes a la publicación de la sentencia de la CoIDH, el Gobierno fue exhortado a atacarla por múltiples voces tanto oficiales como civiles: la CNDH (cuyo ombudsman calificó de “vergonzoso” la necesidad de recurrir a organismos internacionales de justicia para casos como éste), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Amnistía Internacional, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos… Frente a eso, el Secretario de Gobernación, que durante la audiencia pública del caso consideró que el tribunal no debía juzgar al país por un caso ocurrido hace 35 años, informó que acatará la sentencia, pagará la indemnización y realizará el acto público. Pero “Tita Radilla, quien dio la lucha ante la justicia nacional e internacional, afirmó que una placa en honor a su padre no es suficiente, lo que demandan es una investigación para encontrar sus restos.” (Milenio)

Para más información:

Condenan a México por ‘‘guerra sucia’’ (artículo, Informador, 15/01/10)

Acatar orden de la CIDH en torno a Radilla Pacheco, pide la Permanente a Gobernación (artículo, La Jornada, 13/01/10)

Nueva sentencia de la CIDH ratifica la culpabilidad del Estado en el caso Radilla (artículo, La Jornada, 16/12/09)

Vigilará ombudsman se cumpla fallo de la CIDH (artículo, Milenio, 18/12/09)

CIDH condena a México por guerra sucia (artículo, El Universal, 15/12/09)

Caso Radilla Pacheco Vs. México. Sentencia del 23 de noviembre de 2009 (Corte Interamericana de Derechos Humanos)

Para más información de SIPAZ:

Impunidad en Guerrero: Un Problema endémico (Documento de SIPAZ, septiembre de 2007)


Guerrero: Torreblanca acepta revisar la investigación del asesinato de Raúl y Manuel

enero 9, 2010

Carlos Zeferino Torreblanca Galindo

El 28 de diciembre de 2009, la CNDH emitió una recomendación a varias autoridades guerrerenses para que investigaran la desaparición, tortura y ejecución de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en febrero de 2009. Unos días después, sus viudas, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, juntas con varias ONGs de Guerrero denunciaron no sólo la falta de acción y las negligencias de las autoridades municipales y estatales en las investigación sino también el carácter limitado de la recomendación de la CNDH que no vincula estos asesinatos con las actividades de defensores de derechos humanos que Raúl y Manuel desarrollaban. (Guerrero: ONGs denuncian graves negligencias en la investigación de las ejecuciones de 2 lideres mixtecos blog de SIPAZ, 05/01/10)

El 7 de enero de 2010, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, anunció que su gobierno acatará la recomendación de la CNDH para estos casos y sancionará a funcionarios por deficiencias y omisiones si las hay. Según la Jornada, Torreblanca comentó que Bajo ninguna circunstancia mi gobierno protegerá violaciones a las garantías individuales.

Para más información:

Acepta Zeferino la recomendación sobre los mixtecos (artículo, El Sur de Acapulco, 08/01/10)

Investigarán el asesinato de 2 líderes mixtecos (artículo, La Jornada, 08/01/10)

Acepta Torreblanca recomendación de la CNDH en el caso Lucas-Ponce (artículo, La Jornada de Guerrero, 08/01/10)