Guerrero: Amenazas de muerte contra dos activistas de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad Guerrero), que investiga las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el estado sureño durante la llamada guerra sucia en los años 60 y 70, denunció, el 5 de febrero, que uno de sus investigadores, Carlos Ernesto López, y el hijo de uno de los desaparecidos cuyo paradero forma parte de la averiguación, Miguel Flores Leonardo, recibieron amenazas de muerte anónimas y seguimientos el fin de semana pasado. Se han solicitado medidas cautelares para los afectados. Carlos Ernesto López es miembro del equipo investigador cuyos trabajos están en la etapa de estudio de expedientes del Archivo General de la Nación. Miguel Flores, por su parte, es testigo de la comisión, como hijo de un detenido-desaparecido. Los autores de las amenazas han advertido a la familia que si Miguel sigue colaborando en la investigación, “les van a entregar su cuerpo en cachitos“.

Comverdad Guerrero, que inició hace ya un año los trabajos para el esclarecimiento histórico de los crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado en el marco del combate contrainsurgente, dará a conocer en abril próximo su segundo avance, al que está obligado conforme a su ley interna. El resultado final tendría que ser hecho público en 2014.

Para más información:

Amenazas de muerte contra dos activistas de la Comisión de la Verdad de Guerrero (La Jornada de Guerrero, 5 de febrero de 2013)

Amenazas de muerte contra dos activistas de la Comisión de la Verdad de Guerrero (NoticiasABC, 5 de febrero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – breves: Debe PGR informar del caso Radilla; Piden ampliar periódo de investigación de la Comisión de la Verdad (3 de diciembre de 2011)

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Guerrero: Acusan al gobierno del estado de dividir a desplazados

Foto @La Jornada

El 4 de febrero, mujeres de las comunidades La Laguna y Hacienda de Dolores, que el pasado 30 de noviembre huyeron de la violencia al poblado Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, región de la Costa Grande, aseguraron que la administración que encabeza el gobernador Ángel Aguirre Rivero dividió a su movimiento al otorgar dinero a un sector de los afectados. Algunas mujeres afectadas por la violencia denunciaron que a algunas personas les entregan todo lo que piden, pero a las demás familias se les cortó la ayuda por tener relación con organizaciones no gubernamentales como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro).

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Redgro, las desplazadas exigieron al gobierno estatal justicia para sus familiares asesinados y que al menos les ayuden con despensas, material para construir viviendas en Puerto de las Ollas, y protección ante las amenazas de talamontes y paramilitares de Los Ciruelos, en Coyuca de Catalán. Las desplazadas rechazaron que Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, y Manuel Olivares, secretario técnico de la Redgro, estén lucrando con el caso, como afirmaron la semana pasada algunas personas.

Para más información:

Acusan al gobierno de Guerrero de dividir a desplazados (La Jornada de Guerrero, 5 de febrero de 2013)

Divide el gobierno del estado con dinero a los desplazados La Laguna, denuncian mujeres (El Sur de Acapulco, 5 de febrero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: nuevo desplazamiento de familias de La Laguna a Puerto de las Ollas (6 de diciembre de 2012)

Guerrero: Asesinan a dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (1ero de diciembre de 2012)

Guerrero: matan a dos sobrinos de lideresa ecologista (13 de noviembre de 2012)

Breves Guerrero: Dos ecologistas son secuestrados por hombres armados en la Sierra de Petatlán. Movimiento por la Paz condena el hecho. Monitor Civil de la Policía de la Montaña publica nuevo informe (9 de diciembre 2011)

Guerrero: Inicia “tribunal popular” para juzgar a 54 detenidos en Ayutla

Foto @Xinhua / Camilo Mónaco

Autoridades comunitarias de cuatro municipios de la región Costa Chica, que desde hace más de tres semanas decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia, se erigieron como “tribunal popular” e iniciaron un juicio a 54 personas acusadas de delincuencia organizada. El tribunal popular tuvo su primera sesión del jueves 31 de enero en la comunidad El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres y contó con la participación de alrededor de 500 personas. La asamblea se realizó a pesar de la insistencia del gobierno estatal para que los ciudadanos se desistieran de esta acción y dejaran que las autoridades formales juzgaran a los inculpados. El juicio terminó con la presentación de los acusados y con voto a mano alzada se decidió que el próximo 22 de febrero, en el municipio de Tecoanapa, continuará el proceso para revisar las pruebas y analizar el castigo al que serán sometidos los acusados.

En Chilpancingo, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció que el 1 de febrero que se instalará una comisión para la paz y desarrollo de los pueblos indígenas, en particular para analizar “la entrega de los (54) detenidos que se encuentran en el municipio de Ayutla […] y que deberán de ser sometidos a las leyes y a las instituciones debidamente establecidas“. Aseguró que esta comisión, es una propuesta aceptada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. En ella participarán también los alcaldes de esos municipios.

Por otro lado, el 3 de febrero, el promotor de la Policía Comunitaria en Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera, denunció que los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ordenaron la aprehensión de tres dirigentes indígenas. Campos Herrera comentó que fueron advertidos que forman parte de una lista negra que tienen los ciudadanos que están en el movimiento de autodefensa para que sean detenidos en el momento en que pasen por los retenes que tienen en Ayutla de los Libres, y Tecoanapa.

El mismo día, el gobierno del estado aceptó la petición de medidas cautelares hacia los detenidos en Ayutla, que le formuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero aclaró que no sólo se garantiza la preservación de los derechos humanos de esas personas y de todos los habitantes del estado, sino se trabaja en programas sociales que promuevan la salud, el desarrollo, la educación y los servicios básicos en los municipios indígenas. Según la CNDH, la instalación de tribunales populares violenta el artículo 17 de la Constitución, que impide hacerse justicia por propia mano.

Para más información:

Acepta el gobierno dar medidas cautelares a detenidos en Ayutla (La Jornada de Guerrero, 4 de febrero de 2013)

Ordenó la Upoeg detener a tres líderes indígenas, denuncia miembro de la CRAC (La Jornada de Guerrero, 3 de febrero de 2013)

Ayutla de los Libres, el lugar donde los civiles ejercen la justicia (CNN, 1 de febrero de 2013)

Instalan “tribunal popular” para juzgar a 54 detenidos en Guerrero (Proceso, 31 de enero)

Comienza juicio a 54 capturados en la Costa Chica (La Jornada, 1 de febrero de 2013)

Presentan ante el Tribunal Popular a 54 detenidos por la autodefensa (La Jornada de Guerrero, 31 de enero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Gobernador Aguirre se involucra en situación de inseguridad de Ayutla. Reitera Policía Comunitaria: “no somos nosotros” (22 de enero de 2013)

Guerrero: Autodefensa en contra del crimen organizado en 4 municipios (11 de enero de 2013)

Guerrero: Levantamiento social en Olinalá contra la delincuencia organizada (11 de junio de 2012)

Guerrero: Gobernador Aguirre se involucra en situación de inseguridad de Ayutla. Reitera Policía Comunitaria: “no somos nosotros”

Aniversario de la Policía Comunitaria, octubre de 2011. Foto @SIPAZ

Según información en el periódico La Jornada de Guerrero, el encuentro entre parte de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el día 21 de enero, se resumió en una propuesta para formalizar la Policía Comunitaria, y la entrega de equipo, uniformes y un millón y medio de pesos del gobierno estatal a la organización. Sin embargo, el mismo 21 de enero, salió información en la página web de Desinformémonos que subraya la posición de la CRAC de nunca aceptar que les dé indicaciones o que les condicione el gobierno. En palabras del asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández, acerca del movimiento de autodefensa en Ayutla de los Libres y otros municipios:  “[La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)], está intentando desde hace tiempo frenar el proceso de incorporación de las comunidades de Ayutla de los Libres, con el fin de encaminar el trabajo de la CRAC a los intereses del gobierno del estado. Es un problema muy fuerte, algo que no habíamos vivido nunca en la CRAC. Por eso exigimos respeto a los principios de la organización comunitaria”. La Policía Comunitaria reitera “no somos nosotros”, sino la UPOEG, que está sembrando la división.

El gobernador, en la reunión del 21 de enero, planteó que la Policía Comunitaria, después de 17 años de autonomía, funciona como Policía Auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales. La propuesta, dijo, es que la CRAC “coadyuve y auxilie en la prevención y operación de los delitos; para que la Policía Comunitaria pueda lograr su regularización y no contravenga el marco constitucional y legal vigente, tendrá carácter de auxiliar de seguridad pública, y será permanentemente capacitada”. El gobernador Aguirre Rivero consideró que el movimiento de autodefensa ciudadana de Ayutla y Tecoanapa se diluirá gradualmente porque la operación coordinada entre los tres niveles de gobierno, Guerrero Seguro, está tomando el control. El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que el regreso de los militares a Ayutla para combatir la delincuencia organizada, “es un gran error”, pues previó que se incrementarán las violaciones a los derechos humanos. Recordó que Ayutla es considerado como foco rojo en cuanto a la organización y conflictividad que ahí se vive, “es un laboratorio de guerra de baja intensidad después de la masacre del El Charco”.

Para más información:

Guerrero Seguro está tomando el control en Ayutla y Teconapa, dice el gobernador (La Jornada de Guerrero, 22 de enero de 2013)

Propone Ángel Aguirre a la CRAC funcionar como una policía auxiliar (La Jornada de Guerrero, 22 de enero de 2013)

Las autodefensas comunitarias frente al crimen organizado en Guerrero, “no son harina del mismo costal” (Desinformémonos, 21 de enero de 2013)

Guerrero: Ya son 3 mil “vigilantes” (Excelsior, 22 de enero de 2013)

Un error, el regreso de los militares a Ayutla, lamenta Tlachinollan (La Jornada de Guerrero, 21 de enero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Autodefensa en contra del crimen organizado en 4 municipios (11 de enero de 2013)

Guerrero: Levantamiento social en Olinalá contra la delincuencia organizada (11 de junio de 2012)

Guerrero: Autodefensa en contra del crimen organizado en 4 municipios

En la madrugada del 7 de enero, civiles instalaron retenes a la entrada y salida de Ayutla de los Libres, Costa Chica, luego de ocurrir un tiroteo. En conferencia de prensa en la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en Ayutla, se deslindó del hecho: “las personas que instalaron retenes no pertenecen a la Policía Comunitaria, a ninguna de las más de 30 comunidades que se rigen por este sistema comunitario de justicia”, dijo. En un boletín del 13 de enero, la CRAC-PC se volvió a deslindar formalmente del levantamiento.

Ya se unieron los habitantes de Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala al movimiento, también instalando retenes en las salidas y entradas a los municipios. Uno de los coordinadores del movimiento informó que la operación ciudadana será por tiempo indefinido, “hasta que limpiemos el municipio”. Otro de los dirigentes dijo que se habían integrado cuando menos 22 comunidades de los municipios de Tecoanapa y de Tierra Colorada que son afectados por el crimen organizado desde hace varios meses.

Campos Herrera explicó que se sabe que presuntos delincuentes pedían dinero a los ganaderos y que eso era uno “de los motivos de los retenes que instalaron esas personas, uno a la altura de la gasolinera y otro en el Colegio de Bachilleres en Ayutla”. Añadió, “también hubo un muerto; no sabemos a qué bando pertenece, y también sabemos que hay detenidos”.

Para más información:

Boletín CRAC-PC (13 de enero de 2013)

La vigilancia armada en Ayutla, “hasta que limpiemos el municipio” de la delincuencia organizada, advierten (Sur de Acapulco,  de enero de 2013)

De la Policía Comunitaria a la Autodefensa Popular (La Jornada de Guerrero, 11 de enero de 2013)

Civiles montan retenes de autodefensa en Ayutla tras levantón y tiroteo, informan (La Jornada de Guerrero, 7 de enero de 2013)

Comisión de Guerrero considera necesario legislar sobre Policía Comunitaria (Sin Embargo, 10 de enero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Levantamiento social en Olinalá contra la delincuencia organizada (11 de junio de 2012)

Guerrero: Critica Tlachinollan que el Ejército se encargue del Operativo Guerrero Seguro

Foto @ La Prensa

Después de que el 3 de enero el gobernador Angel Aguirre Rivero, informó que el Ejército Mexicano se haría cargo del Operativo Guerrero Seguro (OGS), el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, criticó que sea una instancia militar la que se ocupe de la seguridad de la población, tomando en cuenta que hay denuncias de violación a los derechos humanos cometidas por los uniformados en los últimos años “incluso se incrementaron los casos”. “La decisión de dejar en manos de los militares el Operativo Guerrero Seguro constituye una mala señal, se aprieta más la tuerca, y desde nuestra perspectiva, se están tomando decisiones que no garantizan la tranquilidad ciudadana, más bien van en detrimento de la ciudadanía, es decir, en sentido contrario”, recalcó Barrera Hernández. Por otro lado, el coordinador de Tlachinollan advirtió que para este año “se presenta un panorama sombrío para los defensores de los derechos humanos, y luchadores sociales”; además denunció que los gobiernos estatal y federal no cumplieron con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), relacionados con diversos casos.

Para más información:

Critica Tlachinollan que el Ejército se encargue del Guerrero Seguro (La Jornada de Guerrero, 4 de enero de 2013)

Será mejor 2013 para Guerrero y Acapulco, vaticina Aguirre (La jornada de Guerrero, 3 de enero de 2013)

El Ejército coordinará las acciones de Operación Guerrero Seguro: Ángel Aguirre (Crónica, 4 de enero de 2013)

Ejército coordinará Guerrero Seguro (La Prensa, 3 de enero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: marcha en Acapulco contra abuso policiaco en el marco del operativo “Guerrero Seguro” (18 de octubre de 2012)

Guerrero: Presidente Calderón pone en marcha 3a parte del programa Guerrero Seguro (1 de junio de 2012)

Breves Guerrero: Cuestionamiento de OSC a Operación “Guerrero Seguro; CECOP pide a Congreso negar fondos para la Parota (14 de octubre de 2011)

Guerrero: Comunicado en defensa del Río San Pedro

Representación de indígenas de la región amuzga de la Costa Chica de Guerrero, foto @SIPAZ

Varios grupos, colectivos y organizaciones, reunidos en el marco del VIII aniversario de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, en diciembre pasado, emitieron un comunicado, el día 31 de diciembre de 2012, en defensa del Río San Pedro que atraviesa los municipios de Tlachoachistlahuaca y Xochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero. El comunicado dice: “En la actualidad el gobernador de Estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, como hace 40 años, ha negociado el agua del Río San Pedro para llevársela al municipio de Ometepec, sin el consentimiento de las demás comunidades que integran los bienes comunales, ni los diferentes ejidos y comunidades agrarias de los municipios de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca por donde atraviesa el río“. Las y los firmantes exigen: “Al gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero del estado de Guerrero, […] la cancelación inmediata de la obra que está ejecutando para llevar el río San Pedro a Ometepec, por ser violatorio a nuestros derechos colectivos establecidos en diferentes convenios internacionales que son vigentes en el país, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en específico por la flagrante violación de los artículos 68 y 69 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero“.

Para más información:

Comunicado en defensa del rio san pedro

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Invitación para VIII aniversario de Radio Ñomndaa (13 de diciembre de 2012)

Guerrero: Radio Ñomndaa denuncia nuevas amenazas (16 de julio 2012)

Guerrero: Estado acepta culpa en el caso de Radilla en ausencia de sus familiares; CFE contempla acceleración del proyecto La Parota; Invitación para aniversario de Radio Ñomndaa (19 de noviembre de 2011)

Guerrero: breves – Piden apoyo para caso Radio Ñomndaa; SCJN atrae amparo pedido por familiares de Rosendo Radilla; 4 meses de desaparición de activista Victor Ayala; Debate entre candidatos a la gobernatura estatal: 18 de enero (17 de enero 2011)