Chiapas: 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, el caso sigue impune

Foto:@Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Han pasado 20 años, sin que sus familiares y la sociedad conozcan el paradero de Minerva Guadalupe Pérez Torres (Minerva). Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), “los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Minerva se encuentran protegidos por la impunidad provocada por el Estado mexicano”.

El 20 de junio de 1996, Minerva fue detenida en un retén de revisión del “grupo paramilitar” Desarrollo Paz y Justicia ubicado en la comunidad de Miguel Alemán, municipio de Tila; en el retén se encontraban aproximadamente 50 personas armadas. Fue “detenida y posteriormente llevada a una casa en donde estuvo tres días. En este lugar fue torturada sexualmente por más de 30 personas del grupo paramilitar Paz y Justicia. Finalmente fue llevada rumbo a la comunidad de Masojá Chico, Tila, sin conocerse la ubicación exacta de su paradero”. La familia de Minerva sigue exigiendo al Estado mexicano acciones inmediatas que lleven a la búsqueda y localización de Minerva, “ya que la omisión en las investigaciones y la falta de mecanismos eficaces por parte de las autoridades de procuración de justicia han mantenido la desaparición forzada”; que se conozca la verdad, para alcanzar la justicia con dignidad, se castiguen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y que el Estado mexicano “reconozca su responsabilidad en esta política de destrucción, violencia y muerte”.

Cabe mencionar que el caso de Minerva, junto con siete casos más de la zona Norte de Chiapas, es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se encuentra en la etapa de estudio sobre fondo. Este caso “se cometió en el marco del Conflicto Armado Interno iniciado en enero de 1994” y “se encuentra vinculado con la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 y del Plan de Campaña Chiapas 2000”.

Para más información:

Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres (CDHFBC, 20 de junio de 2016)

Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres (Kman Ilel, 21 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Minerva, la mitad de su vida desaparecida sin justicia (25 de junio de 2015)

Chiapas: A 18 años de la desaparición de Minerva Pérez, su caso sigue en impunidad (20 de junio de 2014)

Chiapas: A 17 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, se admite el caso ante la CIDH (22 de junio de 2013)

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Chiapas: Riesgo de más violencia en Chenalhó después de secuestro y cambio de alcalde

Situación violenta por impacto de armas de fuego en el municipio de Chenalhó. Foto: @NTX

El 25 de mayo un grupo de pobladores encapuchados del municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas, irrumpió violentamente en la sede de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y retuvo a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, al diputado Carlos Penagos y a un conductor. En ese momento se estaba llevando a cabo un diálogo entre representantes de la Comisión de Paz y Transparencia de Chenalhó, una representación de la legislatura encabezada por Ramírez Aguilar y el vicario de justicia y paz Gonzalo Ituarte, como interlocutor de la diócesis de San Cristóbal. La Comisión de Paz y Transparencia de Chenalhó reclamaba la destitución de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, electa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señalada de no cumplir las promesas electorales y acusada de “corrupción, abuso de poder y de desviar recursos”.

Los retenidos fueron llevados a Chenalhó y exhibidos en la plaza central de la cabecera municipial, donde escucharon las demandas de las y los pobladores. Para ello, Ramírez Aguilar fue vestido con el traje regional de las mujeres como “acto de humillación”, según Chiapas Paralelo. En la mañana del día siguiente, tras varias horas de diálogo y negociación, los funcionarios fueron liberados luego de que el Congreso local aceptara la renuncia de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez y se nombrara a Manuel Sántiz Álvarez como edil sustituto. Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno de Chiapas, dijo en entrevista con Radio Fórmula que se llegó a un acuerdo para evitar confrontaciones: la renuncia de Rosa Pérez Pérez a cambio de la liberación de los legisladores.

Cabe mencionar que las confrontaciones siguieron en el municipio. El 27 de mayo medios publicaron la noticia de la muerte de dos personas, una de ellas menor de edad, que había resultado herida por un impacto de bala en una disputa entre dos grupos políticos. Esta agresión, de acuerdo a datos preliminares, se derivó de la toma de posesión de Miguel Sántiz Álvarez como presidente municipal sustituto. Asimismo, por los niveles de violencia resultaron desplazadas unas 80 familias del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, porque “inconformes por la renuncia de Rosa Pérez Pérez, les quemaron sus casas y los agredieron”. Según un comunicado del Movimiento Pedrano Chenalhó, opositores a Pérez Pérez, fueron atacados con “armas de fuego, palos, piedras y machetes, en una emboscada orquestada por gente simpatizante a la ex presidenta”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno estatal de Chiapas la aplicación de medidas urgentes y cautelares a las personas desplazadas para cubrir de inmediato sus necesidades básicas. La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas firmó una carta alertando sobre el riesgo de más violencia en el municipio de Los Altos. “Nos preocupan las reacciones de violencia entre los grupos opositores dentro del mismo municipio […]. hay rencores y divisiones no superados, y existen armas sin control. Hacemos un atento llamado a los grupos contrarios a respetarse como hermanos, a no quemar casas ni utilizar armas y otros objetos para dañar a los demás”, indicó la carta.

Para más información:

La CNDH pide medidas urgentes por violencia en Chenalhó (Informador, 31 de mayo de 2016)

Alerta diócesis de San Cristóbal sobre riesgo de más violencia en Chenalhó (Proceso, 29 de mayo de 2016)

Violencia por la disputa del gobierno en Chenalhó desplaza a familias en Chiapas (Animal Político, 29 de mayo de 2016)

Detiene PGJE a dos sujetos por muerte de menor en Chenalhó (Comunicado PGJE, 27 de mayo de 2016)

Alcaldesa de Chenalhó renuncia para evitar confrontación; pobladores liberan a legisladores (Animal Político, 26 de mayo de 2016)

Liberan a los diputados retenidos ayer por indígenas de Chenalhó; tienen nuevo alcalde (Chiapas Paralelo, 26 de mayo de 2016)

Pobladores de Chenalhó retienen a dos legisladores de Chiapas (La Jornada, 25 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Protestas post electorales en el municipio de Chenalhó (6 de mayo de 2016)

Chiapas: Comunidades de Chicomuselo denuncian incursiones de empresas mineras

Foto @Desinformémonos

 

El 17 de mayo, representantes de comunidades del municipio de Chicomuselo publicaron un boletín de prensa ante la intención de varias empresas mineras de instalar proyectos en sus territorios. Además, las y los denunciantes solicitaron la intervención urgente de las autoridades estatales y federales para evitar que “a cambio de dinero y por medio de engaños y la división de los pueblos, las corporaciones consigan la aceptación a sus obras”. En el boletín dieron a conocer que pobladoras y pobladores de las comunidades de Chicomuselo detuvieron a cuatro personas que se identificaron como empresarios mineros y que llegaron a la región para “promover uno de sus proyectos” en el ejido Grecia. Los cuatro detenidos “se encuentran resguardados por las comunidades”, las cuales están en resistencia desde el asesinato de Mariano Abarca Roblero, quien defendió los recursos naturales ante la explotación minera por la empresa canadiense BlackFire.

Cabe mencionar que desde 2014 se suscribieron varios acuerdos con representantes del gobierno del estado y de las instancias medioambientales, mediante los cuales se ratificó la postura por la no explotación de los recursos minerales en Chicomuselo y la región Sierra de Chiapas. Por otra parte, se firmaron varias minutas de trabajo entre las comunidades y el actual ayuntamiento municipal y de la delegación de gobierno de Frontera Comalapa.

A pesar de esto, según las y los representantes, “las empresas mineras continúan ofreciendo dinero a cambio de que acepten el proyecto, engañan a la gente y dividen a nuestras comunidades, situación que pedimos atender de manera urgente ya que de otra manera las comunidades buscarán los medios necesarios para detener esta problemática social”. Las y los habitantes del municipio de Chicomuselo solicitaron que el gobierno intervenga de forma urgente en la solución del problema, con el fin de prevenir la posible acción de las empresas sobre las comunidades que por años permanecen en resistencia.

Para más información:

Comunidades de Chicomuselo denuncian incursiones de empresas mineras en su territorio (Chiapas Denuncia Pública, 19 de mayo de 2016)

Chicomuselo Chiapas: “Empresas mineras engañan a la gente y dividen a nuestras comunidades” (Radio Pozol, 19 de mayo de 2016)

Empresas mineras continúan con amenazas de proyectos en Chicomuselo (Desinformémonos, 20 de mayo de 2016)

Habitantes de Chicomuselo Detienen y resguardan a 4 promotores mineros (Espoir Chiapas, 20 de noviembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Denuncian reinicio ilegal de actividades mineras en Chicomuselo (29 de enero de 2014)

Chiapas: Denuncian renovación de actividades mineras en Chicomuselo (16 de agosto de 2013)

 

Oaxaca: Comisión de la Verdad presentó su informe final

Foto:@Comisión de la Verdad Oaxaca

El 17 de mayo la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) presentó su informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo oaxaqueño durante las revueltas de 2006 y 2007. El documento, con título “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, consta de 1,250 páginas y se divide en cuatro capítulos que tratan sobre la denuncia de hechos por parte de las víctimas, la represión del Estado, las consecuencias sociales de las violaciones a los derechos humanos y la procuración de justicia de las autoridades y reparación del daños, siendo la conclusión de los trabajos iniciados por la CVO en noviembre de 2014. La Comisión reportó que “en el contexto del conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes […], algunos de los homicidios acaecidos podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales”, siendo una ejecución extrajudicial “la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.

Respecto a los señalamientos en contra del ex gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz (2004- 2010), Nayely Guillén, integrante de la CVO y especialista en derechos humanos, puntualizó que los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales son de lesa humanidad, por lo que no prescriben. “Ulises Ruiz no está a salvo de sus crímenes y no se ha salvado de sentarse en el banquillo de los acusados. Hay pruebas de las múltiples violaciones a los derechos humanos que realizó el ex gobernador”, enfatizó Guillén. Al respecto, el padre Alejandro Solalinde, ex presidente de la CVO, detalló a Revolución 3.0, “hasta el momento las instituciones del gobierno de Oaxaca no han dado señales de acoger el informe, es más, el gobierno de Gabino Cué ni siquiera ha dado señales de la existencia de este documento”. Los ex comisionados destacaron que el documento es “la voz de las víctimas”, considerando que a partir de la presentación del mismo “las víctimas deben darle seguimiento, nosotros ya brindamos las herramientas, falta que ellos se empoderen del informe y luchen por la justicia”.

Para más información:

Ulises Ruíz no está a salvo de sus crímenes ni de sentarse en el banquillo de los acusados: Comisión de la Verdad (Revolución 3.0, 18 de mayo de 2016)

INFORME FINAL ¡YA SABEMOS! NO MÁS IMPUNIDAD EN OAXACA (Comisión de la Verdad Oaxaca, 17 de mayo de 2016)

Denuncian ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca, durante conflicto con APPO (Aristegui Noticias, 12 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Anuncia Comisión de la Verdad de Oaxaca pronta publicación de su informe final (3 de febrero de 2016)

Oaxaca: Más de 500 casos de tortura y 26 ejecuciones: Comisión de la Verdad (16 de junio de 2015)

Oaxaca: denuncian amenazas contra integrantes de la Comisión de la Verdad conformada para investigar el conflicto político-social del 2006 (23 de abril de 2015)

Oaxaca: A 8 años del conflicto de 2006, sigue la impunidad. Se conforma Comisión de la Verdad (27 de noviembre de 2014)

Oaxaca: Agresiones al pueblo de Álvaro Obregón

Foto: @Desinformémonos

El 14 de mayo, integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC, denunciaron que la policía municipal de Juchitán “y guardaespaldas de la candidata del PAN-PRD Gloria Sánchez López”, amenazaron con desalojar “con gente armada” a miembros de la Policía Comunitaria y del Cabildo Comunitario de Álvaro Obregón. Además, “agredieron a balazos” a miembros de la comunidad “hiriendo a seis compañeros que se encontraban en la asamblea, defendiendo su territorio físico y político, de los proyectos eólicos de muerte”.

La APIIDTT denunció en un comunicado que Ezequiel Sánchez, Mariano Virgen y Adalberto López, de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, “pasaron frente la oficina de la candidata del PRD-PAN a presidenta municipal, Gloria Sánchez López, fueron apresados por la policía municipal de Juchitán y los agredieron brutalmente, rompiéndoles la cabeza, costillas, brazos y otras partes del cuerpo, miembros del cabildo y la policía comunitaria llegaron en auxilio para ayudar a los compañeros, pero fueron recibidos a balazos por la policía municipal de Juchitán y personas armadas vestidas de civil, resultando heridos de gravedad los compañeros Juan Martínez Jiménez, suplente del agente comunitario; Cesar Toledo Vicente, comandante de la policía comunitaria y José Andrés Jiménez de 14 años y miembro de la Asamblea del pueblo de Álvaro Obregón”.

Además, la APIIDTT había denunciado “que desde hace una semana han estado llegando amenazas de desalojar con gente armada la agencia municipal, de parte de los diferentes candidatos de los partidos políticos, y hoy fue concretada esa amenaza con el ataque a nuestros compañeros” hechos por los cuales responsabilizó al presidente municipal, a Héctor Sánchez López y Gloria Sánchez López, así como a la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca “de administrar a su conveniencia está problemática y no respetar la voluntad del pueblo de elegir a sus autoridades en Asamblea comunitaria y no propiciar una solución al conflicto”.

Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicaron un comunicado donde manifestaron que “[l]a política nacional deja en evidencia cada vez más que no hay vergüenza ya en la clase política, que creen que podrán agredir, amenazar y amedrentar la digna lucha de los pueblos”. En solidaridad con Álvaro Obregón, el CNI y el EZLN comunicaron que “[n]o podrán quitarnos la rabia que en nuestros corazones se convierten en solidaridad, No podrán arrancarnos la dignidad de luchar por defender nuestros territorios y a la vida de nuestros pueblos”. Responsabilizaron “al gobierno de Gabino Cué y de Saúl Vicente Vázquez de las agresiones que ocurrieron y siguen sucediendo contra la asamblea de la comunidad de Álvaro Obregón” y exigieron “la investigación y el castigo de los responsables de los disparos que realizaron la policía municipal de Juchitán y los guardaespaldas de Gloria Sánchez López” y que “se cancelen los proyectos eólicos que se intentan imponer en el territorio de la comunidad”.

Para más información:

COMUNICADO URGENTE: POLICIA MUNICIPAL DE JUCHITAN ATACA A BALAZOS A COMPAÑEROS DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE ALVARO OBREGON (EDUCA, 14 de mayo de 2016)

Tensión en Alvaro Obregón, Juchitán. Policía municipal amenaza a policía comunitaria (Desinformémonos, 17 de mayo de 2016)

COMUNICADO CONJUNTO CNI-EZLN SOBRE LA AGRESIÓN AL PUEBLO DE ÁLVARO OBREGÓN, OAXACA (Enlace Zapatista, 16 de mayo de 2016)

“Perverso” que IEEPCO insista en realizar elecciones en Álvaro Obregón: CDH-Tepeyac (EDUCA, 17 de mayo de 2016)

Su energía “limpia” está sucia de sangre, corrupción y muerte: CNI-EZLN (EDUCA, 17 de mayo de 2016)

Se recrudece violencia electoral en Oaxaca (EDUCA, 16 de mayo de 2016)

Chiapas: San Isidro los Laureles denuncia desalojo de sus tierras recuperadas

Foto @ProyectoAmbulante

 

El 12 de mayo, la comunidad de San Isidro los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, integrantes del Congreso Nacional Indígena, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y del espacio de lucha de Semilla Digna, fue desalojada “con violencia” de las 200 hectáreas que recuperaron el pasado 20 de diciembre. El desalojo “se llevó a cabo por la policía junto con guardias blancas, que llegaron a las seis de la mañana a bordo de 40 carros, camionetas y tres camiones de la policía sectorial”. Según la denuncia pública de la comunidad, las casas y las pertenencias de las 60 familias fueron quemadas por los agresores. Los habitantes de la comunidad expresan preocupación por la integridad de las familias, por sus pertenencias y por sus cosechas.

En su denuncia, la comunidad pide “estar atentos de cualquier agresión que pueda haber en nuestra contra” y responsabilizan “a los 3 niveles del mal gobierno”. El Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR) y El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, organizaciones adherentes a la Sexta, denunciaron públicamente a través de un pronunciamiento al Estado Mexicano “corrupto y asesino, por la ola de represión con la que atenta contra la autonomía y la vida de los pueblos organizados en resistencia […] de la comunidad de San Isidro los Laureles” y exigen justicia para la comunidad “desalojada violentamente”.

Cabe mencionar que el día 20 de diciembre del 2015, la comunidad de San Isidro los Laureles decidieron recuperar un predio que se decía ser propiedad de Francisco Ruiz, Rodrigo Ruiz y Octovin Albores “por derecho nos corresponden, ya que son las tierras que hemos trabajado por generaciones”.

Para más información:

Chiapas: Escalada de violencia contra comunidades adherentes a la Sexta (Proyecto Ambulante, 17 de mayo de 2016)

Elcor y GT: pronunciamiento en solidaridad a las comunidades de San Sebastián Bachajón, San Isidro los Laureles y Cruztón (Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, 16 de mayo de 2016)

NotiFrayba: Agresiones a comunidades en Defensa de la Madre Tierra (Chiapas Denuncia Pública, 16 de mayo de 2016)

San Isidro los Laureles sufre desalojo de sus tierras recuperadas (Radio Zapatista, 13 de mayo de 2016)

Velasco desaloja a mujeres y niños de San Isidro pero permite bloqueo de la CIOAC en Tuxtla Gutiérrez. (Radio Pozol, 12 de mayo de 2016)

San Isidro Los Laureles #SemillaDigna denuncia desalojo de su tierra recuperada (Koman Ilel, 12 de mayo de 2016)

 

Para entender la recuperación de tierras de la comunidad San Isidro Los Laureles, Carranza, Chiapas (5 de enero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Intimidan a campesinas y campesinos tras recuperar sus tierras (5 de febrero de 2016)

Chiapas: Comunidad San Isidro Los Laureles recupera las tierras que “trabajaron nuestros abuelos, abuelas, padres que eran peones acasillados” (30 de diciembre de 2015)

 

Nacional: CNDH lamenta más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en el país

Gráfica del Informe. Foto: @CNDH

El 11 de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), fenómeno no reconocido oficialmente y vinculado a distintas violaciones a los derechos humanos. El Informe es el resultado de un trabajo de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas del Estado. Según el informe hay al menos 35,433 personas desplazadas por la violencia en el país. El ombudsman nacional de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que se trata sólo de un “muestreo” para “llamar la atención” de las autoridades ante la problemática, ya que la cifra podría ser mucho mayor pues “no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en México”. Detalló que el DFI implica la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua son las entidades que acumulan el mayor número de municipios y comunidades expulsoras de personas como consecuencia de la delincuencia en el país. El presidente de la CNDH urgió a “establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, así como el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento”. González Pérez subrayó la necesidad de que el Estado mexicano “reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una ley general en la materia”. Según él, la CNDH ya cuenta con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, que en breve será presentada. Entre las medidas aconsejadas, la CNDH llamó a la coordinación de “los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado” para atender el desplazamiento forzoso, la formulación de protocolos de atención, el reconocimiento de los derechos de las y los desplazados en apego a la Ley General de Víctimas, la garantía de acceso a trabajo, capacitación y educación, entre otras.

Para más información:

Las cifras, las comunidades y las causas del desplazamiento forzado interno en México (Animal Político, 14 de mayo de 2016)

Propone la CNDH crear ley general sobre desplazamiento forzado (Proceso, 11 de mayo de 2016)

INFORME ESPECIAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO DE LA CNDH (CNDH, 11 de mayo de 2016)

Más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en México, detecta la CNDH (Aristegui Noticias, 11 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Familias desplazadas siguen su camino exigiendo justicia (26 de febrero de 2016)

Chiapas: Familias desplazadas de Primero de Agosto denuncian cercado de sus tierras Primero Agosto (19 de abril de 2016)

Chiapas: Foro de diálogo sobre Cultura de Paz, Desarrollo Local y Desplazamiento Interno de Personas (11 de marzo de 2011)