México: Determina SCJN que violaciones de DH cometidos por militares serán juzgados por tribunales civiles; jueces tendrán que basar todas las sentencias en conformidad con tratados internacionales en DH

julio 15, 2011

El 12 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares tendrán que ser sancionadas por tribunales civiles. La decisión del máximo tribunal de justicia se dio en el marco del seguimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano en el caso de Rosendo Radilla, sentencia que requirió a México reformar el Código de Justicia Militar para armonizarlo con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tanto representantes de los partidos políticos como organizaciones de la sociedad civil celebraron la decisión como “histórica”. Con ella se dio fin a una divergencia en materia legal, pues el artículo 13 de la Constitución mexicana establece que en delitos cometidos por militares donde esté involucrado un civil, no serían juzgados por tribunales militares; sin embargo, el artículo 57 del Código de Justicia Militar contraviene esta disposición constitucional. La ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, afirmó en medios de comunicación que la sentencia de la CoIDH es “obligatoria” para el Estado mexicano, oponiéndose con ello a una interpretación “orientadora”, como lo han expresado voces de las Secretarías de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar). Aún falta que se dé una reforma al Código de Justicia Militar para cumplir con la sentencia de la CoIDH, tarea que corresponde al Poder Legislativo.

En la misma sesión de la SCJN, en votación de siete contra tres, el pleno del máximo tribunal de justicia resolvió que todos los jueces mexicanos puedan analizar y interpretar las leyes aplicables en casos concretos para que sus sentencias no contravengan la Constitución mexicana ni los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Con ello están obligados a analizar la compatibilidad de una determinada norma con respecto a las disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Para más información:

Más información de SIPAZ:

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Chiapas: Balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

mayo 28, 2010

El día 27 de mayo de 2010, el balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) fue presentado por Don Samuel Ruiz García, presidente y fundador de este centro, Diego Cadenas Gordillo, director del mismo, y Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ” Red de Todos los Derechos para Todas y Todos” de la cual el CDHFBC forma parte. Este balance, que cubre el periodo de abril de 2009 a marzo de 2010, presenta “la sistematización de un año de trabajo [del CDHFBC] así como del esfuerzo y la creatividad cotidiana de personas y pueblos que luchan por sus derechos y por la construcción de realidades más justas desde el ejercicio de la autodeterminación.” (Introducción del balance)

“[Da] cuenta de la ambición de las empresas por la explotación extensiva de los recursos naturales en Chiapas, particularmente de los ubicados en territorios de los pueblos indígenas, lo cual ha ocasionado que varias comunidades hayan emprendido acciones en defensa del derecho a su territorio. Otros temas importantes que [aborda] este Balance son la criminalización de las organizaciones sociales y civiles que [se oponen] al despojo y destrucción del medio ambiente y al irrespeto a los derechos de los pueblos, la violencia sistemática que se comete contra las mujeres como objetivo de guerra, la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia y la memoria histórica que construyen los pueblos ante la violencia y la ausencia de justicia por parte del Estado mexicano.” (Ibid)

Este balance también hace públicos dos informes oficiales, uno con membrete de la Secretaria General de Gobierno de Chiapas y el otro con membrete de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ambos documentos parecen demostrar que el Gobierno está enterado de la actividad de grupos paramilitares en el estado, y además dan una muestra de cómo fichan a los luchadores sociales que la prensa criminaliza.

Luego de algunas palabras de Don Samuel apuntado a la necesidad de acompañar a quienes sufren violaciones a sus derechos para contribuir a la transformación de la sociedad que las generó, Agnieszka Raczinska enmarcó la presentación de este balance en un panorama nacional que se caracteriza por las mismas tendencias que las documentadas por el CDHFBC en Chiapas. Para terminar, un representante de la Sociedad Civil Las Abejas dio unas palabras conmovedoras de agradecimiento al CDHFBC por su acompañamiento en el camino de la lucha por la justicia. Cuando le llamó “hermano mayor” al CDHFBC, Diego Cadenas le respondió que ellos, los pueblos indígenas en lucha, eran los hermanos mayores de aquel centro.

Para más información:

Continúa la estrategia contrainsurgente en Chiapas, asegura el Centro Las Casas (artículo de la Jornada, 28/05/10)

Resumen ejecutivo del balance anual del Frayba (página web del CDHFBC, 27/05/10)


DF: Conclusiones del Tercer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

abril 20, 2010

El 17 de abril,  en el Distrito Federal, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, espacio al que asistieron representantes de 35 organizaciones de la sociedad civil.  Vinieron los participantes de los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Distrito Federal, Estado de México y Guanajuato para analizar, según el boletín de prensa que se presentó al concluirse el Encuentro “la situación que viven en el desempeño de su labor cotidiana.”

Los participantes denunciaron que “por el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos” que realizan, se encuentran “constantemente en situación de riesgo”–riesgo que se concreta en “amenazas, tortura, intimidaciones, privación ilegal de la libertad, allanamientos e incluso el asesinato.”  Afirmaron que no existen “mecanismos adecuados de protección para nuestra labor,” que muchos defensoras y defensores de derechos humanos han tenido que huir de sus lugares de origen debido a amenazas recibidas, y que los procesos recientes de militarización en el país “ha[n] agravado la situación de vulnerabilidad en que ya nos encontramos.”  También señalaron que este contexto violento afecta particularmente mujeres, indígenas y periodistas.

Exigieron al gobierno mexicano cumplir con la Declaración sobre los defensores de derechos humanos del 9 de diciembre de 1998, y que “las amenazas y la represión” que sufren directamente por parte del estado o “con la anuencia o aquiescencia de éste” cesen inmediatamente.  Demandaron que las fuerzas militares abandonen las labores que “corresponden a instancias civiles,” y que “todos los presos y presas políticos y de consciencia” sean liberados lo más pronto posible.

El boletín de prensa concluyó que la labor de las y los defensores de derechos humanos debería ser reconocido constitucionalmente, y que se debería de construir  “un mecanismo nacional adecuado para la protección de las y los defensores de derechos humanos.”

Para más información:

Boletín del Tercer Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (17 de abril)

Video de la conclusión del encuentro


Oaxaca: CCIODH denuncia impunidad a dos años de la entrada de la PFP a Oaxaca

noviembre 28, 2008

Oaxaca e impunidad

Oaxaca e impunidad

A dos años de la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de corporaciones policíacas locales contra el movimiento magisterial-popular en Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) denunció en su último boletín de prensa que la situación de impunidad “se mantiene en los mismos términos”, con respecto “a los autores materiales e intelectuales de las graves violaciones ocurridas”. La Comisión recordó que el conflicto tuvo un saldo de 23 muertes y de más de 450 personas detenidas, además de generar “una larga serie de denuncias por delitos de tortura, tratos crueles y degradantes, desaparición forzada de personas, así como privación ilegal de la libertad durante los meses de mayo a noviembre de año 2006”.

La CCIODH afirmó también que la desprotección de las víctimas es “manifiesta”. Destacó como particularmente delicada la situación en cual se encuentra la investigación sobre el asesinato del periodista estadounidense Bradley Will y, de manera más general, las condiciones a las que se enfrentan periodistas y radios locales en el estado.

Para más información:

Boletín de prensa nº 37. Ante el segundo aniversario del 25 de noviembre de 2006: “Justicia para Oaxaca” CCIODH (24/11/2008)