Foto @Xinhua / Camilo Mónaco
Autoridades comunitarias de cuatro municipios de la región Costa Chica, que desde hace más de tres semanas decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia, se erigieron como “tribunal popular” e iniciaron un juicio a 54 personas acusadas de delincuencia organizada. El tribunal popular tuvo su primera sesión del jueves 31 de enero en la comunidad El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres y contó con la participación de alrededor de 500 personas. La asamblea se realizó a pesar de la insistencia del gobierno estatal para que los ciudadanos se desistieran de esta acción y dejaran que las autoridades formales juzgaran a los inculpados. El juicio terminó con la presentación de los acusados y con voto a mano alzada se decidió que el próximo 22 de febrero, en el municipio de Tecoanapa, continuará el proceso para revisar las pruebas y analizar el castigo al que serán sometidos los acusados.
En Chilpancingo, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció que el 1 de febrero que se instalará una comisión para la paz y desarrollo de los pueblos indígenas, en particular para analizar “la entrega de los (54) detenidos que se encuentran en el municipio de Ayutla […] y que deberán de ser sometidos a las leyes y a las instituciones debidamente establecidas“. Aseguró que esta comisión, es una propuesta aceptada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
. En ella participarán también los alcaldes de esos municipios.
Por otro lado, el 3 de febrero, el promotor de la Policía Comunitaria en Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera, denunció que los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ordenaron la aprehensión de tres dirigentes indígenas. Campos Herrera comentó que fueron advertidos que forman parte de una lista negra que tienen los ciudadanos que están en el movimiento de autodefensa para que sean detenidos en el momento en que pasen por los retenes que tienen en Ayutla de los Libres, y Tecoanapa.
El mismo día, el gobierno del estado aceptó la petición de medidas cautelares hacia los detenidos en Ayutla, que le formuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero aclaró que no sólo se garantiza la preservación de los derechos humanos de esas personas y de todos los habitantes del estado, sino se trabaja en programas sociales que promuevan la salud, el desarrollo, la educación y los servicios básicos en los municipios indígenas. Según la CNDH, la instalación de tribunales populares violenta el artículo 17 de la Constitución, que impide hacerse justicia por propia mano.
Para más información:
Acepta el gobierno dar medidas cautelares a detenidos en Ayutla (La Jornada de Guerrero, 4 de febrero de 2013)
Ordenó la Upoeg detener a tres líderes indígenas, denuncia miembro de la CRAC (La Jornada de Guerrero, 3 de febrero de 2013)
Ayutla de los Libres, el lugar donde los civiles ejercen la justicia (CNN, 1 de febrero de 2013)
Instalan “tribunal popular” para juzgar a 54 detenidos en Guerrero (Proceso, 31 de enero)
Comienza juicio a 54 capturados en la Costa Chica (La Jornada, 1 de febrero de 2013)
Presentan ante el Tribunal Popular a 54 detenidos por la autodefensa (La Jornada de Guerrero, 31 de enero de 2013)
Para más información de SIPAZ:
Guerrero: Gobernador Aguirre se involucra en situación de inseguridad de Ayutla. Reitera Policía Comunitaria: “no somos nosotros” (22 de enero de 2013)
Guerrero: Autodefensa en contra del crimen organizado en 4 municipios (11 de enero de 2013)
Guerrero: Levantamiento social en Olinalá contra la delincuencia organizada (11 de junio de 2012)
Escrito por SIPAZ 
