Chiapas: Emite CNDH recomendación a gobierno de Chiapas por trato indigno

El 22 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y al Ayuntamiento de Arriaga, por violaciones cometidas contra dos activistas en agosto de 2013. Planteó que en dicho caso servidores públicos municipales e integrantes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) violaron su libertad personal, el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno. Por lo mismo, solicitó reparar el daño a las víctimas, organizar cursos sobre capacitación y formación en materia de protección a los defensores de derechos humanos, y colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes contra los servidores públicos involucrados.

El 2 de agosto de 2013, los agraviados se trasladaron a la presidencia municipal de Arriaga, Chiapas, acompañando a un grupo de habitantes de vecinos de la colonia Los Laureles en esa localidad, para dialogar con las autoridades sobre los problemas que afectaban a esa comunidad. Denunciaron haber sido  privados ilegalmente de la libertad, incomunicados y sometidos a tratos indignos por parte de autoridades municipales y estatales, tras encabezar dicha protesta.

Para más información:

CNDH emite recomendación al gobierno de Chiapas por agresión a activistas (Proceso, 22 de junio de 2015)

Emite CNDH recomendación al gobierno de Chiapas por violación a derechos humanos (Radio Fórmula, 22 de junio de 2015)

La CNDH emite una recomendación al gobierno de Chiapas por agravio de activistas (Emeequis, 22 de junio de 2015)

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Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa

Foto @SinEmbargo

Según una investigación publicada por la revista Proceso, fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes el 26 de septiembre pasado. Un trabajo realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en testimonios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales, muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado. El artículo señala las contradicciones que existen entre la Procuraduría General de la República (PGR) y los testimonios de los detenidos, así como de estudiantes que presenciaron los hechos. Uno de los puntos clave de la investigación, es que hubo monitoreo de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que la PF sabía de su llegada a Iguala. Señala que el ataque y la desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).

Además, en las redes sociales empezó a aparecer la información de que la mayoría de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala todavía están con vida y son mantenidos cautivos por el Ejército y policías federales en el marco de una operación de Inteligencia militar. La veracidad de la filtración todavía no ha sido confirmada. El comunicado fue emitido, presuntamente por elementos del Ejército mexicano quienes formaron parte de la 35.° zona militar (a la cual pertenece Iguala), al que ya no pertenecen porque fueron desplazados a otros sectores o están licenciados. El objetivo de la operación, llamada ‘Az’, era fraccionar “los grupos transgresores de la normal que alteran el orden de Iguala secuestrando vehículos propiedad del señor presidente municipal y alebrestan a la gente de varios poblados“. Según el comunicado”[l]os trasgresores fueron repartidos en tres grupos por la Inteligencia militar. 21 se los llevaron a dos cuarteles militares para interrogarlos” y al resto los dividieron en dos grupos que fueron llevados a Cocula y Chilapa por policías municipales y el cártel de los Guerreros Unidos.

Por otro lado, el 14 de diciembre, enfrentamientos en Chilpancingo, Guerrero, dejaron 22 personas heridas (14 de ellas maestros, padres y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y 8 elementos de la Policía Federal). Los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes que hacía los preparativos para el concierto de rock Festival una luz en la oscuridad, en Chilpancingo, fue agredido a golpes, pedradas y con gases lacrimógenos por policías. “Es un acto de brutalidad policiaca con el claro propósito de acallar las voces de los padres de familia”, aseveró Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Omar García, dirigente de la Normal de Ayotzinapa, relató que a pesar de que les dijeron a los federales que “éramos normalistas, y que estábamos preparando el concierto, nos dijeron: ‘Ni madres, nosotros les vamos a dar en su madre’. Los padres acusaron al gobierno federal de haber provocado un incidente de manera deliberada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por los acontecimientos ocurridos.

Para más información:

Filtración: “Los normalistas de Ayotzinapa están vivos, los tiene el Ejército mexicano” (RT, 14 de diciembre de 2014)

Iguala: la historia no oficial (Proceso, 13 de diciembre de 2014)

COMUNICADO | Agrede Policía Federal a estudiantes y familiares de desaparecidos de Ayotzinapa durante la preparación de jornada cultural (Tlachinollan, 14 de diciembre de 2014)

Investiga la CNDH hechos violentos en Chilpancingo (Proceso, 14 de diciembre de 2014)

Padres de los 43 acusan a la PF de ataque en Chilpancingo; incidente tensa Guerrero (Sin Embargo, 15 de diciembre de 2014)

El gobierno pretende criminalizar a quienes exigen justicia: Tlachinollan (La Jornada, 17 de diciembre de 2014)

Caso Iguala: federales involucrados y tortura a testigos.- Anabel Hernández (Aristegui Noticias, 15 de diciembre de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/México: EZLN cederá su lugar a los familiares y los normalistas de Ayotzinapa (15 de diciembre de 2014)Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa, 11 de diciembre de3 2014

Nacional: Nombran Luis Rául González Pérez como nuevo ombusman

El 13 de noviembre, el Senado de la República eligió a Luis Raúl González Pérez como nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD) por 97 votos, más del 66% requerido oficialmente. Ocupará el cargo de 2014 a 2019 y reemplazará a Raúl Plascencia, quien no logró reelegirse para otros cinco años.

González Pérez es abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que también ha sido académico. También ocupó diversos cargos en la CNDH, como el de director general administrativo, secretario técnico y visitador general.

Varios legisladores señalaron que su prioriad inmediata será atender la crisis de derechos humanos en la que se encuentra el país después de los casos de Tltatlaya (asesinato de 22 civiles) y de Ayotzinapa (6 muertos, 43 estudiantes desaparecidos).

Tras esta elección, organizaciones civiles de derechos humanos plantearon que tendrá que renovar este organismo creado en los 90s, que garantizar una defensa efectiva de las víctimas, y que a diferencia de su antecesor, tendrá que demostrar una independencia real frente al Poder Ejecutivo y los partidos políticos.

Para más información:

Luis Raúl González es elegido como nuevo titular de la CNDH (CNN México, 13 de noviembre de 2014)

Eligen a Luis González Pérez como nuevo ombudsman (El Universal, 13 de noviembre de 2014)

Luis Raúl González Pérez, nuevo titular de la CNDH (La Jornada, 13 de noviembre de 2014)

¿De dónde viene Luis Raúl González Pérez? (Milenio, 13 de noviembre de 2014)

Independencia, transparencia y una nueva CNDH, piden ONG’s a nuevo ombudsman (Sin Embargo, 14 de noviembre de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: exigen juicio político contra el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (26 de septiembre de 2014)

Guerrero: a 2 dos años sigue impune el caso de Ayotzinapa

Foto @SIPAZ

Con un bloqueo temporal de la Autopista del Sol, jóvenes de la Normal de Ayotzinapa rindieron tributo a dos normalistas asesinados en 2011 en las afueras de Chilpancingo. Los normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino fueron asesinados extrajudicialmente por policías, el 12 de diciembre de 2011, en ese mismo lugar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó que a dos años de la muerte de los dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en un enfrentamiento con policías federales, estatales y municipales, los familiares de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos no han tenido un acceso efectivo a la justicia. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en un comunicado, enfatizó que “[a]nte el descrédito de la justicia guerrerense, los familiares de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, como en muchos otros casos de impunidad, se ven orillados a elevar su reclamo ante instancias internacionales“.

Para más información de SIPAZ:

… Y normalistas de Ayotzinapa bloquean la Autopista del Sol (Proceso, 12 de diciembre de 2013)

Familiares de estudiantes y empleado de gasolinera muertos en Ayotzinapa, aún sin acceso a justicia: CNDH (Sin Embargo, 11 de diciembre de 2013)

Comunicado Tlachinollan (12 de diciembre de 2013)

A DOS AÑOS DE AYOTZINAPA, SIN ACCESO A LA JUSTICIA (CNDH, 11 de diciembre de 2013)

A dos años, la justicia no llega al caso Ayotzinapa: SERAPAZ (Milenio, 11 de diciembre de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Denuncian alumnos ingreso de grupos armados a la normal de Ayotzinapa (22 de mayo de 2013)

Guerrero: Sigue impunidad en caso Ayotzinapa; estudiantes son detenidos y liberados (9 de mayo de 2013)

Guerrero: Liberan a policías relacionados al asesinato de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (27 de abril de 2013)

Chiapas: Artículo 19 cuestiona reforma legal en Chiapas por violentar el derecho a la Información

El 8 de abril, Artículo 19 publicó un comunicado en el que señaló que “(e)l 7 de marzo de 2013, el Congreso de Chiapas aprobó casi por unanimidad la Iniciativa presentada por el Gobernador Manuel Velasco para incluir en el Código Penal de Chiapas un delito que sanciona la obtención de información sobre la fuente policiaca y de justicia, teniendo una redacción vaga que genera un efecto inhibidor en el derecho a la información”. La reforma aprobada quedó formulada en los siguientes términos: “Se impondrá una pena de dos a quince años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, a quien realice actos tendientes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas sobre su ubicación,  actividades, operativos o sus labores, en general.”

Artículo 19 expresó su preocupación considerando que dicha reforma tiende a “criminalizar el acceso a la información y libertad de expresión”, lo que hace aún más riesgoso para periodistas hacer investigación de campo y para el ciudadano, ejercer su derecho de acceso a la información púbica.

Por lo mismo, Artículo 19 hizo una llamada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y a la Procuraduría General de la República para ejercer su potestad de presentar acciones de inconstitucionalidad en contra la reforma y a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un control de constitucionalidad.

Para más información:

Posicionamiento. Chiapas, reforma legal violenta el derecho de Acceso a la Información, ARTICLE 19, 8 de abril de 2013

Un retroceso”, ley contra ‘halconeo’ en Chiapas: Artículo 19, Proceso, 8 de abril de 2013

Meterán a la cárcel a quienes tomen fotografías de policías en Chiapas, Miradasur, 14 de marzo de 2013

Para más información de SIPAZ:

México: 172 agresiones a periodistas en 2011 – Article 19 (23 de marzo de 2012)

Guerrero: Inicia “tribunal popular” para juzgar a 54 detenidos en Ayutla

Foto @Xinhua / Camilo Mónaco

Autoridades comunitarias de cuatro municipios de la región Costa Chica, que desde hace más de tres semanas decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia, se erigieron como “tribunal popular” e iniciaron un juicio a 54 personas acusadas de delincuencia organizada. El tribunal popular tuvo su primera sesión del jueves 31 de enero en la comunidad El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres y contó con la participación de alrededor de 500 personas. La asamblea se realizó a pesar de la insistencia del gobierno estatal para que los ciudadanos se desistieran de esta acción y dejaran que las autoridades formales juzgaran a los inculpados. El juicio terminó con la presentación de los acusados y con voto a mano alzada se decidió que el próximo 22 de febrero, en el municipio de Tecoanapa, continuará el proceso para revisar las pruebas y analizar el castigo al que serán sometidos los acusados.

En Chilpancingo, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció que el 1 de febrero que se instalará una comisión para la paz y desarrollo de los pueblos indígenas, en particular para analizar “la entrega de los (54) detenidos que se encuentran en el municipio de Ayutla […] y que deberán de ser sometidos a las leyes y a las instituciones debidamente establecidas“. Aseguró que esta comisión, es una propuesta aceptada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. En ella participarán también los alcaldes de esos municipios.

Por otro lado, el 3 de febrero, el promotor de la Policía Comunitaria en Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera, denunció que los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ordenaron la aprehensión de tres dirigentes indígenas. Campos Herrera comentó que fueron advertidos que forman parte de una lista negra que tienen los ciudadanos que están en el movimiento de autodefensa para que sean detenidos en el momento en que pasen por los retenes que tienen en Ayutla de los Libres, y Tecoanapa.

El mismo día, el gobierno del estado aceptó la petición de medidas cautelares hacia los detenidos en Ayutla, que le formuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero aclaró que no sólo se garantiza la preservación de los derechos humanos de esas personas y de todos los habitantes del estado, sino se trabaja en programas sociales que promuevan la salud, el desarrollo, la educación y los servicios básicos en los municipios indígenas. Según la CNDH, la instalación de tribunales populares violenta el artículo 17 de la Constitución, que impide hacerse justicia por propia mano.

Para más información:

Acepta el gobierno dar medidas cautelares a detenidos en Ayutla (La Jornada de Guerrero, 4 de febrero de 2013)

Ordenó la Upoeg detener a tres líderes indígenas, denuncia miembro de la CRAC (La Jornada de Guerrero, 3 de febrero de 2013)

Ayutla de los Libres, el lugar donde los civiles ejercen la justicia (CNN, 1 de febrero de 2013)

Instalan “tribunal popular” para juzgar a 54 detenidos en Guerrero (Proceso, 31 de enero)

Comienza juicio a 54 capturados en la Costa Chica (La Jornada, 1 de febrero de 2013)

Presentan ante el Tribunal Popular a 54 detenidos por la autodefensa (La Jornada de Guerrero, 31 de enero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Gobernador Aguirre se involucra en situación de inseguridad de Ayutla. Reitera Policía Comunitaria: “no somos nosotros” (22 de enero de 2013)

Guerrero: Autodefensa en contra del crimen organizado en 4 municipios (11 de enero de 2013)

Guerrero: Levantamiento social en Olinalá contra la delincuencia organizada (11 de junio de 2012)

Guerrero: “El caso de Ayotzinapa no puede quedar en la impunidad” – OMCT

Estadiantes de Ayotzinapa durante el 18 aniversario del CDHM Tlachinollan. Foto @SIPAZ

El 2 de agosto, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) expresó su profunda preocupación por la posibilidad de que los homicidios de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que ocurrieron durante una manifestación el 12 de diciembre de 2011, queden en la impunidad. La organización insta a las autoridades competentes, en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), a cumplir con la obligación de investigar con debida diligencia y defender el interés de las víctimas en el marco de los procesos penales en curso, apoyándose en las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y recogidas en la Recomendación 1 VG/2012. En específico, la OMCT expresó su preocupación ante la concesión del amparo a favor de los acusados de la muerte de los dos estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

La OMCT fue informada por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sobre el amparo otorgado recientemente a favor de los dos policías ministeriales adscritos a la PGJE, que habían sido acusados de la muerte de los dos estudiantes. En virtud de la resolución dictada, el Juez debe dictar una nueva resolución en la que determine la situación jurídica de los acusados. La OMCT recuerda que la CNDH, en la mencionada Recomendación, identificó a los dos policías ministeriales como los responsables de la privación de la vida de los dos estudiantes, basándose en extenso material probatorio.

Para más información:

Declaración pública (OMCT, 2 de agosto de 2012)

OMCT pide que no quede impune caso Ayotzinapa (El Universal, 2 de agosto de 2012)

OMTC: El caso de los estudiantes de Ayotzinapa no debe quedar en la impunidad (Luna Sexta, 4 de agosto de 2012)

Tlachinollan sobre caso Ayotzinapa

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Ayotzinapa denuncia impunidad a seis meses después de la muerte de dos estudiantes (14 de junio de 2012)

Guerrero: Peritos del caso Ayotzinapa se retractan de cargos contra policías ministeriales (20 de abril de 2012)

Guerrero: CNDH emite recomendación en caso Ayotzinapa (3 de abril de 2012)