Oaxaca: Actualización de información sobre ataque a caravana de observación

Imagen del municipio autónomo San Juan Copala en su 2° aniversario © zapateando.wordpress.com

A dos días de haber ocurrido el ataque a una caravana de observación en la zona triqui, del estado de Oaxaca, las cuatro personas que inicialmente se reportaron desaparecidas lograron salir de la región. Dos de ellas presentaron heridas de balas por la agresión. Mientras tanto, varias organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales expresaron su rechazo a la agresión ocurrida el 27 de abril y exigieron a las autoridades aclarecer el crimen.

De acuerdo a información periodística, el 29 de abril se presentaron David Venegas y Noé Bautista, integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), y fueron rescatados el mismo día Érika Ramírez y David Cilia, reporteros de la revista Contralinea. Noé Bautista y David Cilia sufrieron heridas de bala por el ataque del 27 de abril. Con ello, ya no hay personas desaparecidas de las que participaron en la caravana y se confirma como resultado de la agresión la muerte de la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador finlandés Jyri Jaakkola.

La agresión a la caravana de observación ha suscitado un rechazo enérgico a nivel nacional e internacional, tanto de organizaciones no-gubernamentales como de organismos supranacionales. Así, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), conformada por más de 60 organizaciones civiles de Derechos Humanos en todo el país, emitió una Acción Urgente exigiendo a los gobiernos estatal y federal una investigación exhaustiva e imparcial del ataque y llevar los responsables ante la justicia. También Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México (OACNUDH) condenaron la agresión a la misión que tenía entre sus propósitos brindar ayuda humanitaria a la población cercada por el grupo Unión de Bien Estar Social para la Región Triqui (Ubisort), en el municipio autónomo de San Juan Cópala.

Ocurrida la agresión en el contexto de campañas electorales a nivel estatal, el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, deslindó al gobierno estatal de cualquier responsabilidad en el ataque ocurrido el pasado 27 de abril. Incluso, cuestionó la participación de extranjeros en esta caravana, advirtiendo que debería investigarse su calidad migratoria. Al respecto, la Red por la Paz, conformada por varias organizaciones de Derechos Humanos y trabajo en favor de la paz en Chiapas, censuró que “el gobierno de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos“.

Para más información:

• La Jornada: Sanos y salvos, los europeos que participaban en la caravana: SRE (30/04/2010)
• La Jornada: ONG difundirán a escala mundial la condena por el ataque a observadores (30/04/2010)
• La Jornada: Rescatados, los reporteros de Contralínea baleados en Copala (30/04/2010)
• La Jornada: Rara participación de extranjeros en una zona con problemas: Ulises Ruiz (29/04/2010)
• La Jornada: Condena internacional a la emboscada a la misión de observación en la zona triqui (29/04/2010)
• Acción Urgente de la RedTDT (28/04/2010)
• Acción Urgente de Amnistia Internacional (30/04/2010)

Más información de SIPAZ:

• Oaxaca: Red por la Paz de Chiapas condena ataque armado contra caravana de observación en San Juan Copalá (30/04/2010)
• Oaxaca: Ataque a caravana de observación – 2 muertos y 4 desaparecidos (28/04/2010)

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Guerrero: Frente a la CoIDH, el Estado mexicano niega que militares hayan violado a Inés Fernández

El 15 de abril, en Lima, Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó  los alegatos finales orales del Caso Fernández Ortega vs. México (Integridad personal y acceso a la justicia). Inés Fernández, es activista indígena guerrerense que ha denunciado haber sido violada por elementos militares en 2002. Frente la CoIDH, representantes del gobierno mexicano respondieron afirmando que Inés estaba mintiendo.  El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín, quien representa el estado mexicano, afirmó que negamos la acusación, pues no existen pruebas.

Por su parte, Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien forma parte del equipo de defensa para Fernández, dijo que era grave que el gobierno no reconociera el crimen, “frente todos los elementos de prueba.”  La abogada destacó que, además del testimonio de la misma Inés, estaba el de sus hijas que estuvieron presentes durante los acontecimientos. Además se le hizo una prueba médica que comprobó la presencia de semen en su cuerpo así como un examen sicológico que de igual modo demostró que Fernández había sufrido un evento traumático.  La abogada recalcó además que se pudo confirmar la presencia de elementos militares en la fecha y hora del delito.

Los representantes legales del estado y de Fernández tendrán hasta el 24 de mayo para presentar alegatos finales por escrito; después de esto, la CoIDH considerará el caso y emitirá su decisión.

Para más información:

Miente la indígena que afirma fue violada por militares, dicen autoridades ante la CIDHla (La Jornada, 16 de abril)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Nuevas liberaciones de sentenciados por masacre de Acteal. Abejas en la CIDH

Fuente: Fray Bartolomé de Las Casas

 

El 4 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó por cuatro votos contra uno liberar de manera absoluta e inmediata a 9 personas acusados y sentenciados como responsables de la masacre de Acteal. Otros 16 obtuvieron un amparo para efectos, entre ellos dos confesos de participar en la matanza. Esta decisión implica que un Tribunal Colegiado tendrá que emitir una nueva resolución sobre su caso, pero sin usar pruebas que fueron desechadas por la SCJN al considerar que fueron obtenidas ilegalmente por la PGR (Procuraduría General de la República). Ya no serán juzgados por portación de arma de uso exclusivo del Ejército sino exclusivamente por los delitos de homicidio y lesiones calificados. Finalmente, la SCJN desechó seis demandas más de amparo en el mismo caso.

Simultáneamente, en Washington D.C. la Organización Sociedad Civil Las Abejas (Las Abejas) e integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pruebas sobre el caso, denunciaron “los hechos de impunidad que ha propiciado el Estado mexicano, a través de la SCJN” y le pidieron atraer el caso. El caso había sido presentado a la CIDH en febrero de 2005, mismo que se mantenía en suspenso, por tener que agotarse los recursos internos primero lo cual implicó esperar el resultado de los amparos que entre agosto y noviembre han permitido la excarcelación de 29 personas señaladas como responsables de la masacre de Acteal en diciembre de 1997.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas también solicitó a la CIDH “la implementación de medidas provisionales en beneficio de los y las sobrevivientes de la masacre, así como de las autoridades de Las Abejas, ante el riesgo inminente a su vida e integridad personal por las posibles represalias y/o venganza que tomen los autores materiales de la masacre recientemente liberados, debido a que en la región aún existen armas de fuego en manos de los grupos paramilitares”.

Para más información:

• Ordena la Corte liberar a otros 9 vinculados a la matanza de Acteal (La Jornada, 5 de noviembre)
• Frayba buscará que la CIDH atraiga el caso Acteal (Proceso, 5 de noviembre)

• Comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas “La Suprema Corte de Justicia de la Nación deja en impunidad total el Caso Acteal” (5 de noviembre)

Para más información de SIPAZ:

Boletín informativo especial sobre el Caso Acteal: Fallo de la SCJN – Una resolución irreprochable desde lo jurídico, una decisión altamente cuestionada desde el contexto histórico y actual (30 de agosto de 2009)

Guerrero: Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social

Los días 20 y 21 de abril de 2009, se llevó a cabo el “Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social” en Chilpacingo, capital del estado de Guerrero, convocado por varias organizaciones guerrerenses de derechos humanos y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, de los Estados Unidos), con el fin de posicionarse frente a la grave situación enfrentada por los defensores de derechos humanos en México, y en Guerrero en particular, así como trabajar sobre las posibles respuestas frente a ella. El largo título del foro se debe al concepto amplio de defensores de derechos humanos manejado (el de la ONU), concepto que va más allá del trabajo jurídico y integra a muchos movimientos de protesta social.

Katya Salazar, directora del DPLF, y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, introdujeron el foro denunciando la tendencia general de criminalización de los defensores de derechos humanos en el país que empeoró en los últimos meses y se agudizó particularmente en Guerrero con los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) que fueron secuestrados, torturados y ejecutados el mes de febrero, el cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla por razones de seguridad, y las amenazas y violaciones sufridas por integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me pahaa (OPIM). Emilie Joly, del DPLF, subrayó que en Guerrero existe un patrón de criminalización de los defensores de los derechos humanos en tres pasos : cierre de los canales de diálogo y negociación, represión de las protestas civiles y pacíficas y uso del poder judicial en contra de los defensores de derechos humanos (delitos desproporcionados o fabricados en contra de ellos y falta de investigación de las amenazas o violaciones sufridas por ellos).

El lunes, se realizaron tres paneles:

-Panel 1: los alcances del sistema interamericano

-Panel 2: Experiencias comparadas de América Latina

-Panel 3: Experiencias de México

El día siguiente las mesas de trabajo para analizar la realidad y valorar estrategias de acción concluyeron con una declaración final incluyendo varias denuncias y exigencias.

Guerrero: La CIDH otorga medidas cautelares a 107 defensores de DDHH en Guerrero

El día 21 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución a través de la que exigió al gobierno Federal y al de Guerrero de implementar medidas de protección para 107 defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. 41 de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), los integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores de derechos humanos asesinados en febrero de 2009, y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan).

Las medidas cautelares fueron otorgadas por una petición del 7 de abril y demuestra la falta de condiciones adecuadas para la realización del trabajo de los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. Después de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, las amenazas en contra de defensores de DDHH se han intensificado. Se han denunciado constantes amenazas de muerte en contra de familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas, así como en contra de los integrantes del CDHM Tlachinollan. También los integrantes de la OPIM han recibido amenazas por su trabajo en la región de Ayutla de los Libres.

En respuesta al llamado de organismos de DDHH nacionales e internacionales para implementar medidas de protección en favor de los defensores de derechos humanos en Guerrero, el gobierno del estado destacó que no se puede dar protección especial para algunos ciudadanos. Según la Jornada de Guerrero, el Secretaría de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, dijo que “no sólo las organizaciones sociales tienen derecho a la protección”. En respuesta Abel Barrera, el director del CDHM Tlachinollan, denunció la falta de voluntad política para proteger el trabajo de derechos humanos.

Para Más Información:

Denuncian al país por violaciones a indígenas, El Universal, 21/4/09.

Demanda CIDH protección para defensores ante nuevas amenazas, La Jornada Guerrero, 22/4/09.

Rechaza el gobierno de Torreblanca proteger a defensores de derechos, La Jornada Guerrero, 23/4/09.

Más Información de SIPAZ:

Guerrero: continúan hostigamiento y agresiones contra defensores de derechos humanos, Blog SIPAZ, 27/3/09.

Guerrero: Organizaciones nacionales e internacionales exigen una investigación sobre el asesinato de los dos defensores de derechos humanos, Blog SIPAZ, 27/2/09.

Guerrero: se encuentran los cuerpos de dos lideres mixtecos desaparecidos desde el 13 de febrero, Blog SIPAZ (23/2).