Chiapas: comunicado de las Abejas denuncia construcción de Ciudades rurales en los Altos de Chiapas

En el marco de la celebración mensual de la conmemoración de la masacre de Acteal, la organización civil Las Abejas publicó un comunicado en el que se manifestó en contra de la construcción de nuevas Ciudades rurales en Chiapas como la que se está iniciando en Santiago El Pinar, y denunció la pretensión del estado de abrir una más en Chenalhó, ambos municipios de los Altos de Chiapas

El comunicado explica: “[Los gobiernos] creen que porque somos pobres se pueden meter a nuestras casas y a nuestras tierras sin permiso y luego todavía dicen que traen proyectos de desarrollo en nuestro beneficio. (…) Si de veras quieren nuestro beneficio lo primero que tienen que hacer es RESPETARNOS, pero no, se meten y hacen lo que quieren con nuestras tierras y con nuestros recursos. (…) El plan del gobierno lo vemos muy claro. Quieren controlar a nuestras organizaciones para quedarse con nuestras tierras y hacer negocio con las transnacionales. Por eso es la contrainsurgencia contra las organizaciones independientes. Por eso Zedillo y después el Congreso de la Unión no quisieron aprobar los Acuerdos de San Andrés, porque ahí se hubiera obligado al gobierno a respetarnos. Hubiera quedado en la Constitución lo que dice el Convenio 169 de la OIT: los gobiernos no pueden hacer proyectos ni explotar los recursos de los territorios indígenas si primero no CONSULTAN A LAS COMUNIDADES”.

Las Abejas denunciaron también que en Chenalhó, “a los hermanos de la Colonia Puebla, Chenalhó, los quieren obligar a que acepten el PROCEDE. Esta es otra manera como hace el gobierno para que después sea más fácil para él quedarse con nuestras tierras”. Lamentaron por otro lado el papel que juegan “hermanos nuestros que se salieron de Las Abejas para irse con el gobierno y su dinero”: “A nuestros  hermanos les decimos: si el gobierno no nos respeta, por lo menos respétenos ustedes. Si ustedes ya no quieren luchar contra la impunidad y prefieren los apoyos del gobierno, está bien, nosotros los respetamos a ustedes, esa es su decisión. Pero respétenos a nosotros y no se presten a que los manipule el gobierno”.

Las Abejas finalmente se solidarizaron con otras luchas – con los pueblos triquis en San Juan Copala, Oaxaca así como con el Movimiento de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica en Candelaria, Campeche- alertando que “el gobierno utiliza en otros lugares la misma política contrainsurgente que utiliza contra nosotros”.

Para más información:

Comunicado completo de la Sociedad Civil Las Abejas (22 de mayo de 2010)

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Chiapas: Balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

El día 27 de mayo de 2010, el balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) fue presentado por Don Samuel Ruiz García, presidente y fundador de este centro, Diego Cadenas Gordillo, director del mismo, y Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ” Red de Todos los Derechos para Todas y Todos” de la cual el CDHFBC forma parte. Este balance, que cubre el periodo de abril de 2009 a marzo de 2010, presenta “la sistematización de un año de trabajo [del CDHFBC] así como del esfuerzo y la creatividad cotidiana de personas y pueblos que luchan por sus derechos y por la construcción de realidades más justas desde el ejercicio de la autodeterminación.” (Introducción del balance)

“[Da] cuenta de la ambición de las empresas por la explotación extensiva de los recursos naturales en Chiapas, particularmente de los ubicados en territorios de los pueblos indígenas, lo cual ha ocasionado que varias comunidades hayan emprendido acciones en defensa del derecho a su territorio. Otros temas importantes que [aborda] este Balance son la criminalización de las organizaciones sociales y civiles que [se oponen] al despojo y destrucción del medio ambiente y al irrespeto a los derechos de los pueblos, la violencia sistemática que se comete contra las mujeres como objetivo de guerra, la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia y la memoria histórica que construyen los pueblos ante la violencia y la ausencia de justicia por parte del Estado mexicano.” (Ibid)

Este balance también hace públicos dos informes oficiales, uno con membrete de la Secretaria General de Gobierno de Chiapas y el otro con membrete de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ambos documentos parecen demostrar que el Gobierno está enterado de la actividad de grupos paramilitares en el estado, y además dan una muestra de cómo fichan a los luchadores sociales que la prensa criminaliza.

Luego de algunas palabras de Don Samuel apuntado a la necesidad de acompañar a quienes sufren violaciones a sus derechos para contribuir a la transformación de la sociedad que las generó, Agnieszka Raczinska enmarcó la presentación de este balance en un panorama nacional que se caracteriza por las mismas tendencias que las documentadas por el CDHFBC en Chiapas. Para terminar, un representante de la Sociedad Civil Las Abejas dio unas palabras conmovedoras de agradecimiento al CDHFBC por su acompañamiento en el camino de la lucha por la justicia. Cuando le llamó “hermano mayor” al CDHFBC, Diego Cadenas le respondió que ellos, los pueblos indígenas en lucha, eran los hermanos mayores de aquel centro.

Para más información:

Continúa la estrategia contrainsurgente en Chiapas, asegura el Centro Las Casas (artículo de la Jornada, 28/05/10)

Resumen ejecutivo del balance anual del Frayba (página web del CDHFBC, 27/05/10)

Chiapas: Protestas de la OCEZ-Casa del Pueblo por liberación de presos

Desde el 11 de mayo, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo inició un fuerte movimiento de protestas en la cabecera de Venustiano Carranza que implicó el cierre de oficinas federales, estatales y municipales, así como de bancos. Por otro lado, desde hace una semana, según la OCEZ-Casa del Pueblo con el respaldo de los maestros, se han cerrado algunas instituciones educativas. El 26 de mayo, una comisión de la OCEZ se trasladó a San Cristóbal de Las Casas para iniciar un ayuno frente a las oficinas de la ONU, mismas que estuvieron resguardadas por policías antimotines. Funcionarios de la Subsecretaría Regional de Gobierno para la Zona Altos, y el encargado de la ONU, Oscar Torrens, les informaron a los campesinos que el próximo lunes los recibiría el gobernador, en Palacio de Gobierno. Sin embargo, los manifestantes dijeron que mantendrían el plantón hasta que tuvieran una respuesta por escrito a sus demandas.

Los manifestantes exigen la liberación de cuatro de sus presos encarcelados en el Amate desde hace más de 9 años acusados por la muerte de 8 integrantes de la organización San Bartolomé de los Llanos. Se trata de Ángel Hidalgo Espinosa, sentenciado a 37 años de cárcel; Mario Coutiño Morales, Enrique Coutiño Morales y Alberto Coutiño Morales, los tres sentenciados a 60 años de cárcel. Denuncian la falta de de voluntad del gobierno estatal a la fecha y solicitan diálogo directo con el gobernador. En un comunicado de prensa mencionaron: “desde hace nueve años se ha venido luchando jurídicamente y hasta el momento no se les han podido fincar responsabilidad, sin embargo a las autoridades encargadas de la administración de justicia se niegan a darle su libertad a pesar de tener conocimiento de que el proceso que enfrentaron nuestros compañeros se encuentra plagado de irregularidades, fabricación de delito, compra de delitos entre otros”.

Para más información:

Pide la OCEZ libertad de 4 índigenas presos (La Jornada, 27 de mayo)

Protestan en la ONU campesinos (Cuarto Poder, 27 de mayo)

Chiapas: Cinco bases de apoyo zapatistas puestos en libertad por falta de prueba

Cinco campesinos tzeltales, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se encontraban detenidos en la cárcel municipal de Ocosingo desde el 11 de mayo, fueron liberados al día siguiente, sin cargos, por las autoridades. Inicialmente habían sido aprehendidos por pobladores del ejido Peña Limonar, y luego trasladados por la Policía Estatal Preventiva para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Los cinco indígenas, Ebelio Montejo Hernández, de 35 años; Manuel Gutiérrez López, de 42, promotor de salud; Luis Gutiérrez Vázquez de 15, Pedro Gutiérrez Hernández, de 18 y Narciso Gutiérrez Jiménez, de 63, bases de apoyo del EZLN, fueron detenidos por pobladores del ejido de Peña Limonar el 10 de mayo, acusados por ellos de haber violado a cinco mujeres.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha, ubicada en el municipio de Ocosingo, había denunciado su detención el 10 de mayo así como la desaparición de 9 zapatistas más de la comunidad de Amaytic. En el comunicado, la JBG responsabilizó “a los tres niveles de GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL y MUNICIPAL por no haber hecho caso de solucionar esta problema”.

El conflicto se remonta a por lo menos agosto de 2002, momento en el que fueron asesinadas dos autoridades zapatistas después de lo que los victimarios señalados por estos hechos fueron a vivir a Peña Limonar. Según denunciado por La Garrucha, en marzo de 2010 quisieron regresar a Amaytic, ocupando a la fuerza terrenos y generando un clima de hostilidad.

Para más información:

– Liberan por falta de cargos a 5 bases de apoyo zapatistas (La Jornada, 13 de mayo)

– Entregan a los cinco retenidos del EZLN (Cuarto Poder, 13 de mayo)

– Comunidado del Caracol III “Resistencia hacia un nuevo amanecer” (La Garrucha, 10 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: denuncia pública de la JBG de la Garrucha sobre Ranchería Amaytic (18 de marzo de 2010)

Cinco campesinos tzeltales, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se encontraban detenidos en la cárcel municipal de Ocosingo desde el 11 de mayo, fueron liberados al día siguiente, sin cargos, por las autoridades. Inicialmente habían sido aprehendidos por pobladores del ejido Peña Limonar, y luego trasladados por la Policía Estatal Preventiva para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Los cinco indígenas, Ebelio Montejo Hernández, de 35 años; Manuel Gutiérrez López, de 42, promotor de salud; Luis Gutiérrez Vázquez de 15, Pedro Gutiérrez Hernández, de 18 y Narciso Gutiérrez Jiménez, de 63, bases de apoyo del EZLN, fueron detenidos por pobladores del ejido de Peña Limonar el l10 de mayo, acusados de haber violado a cinco mujeres.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha, ubicada en el municipio de Ocosingo, había denunciado su detención el 10 de mayo así como la desaparición de 9 zapatistas más de la comunidad de Amaytic. En el comunicado, la JBG responsabilizó “a los tres niveles de GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL y MUNICIPAL por no haber hecho caso de solucionar esta problema”.

En marzo de este año ocuparon a la fuerza terrenos en Amaytic, lo que generó un clima de hostilidad entre los diferentes grupos.

Desde el 16 de marzo, bases de apoyo zapatistas de la ranchería Amaytik, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, se encuentran perseguidas y amenazadas de desalojo y muerte por unos 200 miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). La Junta de Buen Gobierno (JBG) El camino del futuro, del caracol de La Garrucha, denunció que priístas opddiques, con armas de fuego, están persiguiendo a nuestros compañeros queriéndolos agarrar, y las mujeres están solas en sus casas, las están amenazando que los van a matar a todos sus animales, y que van a ser desalojadas.

Todo esto ocurrió en el contexto de un conflicto en Amaytic, en el noroeste de la selva Lacandona, que data de agosto de 2002, momento en el que fueron asesinados dos autoridades zapatistas

Ante la impunidad que entonces el gobierno de Pablo Salazar Mandiguchía otorgó a los asesinos, las autoridades autónomas los sancionaron. Después, los victimarios se establecieron con sus familias en Peña Limonar, hasta que en marzo de este año ocuparon por la fuerza terrenos de Amaytic, edificaron viviendas y propiciaron un ambiente de amenaza y hostilidad. Esto fue denunciado por la JBG el pasado 16 de marzo.

Para más información:

– Liberan por falta de cargos a 5 bases de apoyo zapatistas (La Jornada, 13 de mayo)

– Entregan a los cinco retenidos del EZLN (Cuarto Poder, 13 de mayo)

– Denuncian en La Garrucha secuestro de nueve zapatistas; otros 5 están detenidos (La Jornada, 12 de mayo)

– Comunidado del Caracol III “Resistencia hacia un nuevo amanecer” (La Garrucha, 10 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: denuncia pública de la JBG de la Garrucha sobre Ranchería Amaytic (18 de marzo de 2010)

Chiapas: JBG de La Realidad denuncia que habrá más desalojos en zonas zapatistas

La Junta de Buen Gobierno “Hacia La Esperanza”, zona selva fronteriza, ubicada en la Realidad denunció en un comunicado: del 30 de abril  “que Calderón organiza nuevos desalojos en comunidades zapatistas haciendo una brecha que encierra la biosfera de Montes Azules, son planes de las tres instancias del mal Gobierno Municipal, Estatal, Federal”. Aclaró que: “La Tierra se ama, se cuida, se trabaja y se defiende; como de lugar estamos dispuestos de defenderlo cueste lo que cueste”.

En un artículo del periódico La Jornada, Hermann Belinghausen se refirió al contexto en el que se presenta esta denuncia explicando: “Apenas el pasado 28 de abril, el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ricardo Alonso Frías, había anunciado que una “comisión interinstitucional” negociaba con “siete asentamientos, para lograr su reubicación mediante el diálogo, y dejen la superficie en la Comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules”. La Profepa especificó para la agencia Notimex que estos poblados “suman menos de 3 mil hectáreas y son: Salvador Allende, Ranchería Corozal, San Gregorio, Nuevo Limar, Agua Dulce, Ojo de Agua La Pimienta y Nuevo Villaflores”. Mencionó “entre las ofertas o propuestas” una “contraprestación, es decir, el otorgamiento de una ayuda económica para su salida del sitio”.

La JBG planteó en su comunicado …” para nosotr@s La Tierra es de quien la trabaja, por eso, la Junta de Buen Gobierno denuncia públicamente los hechos que están ocurriendo y ante esta situación les ponemos a sus conocimiento que como EZLN no permitiremos un desalojo más, no vamos a tolerar estas acciones y mucho menos que no vamos a dejar; vamos a defender nuestras tierras pase lo que pase, porque para nosotros la tierra, No se renta, No se alquila y mucho menos lo ponemos como un objeto de venta”.

Unos desalojos donde participaron diferentes fuerzas tanto policíacas como militares se dieron en enero de este año. Tras el desalojo forzado de las comunidades Laguna El Suspiro (también conocida como El Semental) y Laguna San Pedro (conocida San Pedro Guanil), ambas ubicadas en el municipio de Ocosingo, distintas garantías y derechos fundamentales fueron violentadas atentando así, contra la integridad de niños, mujeres y hombres que han ocupado la zona desde tiempos ancestrales.

Para más información:

Denuncia de JBG de la Realidad

Denuncian que habrá más desalojos en áreas zapatistas (La Jornada 3 de mayo)

Mas información de SIPAZ

Chiapas: Desalojos en Montes Azules ponen en riesgo la Paz en Chiapas

Oaxaca: Red por la Paz de Chiapas condena ataque armado contra caravana de observación en San Juan Copalá

Las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz Chiapas, condenamos enérgicamente el ataque armado que sufrieron integrantes de la caravana humanitaria conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales. La caravana se dirigía a la comunidad de San Juan Copalá en la región Triqui cuando fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT), organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada como teniendo corte paramilitar. El saldo de la agresión fue de dos muertos, BEATRíZ ALBERTA CARIÑO TRUJILLO, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS) y JYRI ANTERO JAAKKOLA, observador internacional originario de Finlandia, así como de varios heridos.

Esta agresión se dio en contra de una caravana humanitaria y pacífica de observación, refrendando el riesgo que corren las y los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México. Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.

De igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jyri Antero Jaakola de nacionalidad finlandesa durante la agresión, el gobierno del estado de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos.

El gobierno estatal se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia. La impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región. Finalmente, nos preocupa que, como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden publico sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona Triqui.

Ante esta situación, las organizaciones que integramos la Red por la Paz Chiapas, exigimos:

• Inmediata intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca y de la Procuraduría General de la República para que realicen una investigación imparcial, frenen la violencia en el lugar, se haga justicia y se castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.
• Actuar de inmediato para atender de fondo la violencia que viven las comunidades Triquis, poniendo especial énfasis en el respeto y garantías al proceso de diálogo interno.

• Que se investiguen y desmantelen los presuntos grupos paramilitares en la región.

• Asegurar condiciones que permitan el restablecimiento de la seguridad para toda la población sin distinción, situación que consideramos no se restablecería por la simple militarización de la zona
• Buscar soluciones a las razones que dieron pie a la organización de esta caravana (falta de acceso a servicios básicos de parte de la población)

Atentamente

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz

Educación para la Paz (Edupaz)

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)

Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)

Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Ataque a caravana de observación – 2 muertos y 4 desaparecidos (Abril 28, 2010)

Chiapas: marchan ejidatarios de Tila en defensa de su territorio

Hace años, o más bien décadas, que queda sin resolver el conflicto en cuanto a las tierras donde se ubica la cabecera municipal de Tila en la zona Norte de Chiapas. Últimamente la tensión ha ido creciendo entre los ejidatarios y el gobierno municipal, haciendo que los “pobladores” (gente que se instaló en la cabecera de Tila sin ser ejidatarios) también se dividieran entre los que apoyan al gobierno municipal y los que apoyan a los ejidatarios.

Según la información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), en 1934 , un decreto presidencial otorgó un poco más de 5400 hectáreas a los 836 ejidatarios de Tila. En 1966 esta resolución se vio modificada para convertir 130 hectáreas del ejido en “fondo legal”, o sea una parte en la que se sentó la “mancha urbana” y  la sede del gobierno municipal de Tila. Pero esta modificación no se dio de acuerdo a la ley, ya que quien la realizó no fue una autoridad competente para llevarla a cabo. Por ello en 1977 los ejidatarios presentaron un amparo en contra de esta decisión y lo ganaron. A pesar de ello, el  gobierno municipal de Tila llegó a pedir la aplicación del fondo legal y lo consiguió en el año 1980, o sea 130 hectáreas de las tierras ejidales pasaron bajo el control del gobierno municipal, lo cual dio pie a que los ejidatarios presentaran un segundo amparo en 1982. Aquella demanda no fue atendida durante años… hasta que en diciembre de 2008 se les otorgó el amparo. Según el mismo CDHFBC, eso implicaba tanto la devolución de las tierras despojadas, como  la cancelación de los registros de propiedad privada correspondientes y el pago de daños y perjuicios a los ejidatarios. Nada de eso fue cumplido hasta la fecha.

Por eso se realizó una gran marcha el día 11 de abril de 2010. “Miles” -según el CDHFBC- de hombres, mujeres, niños, ancianos vinieron a reivindicar el derecho a su territorio, reclamando el cumplimiento del amparo jurídico a su favor y denunciando los múltiples hostigamientos sufridos por este asunto y la criminalización de su protesta.

Para fotos y vídeos de la marcha y para leer el comunicado:

Marcha de miles de ejidatarios en Tila (blog Chiapas Denuncia Pública, 13/04/10)