El 8 de noviembre del 2009 a las 3.30 horas de la madrugada en la ciudad de Comitán, varios cuerpos policiacos allanaron, con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, la casa de Adolfo Guzmán Ordaz (integrante de la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación), de Margarita Guadalupe Martínez Martínez y de su familia.Días después, tras denunciar los hechos pública y penalmente, la familia recibió amenazas de muerte y hostigamiento. En febrero de 2010,Margarita Martínez fue víctima de los delitos de privación arbitraria de la libertad, tortura y amenazas de muerte para que desistiera definitivamente de la denuncia penal.
En un boletín denunciando la impunidad a un año de los primeros hechos de hostigamiento en contra de estos dos defensores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas señaló: “resultan incongruentes las reformas legislativas y la creación de organismos públicos especializados para las y los defensores de derechos humanos, si las agresiones cometidas en su contra quedan en la impunidad. (…) (El) gobierno del estado de Chiapas tiene la obligación de investigar y sancionar a todas aquellas personas que participen en la planeación y ejecución de violaciones a los derechos de las y los que dedican su vida a defender los derechos humanos. La impunidad aumenta el riesgo para las y los defensores de derechos humanos en cumplimiento de sus actividades”.
Los días 6 y 7 de noviembre, mujeres de distintos pueblos y organizaciones de Chiapas, se reunieron en el Encuentro de Mujeres en Resistencia y Esperanza para Defender Nuestra Madre Tierra y el Territorio, que tuvo lugar en las instalaciones del CIDECI – Unitierra. Las mujeres intercambiaron experiencias sobre el respeto a la madre tierra, la situación que viven en sus familias y cómo ven la justicia en sus pueblos. En la declaración final definen la madre tierra como fuente de alimentación, de costumbres y tradiciones y de su historia como pueblo. Por otra parte destacan varios problemas relacionados a la defensa de la madre tierra a los que tienen que enfrentarse como mujeres.
En el pronunciamiento, explican que las mujeres, por ejemplo, se resisten a proyectos del gobierno y de las grandes empresas que afectan sus tierras: “[el proyecto de la ciudades rurales] sólo nos obliga a dejar en manos del gobierno y de las empresas los recursos naturales de las tierras que nos quitan para que ellos lo aprovechen, violando así nuestros derechos a vivir como lo han hecho nuestras abuelas y abuelos. Otros proyectos que ponen en riesgo nuestras comunidades son las represas que se pretenden construir en nuestros territorios y sacarnos de nuestras tierras. Pero también hay otros recursos, como los minerales, que están debajo de nuestra madre tierra, por eso rechazamos a las grandes empresas mineras que explotan nuestras tierras, que perjudican la salud de nuestras hijas e hijos, por contaminar nuestros ríos y comunidades, porque destruyen los caminos, traen división entre las comunidades por causa del dinero que ofrecen, y porque traen muerte para las personas que enfrentan a estas empresas extranjeras”.
Por otro lado, las mujeres se pronunciaron en contra de la militarización y de la presencia de policías en sus regiones: “también nuestro Territorio se ve afectado por la presencia de la policía y los militares, ellos llegan según para ayudar o cuidar pero lo que vemos es que sólo llegan para controlarnos en nuestra vida diaria, en los retenes buscan información, nos faltan el respeto, en los lugares que ellos ponen sus campamentos se da la prostitución, el alcoholismo, drogadicción y problemas con la comunidad”. Las mujeres también señalaron los patrones culturales de sus propias comunidades como causas de desigualdad entre mujeres y hombres: “las costumbres de algunas comunidades no todas son buenas porque son los hombres los que siguen teniendo el control y poder sobre las tierras, siendo que nosotras también las trabajamos;incluso en algunas comunidades, en donde la mayoría de las autoridades son hombres, buscan imponer acuerdos que no toman en cuenta la palabra de todas y todos, quieren controlar hasta las personas con quienes nos vamos a casar, no reconocen aún nuestros derechos como mujeres”.
El viernes 22 de octubre, en el marco de la conmemoración mensual de la masacre de 1997, se llevó a cabo una conferencia de prensa de la asociación civil Las Abejas en Acteal. Durante la conferencia, el presidente de la mesa directiva de Las Abejas, José Alfredo Jiménez, dio a conocer un pronunciamiento de la asociación acerca de la liberación reciente de 15 personas que ratificaron fueron autores materiales de la masacre en Acteal del 22 de diciembre de 1997. La masacre dejó un total de 49 personas indígenas asesinadas, 4 de ellas aún no nacidas. Los liberados fueron beneficiados con la remisión parcial de la pena, y se les otorgó la libertad anticipada. El pronunciamiento de Las Abejas expresa su indignación por la decisión del “mal gobierno de Juan Sabines y Felipe Calderón” mencionando que: “está muy claro que les urge liberar a los autores materiales de la masacre, porque hay una preocupación y miedo de parte de los autores intelectuales que los paramilitares presos confiesen que la orden que recibieron de atacar y meter terror en las comunidades Abejas y zapatistas, venían desde el mal gobierno de Ernesto Zedillo, Emilio Chuayfet y sus cómplices”.
Con la liberación de 34 presos por los mismos hechos el año pasado, ya 49 personas fueron excarcelados del total de los más de 80 detenidos entre 1997 y 1998. Las Abejas denunciaron que estas excarcelaciones han implicado el regreso de varias de estas personas en Acteal o cerca de la comunidad, lo que ha significado el aumento del sentido de inseguridad de las y los sobrevivientes de la masacre. En el pronunciamiento Las Abejas comentaron: “Con esta situación no sabemos lo que nos puede pasar, porque les molesta que seguimos denunciando a los paramilitares y el mundo sabe que las armas que usaron en la masacre ahí están enterradas en las comunidades, porque el gobierno nunca hizo el desarme que tanto exigimos”.
Por su parte, el 21 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió un comunicado al respecto, señalando la estrategia del gobierno de sepultar lo ocurrido en Acteal: “la protección del Estado mexicano hacia los perpetradores de la masacre es clara y contundente, ante la insistencia de sepultar los sucesos del 22 de diciembre de 1997, día en que se cometió este Crimen de Estado, y como consecuencia negar la acción paramilitar en las zonas de los Altos y Norte de Chiapas en el marco del Conflicto Armado Interno no Resuelto, donde la estrategia de contrainsurgencia quedó evidenciada ante estos hechos”. De igual manera, el Centro señaló la falta de voluntad de los funcionarios públicos de investigar los sucesos: “La protección se extiende en la nula investigación hacia los autores intelectuales de la masacre, todos funcionarios públicos de ese entonces: Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República; Emilio Chuayfett, Secretario de Gobernación; Mario Renán Castillo, Comandante de la Séptima Región Militar; Gral. Enrique Cervantes, Secretario de la Defensa Nacional; Julio Cesar Ruiz Ferro, Gobernador del Estado de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas; Uriel Jarquín Gálvez, Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas; entre otros”.
El 15 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció públicamente el hostigamiento al cual fue sujeto el Cideci-Unitierra Chiapas en días recientes por parte de supuestos integrantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El 14 de octubre a las 18.30 de la tarde se presentaron afuera del Centro Indígena de Capacitación Integral “Fray Bartolomé de Las Casas” A.C.-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas) 3 presuntos oficiales de la CFE “exigiendo entrar en las instalaciones, por medio de amenazas, para entregar un documento judicial” al coordinador del Centro. Al ser interceptados por personal del lugar, uno de ellos advirtió: “O abres o llamamos a la policía”. Y añadió:Lo que podemos hacer si no nos abren es como en la ciudad de México, tiramos la puerta, entramos con la policía y sacamos del pelo al coordinador. Cuando se le solicitó una identificación, esta persona enseñó una credencial que lo acreditaba como personal del juzgado federal 4o de distrito de Tuxtla Gutiérrez.
Cabe mencionar que el Cideci-Unitierra, se encuentra en resistencia al pago de la luz desde 1995, cuando sus instalaciones se encontraban todavía en otro lugar. Por las amenazas y el hostigamiento recibidos decidieron establecer su propia planta de luz, misma que ha funcionado desde hace 4 años.
La denuncia señaló que desde julio pasado, de manera constante, Cideci ha sido vigilado por camionetas de CFE que recorren las afueras de las instalaciones observando la actividad que se desarrolla en el interior. La semana pasada también fue identificado un hombre fotografiando las instalaciones del Cideci. Este hostigamiento, apunta el CDHFBC,es una expresión más del contexto de criminalización, por parte de los gobiernos federal y estatal, contra las organizaciones que están caminando para construir proyectos de autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas”.
El 5 de Octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) emitió una denuncia pública por criminalización de su trabajo después de una manifestación de integrantes de la Organización “Visión de Alas de Águila 2000” – “Ejército de Dios” que se llevó a cabo el 1er de octubre pasado en San Cristóbal de Las Casas. Dicha manifestación, encabezada por Esdras Alonso González, fue realizada en apoyo al grupo de evangélicos de la comunidad de Mitzitón para que no sean reubicados y durante la misma se lanzaron consignas en contra del CDHFBC.
El comunicado plantea: “Durante la manifestación se repartieron volantes [ver foto] en donde se difama la labor de los integrantes de este Centro de Derechos Humanos; con pancartas en donde se expresa literalmente “PGR ACCIÓN PENAL CONTRA DIEGO CADENA” y otras con leyendas como “¡Presidente Calderón estamos Contigo! Ejército de Dios”, los integrante del Ejército de Dios ponen en riesgo la integridad de las defensoras y defensores de este Centro.
Previo a esta manifestación, el pasado 16 de septiembre de 2010, Esdras Alonso González dirigió una carta al Secretario de Gobernación en donde afirma “Los conflictos que se han venido desarrollando en la región de Los Altos de Chiapas, específicamente en zonas ejidales, obedecen a la presencia de activistas y organizaciones nacionales y también la participación de extranjeros agrupados a la red social que coordina el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas”. A lo largo del texto se hacen aseveraciones que carecen de fundamento y que, incluso, confunden el contexto y actores en Chiapas.
Esta campaña de difamación y criminalización hacia el trabajo que realizan los integrantes del Frayba pone en riesgo la integridad de defensoras y defensores que, sin distingo de filiación partidista, credo religioso o militancia política, atienden las demandas ciudadanas y acompañan procesos para garantizar el respeto y defensa de los Derechos Humanos en Chiapas, toda vez que se genera un ambiente de animadversión y linchamiento en contra de las y los integrantes de este Centro”.
En un acto frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de agosto, ejidatarios de Tila denunciaron el despojo prolongado de 130 hectáreas del ejido por parte de las autoridades. Reclaman que se les haga justicia, pues el amparo que les fue concedido en diciembre de 2008 y que ordenó a las autoridades restituirles las 130 hectáreas, fue desviado por vía política iniciándose el trámite para la indemnización, procedimiento rechazado por la asamblea general del ejido.
De acuerdo a la denuncia, “[e]n el año de 1975 un comisariado ejidal falso solicitó la creación del fundo legal y con firmas falsas fue presentada la solicitud ante el Tribunal Unitario Agrario, junto con el asesor jurídico del ayuntamiento municipal de Tila […], pero [eran] personas ajenas del ejido porque no están reconocidas en la asamblea general. […][C]on estos documentos falsificados y sin fundamento el C. Gobernador Juan Sabines Gutiérrez emitió [el] decreto número 72 para la expropiación de nuestras 130 hectáreas”, violando los derechos de los ejidatarios. Prosigue la denuncia: “Por esta razón presentamos [el] amparo 259/1982 ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas para impugnar el decreto número 72 y la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 17 de diciembre de 1980. Este amparo causó ejecutoria desde el 14 de enero de 2009. Pero el cumplimiento del amparo se ha desviado por vía política ofreciendo un pago de 40, 087, 044 pesos como pago de indemnización. La asamblea general de ejidatarios rechaza todo tipo de indemnización respecto de nuestras tierras ejidales, porque no son negociables. Reclamamos la restitución y entrega material [de] la superficie de 130-39-53 hectáreas que fue expropiada inconstitucional y que se nos fue dotada […] mediante una resolución presidencial [el] 30 de julio [de] 1934”.
El 2 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) publicó un informe que da cuenta de la situación jurídica actual en el caso de la restitución de las 130 hectáreas del ejido de Tila. El documento señala que el “juicio de amparo agrario promovido por el ejido Tila, en contra de diversos actos del Estado mexicano, ha sido el recurso adecuado, de acuerdo con la ley interna vigente para combatir los actos de despojo de sus tierras”. Sin embargo, el CDHFBC denuncia una “total denegación de justicia”, que consiste en los actos de dilación, incumplimiento y omisión, entre otros, de parte de las autoridades y los órganos de justicia, respectivamente.
Cabe señalar que los ejidatarios de Tila han recibido amenazas por reclamar la restitución de las tierras, según refieren testimonios incluidos en el informe del CDHFBC: “Asimismo, [los ejidatarios] señalan que existe el riesgo de que se reactiven las agresiones armadas del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia para inhibir sus acciones de defensa del territorio: “[…] Ya estamos escuchando que están volviendo a reorganizar a los grupos paramilitares de paz y justicia, están empezando a hacer reuniones y andan diciendo que en pronto empezarán los enfrentamientos y que a quien van a matar primero es al Comisariado Ejidal’ ”.
Por su parte, varios grupos de diferentes comunidades del estado expresaron su apoyo a los ejidatarios de Tila. Los adherentes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón se sumaron a las demandas de los ejidatarios de Tila mediante una denuncia con fecha del 2 de septiembre. Asimismo, los Comités de Derechos Humanos como subequipo Ch’ol de las parroquias de Palenque, Salto de Agua y Playas de Catazajá, emitieron una denuncia en apoyo a la lucha de los ejidatarios de Tila, destacando la violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, por parte de las autoridades.
El 20 de junio de 1996, fue víctima de desaparición forzada la joven Minerva Guadalupe Pérez Torres, originaria de Masojá Shucjá, municipio de Tila, delito por el que se encuentran señalados 30 integrantes del grupo de corte paramilitar Paz y Justicia en la comunidad Miguel Alemán. 14 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) recordó ésta y otras desapariciones forzadas, señalando que el Estado no ha cumplido con la obligación de aclarecer estos crímenes, tipificados como de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.
Según el boletín del CDHFBC, “[a] pesar de sus obligaciones, el Estado no ha cumplido y sigue negando la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, lo cual contradice el contenido del informe Grupos Subversivos y Delictivos con presencia en Chiapas, con membrete de General de Gobierno del estado de Chiapas, de fecha 27 de mayo del 2009, donde aparece una ficha descriptiva del grupo paramilitar Paz y Justicia, sus vínculos con el Estado a través del Ejército Mexicano y el financiamiento con recursos públicos provenientes de del Campo y de Desarrollo Social de Chiapas. El informe evidencia porqué creó esos grupos y las relaciones con operadores políticos del Estado quienes han participado y participan con esa política en contra de los pueblos indígenas¹”.
El 8 de noviembre del 2009 a las 3.30 horas de la madrugada en la ciudad de Comitán, varios cuerpos policiacos allanaron, con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, la casa de Adolfo Guzmán Ordaz (integrante de la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación), de Margarita Guadalupe Martínez Martínez y de su familia.Días después, tras denunciar los hechos pública y penalmente, la familia recibió amenazas de muerte y hostigamiento. En febrero de 2010,Margarita Martínez fue víctima de los delitos de privación arbitraria de la libertad, tortura y amenazas de muerte para que desistiera definitivamente de la denuncia penal.
Escrito por SIPAZ 
