Guerrero: 22° aniversario del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan

septiembre 6, 2016

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Marchaen el marco del 22 Aniversario del CDH Tlachinollan (@SIPAZ)

El 20 de agosto de 2016, en Tlapa de Comonfort una celebración eclesiástica y un ritual de los pueblos indígenas abrieron las actividades del 22° aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. “Moveré montañas para estar contigo” decían las playeras de los padres y las madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes agradecieron el trabajo y acompañamiento de Tlachinollan durante casi dos años, en especial el de Vidulfo Rosales, quien los representa jurídicamente. “Gracias a Tlachinollan los padres de familia de los 43 han podido continuar, con toda la dignidad que ya quisieran tener algunos funcionarios de gobierno, hemos sido criticados, hemos sido juzgados, nos han masacrado psicológicamente pero no nos importa, nosotros continuaremos luchando por la verdad”, indico un padre de familia.

El director del Centro, Abel Barrera Hernández, presentó posteriormente el informe anual intitulado “¡Pueblo Indignado! Resistir con el corazón por delante!: “ Este informe es por las luchas, el dolor, la esperanza, y busca construir la verdad con ustedes y exigir justicia desde abajo, desde donde ustedes nos han dicho que hay que pelear sin venderse, sin arrodillarse frente al poder.” Se refirió a la violencia en el estado: “Aquí contamos un promedio de 6.8 muertes diarias en Guerrero por la violencia y la indolencia de la autoridad, que está unida a ese poder delincuencial que nos ha enmarañado a lo largo de tres décadas.” Consideró que México requiere un compromiso mayor de los defensores de derechos humanos, no sólo un trabajo de documentación sino también de acompañamiento y sobre todo de involucramiento en experiencias muy dolorosas. “Como lo decimos en este informe tenemos que estar con el corazón por delante en la trinchera de lo que ahora requiere exigir verdad y justicia”, concluyó.

Tras la presentación del informe anual se inicio una marcha encabezada por los y las familiares de los 43 normalistas desaparecidos, seguido de la familia de Antonio Vivar, miembros de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), familiares de Nestora Salgado, representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), del centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), miembros de la Radio Ñomndaa La Palabra del Agua, de Xochistlahuaca, del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña, representantes de los pueblos indígenas de La Montaña así como e organizaciones naciones e internacionales. En total fueron más de 2,000 participantes quienes marcharon en exigencia de la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, de la libertad de los presos políticos, de justicia para Antonio Vivar y para manifestar su rechazo a las mineras.

La marcha llegó hasta la plaza central de la ciudad donde finalizó con un mitin en el cual tomaron la palabra varios de los participantes con fin de agradecer nuevamente el trabajo y el acompañamiento de Tlachinollan y reafirmar sus exigencias. Ahí, la madre del normalista Benjamin Asencio Bautista, Cristina Bautista Salvador, declaró que “es importante organizarse porque el gobierno empezó con los estudiantes, luego con los maestros y seguirá con los campesinos”. El hermano de Antonio Vivar, Avertano Vivar Díaz, invitó a la población a salir a las calles para exigir la presentación de los 43, justicia para su hermano y contra el desalojo violento de los profesores.

Al evento asistió también Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas en México, quien reconoció el gran trabajo de Tlachinollan en un Guerrero donde “la violencia, la extracción rapaz de los recursos naturales, la desaparición forzada, la violencia contra las mujeres y las detenciones arbitrarias son cotidianos“.

Para más informaciones:

Señala el Centro Tlachinollan que existen nexos entre la delincuencia y gobiernos de Guerrero ( La Jornada, 21 de agosto de 2016)
Conmemoran con marcha el 22 aniversario de la creación del Centro Tlachinollan ( La Jornada Guerrero, 21 de agosto de 2016)
Asisten padres de Ayotzinapa y más de dos mil personas al informe anual de Tlachinollan (El Sur Periódico de Guerrero, 20 de agosto de 2016)
Marchan en Tlapa por los 43, Antonio Vivar y los presos políticos en el aniversario de Tlachinollan (El Sur Periódico de Guerrero, 20 de agosto de 2016)

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Guerrero: Inconformidad tras un año del asesinato de Antonio Vivar

junio 7, 2016

Multitudinario funeral de Antonio Vivar en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en junio de 2015. Foto: @SIDIDH.

A un año del asesinato de Antonio Vivar, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron la falta de investigación en torno a los hechos ocurridos durante la jornada electoral en el estado de Guerrero, en junio del pasado año. Durante la jornada fue “ejecutado arbitrariamente el joven activista Antonio Vivar Díaz y decenas de personas fueron objeto de detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos”, según apuntó el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos (SIDIDH). Las organizaciones defensoras recordaron que la conflictividad social en el estado “no encontró canales de diálogo” y llegaron a darse “una serie de hechos violentos entre elementos de las fuerzas policiales y castrenses junto a grupos de personas armadas vinculadas a partidos políticos, que se enfrentaron con integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa de Comonfort”.

Asimismo, señalaron que la investigación del asesinato de Antonio Vivar “no ha tenido avances significativos y ha omitido realizar diligencias de especial importancia, además de que no ha integrado la información que la Comisión Nacional de Derechos Humanos obtuvo sobre la participación de las fuerzas federales”. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dijo, “el ministerio público de la federación desestimó esta acción delincuencial de los policías federales y se avocó a recabar sus testimonios, desvirtuando los hechos para que aparecieran como agraviados”. En un comunicado detallaron que los policías federales declararon no haber portado armas de fuego, afirman haber sido retenidos por varias horas en una capilla y haber sabido del asesinato hasta el siguiente día, a través de la prensa. Sumado a ello, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) intentó archivar el caso en febrero sin notificar a la familia del integrante del MPG. Ante ello, las organizaciones firmantes urgieron a la PGR iniciar una investigación diligente e identificar la responsabilidad de los elementos de la policía federal.

Para más información:

Tlachinollan | Exigen investigación diligente a un año de violencia electoral del 7 de junio en Guerrero (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, 6 de junio de 2016)

Denuncian organizaciones falta de investigación por el asesinato del activista Antonio Díaz (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 7 de junio de 2016)

ONG de Tlapa bloquean puente para exigir que resuelvan el caso de Toño Vivar (La Jornada Guerrero, 6 de junio de 2016)

OPINIÓN | Permiso para matar (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 6 de junio de 2016)

OPINIÓN | Pelear contra la impunidad y la desigualdad en la Montaña de Guerrero (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 8 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Marchan en Tlapa de Comonfort a un mes del asesinato de Antonio Vivar Díaz (10 de julio de 2015)

Guerrero: Gana PRI elecciones en contexto de violencia (9 de junio de 2015)

Chiapas: Muere un maestro en los enfrentamientos de oposición a la evaluación magisterial (10 de diciembre de 2015)


Guerrero: Se moviliza el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero para el cumplimiento de acuerdos

junio 2, 2016
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Movilización del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero. Foto: @Desinformémonos

El pasado 31 de mayo, las comunidades que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero iniciaron la “Jornada Contra la Desigualdad y la Discriminación”, ante “el incumplimiento del Gobierno Federal de darle continuidad a la propuesta del consejo denominada Que llueva maíz en la montaña, afirmó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Estas comunidades, afectadas por el paso del huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013, están en crisis alimentaria por ladevastación de la base productiva […] y la ausencia de políticas públicas de parte de las autoridades, según Tlachinollan.

Alrededor de 4 mil personas de las 186 comunidades que conforman el Consejo se movilizaron para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos tomados con la federación, que incluían el abastecimiento de granos básicos de 16 mil familias por un año, según el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos (SIDIDH). Asimismo, demandaron que se promuevauna estrategia integral que combata de raíz la pobreza, recuperando las prácticas agrícolas ancestrales que garantizaron a los pueblos indígenas una alimentación adecuada y suficiente”. En vez de ello, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo de gira en Acapulco inaugurando comedores comunitarios en un programa que pretende implementar 1,200 en todo el estado de Guerrero.

Tras dos días de movilizaciones, se acordó una reunión de trabajo a celebrarse el próximo 7 de junio, para la que exigieron la presentación del calendario de cumplimiento de los acuerdos, previo a que la temporada de lluvias vuelva a devastar sus territorios. El Consejo denunció “el desdén de las autoridades federales ante su exigencia de ser partícipes de la creación e implementación de las políticas de desarrollo que les afecta directamente y que – como en el caso del proyecto Que llueva Maíz en la Montañaellas mismas pueden diseñar y gestionar”, ante lo que urgió a la sociedad civil a mantenerse al pendiente de la situación de los pueblos entre los más excluidos y discriminados del país.

Para más información:

Concluye protesta indígena en Guerrero; exigen a Gobierno federal cumplimiento de acuerdos sobre alimentación (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 2 de junio de 2016)

NOTA INFORMATIVA | Jornada Contra la Desigualdad y la Discriminación. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 31 de mayo de 2016)

NOTA INFORMATIVA | Continúan su lucha por la participación de los pueblos indígenas en la construcción de verdaderas políticas públicas de desarrollo. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 1 de junio de 2016)

Dan inicio a Jornada Contra la Desigualdad y la Discriminación (Desinformémonos, 1 de junio de 2016)

Bloquean carreteras federales más de 4 mil damnificados de Manuel en La Montaña (La Jornada Guerrero, 1 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Marchan 3 mil integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero contra el hambre y el olvido (1 de abril de 2016)

Guerrero: Marcha de familias damnificadas a un año de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid (15 de septiembre de 2014)

Guerrero: Se logra acuerdo para implementación de un programa de abastecimiento de granos básicos para los damnificados de la Montaña (22 de febrero de 2014)

Guerrero: Damnificados de la Montaña realizan “Peregrinación del Hambre” por falta de apoyo gubernamental (5 de febrero de 2014)

Guerrero: Damnificados de las tormentas migran para poder subsistir (22 de octubre de 2013)


Guerrero: San Miguel del Progreso exige se determine inconstitucionalidad de Ley Minera

mayo 20, 2016
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Imagen de la conferencia de prensa. Foto: @La Opinión.

La comunidad de San Miguel del Progreso -Júba Wajiín en su lengua indígena Me’phaa-, del municipio de Malinaltepec, Guerrero, logró frenar, mediante la organización comunitaria, la entrada de dos empresas mineras que tenían concesiones en sus territorios. Éstas comprendían 168 mil hectáreas, afectando 7 municipios integrados por 240 comunidades, parte de las cuales se hubiera destinado a explotaciones mineras a cielo abierto.

El pueblo me’phaa de Júba Wajiín lleva años organizándose para la defensa de su tierra y territorio. Un juzgado ya había fallado a favor de esta comunidad en 2014 mediante una “sentencia inédita”, según Desinformémonos, la cual consideró que los derechos de las y los pobladores “fueron violados por el gobierno federal, luego de que éste entregó concesiones mineras a compañías transnacionales sin que primero consultara a sus habitantes”, apuntó La Jornada. El mismo medio destacó la importancia de esta resolución porque abrió “la puerta a que otros pueblos logren obtener amparos en contra de megaproyectos de este tipo”. Cabe señalar que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas sobre acciones en sus territorios está amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, señalando especialmente la realización de consulta “antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del subsuelo”. Posteriormente a la sentencia, en 2015 las dos empresas mineras renunciaron de forma simultánea a las concesiones.

En el proceso, la comunidad orientó su lucha hacia la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Minería de México teniendo en cuenta la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país, para no sólo cancelar la entrada de estas dos empresas mineras a sus territorios sino para que sirva para todas las comunidades afectadas por el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios. En un boletín del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se señaló al Ejecutivo Federal de buscar impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apuntando a que “las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN con las referidas cancelaciones. En efecto, ante la posibilidad de que se evidenciara que la Ley Minera contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales, las empresas y el Gobierno Federal optaron por operar la cancelación de los títulos concesorios”. En su situación actual, en la que los terrenos fueron liberados para que nuevas empresas puedan presentar concesiones, la comunidad tendría que impugnar nuevamente todo el proceso si otras empresas solicitaran concesiones en sus tierras. La comunidad Júba Wajiín junto con representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) y Tlachinollan, llamaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que continuara estudiando el caso y que considerara la evaluación de la constitucionalidad y la adecuación a los tratados internacionales de la Ley de Minería.

Para más información:

BOLETÍN | Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 18 de mayo de 2016)

Comunidad indígena logra la cancelación de concesiones mineras en La Montaña (La Jornada de Guerrero, 18 de mayo de 2016)

Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero (Centro Nacional de Comunicación Social, 19 de mayo de 2016)

Pueblos Me’phaa de Guerrero impulsan inconstitucionalidad de la Ley de Minería ante Suprema Corte (Desinformémonos, 18 de mayo de 2016)

San Miguel del Progreso, un pueblo que paró a las mineras (Trinchera Política y Cultura, 12 de abril de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Comunidad indígena pide a la SCJN revisión de la Ley Minera (2 de julio de 2014)

Guerrero: Indígenas de la Montaña piden amparo contra minera de Gran Bretania (15 de noviembre de 2013)

Guerrero: Representantes de municipios de la Montaña y la Costa Chica rechazan minería (28 de julio de 2015)

Guerrero: ONG emite Acción Urgente para proteger Evelia Bahena García, Diana Coralina Brito y Félix Rodríguez Navarrete (10 de agosto de 2015)


Guerrero: En libertad seis presos de la CRAC-PC

mayo 13, 2016
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Elementos de la policía comunitaria CRAC-PC en Guerrero. Foto: @DesInformémonos.

Después de casi tres años en prisión, fueron liberadas seis autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia del Paraíso de Ayutla de los Libres, Guerrero. Éstos fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Policía Federal, la Marina y el Ejército Mexicano en agosto de 2013, junto a Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien fue liberada en marzo del año en curso.

Los seis indígenas fueron acusados del secuestro de 43 personas, portación de armas y delincuencia organizada. Ante ello, un juez consideró que no había elementos que acreditaran dicha acusación sino que se violó el derecho de las autoridades indígenas a tener sus propias formas de impartición de justicia, organización social y política acordes a sus sistemas normativos. Según SIDIDH, estas aprehensiones fueron valoradas por la CRAC-PC como “una afrenta a su autonomía y autodeterminación como pueblos indígenas” y en un comunicado conjunto del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la CRAC-PC-Casa de Justicia San Luis Acatlán, denunciaron que las autoridades detenidas fueron “criminalizadas por defender el sistema de seguridad y justicia CRAC-PC” y que las acusaciones “se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”. Asimismo, el comunicado evidenció que “[l]as autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias” al mantenerles en un “arraigo ilegal”, no tuvieron traducción, “se les negó el derecho a una defensa adecuada y de su elección” y “se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos”.

Cabe destacar que durante el proceso Jueces Federales emitieron tres resoluciones que reconocen que “la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar sus conflictos dentro de su territorio”. A pesar de ello, al menos tres integrantes más de la CRAC-PC siguen privados de su libertad.

Por otro lado, Nestora Salgado lanzó la campaña internacional “Ponle rostro y nombre a las y los presos políticos en México” para exigir la liberación de las personas privadas de su libertad por motivos políticos en el país. A principio de mayo inició una gira por Europa de una duración de 16 días para informar de la situación de las y los presos políticos, de “la criminalización que sufrió ella […] y de las agresiones y amenazas que todavía padecen sus hijas y demás familiares”. Cabe mencionar que desde su liberación, Salgado García y su familia han denunciado agresiones y amenazas en su contra, la última de ellas fue dirigida a su hija, Saira Rodríguez, cuya casa fue baleada el pasado 4 de mayo y a quien le han retirado las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal.

Para más información:

Libres, seis policías comunitarios de Guerrero acusados de secuestro (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 13 de mayo de 2016)

BOLETÍN | Libres 6 autoridades comunitarias de la CRAC-PC (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 12 de mayo de 2016)

Liberan a 6 miembros de la CRAC-PC, tras 3 años presos (La Jornada, 12 de mayo de 2016)

Anuncia Nestora Salgado gira por Europa para exigir la libertad de presos políticos (La Jornada Guerrero, 10 de mayo de 2016)

Nestora Salgado felicita a los integrantes liberados de la CRAC y hace un llamado a unir fuerzas (DesInformémonos, 13 de mayo de 2016)

Saira Rodríguez, hija de Nestora Salgado, denuncia una nueva agresión en su contra en Olinalá (Sin Embargo, 9 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: Finaliza Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos (29 de abril de 2016)

Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril de 2016)

Guerrero: Hija de comandanta presa de la CRAC Nestora Salgado anuncia su salida de México ante amenazas de muerte (28 de octubre de 2014)


Guerrero: Grupo de Expertos sobre caso Ayotzinapa presenta su informe a 6 meses

septiembre 7, 2015

DSCF5588Marcha por Ayotzinapa, Ciudad de México,

26 de septiembre. Foto @SIPAZ

Los normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo informó la Procuraduría General de la República a inicios de este año, determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la presentación de su informe a 6 meses el pasado 6 de septiembre. Lo ocurrido contra los normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fue “un ataque masivo“, donde hubo 180 víctimas directas, entre ellas 6 ejecuciones extrajudiciales y 43 “desapariciones forzadas”, establecieron los expertos de la CIDH. El experto Carlos Beristain afirmó sobre los hechos que “hubo presencia de diferentes agentes del Estado (policía municipal, ministerial, federal) y no encontramos que hubiera acciones de protección. Lo que estaba pasando eran agresiones que superaban cualquier neutralización de personas”. Además, “hubo un retardo en atención a las víctimas. Las ambulancias tenían miedo de salir”. Las y los expertos, además, urgieron a investigar los hornos crematorios que pudieron haber sido habilitados para incinerar a los estudiantes. Por su parte, los padres y las madres piden la presencia indefinida de especialistas hasta que se alcance verdad y justicia.

El perito, José Torero, acudió el 12 de julio al basurero de Cocula, acompañado por el grupo de expertos, y estableció las condiciones necesarias para incinerar un cuerpo. “Nos demostró que las evidencias y el estado del arte de la ciencia en fuego indica que el óptimo para incinerar un cuerpo es un horno crematorio. En esas condiciones el tiempo requerido, requiere entre 90 y 120 minutos un solo cuerpo“, apuntó el experto Francisco Cox durante la conferencia de prensa. También, precisó que para incinerar un solo cuerpo, se necesitarían 650 kilogramos de madera. Además, la llama por la supuesta quema se habría tenido que inclinar hacia el basurero, encendiendo todo el plástico, lo que no ocurrió. “Para la incineración de 43 cuerpos no pudo hacerse en el basurero de Cocula”, remató Carlos Beristain. Ante esto, los expertos llamaron a investigar los hornos de cremación que pudieron haber sido utilizados para la quema de cuerpos de los estudiantes.

Otro asunto que los expertos precisaron, fue que fueron cinco, y no cuatro, los camiones sacados por los estudiantes el día de los hechos. La existencia del quinto autobús fue primero negada por declaraciones; ante la evidencia de un video de su existencia, las autoridades federales presentaron un camión para el examen de los expertos, quienes encontraron que no se trataba de la misma unidad que aparecía en el video del día de la toma. Hasta el momento, dicho autobús no ha sido encontrado y el GIEI sospecha que pudo haber sido un vehículo modificado para el transporte de droga, tomado de manera casual por los jóvenes, lo que habría desencadenado la agresión masiva, indiscriminada y con autores que, protegidos por una total impunidad, atacaron a cara descubierta.

Tanto padres y madres de los desaparecidos como las organizaciones acompañantes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Prodh, resaltaron que todos los funcionarios que obstaculizaron el acceso a la justicia deberán ser investigados. También precisaron que la investigación debe abarcar todo el contexto de macrodelincuencia, pues no es creíble que la colusión del crimen organizado con las autoridades se limite al ámbito municipal.

Para más información:

“Los muchachos no fueron incinerados en basurero de Cocula”: #InformeGIEI (Aristegui Noticias, 6 de septiembre de 2015)

Investiguen los hornos crematorios, piden expertos del caso Ayotzinapa al gobierno (Aristegui Noticias, 7 de septiembre de 2015)

Trasiego de drogas en autobuses, línea por indagar en caso Iguala (La Jornada, 6 de septiembre de 2015)

Informe completo Ayotzinapa (GIEI, 6 de septiembre de 2015)

video: Informe Ayotzinapa

video: Posición oficial de la PGR

video: Pronunciamiento de familiares

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Tlachinollan dedica su XXI informe de actividades a padres y madres de Ayotzinapa

Nacional/Guerrero: A casi un año de la desaparición forzada de “los 43”, no cesan las movilizaciones (28 de agosto de 2015)

Guerrero: Familiares de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunen con PGR por primera vez en 4 meses (16 de julio de 2015)


Guerrero: Familiares de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunen con PGR por primera vez en 4 meses

julio 16, 2015
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Marcha en Chilpancingo, febrero 2015
Foto @archivo SIPAZ

El día 9 de julio, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, junto a sus representantes, sostuvieron una reunión con la Procuradora General de la República, Arely Gómez. Fue la primera reunión desde que Gómez fuera ratificada en esa posición, y después de cuatro meses de rompimiento de la comunicación entre los familiares y las autoridades. La reunión fue gestionada y acompañada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independiente (GIEI), el cual en un comunicado de prensa menciona: “El Grupo considera que esta reunión es un paso importante para avanzar en la investigación y mejorar la relación con los familiares y considera que el resultado fue fructífero“. En la reunión la Procuradora y los familiares de los estudiantes hicieron referencia a la importancia del trabajo del GIEI frente a la investigación y se acordaron mecanismos de seguimiento y de diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR).

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, informó que la titular de la PGR no se pronunció sobre la “verdad histórica” establecida por el anterior procurador, Jesús Murillo Karam, y solamente señaló que el caso sigue abierto. El tercer informe del GIEI, de mayo de 2015, confirmó que el destino de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada no puede darse por resuelto de ninguna manera con la versión y las pruebas ofrecidas por la PGR: primero, porque existen alegaciones de tortura por parte de algunas de las personas en cuyas declaraciones se basa la teoría del caso, y segundo, porque no hay un móvil sólido que explique el inicio de la trama esgrimida por las autoridades federales.

Cabe recordar que el GIEI se compone por 5 expertas y expertos internacionales e independientes que en el marco de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El GIEI estará emitiendo una serie de recomendaciones al Estado mexicano sobre el caso y la situación de desaparición forzada en México.

Para más información:

Boletín de prensa GIEI (9 de julio de 2015)

Nuevas líneas de investigación para Ayotzinapa (SIDIDH, 10 de julio de 2015)

Tercer boletín GIEI (11 de mayo 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Guerrero: A nueve meses de Ayotzinapa los familiares expresan: “No nos vamos a callar” (2 de julio de 2015)

Chiapas/Guerrero: Delegación de familiares y compañeros de Ayotzinapa recorren comunidades del Congreso Nacional Indígena (22 de junio de 2015)

Guerrero/Nacional: 8 meses después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y no hay avances (30 de mayo de 2015)