Durante la última semana de octubre fueron reactivadas 40 órdenes de aprehensión contra líderes sociales del movimiento magistral guerrerense e incluso fueron detenidos cinco de ellos. En un boletín de prensa del 29 de octubre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (RENACID) destacaron que estos hechos demuestran la criminalización a la protesta social que ha emprendido el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, en lugar de escuchar y atender las demandas de la sociedad civil. Además en el boletín pidieron el cese a la represión arbitraria contra integrantes de los movimientos sociales y el respeto a la libre manifestación.
Conferencia CEMDA (@CENCOS)
El 28 de octubre, en la Ciudad de México, se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en la que organizaciones sociales expusieron la violación por parte del Estado mexicano al Derecho a la Consulta y Participación en asuntos de Interés Público, por la construcción de megaproyectos como por ejemplo la presa hidroeléctrica La Parota. Las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Tlachinollan, entre otras, expusieron que las autoridades de distintos niveles de gobierno han incumplido la Constitución, en especial, el artículo 2 que los obliga a implementar y llevar a cabo procesos de consulta cuando se trata de medidas legislativas, programas de desarrollo e implementación de obras e infraestructura que incidan sobre territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas. Expusieron que en el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, no se informó que inundarían 17,300 hectáreas, que se desplazarían a 25 mil campesinos y que afectarían a otros 75 mil más que viven rio abajo, ni se les consultó si estaban dispuestos a ser desplazados.
En el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas me’phaa que fueron violadas sexualmente por militares en 2002, los abogados Miguel Pulido Jiménez, director del Centro de Análisis e Investigación; Guadalupe Barrera, del centro de Investigación y Docencia Económicas AC y Daphne Cuevas, del Consorcio Parlamentario y Equidad AC, denunciaron que el Estado mexicano no está cumpliendo con la sentencia dictada por la Corte Interamericana (CoIDH). En conferencia de prensa, el 7 de noviembre, denunciaron que, primero el Estado mexicano fue incapaz de garantizar los derechos de las indígenas, después no les reconoció su condición de víctimas, y cuando la CoIDH lo condenó, no tuvo la voluntad de presupuestar los recursos suficientes para indemnización y reparar el daño. Guadalupe Barrera y Daphne Cuevas manifestaron que mientras el gobierno federal asegura que no tiene dinero para el pago de reparación de daños, sí cuenta con una presupuesto millonario para el pago de publicidad e imagen.
El 4 de noviembre en Chilpancingo, organizaciones sociales rindieron un homenaje por el primer aniversario luctuoso de Omar Guerrero Solís, mejor conocido como el comandante Ramiro, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), quien el 4 de noviembre del año pasado fue asesinado en la sierra de Coyuca de Catalán. El Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense), el sindicato minero de Taxco y la CETEG, entre otras, celebraron con una misa en la iglesia de San Mateo y posteriormente hicieron un acto en el zócalo. Javier Monroy, integrante de TADECO, destacó que “Ramiro, ofrendó su vida por nuestro pueblo, por darle una vida digna y por construir un mundo mejor y por ello debe ser el ‘modelo a seguir’ por los jóvenes”.
Para más información:
Critican ONG acoso contra profesores (La Jornada, 29 de octubre)
Guerrero, México: Reactivación de órdenes de aprehensión contra magisteriales y criminalización de la protesta (Kaos en la Red, 29 de octubre)
Exponen organizaciones ante la CIDH violaciones al derecho a la consulta (CENCOS, 28 de octubre)
No se cumple sentencia de Coidh, acusan (La Jornada, 8 de noviembre)
Rinden organizaciones homenaje al comandante Ramiro, caído en 2009 (La Jornada, 4 de noviembre)
El día 17 de diciembre de 2010, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo público un boletín sobre nuevos incidentes poniendo en riesgo a dos defensores de derechos humanos: a principios de diciembre, el integrante del Comité de Expresos Políticos “Voces Inocentes”, Julio César Pérez Ruiz, así como el integrante de la Red de Personal Médico y de Salud Mental para la Atención a Sobrevivientes de Tortura, colaborador externo del CDHFBC, José Alejandro Méza, “fueron objeto de vigilancia y hostigamiento en hechos diferentes ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas”. En el caso de Meza sufrió además allanamientos de su vehículo y su domicilio.
Escrito por SIPAZ 
