Guerrero: La CIDH otorga medidas cautelares a 107 defensores de DDHH en Guerrero

El día 21 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución a través de la que exigió al gobierno Federal y al de Guerrero de implementar medidas de protección para 107 defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. 41 de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), los integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores de derechos humanos asesinados en febrero de 2009, y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan).

Las medidas cautelares fueron otorgadas por una petición del 7 de abril y demuestra la falta de condiciones adecuadas para la realización del trabajo de los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. Después de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, las amenazas en contra de defensores de DDHH se han intensificado. Se han denunciado constantes amenazas de muerte en contra de familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas, así como en contra de los integrantes del CDHM Tlachinollan. También los integrantes de la OPIM han recibido amenazas por su trabajo en la región de Ayutla de los Libres.

En respuesta al llamado de organismos de DDHH nacionales e internacionales para implementar medidas de protección en favor de los defensores de derechos humanos en Guerrero, el gobierno del estado destacó que no se puede dar protección especial para algunos ciudadanos. Según la Jornada de Guerrero, el Secretaría de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, dijo que “no sólo las organizaciones sociales tienen derecho a la protección”. En respuesta Abel Barrera, el director del CDHM Tlachinollan, denunció la falta de voluntad política para proteger el trabajo de derechos humanos.

Para Más Información:

Denuncian al país por violaciones a indígenas, El Universal, 21/4/09.

Demanda CIDH protección para defensores ante nuevas amenazas, La Jornada Guerrero, 22/4/09.

Rechaza el gobierno de Torreblanca proteger a defensores de derechos, La Jornada Guerrero, 23/4/09.

Más Información de SIPAZ:

Guerrero: continúan hostigamiento y agresiones contra defensores de derechos humanos, Blog SIPAZ, 27/3/09.

Guerrero: Organizaciones nacionales e internacionales exigen una investigación sobre el asesinato de los dos defensores de derechos humanos, Blog SIPAZ, 27/2/09.

Guerrero: se encuentran los cuerpos de dos lideres mixtecos desaparecidos desde el 13 de febrero, Blog SIPAZ (23/2).

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Guerrero: continúan hostigamiento y agresiones contra defensores de derechos humanos

El Director del CDHM Tlachinollan, Abel Barrera

El día 25 de marzo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) denunció en una carta firmado por centenares de organizaciones nacionales e internacionales, que en las semanas recientes agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos se habían intensificado. Denunciaron hostigamientos en contra de las esposas de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, los dos indígenas asesinados por su trabajo como defensores de derechos humanos, y también en contra de Obtilia Eugenio Manuel, la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), quien también ha recibido amenazas de muerte por su trabajo de defensora.

El CDHM Tlachinollan denunció por su parte agresiones y hostigamiento contra sus integrantes. Según su comunicado, algunos de sus integrantes fueron perseguidos en manera intimidatoria cuando estaban viajando cerca de Ayutla de los Libres. El CDHM Tlachinollan planteó: “Las organizaciones defensoras de derechos humanos constatamos la ausencia de condiciones de trabajo para los defensores y defensoras en el estado de Guerrero y que justamente la búsqueda de justicia en el caso de la desaparición y ejecución de dos defensores, ha generado mayor riesgo a quienes exigimos la investigación a fondo, procesamiento y sanción de los responsables. Al respecto es necesario señalar que esta situación es consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales.”

Posteriormente, el día 26 de marzo, el CDHM anunció el cierre temporal de sus instalaciones en Ayutla de los Libres por la falta de seguridad vinculada a la intensificación de hostigamientos contra defensores de derechos humanos. Abel Barrera Hernández, el director del Centro explicó esta “drástica determinación” “al no haber condiciones para los defensores de derechos humanos en una de las regiones más pobres del país, y en donde el gobierno ha optado por la militarización”.

Para Más Información:

Se intensifican agresiones contra defensores de derechos humanos en Guerrero, CDHM Tlachinollan, 25/3.

Cierra centro de derechos humanos en Guerrero por amenazas, PROCESO, 25/3.

Por falta de garantías, Tlachinollan anuncia cierre de oficina en Ayutla, La Jornada Guerrero, 25/3.

Guerrero: se encuentran los cuerpos de dos lideres mixtecos desaparecidos desde el 13 de febrero

El día 22 de febrero de 2009 se encontraron los cuerpos de dos dirigentes reportados como desaparecidos  pertenecientes a la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). El día 13 de febrero, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la OFPM, fueron detenidos de manera forzada por 3 hombres armados presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM). Estos hombres armados llegaron a un evento público realizado en el pueblo de Ayutla de los Libres, amenazaron a Ponce Rosas y Lucas Lucía y los subieron ellos en un vehículo sin placas.

Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla -y ex militar-, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido”.

El domingo, 22 de febrero, por la mañana las esposas de Lucas Lucía y Ponce Rosas identificaron los cuerpos en el Servicio Medico Forense en Acapulco. Se encontraron los cadáveres enterrados a 80 centímetros y dentro de bolsas de plástico. Sus cuerpos presentaron claramente huellas de tortura y tiró de gracia.

Los dos integrantes de la OPFM habían trabajado por muchos años como defensores de derechos humanos de indígenas en la zona mixteca. Amnistía Internacional, en una acción urgente del 16 de febrero, planteó que “la desaparición de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía puede haber sido motivada por el trabajo de ambos para promover los derechos del pueblo indígena mixteco en la región”.

En su comunicado del 22 de febrero, el CDHM Tlachinollan aclaró: “Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un “crimen de Estado”, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo”.

Para más información:

Comunicado del CHDM Tlachinollan (22/2/09)

AU de Amnestia International “México: Asesinato de indígenas ilustra el pésimo estado de los derechos humanos en Guerrero” (24/2/09)

Crimen de Estado, la doble ejecución de líderes mixtecos, asegura ONG: La Jornada (23/2/09)

El doble homicidio, un crimen de Estado, acusa Tlachinollan: La Jornada Guerrero (23/2/09)

Guerrero: Amnistía Internacional México adopta a los 5 detenidos de la OPIM como prisioneros de conciencia.

Los 5 integrantes de la OPIM cuyos casos fue recién adoptados por AI

El 11 de noviembre, Amnistía Internacional (AI) México difundió un comunicado de prensa en el que hacen un llamamiento a favor de la liberación incondicional de los 5 integrantes de la OPIM (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa) que fueron detenidos hace 7 meses por el asesinato de Alejandro Feliciano García, hecho que ocurrió el pasado 1 de enero.

AI declaró que adoptó el caso de los 5 integrantes como prisioneros de conciencia después de llevar a cabo una investigación extensiva. Según AI, un prisionero de conciencia es “toda persona encarcelada por su raza, religión, expresión de ideas, color de piel, idioma, orientación sexual o credo, mientras no haya defendido o practicado la violencia. A menudo, las y los prisioneros de conciencia son adoptados como tales por la defensa pacífica de los derechos humanos que practican y que han motivado su detención”.

AI considera que las pruebas presentadas en contra de los 5 fueron “fabricadas” ya que el Ministerio Público que investigó su caso trabajó directamente con el cacique de la región, una persona que había amenazado y señalado públicamente a los integrantes de la OPIM. Además, enfatiza que la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado el amparo que una jueza federal había concedido a 4 de los 5 detenidos, sin presentar nuevas pruebas en contra de ellos. Según AI, este dato apunta a que existe un motivo político detrás de la privación de libertad que los detenidos continúan experimentando.

El investigador sobre México de AI, Rupert Knox comentó que “Esta historia ilustra un patrón común de abusos contra los derechos humanos en Guerrero”.

Más información:

Amnistía Internacional adopta a cinco defensores de los derechos (AI, 11/11/08)

Promover los Derechos de los Pueblos Indígenas de México (AI, 11/11/08)

Exige AI al Estado liberación de 5 detenidos de la OPIM (La Jornada, 12/11/08)

Más información de SIPAZ:

Guerrero: Gobierno federal impugna amparo otorgado a 4 de los 5 detenidos de la OPIM (SIPAZ, 06/11/08)

Guerrero: presos de la OPIM ganan amparo (SIPAZ, 22/10/08)

Guerrero: defensores de DDHH en Ayutla detenidos desde casi dos meses (SIPAZ, 13/06/08)

Página web de SIPAZ: Sociedad Civil – OPIM

Guerrero: defensores de DDHH en Ayutla detenidos desde casi dos meses

Cuauhtémoc Ramírez, presidente de la OPIM

Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina, Raúl Hernández Abundio, Orlando Manzanarez Lorenzo y Manuel Cruz Victoriano, defensores de derechos humanos e integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM) fueron detenidos el 18 de abril de 2008 en Ayutla de los Libres, Guerrero. Los cinco integrantes fueron detenidos en un retén en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada en su contra por un homicidio cometido el 1er de enero de este año. A parte de las detenciones se han dictado órdenes de detención contra otros 10 miembros de la OPIM, incluido su presidente, Cuauhtémoc Ramírez.

Según informa Amnistía Internacional, la investigación sobre el asesinato no ha progresado desde el 10 de abril, cuando se exhumó el cadáver de la víctima. Al día siguiente se dictaron los 15 órdenes de detención contra miembros de la OPIM, y los arriba mencionados fueron detenidos. Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aunque no hay elementos en la acusación que permita detener a esas personas, siguen presos desde hace ya casi dos meses.

La OPIM ha trabajado en la defensa de los derechos indígenas en las comunidades de Ayutla de los Libres y Acatepec, Costa-Montaña de Guerrero desde 2002. La OPIM viene sufriendo ataques y amenazas desde hace años, especialmente desde que la organización empezó a pedir activamente justicia por la violaciones de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú cometidas en 2002 por miembros del Ejército Mexicano (véase México: Mujeres indígenas e injusticia militar, AMR 41/033/2004) y por la esterilización forzada de 14 hombres indígenas Me Phaa en la comunidad de El Camalote en 1998. El 9 de febrero se encontró el cadáver de Lorenzo Fernández Ortega, miembro de la OPIM y hermano de Inés Fernández Ortega (véase AU 49/08, AMR 41/005/2008, del 22 de febrero de 2008).

A continuación, encontrarán pronunciamientos por parte de las organizaciones Frontline, WOLA (Washington Office for Latin America) y LAWG (Latin America Working Group) quienes expresan su fuerte preocupación por esas detenciones.

Más información:

Comunicado de LAWG y WOLA (06/06/2008)

Pronunciamiento de Front Line (30/05/2008)

Accion Urgent: Temor de juicio injusto / temor de tortura o malos tratos (Amnistía Internacional (22/04/2008)

Guerrero: Recuerdan décimo aniversario de la masacre de El Charco

La communidad de El Charco marcha en conmemoración de la masacre [Fuente: CNDH “Tlachinollan”]

El 6 y 7 de junio, se realizó el décimo aniversario de la masacre de El Charco, Guerrero, una comunidad mixteca y tlapaneca del municipio de Ayutla de los Libres. El 7 de junio 1998, 11 personas fueron asesinadas mientras dormían en la escuela Caritino Maldonado después de haber participado en una reunión sobre proyectos productivos para sus comunidades. Entre los asesinados estaba un estudiante de la UNAM y, según el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), 4 eran integrantes de dicha organización.

En 1999, los sobrevivientes se entrevistaron con la relatora especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, Asma Jahangir, que después en su informe dijo: “la relatora especial no está en condiciones de determinar todos los hechos del incidente”.

Actualmente, la comunidad están exigiendo el castigo de los que considera como responsables de la masacre: el ex presidente Ernesto Zedillo, el ex gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero (actualmente un senador) y el general Juan Alfredo Oropeza Garnica cuya participación también ha sido señalada en la represión contra la APPO en Oaxaca, según Erika Zamora Pardo, estudiante de la UNAM y sobreviviente de la masacre.

En el marco del aniversario, la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM) exigió indemnizaciones para los 42 huérfanos, la liberación de los presos políticos y el cese de la militarización del estado. Efrén Cortés, también sobreviviente de la masacre, destacó que el estado de Guerrero “se ha convertido en un laboratorio para aplicar la guerra de baja intensidad contra los pueblos indígenas…” y que actualmente hay unos 15 mil soldados en la región Montaña y Costa Chica de Guerrero.

El aniversario empezó el 6 por la noche con una ofrenda y velación en la escuela en donde se dio la masacre y el sábado se realizó una marcha de los sobrevivientes, familiares, viudas, huérfanos y otros miembros de la comunidad a la escuela Caritino Maldonado. Llevaban una manta con la frase: “A 10 años de la masacre estamos construyendo el poder del pueblo, y rechazamos la militarización”.

Más información:

A diez años de la masacre de El Charco, piden indígenas castigo a los responsables (El Sur, 09/06/2008)

A 10 años de la masacre de El Charco, el caso sigue en la impunidad (CDHM “Tlachinollan”, 07/06/2008)

Admite el ERPI que en El Charco murieron un líder y tres milicianos (La Jornada, 07/06/2008)

Llama el ERPI boicotear comicios (Excelsior, 07/06/2008)

En El Charco ya está documentado el crimen de Estado, advierte Ericka Zamora Pardo (La Jornada, 05/06/2008)

Fechas claves de Guerrero (SIPAZ, 09/06/2008)

Guerrero: Un mosaico de esperanza sobre un muro de impunidad (SIPAZ, 06/2005)

Guerrero: Asesinan a miembro de la OPIM en Ayutla de los Libres

El día 10 de febrero del 2008 en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, Lorenzo Fernández Ortega, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Mepha´a (OPIM) fue asesinado. Durante los últimos meses, la OPIM ha denunciado una intensificación de las amenazas de muerte y otras agresiones por parte del Ejército federal y grupos supuestamente paramilitares.

Según la OPIM la intensificación de dichas amenazas coinciden con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el uso de esterilización forzada contra indígenas de la comunidad de Camalote, igual que por la audiencia que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú tuvieron hace poco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de sus denuncias en contra de miembros del Ejército federal por violaciones sexuales en 2002.

Lorenzo Fernández Ortega era hermano de Inés Fernández Ortega y originario de la Comunidad de El Camalote. Según la denuncia de la OPIM, “Lorenzo fue asesinado por paramilitares que trabajan para el 48º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con sede en Cruz Grande”.

El asalto ocurrió después de que Lorenzo y otras personas de la comunidad de El Camelote fueron a Huamuxtitlán a presentar el caso de los 14 campesinos esterilizados, el de las violaciones sexuales por parte del ejército y la situación de extrema militarización ante la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour que visitó Guerrero la semana pasada.

Últimamente otra integrante de la dirección colectiva de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, ha recibido amenazas de muerte.

Más información:

Acción Urgente: MÉXICO Miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (Amnistía Internacional, 22/02/2008)