Oaxaca: nuevas amenazas en contra de Alba Cruz

enero 17, 2011

Alba Cruz (@Amnistía Internacional)

El 11 de enero, Alba Cruz, abogada y defensora de derechos humanos en Oaxaca recibió un nuevo mensaje de texto intimidatorio en su teléfono móvil. El mensaje se envió desde el mismo número de celular desde el que amenazas fueron enviadas en 2010 tanto en contra de ella como de Marcelino Coache Verano, uno de sus defendidos. Este nuevo incidente se puede ubicar como parte de la serie de amenazas y acoso a la que ha sido sometida y que tiene como finalidad obligarla a dejar de defender a víctimas de tortura y procesamiento infundado en casos relacionados con las manifestaciones generalizadas y los abusos policiales ocurridos en el estado de Oaxaca en 2006. Desde 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que adoptara medidas para proteger a Alba Cruz. A pesar de las medidas adoptadas, no se le ha logrado brindar una protección significativa, y los responsables de las amenazas y actos de intimidación contra ella siguen en libertad.

Para más información:

Para más información de SIPAZ:

– Oaxaca: atentado contra líder sindical Marcelino Coache (18 de mayo de 2010)

– Oaxaca: Breves- movilización policiaca/ nuevas agresiones a Centro de Derechos Humanos/Medidas cautelares a favor de activista y de su familia (13 de mayo de 2009)

– Oaxaca: nuevas amenazas en el caso Marcelino Coache

(27 de abril de 2009)

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México: diputados aprueban reformas en materia de derechos humanos

diciembre 22, 2010

El 14 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a once artículos de la Constitución Política mexicana. Será devuelto al Senado, ya que se modificaron algunos de sus alcances, entre éstos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pueda indagar violaciones graves, pero sin que se le concedan atribuciones de autoridad investigadora.

El proyecto de reforma al Capítulo I del Título Primero de la Constitución Política incluye el concepto de los derechos humanos, por encima de las garantías individuales, y reconoce la protección de los tratados internacionales suscritos por México en esa materia. Incorpora asimismo la prohibición de prácticas discriminatorias motivadas por las preferencias sexuales, que se suman así al origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones y estado civil.

El dictamen establece el procedimiento para restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías, en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Subraya que en ningún caso podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación, a la protección a la familia, a la nacionalidad, ni los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, de conciencia y de creencia religiosa. La facultad de suspender el ejercicio de los derechos y sus garantías corresponde al Presidente de la República, con la aprobación de las cámaras del Congreso de la Unión o, en caso de receso, de la Comisión Permanente.

El artículo 33 limitará la facultad del Ejecutivo para expulsar a extranjeros, a quienes se les concederá plena audiencia, y que como principio de política exterior se agregó en el artículo 89 respecto a la protección y promoción de los derechos humanos. Otra propuesta de cambio obligará a los funcionarios que no acaten las recomendaciones del ombudsman a dar una explicación pública.

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, señaló que se trata de una reforma muy importante y reconoció que con ella, se abre una puerta para incluir en el cuerpo constitucional los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual serviría para resolver varias de las lagunas jurídicas del texto.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) valoró la iniciativa pero demandó al Congreso modificar la redacción del artículo 11 de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues como se encuentra permite confusiones terminológicas y conceptuales que pueden minar la protección de la garantía de asilo.

En pronunciamiento conjunto del 15 de diciembre, cerca de 20 organizaciones civiles mexicanas celebraron la aprobación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y exhortaron al Senado a priorizar dichas reformas, que, consideraron representan un triunfo histórico del movimiento de derechos humanos en México. Subrayaron : “Entre otras, además de la incorporación a la Constitución de los derechos contenidos en los tratados internacionales en la materia, resultan dignas de destacar: la incorporación del criterio de interpretación conforme; la regulación del estado de emergencia, el control de la constitucionalidad de los decretos expedidos por el Ejecutivo en ese estado y la protección explícita de los derechos que por ninguna circunstancia pueden ser suspendidos; el reconocimiento del derecho de audiencia en el procedimiento de expulsión de extranjeros; la centralidad de los derechos humanos en la educación, el sistema penitenciario y la política exterior; el derecho de toda persona a solicitar y recibir asilo en caso de persecución; y el reforzamiento de las facultades de los organismos públicos no – jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, entre otras.

Dicha reforma es trascendental para la actualización de la Constitución en la materia y representa el paso más importante que México ha dado en muchas décadas, para que todas las personas cuenten en nuestro país con la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, por lo que exhortamos al Senado a que priorice en la agenda parlamentaria la aprobación de esta reforma fundamental”.

Para más información:

Aprueban en comisiones de San Lázaro la reforma en materia de derechos humanos (La Jornada, 14 de diciembre)

Los diputados conceden a la CNDH la facultad de investigar (Milenio, 14 de diciembre de 2010)

Reforma sobre derechos armoniza leyes mexicanas con estándares mundiales: AI (La Jornada, 15 de diciembre de 2010)

Pide ACNUR al Congreso garantizar asilo en el país (La Jornada, 15 de diciembre de 2010)

Pronunciamiento conjunto de organizaciones civiles mexicanas (15 de diciembre de 2010)

– Quedan reafirmados derechos humanos en la Constitución (La Jornada, 16 de diciembre de 2010)

Diputados dan más facultades a la CNDH (El Universal, 16 de diciembre de 2010)

– Celebran ONG modificaciones hechas en San Lázaro al juicio de amparo (La Jornada, 17 de diciembre de 2010)


México: Controvertida, la iniciativa de Calderón para reformar el fuero militar

octubre 22, 2010



El 18 de octubre, el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar que modificaría el fuero castrense de tal forma que los elementos de las Fuerzas Armadas que cometen los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, serían juzgados en tribunales civiles. Organizaciones de derechos humanos criticaron la iniciativa como insuficiente, pues no acabaría con la impunidad prevaleciente en lo que se refiere a violaciones cometidas por las fuerzas armadas, además de dejar fuera otros tipos de violaciones a derechos humanos.

La iniciativa del Ejecutivo federal contempla que la persecución de los delitos de tortura, violación y desaparición forzada esté a cargo del Ministerio Público federal. Para su investigación, se crearía la Policía Ministerial Militar, subordinada y bajo el mando de la primera. Los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada, enfrentarían una condena de 20 a 50 años, sin posibilidad de amnistía, indulto o beneficio de preliberación.

Organismos de derechos humanos internacionales criticaron que la reforma impulsada es insuficiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México consideró que la iniciativa abre el camino para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Rosendo Radilla (desaparición forzada) y Valentina Rosendo e Inés Fernández (violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército), sin embargo, indicó, se queda corto ya que no abarca todos los delitos cometidos por militares en contra de la población civil, valoración con la que coincidió Amnistía Internacional. En el mismo sentido, la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, criticó que no estén incluidos delitos igualmente graves como el de la ejecución extrajudicial.

Por su parte, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales manifestaron en un boletín conjunto que la reforma del Código de Justicia Militar mantiene las condiciones que favorecen la impunidad en cuanto a abusos de las fuerzas armadas en contra de civiles. Explicaron que la propuesta no armoniza la legislación interna con los tratados internacionales en la materia. Las organizaciones destacan que las sentencias de la CoIDH no serían acatadas con esta reforma, ya que en los fallos emitidos por la instancia interamericana “se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles“. Por su parte, el día 21 de octubre, organizaciones civiles y sociales del estado de Guerrero emitieron un pronunciamiento acerca del tema, recordando “que las cuatro sentencias [de la CoIDH] en contra de México (Caso campo algodonero; Caso Rosendo Radilla; Casos Inés Fernández y Valentina Rosendo) están relacionadas con efectivos militares violadores de derechos humanos y tres de estos cuatro procesos tuvieron lugar en el estado de Guerrero.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Chiapas: Presentación de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas

septiembre 15, 2010

El día 13 de septiembre la sección Chiapas de Amnistía Internacional y la Misión Jesuita de Bachajón presentaron en San Cristóbal de las Casas la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas en Español y Tseltal.  Fue exactamente hace 3 años que la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) aprobó la declaración que establece el derecho a la autodeterminación, al control de tierras y recursos naturales y a la cultura y tradiciones en las comunidades.

Manuel de la Cruz, integrante del Centro de Derechos Indígenas, Asociación Civil (Cediac) afirmó que “La declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre nuestros derechos ha sido un instrumento valioso para los pueblos indígenas, sobre todo ahora que ha sido traducida a nuestra lengua, porque así la podemos analizar y discutir en las comunidades en cursos y talleres”. Mencionó como ejemplo que gracias a que diferentes comunidades conocen más sus derechos se organizaron y lograron que se suspendiera momentáneamente la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque. Agregó: “Esa vía iba a afectar tierras y recursos naturales de muchos ejidos, y no nos iba a traer ningún beneficio, pues sería sólo para el paso de vehículos, como ocurre en muchas carreteras de ese tipo”.

Para más información:

Presentan la declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas en tzeltal La Jornada (14/09/2010)

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Aprueba ONU Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas La Jornada (14/09/2007)

Para más información de SIPAZ

La ONU aprueba la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 13/09/2007


Chiapas: Presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional

junio 19, 2010

El domingo 13 de junio, Amnistía Internacional-México presentó su nuevo informe mundial 2010 en San Cristóbal de Las Casas con la participación de varios ponentes, dando más elementos sobre el capítulo México del mismo y profundizando sobre aspectos como los derechos de los migrantes, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los periodistas en el contexto específico de Chiapas.

Alfonso García Castillo, directivo de AI en México, inició la presentación refiriéndose al contexto alarmante en el que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos en México. Apuntaló: La tortura en México disminuye, pero los ataques contra comunidades y luchadores sociales ahora son más violentos y los asesinatos, desapariciones y violaciones no sólo aumentan, sino se consuman de modo más grave, a menudo por el solo hecho de reclamar derechos.  Respecto a Chiapas, señaló: Los megaproyectos que se construyen sin previa consulta y las disputas originadas por el aprovechamiento de los recursos naturales dan lugar a una sistemática violación de los derechos indígenas, en una problemática que ya está generalizándose en la zona sur del país y conlleva no sólo el desplazamiento de comunidades, sino la negación de su identidad.

Fermina Rodríguez Velazco del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula habló sobre la realidad vivida por los migrantes centroamericanos en la frontera Sur, destacando los riesgos y múltiples violaciones a los derechos humanos a los que están sujetos.  Otro ponente denunció la continuación hasta la fecha del racismo y de la discriminación en contra de los pueblos indígenas, especialmente en Chiapas, y otra compartió partes del informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que arroja elementos de alta preocupación respecto a la violencia en contra de las mujeres mexicanas y chiapanecas. También cuestionó la falta de atención por parte de agencias gubernamentales frente a los asesinatos de mujeres, mexicanas en general y chiapanecas en particular. Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso, habló respecto  a las violaciones de derechos humanos (incluyendo el derecho a la vida) para los periodistas, y también aludió a las dinámicas socio-económicas que con frecuencia hacen que los periodistas trabajen por proyectos mediáticos dominantes y conservadores.

Esta conferencia viene unas semanas después de la publicación del nuevo informe anual de AI sobre los derechos humanos en el mundo–El estado de los derechos humanos en el mundo–y la del informe anual sobre la situación en México, a finales de mayo.  Según AI, aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza. La parte sobre México de dicho informe subraya que graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos policiacos y militares en México aumentaron este año en México. El informe también resalta el alto nivel de violencia machista, los crímenes del crimen organizado y el acoso a periodistas y activistas pro derechos humanos que se viven en el país.  También señala que “continúa muy arraigada la impunidad” en el país, y concluye diciendo que “[s]e terminó la hora de la retórica, se requieren acciones.”  De hecho, el director ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera Aragón, señaló a fines de mayo que pensaba que México estaba 10 años rezagado con relación a la situación de derechos humanos, en comparación con países como Guatemala, Chile y Argentina. Herrera Aragón también destacó que en realidad poca gente tiene acceso al sistema juridical en México.

Para más información:

Aumenta la violencia en los ataques a comunidades: AI (La Jornada, 14 de junio)

México está rezagado 10 años, afirma AI (El Universal, 25 de mayo)

Aumentan violaciones a DDHH en México: AI (El Universal, 27 de mayo)

Crecen abusos de Ejército y policía contra los civiles (La Jornada, 27 de mayo)


Campeche: Detención de activista contra las altas tarifas de luz

mayo 26, 2010

Cartel exigiendo la libertad de los presos de Campeche

Cartel exigiendo la libertad de los presos de Campeche

El pasado 15 de mayo, en la ciudad de Escárcega, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) Octavio Solís Cortés, integrante del movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria, estado de Campeche. Fue llevado al Ministerio Público de la ciudad de Campeche, capital del estado del mismo nombre, y posteriormente al penal de San Francisco Koben. De acuerdo a la denuncia hecha por el Movimiento de Cultura Popular, de Mérida (Yucatán), la “detención del compañero Octavio Solís se ejecuta precisamente el día en que se realizaba el Encuentro nacional de las resistencias en Candelaria y los compañeros presos Sara, Joaquín y Guadalupe iniciaban su huelga de hambre con el objetivo de que los magistrados a cargo de resolver el amparo que les fue otorgado con anterioridad, dejen de retardar su resolución”.

Cabe recordar que el 10 julio del 2009, fueron detenidos por la PGR Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borjas Contreras, Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano Gómez, del movimiento mencionado arriba, e internados en el penal de Koben, acusados del cargo de privación ilegal de la libertad, entre otros. Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano lograron la libertad bajo fianza el 23 de septiembre de 2009. Amnistía Internacional declaró presos de consciencia a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas el pasado 4 de marzo, considerando que el encarcelamiento de los tres activistas se debe a su lucha contra las tarifas excesivas que cobra la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que los cargos que enfrentan les fueron fabricados.

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Oaxaca: Actualización de información sobre ataque a caravana de observación

mayo 1, 2010
Imagen del municipio autónomo en su 2° aniversario © zapateando

Imagen del municipio autónomo San Juan Copala en su 2° aniversario © zapateando.wordpress.com

A dos días de haber ocurrido el ataque a una caravana de observación en la zona triqui, del estado de Oaxaca, las cuatro personas que inicialmente se reportaron desaparecidas lograron salir de la región. Dos de ellas presentaron heridas de balas por la agresión. Mientras tanto, varias organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales expresaron su rechazo a la agresión ocurrida el 27 de abril y exigieron a las autoridades aclarecer el crimen.

De acuerdo a información periodística, el 29 de abril se presentaron David Venegas y Noé Bautista, integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), y fueron rescatados el mismo día Érika Ramírez y David Cilia, reporteros de la revista Contralinea. Noé Bautista y David Cilia sufrieron heridas de bala por el ataque del 27 de abril. Con ello, ya no hay personas desaparecidas de las que participaron en la caravana y se confirma como resultado de la agresión la muerte de la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador finlandés Jyri Jaakkola.

La agresión a la caravana de observación ha suscitado un rechazo enérgico a nivel nacional e internacional, tanto de organizaciones no-gubernamentales como de organismos supranacionales. Así, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), conformada por más de 60 organizaciones civiles de Derechos Humanos en todo el país, emitió una Acción Urgente exigiendo a los gobiernos estatal y federal una investigación exhaustiva e imparcial del ataque y llevar los responsables ante la justicia. También Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México (OACNUDH) condenaron la agresión a la misión que tenía entre sus propósitos brindar ayuda humanitaria a la población cercada por el grupo Unión de Bien Estar Social para la Región Triqui (Ubisort), en el municipio autónomo de San Juan Cópala.

Ocurrida la agresión en el contexto de campañas electorales a nivel estatal, el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, deslindó al gobierno estatal de cualquier responsabilidad en el ataque ocurrido el pasado 27 de abril. Incluso, cuestionó la participación de extranjeros en esta caravana, advirtiendo que debería investigarse su calidad migratoria. Al respecto, la Red por la Paz, conformada por varias organizaciones de Derechos Humanos y trabajo en favor de la paz en Chiapas, censuró que “el gobierno de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos“.

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