Nacional: Citizen Lab revela intento de hackeo con Pegasus a colegas de periodista asesinato

Foto @ Rompeviento TV

En los días posteriores al asesinato del periodista Javier Valdez del diario Ríodoce en mayo de 2017, otros reporteros, colegas suyo, recibieron, según el New York Times, mensajes de texto que afirmaban que los homicidas estaban detenidos.

Según información de un reporte del centro de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto, dos días después del asesinato de Valdez, Andrés Villarreal “recibió varios mensajes que indicaban que se había identificado a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los ejecutores del asesinato de Valdez Cárdenas y que solicitaban dar clic en un enlace para conocer la noticia completa. Varios días después, Ismael Bojórquez, director de Río Doce, recibió mensajes similares.” El reporte indica que estos mensajes estaban infectados con el programa espía Pegasus, que el gobierno mexicano le compró a un vendedor de armas cibernéticas israelí llamado NSO Group.

El software Pegasus se infiltra en los teléfonos y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia. La empresa expresó que venden esta aplicación en “forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas”

“Cuando Villarreal y Bojórquez fueron atacados por Reckless-1 en mayo de 2017 había quedado claro desde hacía casi ocho meses que Pegasus estaba siendo utilizado en México. El caso incluso había llegado a dos primeras planas del New York Times. A pesar de la atención pública, el operador vinculado al gobierno mexicano no parecía haber sentido suficiente presión para dejar de atacar a la sociedad civil. Tampoco parecía que NSO Group, su proveedor, hubiera persuadido a su cliente de dejar de seguir abusando de Pegasus”, refirió Citizen Lab en su reporte.

Para más información:

Reporte Citizen Lab (27 de noviembre de 2018)

Un día después del asesinato del periodista Javier Valdez, sus colegas fueron ‘hackeados’ (The New York Times, 27 de noviembre de 2018)

Dos periodistas se suman a los ataques con Pegasus en México: Citizen Lab (Vanguardia, 27 de noviembre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas : Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Comité para la Protección de Periodistas califican el estado como “foco rojo” en materia de libertad de prensa y de expresión (16 de noviembre de 2018)

Guerrero : Artículo 19 llama a investigar motivaciones políticas en el caso del asesinato del periodista, Gabriel Soriano (30 de octubre de 2018)

Nacional: Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y personas defensoras se queda sin fondo. (10 de octubre de 2018)

Nacional: Relatores sobre libertad de expresión de la CIDH y la ONU presentan informe después de visita a México

 

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Chiapas: gobiernos comunitarios de Chilón y Sitalá se manifiestan ante el Tribunal de Electoral del Estado para exigir que se les reconozca su derecho a la libre determinación

Foto @ SIPAZ

EL 16 de noviembre, integrantes de los gobiernos comunitarios tzeltales de los municipios de Chilón y Sitalá se manifestaron a las afueras del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) para exigir una sentencia favorable que les permita instalar Concejos comunitarios en sus municipios por la vía de los usos y costumbres.

“Desde el 17 de noviembre del 2017 metimos una solicitud aquí en el Tribunal y nos han puesto muchos requisitos y así fue pasando tiempo y ahorita no hay una respuesta favorable… Lo que nos dijeron es que nos van a hacer una investigación antropológica cultural pero bien sabemos aún tenemos nuestra cultura y somos indígenas”, declararon.

Rechazaron la necesidad de realizar un peritaje antropológico: “Somos pueblos originarios, descendientes mayas, tzeltales; nuestra lengua, nuestra ropa, nuestras fiestas, nuestro modo de organizarnos hablan de una cultura que está viva”. Denunciaron además que “un estudio cultural es violatorio de nuestros derechos humanos e indígenas por atentar contra el principio de autoadscripción, consagrado en nuestra Constitución Mexicana, en su artículo segundo, así como por la jurisprudencia nacional y los convenios internacionales respectivos”.

La petición presentada al Instituto Electoral y de Participación Electoral (IEPC) hace un año fue respaldada por unas 3 mil personas de Sitalá y unas 16 mil de Chilón, y sustentada en el Convenio 169 de la OIT, en la Convención  de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en la propia Constitución Mexicana.

Afirmaron que “la presencia de los múltiples partidos políticos en nuestras comunidades, han dividido a nuestras familias; hemos visto como la compra de votos, las amenazas de recortar los programas sociales, el favoritismo a unos grupos sobre otros, el uso de la violencia para intimidar, los pactos realizados con el crimen organizado han lastimado nuestra armonía comunitaria y lo que llamamos el lekil cuxlejalil (en tzeltal), la buena vida en común”.

Ante inconformidades en el proceso, el caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó a su homólogo del estado hacer un análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la solicitud,así como estudios que permitan saber si en el caso de Chilón y Sitalá para valorar si el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y el derecho de elegir a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres aplican.

A más de un año de la petición formal y ante la ausencia de respuesta, los manifestantes exigieron una resolución pronta y congruente con el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios.

Para más información:

Exigen habitantes de Chilón y Sitalá Concejos Municipales(Meganoticias, 16 de noviembre de 2018)

Gobierno Comunitario de Chilón y Sitala llegan al TEECH para exigir pronta respuesta (Chiapas Paralelo, 16 de noviembre de 2018)

Exigen indígenas gobierno por usos y costumbres (Mural Chiapas, 16 de noviembre de 2018)

Indígenas de Chillón y Sitalá piden elegir a autoridades por usos y costumbres (El Heraldo de Chiapas, 17 de noviembre de 2018)

Pobladores de Sitalá piden que sus autoridades sean elegidas por usos y costumbres (Prensa Libre, 17 de noviembre de 2018)

Exigen consulta para elegir gobiernos comunitarios en Chiapas (La Jornada, 18 de noviembre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: realizan foro sobre Libre determinación (10 de agosto de 2018)

Chiapas: Nuevos avances en las solicitudes de los gobiernos comunitarios. (25 de julio de 2018)

Chiapas: Tribunal electoral federal exige a IEPC revisar petición de pobladores de Chilón y Sitalá que buscan elecciones por usos y costumbres (9 de mayo de 2018)

Chiapas: Son presentados los Concejos del Gobierno Comunitario de los Municipios de Chilón y Sitalá (23 de abril de 2018)

Chiapas: Suspensión de elecciones en Oxchuc ; Chilón, Sitalá y Nuevo Rincón Chamulá no acreditan para elecciones por usos y costumbres, informa IEPC (19 de abril de 2018)

Chiapas : Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Comité para la Protección de Periodistas califican el estado como “foco rojo” en materia de libertad de prensa y de expresión

“Justicia para Mario” (@APECOCH)

Del 9 al 13 de noviembre, las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingles) visitaron a Chiapas para supervisar los avances que se han tenido en la investigación del asesinato del reportero Mario Gómez, ocurrido el pasado 21 de septiembre en el municipio de Yajalón y documentar la situación de la libertad de prensa y expresión en el estado. Realizaron entrevistas con familiares y conocidos del corresponsal del diario El Heraldo de Chiapas, periodistas de medios locales y nacionales con base en Chiapas, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades del estado, así como con la Fiscalía General del Estado y el equipo de transición del gobernador electo Rutilio Escandón.

Al finalizar su visita, afirmaron que Chiapas ya es un “foco rojo” en materia de libertad de prensa y de expresión, Yajalón, Chilón, Tapachula, Comitán y toda la franja fronteriza siendo las zonas con más riesgo para ejercer la actividad periodística, por la presencia de la delincuencia organizada. Documentaron intimidaciones, amenazas, demandas judiciales y agresiones físicas, así como una fuerte precariedad laboral. “Esa violencia ha provocado autocensura entre reporteros que cubren temas como corrupción, conflictos sociales, abusos de poder por autoridades, delincuencia organizada y su relación con las autoridades”, afirmaron.

En el caso de lo sucedido a Mario Leonel Gómez Sánchez, reconocieron que si bien hay avances, es necesario que se indague quienes fueron los autores intelectuales que dieron la orden de ejecutar al periodista. Aseveraron que hay elementos suficientes para considerar que el asesinato de Mario Gómez fue vinculado con su labor periodística.

“Urge que el gobierno entrante del gobernador electo Rutilio Escandón desarrolle políticas públicas integrales de prevención, protección y combate de la impunidad, con el fin de garantizar el libre ejercicio periodístico en el estado”, subrayaron ambas organizaciones entre varias otras recomendaciones.

Cabe recordar que según cifras de RSF y del CPJ, México es el país más mortífero para el ejercicio periodístico en el Hemisferio Occidental, con por lo menos nueve reporteros privados de sus vidas en lo que va el año.

Para más información:

Chiapas es ya “un foco rojo” en materia de libertad de prensa y de expresión: RSF y CPJ (Proceso, 13 de noviembre de 2018)

Chiapas foco rojo en agresiones contra periodistas: Reporteros Sin Fronteras (Heraldo de México, 13 de noviembre de 2018)

Exigen dar con verdaderos responsables de asesinar a Mario Gómez, en Chiapas (Excelsior, 13 de noviembre de 2018)

Organizaciones internacionales declaran a Chiapas “foco rojo” en materia de libertad de prensa y de expresión (Chiapas Paralelo, 13 de noviembre de 2018)

Comunicado conjunto de CPJ y RSF sobre la visita que ambas organizaciones acabamos de realizar en el estado de #Chiapas (CPJ Américas, 13 de noviembre de 2018)

Urgen políticas públicas a favor de periodistas (Cuarto Poder, 14 de noviembre de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas : A un mes del asesinato del periodista Mario Gómez detienen a cuarto presunto responsable (23 de octubre de 2018)

Chiapas: tres detenidos en el caso del asesinato del periodista Mario Gómez (2 de octubre de 2018)

Chiapas : Periodista amenazado por gobierno municipal de Palenque (26 de septiembre de 2018)

Chiapas : Julión Álvarez amenaza con demandar a medios y Frayba; “menoscabo a la libertad de expresión”, denuncia Chiapas Paralelo (23 de septiembre de 2018)

Chiapas : Asesinan a periodista del Heraldo de Chiapas en Yajalón (22 de septiembre de 2018)

Nacional: Relatores sobre libertad de expresión de la CIDH y la ONU presentan informe después de visita a México (21 de junio de 2018)

Oaxaca: Realizan 1er Encuentro de comunidades y autoridades ejidales por la defensa de la vida, el agua, la tierra y el Territorio

(@NSS Noticias)

Los días 3 y 4 de noviembre, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Comunidades y Autoridades Ejidales por la Defensa de la Vida, el Agua, la Tierra y el Territorio en la comunidad de San Juan Cacahuatepec, en la Costa Chica de Oaxaca. Las y los participantes “intercambiaron sentires, experiencias de trabajo y alternativas de una organización regional que articule la defensa de la vida, el agua, la tierra, el territorio herencia de sus ancestros”.

Abordaron las problemáticas medioambientales que tienen en común como comunidades. Invitados especiales Dieron un análisis del contexto del campo mexicano ante la política extractivista que ”mira el territorio como mercancía y no como una fuente de vida en la que los guardianes son las y los campesinos”. Informaron sobre varias reformas que han debilitado la autonomía y libre determinación de los núcleos agrarios de la Costa de Oaxaca.

Se propusieron varias alternativas ante las problemáticas mencionadas, y, al finalizar el Encuentro, acordaron realizar una segunda convocatoria, en el que se camine hacia la creación de un Comité Regional en Defensa de la Vida, el Agua, la Tierra y el Territorio.

Jóvenes elaboraron máscaras que aluden a las diferentes plantas y animales que sufren devastación en sus comunidades. Posteriormente salieron a las calles a marchar, al ritmo de consignas como: “La tierra no se vende, se ama y se defiende” o “Ejidatarios unidos, jamás serán vencidos”.

Para más información :

1er ENCUENTRO DE COMUNIDADES Y AUTORIDADES EJIDALES POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO (CODIGO DH, 6 de noviembre de 2018)

En Cacahuatepec realizan 1er Encuentro por la Defensa de la Vida, el Agua, la Tierra y el Territorio (NSS Oaxaca, 7 de noviembre de 2018)

Realizan encuentro por la defensa de recursos naturales en la Costa (El despertar de Oaxaca, 10 de noviembre de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca : Se lleva a cabo Juicio Popular contra el Estado y las Empresas Mineras (13 de octubre de 2018)

Oaxaca : interponen amparo para evitar la privatización del Río Verde/Paso de la Reina (3 de agosto de 2018)

Nacional/Internacional : Global Witness publica informe « ¿A qué precio ? Negocios irresponsables y el a

Guerrero: Desplazados de la Sierra de Petatlán – entre desprotección y criminalización (2)

 

Foto @ Scoopnest

El 26 de julio de 2018, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) publicó un boletín de prensa en donde denunció la detención de Baldo Santana en la entrada de la cabecera del municipio de San Marcos, Guerrero.  “Sin que sepamos el delito del que se le acusa. Sin embargo, Baldo Santana Alonso pertenece a las más de 170 personas que fueron desplazadas forzosamente en dos ocasiones de las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, del municipio de Coyuca de Catalán, región Tierra Caliente, Guerrero”

Según el Sur de Acapulco, después de la detención, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) le confirmó la detención de Santana Alonso por secuestro, pero no dio detalles.

Actualmente Baldo Santana sigue encarcelado en el penal de Coyuca de Catalán, a pesar de solicitudes que mandó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro-Morelos Chilapa) al director del penal de Coyuca de Catalán y al juez  de control para  solicitar el traslado de Baldo Santana Alonso al penal de Ayutla de los Libres con el motivo de “facilitar la visita de sus familiares ya que todos viven en el municipio.”

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Morelos, organización que ha dado acompañamiento al caso, informó que “apenas el lunes 16 de julio 2018 llegó una persona a Tepango para informarles que el grupo de la delincuencia organizada que los obligó a desplazarse había contratado a varios hombres para asesinar a Baldo Santana Alonso y a otra persona.”

Además ha denunciado que la detención del activista Baldo Santana es un acto más para intentar silenciarlo, pues desde hace años él y su familia han sido blanco de diversos ataques por su labor medioambientalista para la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP). Como el ataque que ocurrió en el julio 2013 cuando “sicarios atacaron a familiares y conocidos desplazados de Santana quienes se encuentran re ubicados en la comunidad La Unión, Ayutla de los Libres. Después de este ataque, las familias ubicadas en Tepango y la Unión  recibieron medidas cautelares”.

La detención de Santana es uno de los muchos hechos que han ocurrido en contra  de los  ambientalistas de la OCESP de la región Tierra Caliente, Guerrero quienes intentaron  proteger su territorio contra los talamontes. Según La Jornada el caso de La Laguna y Hacienda de Dolores es uno de muchos y refieren que “el éxodo en la sierra (Tierra Caliente) de Guerrero es una realidad. De dos años a la fecha se contabilizan 5 mil familias desplazadas de sus comunidades por la violencia generada entre las organizaciones criminales que disputan el control de territorios completos que les proporcionan, rutas de trasiego, zonas de cultivo y mano de obra ”. En el informe 24 del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con la colaboración del Centro Morelos  menciona que el desplazamiento en Guerrero también ocurre en las regiones Zona Norte, Centro, parte de la Costa Grande y en el puerto de Acapulco donde “varias familias han sufrido no sólo la amenaza de los grupos de la delincuencia organizada, sino que varias de ellas han vivido la tragedia de perder a un ser querido o de enfrentar el viacrucis de su desaparición”.

Para más información sobre el caso de la OCESP:

Guerrero: Desplazados de la Sierra de Petatlán – entre desprotección y criminalización (1) (8 de noviembre de 2018)

Para más información:

Piden familiares de Baldo Santana que sea traslado a la cárcel de Ayutla porque su vida corre peligro (ANG Noticias, 3 de octubre de 2018)

Uno está preso; el otro, muerto: la impunidad se ensaña con dos hermanos por defender su tierra (Sin Embargo, 6 de agosto de 2018)

Centro Morelos | Detención y traslado de Baldo Santana pone en riesgo su vida, integridad y seguridad (Red TdT, 26 de julio de 2018)

Arrestan a hermano de un activista ejecutado (La Jornada, 25 de julio de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: matan a dos sobrinos de lideresa ecologista (La Jornada, 13 de noviembre 2012)

Ejecutan a dos sobrinos de la dirigente de La Laguna, Sierra de Coyuca de Catalán, denuncia (El Sur de Acapulco, 13 de noviembre 2012)

Breves Guerrero: Dos ecologistas son secuestrados por hombres armados en la Sierra de Petatlán. Movimiento por la Paz condena el hecho. Monitor Civil de la Policía de la Montaña publica nuevo informe (9 de diciembre de 2011)

Guerrero – breves: Sigue conflictividad en la Sierra de Petatlán; Desplazad@s en la sierra de Coyuca de Catalán regresan a La Laguna; Presión para retirar la Policía Comunitaria de varias comunidades(29 de julio de 2011)

Guerrero: Segundo asesinato de ecologista en la Sierra de Petatlán (4 de junio de 2011)

Guerrero: Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz (20 de abril de 2011)

Guerrero: 107 desplazad@s forzos@s por la violencia (19 de mayo de 2011)

 

 

Guerrero: Desplazados de la Sierra de Petatlán – entre desprotección y criminalización (1)

Este video fue grabado en el marco de una visita del Sipaz – Servicio Internacional para la Paz, el 8 de octubre, a familias desplazadas del municipio de Coyuca de Catalán, región Tierre Caliente, Guerrero. Actualmente los desplazados se encuentran viviendo en las comunidades La Unión y Tepango, Ayutla de los Libres, Guerrero.

Agradecemos al equipo de Centro-Morelos Chilapa y Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña quienes hicieron posible nuestra visita a los desplazados en el municipio de Ayutla de los Libres.

Como organización y de manera general, hemos visto con creciente preocupación el aumento de la violencia y de situaciones de desplazamiento forzado en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Más información sobre el caso de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) se encuentra a continuación a través de una línea de tiempo. Consultamos  diferentes fuentes de información para su realización.

SIPAZ visita a desplazados en la Unión, Ayutla de los Libres, Guerrero

En 1995, el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, otorga a la compañía estadounidense Boise Cascade derechos exclusivos de explotación sobre los bosques de la Costa Grande.

En febrero de 1998, para enfrentar la tala inmoderada, un grupo de campesinos forman la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP).

En 1999, dos miembros de la OCESP, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fueron detenidos por el ejército y torturados para hacerlos confesarse culpables de cargos relacionados con armas de fuego y drogas. Los dos fueron condenados sobre la base de pruebas falsas y fueron adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. En 2001, ante la enorme presión nacional e internacional, el presidente Fox ordenó su excarcelación, pero nunca se reconoció su inocencia, ni se llevó ante la justicia a los responsables de su tortura o detención, según información de Amnistía internacional.

En el 2005 amnistía internacional informó que “el trabajo de los campesinos ecologistas ha sido obstaculizado de nuevo por parte de caciques madereros de la zona y las autoridades locales mediante el encarcelamiento de Felipe Arreaga (2004) y la emisión de 14 órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes de la OCESP” Además mencionaron que “las ordenes de aprehensión sean una represalia contra la organización por su activismo medioambiental previo”. Felipe Arreaga fue liberado en septiembre del 2005 cuando sus abogados “ofrecieron más de 30 pruebas (entre las que destacan testigos de descargo y un video) para demostrar que el campesino ecologista simplemente no pudo haber cometido esos ilícitos por encontrarse en un sitio distinto al lugar donde ocurrieron los hechos que se le imputaban.”

El 3 de diciembre de 2008, Javier Torres Cruz de la OCESP y originario de la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero desapareció en el camino entre su comunidad, La Morena y la ciudad de Petatlán. Javier fue uno de los principales testigos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el caso de la muerte de la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido. Diez días después, Javier Torres Cruz, logró escapar de sus secuestradores.

El 18 de febrero de 2011 ocurrió otro asesinato en la Sierra de Coyuca de Catalán cuando mataron al líder de la comunidad La Laguna, Rubén Santana Alonso.

El 17 de abril de 2011, el hijo de Rubén Santana, Sergio Santana Villa, y otras dos personas fallecieron después de ser emboscadas por un grupo armado.

El  18 de abril de 2011,  el mismo Javier Torres Cruz quien fue secuestrado en  2008, fue asesinado por sicarios.

El 21 de abril del 2011, tres días después de estos hechos, familias afectadas de la zona se desplazaron por la primera vez ante la creciente violencia. En esta ocasión huyeron 107 personas, de las cuales 2 mujeres estaban embarazadas, 77 eran menores de 18 años (incluyendo 34  menores de 5 años) y se refugiaron Puerto las Ollas.

El  27 de mayo de 2011, por la noche fue secuestrado otro campesino de la comunidad de La Morena, Adrián Silva, cuando viajaba entre las poblaciones de Banco Nuevo y Parotitas, después de ser interceptado por presuntos talamontes del lugar. El día 28 de mayo fue encontrado asesinado en un lugar conocido como Parotitas.

El 27 de julio de 2011, el grupo de desplazados se entrevistó con el secretario general de Gobierno y con el secretario de Seguridad Pública y Protección, y les pidió que la protección policíaca que  tenían en Puerto de Las Ollas se diera también en La Laguna, Hacienda de Dolores y Los Huajes de Ayala, comunidades a las que pertenecen los desplazados que salieron después del asesinato de tres jóvenes el 17 de abril.

Luego de diversas negociaciones con autoridades del gobierno estatal, que se comprometieron a resguardar la zona, decidieron regresar entre 10 y 11 de noviembre, en una caravana de más de 20 vehículos, resguardada por integrantes del Ejército Mexicano, corporaciones policiacas y organizaciones no gubernamentales.

El día en que regresaron, Juventina Villa Mojica, dirigente de los campesinos ecologistas de la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, región de la Costa Grande de Guerrero, denunció que fueron asesinados dos de sus sobrinos cerca de Hacienda de Dolores.

El 2 de diciembre de 2011 en el Centro de Readaptación Social de Iguala fue encontrado muerto el hijo de Rubén Santana y Juventina Villa, Joel Santana Villa, de 26 años, a quien habían detenido  en julio pasado en inmediaciones de Coyuca de Catalán cuando le encontraron “presuntamente con armas de alto calibre y ocho kilos de mariguana”.

El 7 de diciembre el presidente de la OCESP, Marcial Bautista Valle, y la asesora de dicha organización, Eva Alarcón Ortiz, fueron “levantados” por un comando en la región de la Costa Grande de Guerrero. Viajaban a bordo de un autobús que fue detenida por sujetos armados quienes los llevaron por la fuerza. Siguen desaparecidos a la fecha.

El 30 de diciembre fue asesinado el campesino Ascensión Villa Santana en las inmediaciones de la comunidad de La Laguna. Era primo de Rubén Santana Alonso.

El 28 de noviembre de 2012, la esposa e hijo de Rubén Santana (Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa) fueron asesinados. Fueron atacados a pesar de que eran resguardados por al menos 25 agentes de la Policía Preventiva Estatal que estaban asignados a su seguridad desde mayo del año anterior. Juventina consiguió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) les otorgara medidas cautelares que consistieron en que grupos de policías resguardaran la comunidad.

Después de estos incidentes la gente decidió desplazarse otra vez. A partir del 30 de noviembre, los desplazados arribaron a Puerto de los Ollas custodiados por elementos del Ejército y de la Policía estatal. Se enteraron que los agresores empezaron a vivir en sus viviendas.

El 5 de diciembre, una misión civil de observación acudió a la comunidad de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, para conocer la situación de las 45 familias que huyeron del poblado La Laguna debido a la violencia generada por talamontes y delincuentes en dicho lugar. Entre diciembre del 2012 e inicio de 2013 llegaron a vivir en La Unión y Tepango en el municipio de Ayutla de los Libres.

Según varias fuentes, el gobierno se comprometió a dar a los afectados 3 hectáreas de tierra por familia pero solo recibieron una. Otros compromisos que nunca han realizado son: la entrega de alimentos y proyectos para que pudieran empezar negocios o acceder a un trabajo.

La situación de seguridad en La Unión sigue preocupante.  En julio de 2013, los desplazados fueron atacados por tres sicarios en sus nuevas casas. Policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) intervinieron, dos de los atacantes murieron en el enfrentamiento.

Según información del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) relacionado con los desplazados; “el 18 de marzo del 2015 fue detenido en bajos del ejido el C. Gildardo Días Pérez, recluido actualmente en el penal de Ayutla y, finalmente el 19 de diciembre de 2016 fue asesinado Constantino Días Pérez en la avenida principal Ayutla-Tecoanapa.

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: matan a dos sobrinos de lideresa ecologista (La Jornada, 13 de noviembre 2012)

Ejecutan a dos sobrinos de la dirigente de La Laguna, Sierra de Coyuca de Catalán, denuncia (El Sur de Acapulco, 13 de noviembre 2012)

Breves Guerrero: Dos ecologistas son secuestrados por hombres armados en la Sierra de Petatlán. Movimiento por la Paz condena el hecho. Monitor Civil de la Policía de la Montaña publica nuevo informe (9 de diciembre de 2011)

Guerrero – breves: Sigue conflictividad en la Sierra de Petatlán; Desplazad@s en la sierra de Coyuca de Catalán regresan a La Laguna; Presión para retirar la Policía Comunitaria de varias comunidades(29 de julio de 2011)

Guerrero: Segundo asesinato de ecologista en la Sierra de Petatlán (4 de junio de 2011)

Guerrero: Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz (20 de abril de 2011)

Guerrero: 107 desplazad@s forzos@s por la violencia (19 de mayo de 2011)

Guerrero: breves – Preocupación por la seguridad de los habitantes de La Morena; OSC envían carta a Segob por las recientes amenazas contra la OPIM; Monitor Civil documenta 384 casos de violación a los derechos humanos por parte de la policía; CIDH falla a favor de campesinos ecologistas (27 de diciembre de 2010)

 

 

 

 

Nacional: cuestionamientos de organizaciones campesinas e indígenas ante iniciativa de ley agraria

(@Desinformémonos)

En fechas recientes, integrantes de organizaciones campesinas e indígenas han expresado su preocupación por la iniciativa de ley agraria propuesta en octubre por el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. Para Carlos González García, abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), dicha propuesta “da continuidad” a la contrarreforma salinista de 1992 y forma parte de una estrategia para despojar a los pueblos originarios: “tiene como fin armonizar las disposiciones legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales”; y “brinda a las trasnacionales la posibilidad de apoderarse de tierras de uso agropecuario y forestal”.

“Con esta iniciativa olvidan que las tierras las han obtenido los ejidatarios y comuneros después de una lucha armada, hace ya cien años [Revolución Mexicana], y que no sólo se usan para producir y explotar los recursos naturales que ahí existen, sino también para recrear su cultura y la convivencia con las otras comunidades », indicaron organizaciones campesinas. Criticaron que las autoridades busquen beneficiar a los empresarios « en lugar de promover que los ejidatarios y comuneros sean quienes sean capacitados y decidan sobre la preservación y explotación de los recursos en sus territorios ».

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresó que la actual Ley Agraria “constituye, a pesar de todos los intentos de gobiernos anteriores por deteriorarla, una herramienta fundamental para la defensa de los núcleos agrarios de nuestro país frente a proyectos extractivos que generan despojo, destrucción de la tierra y el territorio, daños a la salud y al medio ambiente de sus habitantes, así como criminalización y/o asesinatos de quienes se oponen a ellos”. Para sus integrantes, la nueva iniciativa que abrogaría dicho texto “constituye una regresión y una nueva amenaza para los derechos de los pueblos campesinos que lucharon por la tierra y que con su lucha han configurado y dado sentido a la historia y presente de nuestro país. (…) En nuestra opinión, este documento está diseñado bajo la misma lógica que impulsó la contrarreforma agraria de 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y, además, agiliza la implementación de las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente respecto a la Reforma Energética”.

Para más información:

Iniciativa de ley agraria es una estrategia de despojo contra los pueblos indígenas: CNI (Desinformémonos, 6 de noviembre de 2018)

Piden frenar Ley Monreal; dirigentes campesinos la consideran privatizadora y neoliberal (MVS Noticias, 6 de noviembre de 2018)

Por regresiva objetan nueva ley agraria propuesta por Monreal (Regeneración, 5 de noviembre de 2018)

Permite despojo el plan agrario de Monreal, alertan grupos indígenas y campesinos (La Jornada, 4 de noviembre de 2018)

Iniciativa de ley para el desarrollo agrario: nueva reforma estructural (La Jornada, 3 de noviembre de 2018)

La REMA se pronuncia en contra de la iniciativa de “Ley para el Desarrollo Agrario” de MORENA (REMA, 30 de octubre de 2018)

Presenta Monreal iniciativa de ley para el desarrollo agrario (La Jornada, 24 de octubre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Aprobada la reforma energética (11 de diciembre de 2013)

Chiapas: “La muerte impune”, acción en San Cristóbal de Las Casas ante “la ineficiencia y la corrupción del sistema de salud”.

(@Melel Xojobal)

El 1ero de noviembre, Melel Xojobal y la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (Redias) convocaron a una acción publica con velas, flores y ataúdes blancos llamada “La Muerte impune”, misma que se realizó en San Cristóbal de Las Casas con la intención de “visibilizar el panorama actual en el que se encuentra el deficiente sistema estatal de salud pública del estado, y denunciar sus consecuencias particulares en las niñas, niños y adolescentes”.

En el boletín de prensa “Ni una niña o niño debe morir en Chiapas por la ineficiencia y corrupción del Sistema de Salud”, denunciaron que “cada año, ocurren en Chiapas cientos de muertes de niñas, niños y adolescentes por enfermedades que se pudieron prevenir y atender a tiempo. La corrupción, los conflictos de intereses, la opacidad y la nula rendición de cuentas deterioran gravemente el sistema de salud pública, lo que pone en riesgo la vida de la infancia y la adolescencia chiapaneca”.

Al cierre de la jornada, los participantes insistieron que “para garantizar la supervivencia y desarrollo de la infancia en el estado es urgente la asignación de presupuestos para una adecuada operación del Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, tanto a nivel estatal como municipal”. Demandaron a las autoridades “asegurar el acceso equitativo a los servicios de salud a todas las niñas, niños y adolescentes, así como promover el desarrollo de habilidades para el autocuidado de su salud y alimentación”; así como “garantizar que los servicios y programas que otorgue el gobierno estatal sean de calidad, eficientes y eficaces, haciendo énfasis en el interés superior de la niñez, y proveer urgentemente el abasto de medicamentos, material, equipo e instrumentos en las unidades médicas y hospitales en todo el estado”.

Para más información:

Pronunciamiento completo “Ni una niña o niño debe morir en Chiapas por la ineficiencia y la corrupción del sistema de salud” (Melel Xojobal y REDIAS, 1ero de noviembre de 2018)

Ni un solo infante “debe morir en Chiapas por la ineficiencia y corrupción del sistema de salud”: activistas (Proceso, 2 de noviembre de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/Nacional : Niñas luchando al mundo transformando (15 de octubre de 2018)

Guerrero : Artículo 19 llama a investigar motivaciones políticas en el caso del asesinato del periodista, Gabriel Soriano

(@Artículo 19)

En un comunicado del 28 de octubre, la organización por la libertad de expresión Artículo 19 llamó a investigar posibles motivaciones políticas en el caso del asesinato del periodista Gabriel Soriano Kuri que ocurrió cuatro días antes en un ataque armado en Acapulco, luego de que Soriano terminara de dar apoyo técnico a la cobertura periodística de Radio Televisión Guerrero (RTG) a un informe de gestión del gobernador Héctor Astudillo Flores.

La Fiscalía General del Estado ha estado difundiendo una versión de los hechos según la cual el asesinato se debió presuntamente a un “incidente vial”. Sin embargo, refirió Artículo 19. « un día después del homicidio de Soriano fue encontrado un cuerpo desmembrado en la colonia La Poza, ubicada en la Zona Diamante de Acapulco con un mensaje que, de acuerdo con una fotografía que circula en medios de comunicación, dice lo siguiente: “Aquí se me respeta gobierno de la verga, sigan teniendo tratos con el Cida (Cartel Independiente de Acapulco) y así van a acabar todos, sean periodistas y gobierno me van a pelar la verga. Aquí el erizo ya valió verga, aquí rifamos los Amarillos” ».

Artículo 19 recordó que en más de una ocasión ha manifestado que « Guerrero ejemplifica la debilidad institucional y la capacidad de infiltración del crimen organizado en las entidades públicas » . Exigió esclarecer si el asesinato de Gabriel fue un ataque dirigido y perpetrado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada con motivaciones políticas. « De ser así, este homicidio sería un hecho sin precedentes pues confirmaría que el narcotráfico está utilizando a la prensa como carne de cañón para presionar políticamente a las autoridades públicas para alcanzar sus fines. Esto señalaría el inicio de una nueva forma de violencia del crimen organizado contra el periodismo », afirmó.

Además instó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a tomar las medidas tendientes a garantizar la vida e integridad personal de la familia de Gabriel Soriano así como de sus compañeras y compañeros de RTG.

Para más información :

No hay despegue de violencia, sino asesinatos que causan impacto: gobernador (Acapulco News, 30 de octubre de 2018)

Exige la Felap investigar a fondo el asesinato de Gabriel Soriano (La Jornada de Guerrero, 29 de octubre de 2018)

Llaman a a investigar motivaciones políticas detrás de asesinato del periodista en Guerrero (Centro Pro DH, 30 de octubre de 2018)

El homicidio de Gabriel Soriano en Acapulco: ¿una nueva forma de violencia del narcotráfico contra el periodismo? (Artículo 19, 28 de octubre de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero : asesinan a locutor de Radio y Televisión de Guerrero (25 de octubre de 2018)

Nacional: Relatores sobre libertad de expresión de la CIDH y la ONU presentan informe después de visita a México (21 de junio de 2018)

Guerrero : allanan las oficinas de la agencia de noticias Quadratín en Acapulco (25 de abril de 2018)

Guerrero : Asesinan y estigmatizan a la periodista y bloguera Leslie Ann Pamela Montenegro del Real en Acapulco (13 de febrero de 2018)

Nacional/Internacional: relatores de la ONU y la CIDH sobre Libertad de Expresión llaman a México a redoblar esfuerzos para proteger a periodistas(7 de diciembre de 2017)

Guerrero: Denuncian intimidación contra el reportero de El Sur, Zacarías Cervantes (27 de noviembre de 2017)

Nacional/Internacional : Relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas presenta informe en ciudad de México a un año de su visita al país

El 15 de octubre, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz presentó en la Ciudad de México su informe basado en la visita que realizó al país en noviembre de 2017 a cuatro entidades mexicanas: Ciudad de México, Guerrero, Chiapas y Chihuahua.

Al hacer un comparativo con lo observado por el en aquel entonces relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen en 2003, el presente informe concluye que no ha habido avances significativos en 14 años a pesar de los compromisos internacionales contraídos por México desde entonces en la materia ; ello en un contexto que sigue siendo de « profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos ».

Uno de los puntos que se enfatizaron en la presentación fueron las actuales políticas de desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios y de agricultura que constituyen “un reto mayúsculo” para los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Con respecto al desarrollo social y económico, las instituciones de gobierno deben sustituir los programas y las políticas con enfoque asistencialista por aquellos con enfoque de derechos humanos y que promueven el empoderamiento, la libre determinación, y las prioridades y propuestas de estos pueblos”, expresó. El informe documenta que las consultas que se han llevado a cabo para la implementación de  megaproyectos no han cumplido con los estándares internacionales de derechos humanos a los que México se ha comprometido: que sean previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe.

Sobre el mismo tema, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab afirmó que estas consultas se convierten en un método de chantaje,  ya que quienes las realizan intentan convencer a los habitantes de los pueblos indígenas con la promesa de beneficios, mismos que perderán si votan en contra. “Es un contexto muy manipulador”, advirtió Jarab. Expresó además que los procesos que han acompañado desde la ONU, han sido « decepcionantes », lo cual “nos hace dudar de la última característica, que es la buena fe”.

Victoria Tauli-Corpuz también detalló que los pueblos indígenas en México enfrentan diversas violaciones a sus derechos como violencia, desplazamiento forzado, impunidad, criminalización a quienes defienden sus tierras, falta de acceso a educación, salud, vivienda, e incluso asesinatos, entre otros.

Unas de sus recomendaciones apunta a la necesidad de “promover y fortalecer la autonomía, el autogobierno y los sistemas jurídicos indígenas. Tal como establece el artículo 4 de la Declaración de la ONU sobre estas comunidades, que tienen el derecho a la provisión de los medios para financiar sus funciones autónomas” ; así como a la de « crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación ».

Para más información :

Las consultas con los pueblos indígenas para explotar la tierra son una manipulación: ONU (Animal Político, 16 de octubre de 2018)

Gobierno, obligado a consultar megaproyectos a indígenas: ONU (La Jornada, 15 de octubre de 2018)

La ONU exige a México consultar a pueblos indígenas sobre megaproyectos en sus tierras (Sin Embargo, 15 de octubre de 2018)

DESTACA CNDH GRAVEDAD DEL 65% DE DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO POR ORIGEN ÉTNICO, Y URGE ATENDER TAMBIÉN POBREZA, ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, EDUCACIÓN, SALUD Y JUSTICIA PARA QUE LAS PERSONAS INDÍGENAS ACCEDAN A UNA VIDA DIGNA (CNDH, 15 de octubre de 2018)

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES QUE PROMOVIERON LA VISITA DE LA RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, VICTORIA TAULI-CORPUZ, A CHIAPAS, EN 2017. EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE SU INFORME EN MÉXICO (OSC de Chiapas, 15 de octubre)

Para más información de SIPAZ :

Nacional/Internacional : Relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas presenta informe sobre México en Ginebra, Suiza (21 de septiembre de 2018)

Nacional/Internacional : Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU publica informe después de visita a México. (11 de agosto de 2018)

Nacional/Internacional: Termina visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a México (23 de noviembre de 2017)

Nacional – México: Visita de la Relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas (8 de noviembre de 2017)