El sábado 19 de febrero del 2011, se realizó una caravana a la Zona de Agua Azul integrada por miembros de diferentes comunidades y organizaciones sociales y civiles con el “objetivo de constatar la situación en que están los compañeros y para ver y acompañar a las compañeras del Ejido de San Sebastián Bachajón, (…) y para dar voz a las mujeres, que son parte afectada por el conflicto que se vive en la zona y cuya palabra también se quiere escuchar”.
Convocada por el Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas, el Movimiento Independiente de Mujeres y Brigada Feminista y diversas organizaciones civiles de Chiapas, buscó “abrir un espacio a las mujeres y a las familias que están viviendo las dificultades en Agua Azul y evidenciar el despojo desde el gobierno y otras gentes de comunidad asociadas con el mismo; además de solidarizarse y seguir exigiendo la libertad de los 10 compañeros que continúan injustamente presos”. Cabe recordar que los días 2 y 3 de febrero fueron detenidos después un enfrentamiento 117 ejidatarios de San Sebastian Bachajón, adherentes a la Otra Campaña. Le dictaron formal prisión a 10 de ellos “por delitos que no cometieron tales como privación ilegal de la libertad, lesiones, homicidio calificado y daños a las vías de comunicación y a la paz” mientras los demás fueron liberados.
El comunicado de la Caravana subrayó: “La violación a la autonomía se inicia desde hace tiempo con la pretensión gubernamental de construir en Agua Azul un gran centro turístico con capital transnacional, que supuestamente redundaría en beneficio de los ejidatarios de Agua Azul que forman parte del gran ejido de San Sebastián Bachajón. La resistencia de quienes por varias generaciones han cuidado y administrado ese hermoso lugar, que es parte de su tierra y territorio, fue larga y heroica; pero finalmente el gobierno después de cooptar a varios líderes, logró romper la dinámica de los acuerdos internos y de la unidad. En colisión con los disidentes y en base a una sucia maniobra, ha logrado apoderarse de la administración del lugar encubriéndose con 3000 firmas de aceptación de su intervención, que en el mejor de los casos son de ejidatarios de otras comunidades del ejido, no de Agua Azul, pero que además no responden a los intereses históricos y derechos internacionales de los pueblos indígenas.Sabemos que la llamada “mesa de negociación” que se realizó el domingo pasado, con la presencia de autoridades de gobierno y del oficialista Consejo de Derechos Humanos del Estado, fue un vergonzoso festejo, que pretende legitimar la intervención gubernamental y el despojo del Centro Turístico de Agua Azul a sus legítimos propietarios, desafortunadamente ahora divididos”.
El comunicado también puntualizó: “La guerra que se vive en Chiapas ya no se puede ocultar con promesas ni con la guerra contra el crimen organizado. Las y los integrantes de esta caravana consideramos que la violación de la autonomía a toda la comunidad de Agua Azul (no solamente a una de las partes en conflicto), forma parte de las estrategias de guerra de baja intensidad que han implementado los distintos niveles de gobierno federal y estatal a partir de 1994 y que actualmente se dirigen a la resistencia organizada en la Otra Campaña, focalizadas en Agua Azul, Mitziton, Tila, Chicomuselo y en distintos territorios donde los pueblos resisten por la defensa de su tierra y territorio”.
Marcha de la Otra Campaña (@libertariosyautonomia.blogspot.com)
Ejidatarios de San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón), adherentes de La Otra Campaña, se deslindaron de la ocupación violenta del rancho El Vergel, ocurrida el 31 de diciembre pasado en el vecino municipio de Sitalá. Responsabilizaron de los hechos a Carmen Aguilar Gómez y su hijo, quienes afirman “alsamente se presentan como adherentes de La Otra Campaña, proceso organizativo del fueron expulsados desde abril de 2010 por “diferentes delitos”. Denunciaron además que “los mismos servidores públicos están involucrados en este despojo”.
Manifestación de adherentes de Bachajón (foto de archivo, @SIPAZ)
El 2 de noviembre, ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón denunciaron la detención ilegal, tortura y arraigo de Miguel Demeza Jiménez, adherente de la otra campaña, privado de su libertad bajo ninguna orden de aprehensión en su contra, fabricándole delitos para poder procesarlo.
Los indígenas, adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona, responsabilizaron al gobierno estatal de Juan Sabines Guerrero por la detención arbitraria de su compañero: “Claramente se ve que la injusticia no es palabra, son hechos para este mal gobierno corrupto, cuando los verdaderos delincuentes son ellos. Por esta razón culpamos al gobierno estatal por la salud y la integridad de nuestro compañero preso y arraigado. Nosotros como organizaciones constatamos que no es delincuente como el gobierno lo está obligando a decir; es totalmente inocente de todo delito que le están fabricando. Exigimos su liberación inmediata e incondicional.”
El día 9 de julio de 2009, representantes de los indígenas tseltales Adherentes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta con el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (CDHFBC) en las oficinas del mismo. El motivo fue la liberación de cinco de los siete indígenas de este ejido que habían sido detenidos en abril pasado y torturados para autoinculparse de asaltos a camiones turísticos en la región de Agua Azul.
En representación de los recién liberados, Gerónimo Moreno Deara, relató los sucesos de la detención, el arraigo y el encarcelamiento en la carcel estatal “El Amate”, en Cintalapa. Comentó que fueron torturados durante dos días y que al ser internados, tuvieron que realizar trabajos de “talacha” para otros presos para no ser agredidos.
Dos de las autoridades del ejido, en representación de la comisión de vigilancia y de los principales (autoridades tradicionales), hablaron sobre el origen de la división dentro del ejido y cómo fue que se integraron a La Otra Campaña. Advirtieron que van a seguir luchando por la liberación de los dos compañeros que todavía están presos.
Por su parte, el CDHFBC, defensor de los siete indígenas que habían sido detenidos en abril pasado, agradeció la solidaridad nacional e internacional, que había logrado la reciente liberación de los cinco, y pidió a los solidarios seguir insistiendo en la liberación de Antonio y Jerónimo Gómez Saragos, recluidos en “El Amate”. Asimismo, informó que está a la espera de la resolución de la apelación en contra del auto formal de prisión, que se va a dar en fechas próximas.
El 8 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informó que se le notificó que se les había dictado el auto de formal prisión a Alfredo Gómez Moreno, Gerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Pedro Demeza Deara, Sebastián Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza Jiménez, integrantes de La otra Campaña y a Miguel Vázquez Moreno, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del ejido San Sebastián Bachajón del municipio de Chilón.
En la mañana, alrededor de 350 ejidatarios de San Sebastian Bachajón, habían realizado una marcha-mitin en la cabecera municipal de Ocosingo para exigir la liberación de los 8 indígenas tseltales que permanecen presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 4 de Cintalapa, Chiapas.
El día 1 de mayo los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón arraigados durante 19 días en la casa de arraigo “Quinta Pitiquitos”, fueron consignados ante un juez en Tuxtla Gutiérrez y luego trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 14, El Amate, (CERSS No. 14 El Amate) en el municipio de Cintalapa. Según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) se les ejercitó acción penal por los delitos de robo con violencia y delincuencia a los seis adherentes de La Otra Campaña, el base de apoyo zapatista y otra persona sin vinculación organizativa declarada.
En esta ocasión sus fotografías fueron nuevamente publicadas en medios, identificándolos como parte de “una banda delictiva, dedicada al asalto carretero en el tramo Ocosingo-Palenque”, lo cual constituye en una vulneración al principio constitucional de presunción de inocencia además de estigmatizarlos ante la sociedad. El CDHFBC informó que “existen violaciones al debido proceso en la procuración de justicia, siendo la más grave la falta de un traductor en su idioma, por lo que los 8 detenidos fueron obligados a firmar documentos sin saber su contenido, los cuales resultaron en declaraciones autoinculpatorios, sin obviar que 7 de ellos declararon bajo tortura”.
Según demuestra la investigación y documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), el “uso sistemático de tortura” vinculado a casos de personas durante el traslado, el arraigo y la declaración ministerial, demuestra una grave debilidad en la protección y respeto de los derechos humanos de personas bajo sospecha de haber cometida un crimen en Chiapas.
Entrevista a comisionado del ejido de San Sebastián Bachajón
El día 24 de abril se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) con ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña convocada por el EZLN. Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaban la incomunicación y arraigo de 8 “compañeros” detenidos entre el 13 y el 18 de abril así como la actitud de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Indígenas y Campesinos (OPDDIC) que según la denuncia colaboraron con las fuerzas federales y estatales durante el intento de desalojo del bloqueo carretero, y la destrucción y robo de la caseta de cobro en Agua Azul el 17 de abril.
El CDHFBC expresó por su parte su preocupación por la militarización que se ha dado en el estado y por el uso de las fuerzas públicas y leyes en el intento de “desanimar a la población que se organiza para la defensa y ejercicio de sus derechos humanos”. También denunció que “en los últimos meses hemos monitoreado que el Gobierno Mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, ha implementado una política de persecución y criminalización en contra de movimientos y organizaciones sociales disidentes”.
“Los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, Adherentes de La Otra Campaña son parte del movimiento indígena, que se contrapone a los planes neoliberales de despojo del territorio y depredación de los recursos naturales. La región de Agua Azul ha sido por muchos años zona turística cuyas cuantiosas utilidades son aprovechadas por intereses ajenos al pueblo tseltal de Bachajón. Región clave del proyecto ecoturístico y arqueo-eco-turístico como parte de la Rivera Maya, que está recibiendo un fuerte impulso del gobierno del estado para la inversión extranjera.”
El caso de los tzeltales de San Sebastián Bachajón además fue contextualizado como un ejemplo de lo que está sucediendo en toda América Latina con pueblos originarios “que reivindican su derecho al territorio y a la autodeterminación”.
“El contexto de los eventos mencionados se dan en una clara postura de contrainsurgencia, implementada por el Gobierno Mexicano, mediante acciones coordinadas de información y operación por el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública Federal y Estatal”. El CDHFBC subrayó que el “operativo policíaco fue motivado a partir de información facilitada por inteligencia militar, como lo reconocieron a este Centro de Derechos Humanos, funcionarios del gobierno estatal”.
Se mencionó finalmente que los ocho arraigados siguen en la casa de arraigo “Quinta Pitiquito” en el municipio Chiapa de Corzo. El Centro denunció que el sistema de arraigo, que desde la entrada de la reforma penal en junio de 2008 es constitucional en México, sigue siendo una “sistemática violación a los derechos humanos” y las casas de arraigo “un espacio de coerción y tortura”.
El 12 de mayo, la comunidad de San Isidro los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, integrantes del Congreso Nacional Indígena, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y del espacio de lucha de Semilla Digna, fue desalojada “con violencia” de las 200 hectáreas que recuperaron el pasado 20 de diciembre. El desalojo “se llevó a cabo por la policía junto con guardias blancas, que llegaron a las seis de la mañana a bordo de 40 carros, camionetas y tres camiones de la policía sectorial”. Según la denuncia pública de la comunidad, las casas y las pertenencias de las 60 familias fueron quemadas por los agresores. Los habitantes de la comunidad expresan preocupación por la integridad de las familias, por sus pertenencias y por sus cosechas.
En su denuncia, la comunidad pide “estar atentos de cualquier agresión que pueda haber en nuestra contra” y responsabilizan “a los 3 niveles del mal gobierno”. El Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR) y El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, organizaciones adherentes a la Sexta, denunciaron públicamente a través de un pronunciamiento al Estado Mexicano “corrupto y asesino, por la ola de represión con la que atenta contra la autonomía y la vida de los pueblos organizados en resistencia […] de la comunidad de San Isidro los Laureles” y exigen justicia para la comunidad “desalojadaviolentamente”.
Cabe mencionar que el día 20 de diciembre del 2015, la comunidad de San Isidro los Laureles decidieron recuperar un predio que se decía ser propiedad de Francisco Ruiz, Rodrigo Ruiz y Octovin Albores “por derecho nos corresponden, ya que son las tierras que hemos trabajado por generaciones”.
La mega-carretera San Cristóbal de Las Casas- Palenque ha generado rechazo de mucha gente, Foto @ Espoir Chiapas
El 3 de abril, los pobladores de las comunidades tsotsiles de Los Llanos y San José El Porvenir, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, hicieron público en un comunicado que el 18 de enero de ese año, se les otorgó un amparo contra el proyecto de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque. En la sentencia del amparo 16/2014 el juez ordena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas la cancelación del trazo en campo del proyecto de construcción o cualquier otro tendiente a la construcción de la autopista, en el kilometraje comprendido dentro de los municipios de San Cristóbal de Las Casas- Huixtán, en particular en las tierras de la comunidad.
En su comunicado, el ejido exigió que “las autoridades deben respetar a nuestra comunidad su derecho de consulta libre, previa e informada a través de sus representantes y autoridades tradicionales, proporcionando de buena fe la información, incluyendo los posibles riesgos ambientales y de salubridad derivados de la construcción u operación del proyecto de autopista”. Además subrayaron que su “tierra no está en venta en el presente ni en el futuro y que rechazamos completamente el proyecto de autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque porque despoja a las comunidades indígenas de lo más sagrado en esta vida que es la tierra”.
Cabe mencionar que desde su inicio, muchas comunidades y posibles afectados manifestaron su preocupación ante la construcción de la autopista, cuyo costo será de alrededor de diez mil millones de pesos y reduciría de cinco a menos de dos horas el traslado en vehículo de San Cristóbal a Palenque, dos de las zonas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros.
Ejidatarios de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, denunciaron el secuestro de un joven en la comunidad Xanil, del mismo ejido. Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre, cuando cuatro individuos se llevaron a Herminio Estrada Gómez, de 18 años. Los ejidatarios adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona señalaron “hasta este momento lo tienen incomunicado y no sabemos si se encuentra en buenas condiciones físicas y de salud; tampoco lo quieren entregar al Ministerio Público competente –en caso de que lo estén acusando de delito–, pero sí están pidiendo dinero a cambio de su libertad”. En días recientes, los ejidatarios han sido amenazados y hostigados por autoridades ejidales oficialistas. Identificaron a varias personas como los supuestos secuestradores y las señalaron en relación con otros hechos violentos. Mencionaron que participaron en el grupo armado que desalojó a nuestros compañeros de la caseta de cobro el 2 de febrero de 2011.
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El sábado 19 de febrero del 2011, se realizó una caravana a la Zona de Agua Azul integrada por miembros de diferentes comunidades y organizaciones sociales y civiles con el “objetivo de constatar la situación en que están los compañeros y para ver y acompañar a las compañeras del Ejido de San Sebastián Bachajón, (…) y para dar voz a las mujeres, que son parte afectada por el conflicto que se vive en la zona y cuya palabra también se quiere escuchar”.
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