Chiapas: OCEZ Casa del Pueblo levanta plantón y entrega dependencias ocupadas tras 21 días de conflicto

La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo levantó el plantón que mantenía frente a las oficinas de la ONU en San Cristóbal de Las Casas, y entregó la alcaldía y otras dependencias públicas y privadas que mantenía “tomadas” en Venustiano Carranza desde hace 21 días para exigir la liberación de cuatro de sus integrantes.

El acuerdo fue tomado el 1 de junio, como resultado de la reunión sostenida el día anterior en Tuxtla Gutiérrez con el gobernador Juan Sabines, quien se comprometió a que dentro de un mes dará respuesta a su petición. En dicho encuentro, también participaron en calidad de testigos, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi y representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según el mismo comunicado de la OCEZ casa del Pueblo, dicho acuerdo fue tomado “con la condición que en un mes deberían salir libres nuestros compañeros, de lo contrario sabrá dar una respuesta organizada a la problemática y de ello lo haremos responsable el gobierno por no atender a su debido tiempo las demandas más sentidas de nuestro pueblo”.

Para más información:

• Entregan alcaldía y dependencias (Cuarto Poder, 2 de junio)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Protestas de la OCEZ-Casa del Pueblo por liberación de presos (27 de mayo)

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Chiapas: comunicado de las Abejas denuncia construcción de Ciudades rurales en los Altos de Chiapas

En el marco de la celebración mensual de la conmemoración de la masacre de Acteal, la organización civil Las Abejas publicó un comunicado en el que se manifestó en contra de la construcción de nuevas Ciudades rurales en Chiapas como la que se está iniciando en Santiago El Pinar, y denunció la pretensión del estado de abrir una más en Chenalhó, ambos municipios de los Altos de Chiapas

El comunicado explica: “[Los gobiernos] creen que porque somos pobres se pueden meter a nuestras casas y a nuestras tierras sin permiso y luego todavía dicen que traen proyectos de desarrollo en nuestro beneficio. (…) Si de veras quieren nuestro beneficio lo primero que tienen que hacer es RESPETARNOS, pero no, se meten y hacen lo que quieren con nuestras tierras y con nuestros recursos. (…) El plan del gobierno lo vemos muy claro. Quieren controlar a nuestras organizaciones para quedarse con nuestras tierras y hacer negocio con las transnacionales. Por eso es la contrainsurgencia contra las organizaciones independientes. Por eso Zedillo y después el Congreso de la Unión no quisieron aprobar los Acuerdos de San Andrés, porque ahí se hubiera obligado al gobierno a respetarnos. Hubiera quedado en la Constitución lo que dice el Convenio 169 de la OIT: los gobiernos no pueden hacer proyectos ni explotar los recursos de los territorios indígenas si primero no CONSULTAN A LAS COMUNIDADES”.

Las Abejas denunciaron también que en Chenalhó, “a los hermanos de la Colonia Puebla, Chenalhó, los quieren obligar a que acepten el PROCEDE. Esta es otra manera como hace el gobierno para que después sea más fácil para él quedarse con nuestras tierras”. Lamentaron por otro lado el papel que juegan “hermanos nuestros que se salieron de Las Abejas para irse con el gobierno y su dinero”: “A nuestros  hermanos les decimos: si el gobierno no nos respeta, por lo menos respétenos ustedes. Si ustedes ya no quieren luchar contra la impunidad y prefieren los apoyos del gobierno, está bien, nosotros los respetamos a ustedes, esa es su decisión. Pero respétenos a nosotros y no se presten a que los manipule el gobierno”.

Las Abejas finalmente se solidarizaron con otras luchas – con los pueblos triquis en San Juan Copala, Oaxaca así como con el Movimiento de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica en Candelaria, Campeche- alertando que “el gobierno utiliza en otros lugares la misma política contrainsurgente que utiliza contra nosotros”.

Para más información:

Comunicado completo de la Sociedad Civil Las Abejas (22 de mayo de 2010)

Chiapas: Balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

El día 27 de mayo de 2010, el balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) fue presentado por Don Samuel Ruiz García, presidente y fundador de este centro, Diego Cadenas Gordillo, director del mismo, y Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ” Red de Todos los Derechos para Todas y Todos” de la cual el CDHFBC forma parte. Este balance, que cubre el periodo de abril de 2009 a marzo de 2010, presenta “la sistematización de un año de trabajo [del CDHFBC] así como del esfuerzo y la creatividad cotidiana de personas y pueblos que luchan por sus derechos y por la construcción de realidades más justas desde el ejercicio de la autodeterminación.” (Introducción del balance)

“[Da] cuenta de la ambición de las empresas por la explotación extensiva de los recursos naturales en Chiapas, particularmente de los ubicados en territorios de los pueblos indígenas, lo cual ha ocasionado que varias comunidades hayan emprendido acciones en defensa del derecho a su territorio. Otros temas importantes que [aborda] este Balance son la criminalización de las organizaciones sociales y civiles que [se oponen] al despojo y destrucción del medio ambiente y al irrespeto a los derechos de los pueblos, la violencia sistemática que se comete contra las mujeres como objetivo de guerra, la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia y la memoria histórica que construyen los pueblos ante la violencia y la ausencia de justicia por parte del Estado mexicano.” (Ibid)

Este balance también hace públicos dos informes oficiales, uno con membrete de la Secretaria General de Gobierno de Chiapas y el otro con membrete de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ambos documentos parecen demostrar que el Gobierno está enterado de la actividad de grupos paramilitares en el estado, y además dan una muestra de cómo fichan a los luchadores sociales que la prensa criminaliza.

Luego de algunas palabras de Don Samuel apuntado a la necesidad de acompañar a quienes sufren violaciones a sus derechos para contribuir a la transformación de la sociedad que las generó, Agnieszka Raczinska enmarcó la presentación de este balance en un panorama nacional que se caracteriza por las mismas tendencias que las documentadas por el CDHFBC en Chiapas. Para terminar, un representante de la Sociedad Civil Las Abejas dio unas palabras conmovedoras de agradecimiento al CDHFBC por su acompañamiento en el camino de la lucha por la justicia. Cuando le llamó “hermano mayor” al CDHFBC, Diego Cadenas le respondió que ellos, los pueblos indígenas en lucha, eran los hermanos mayores de aquel centro.

Para más información:

Continúa la estrategia contrainsurgente en Chiapas, asegura el Centro Las Casas (artículo de la Jornada, 28/05/10)

Resumen ejecutivo del balance anual del Frayba (página web del CDHFBC, 27/05/10)

Chiapas: Protestas de la OCEZ-Casa del Pueblo por liberación de presos

Desde el 11 de mayo, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo inició un fuerte movimiento de protestas en la cabecera de Venustiano Carranza que implicó el cierre de oficinas federales, estatales y municipales, así como de bancos. Por otro lado, desde hace una semana, según la OCEZ-Casa del Pueblo con el respaldo de los maestros, se han cerrado algunas instituciones educativas. El 26 de mayo, una comisión de la OCEZ se trasladó a San Cristóbal de Las Casas para iniciar un ayuno frente a las oficinas de la ONU, mismas que estuvieron resguardadas por policías antimotines. Funcionarios de la Subsecretaría Regional de Gobierno para la Zona Altos, y el encargado de la ONU, Oscar Torrens, les informaron a los campesinos que el próximo lunes los recibiría el gobernador, en Palacio de Gobierno. Sin embargo, los manifestantes dijeron que mantendrían el plantón hasta que tuvieran una respuesta por escrito a sus demandas.

Los manifestantes exigen la liberación de cuatro de sus presos encarcelados en el Amate desde hace más de 9 años acusados por la muerte de 8 integrantes de la organización San Bartolomé de los Llanos. Se trata de Ángel Hidalgo Espinosa, sentenciado a 37 años de cárcel; Mario Coutiño Morales, Enrique Coutiño Morales y Alberto Coutiño Morales, los tres sentenciados a 60 años de cárcel. Denuncian la falta de de voluntad del gobierno estatal a la fecha y solicitan diálogo directo con el gobernador. En un comunicado de prensa mencionaron: “desde hace nueve años se ha venido luchando jurídicamente y hasta el momento no se les han podido fincar responsabilidad, sin embargo a las autoridades encargadas de la administración de justicia se niegan a darle su libertad a pesar de tener conocimiento de que el proceso que enfrentaron nuestros compañeros se encuentra plagado de irregularidades, fabricación de delito, compra de delitos entre otros”.

Para más información:

Pide la OCEZ libertad de 4 índigenas presos (La Jornada, 27 de mayo)

Protestan en la ONU campesinos (Cuarto Poder, 27 de mayo)

Campeche: Detención de activista contra las altas tarifas de luz

Cartel exigiendo la libertad de los presos de Campeche

El pasado 15 de mayo, en la ciudad de Escárcega, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) Octavio Solís Cortés, integrante del movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria, estado de Campeche. Fue llevado al Ministerio Público de la ciudad de Campeche, capital del estado del mismo nombre, y posteriormente al penal de San Francisco Koben. De acuerdo a la denuncia hecha por el Movimiento de Cultura Popular, de Mérida (Yucatán), la “detención del compañero Octavio Solís se ejecuta precisamente el día en que se realizaba el Encuentro nacional de las resistencias en Candelaria y los compañeros presos Sara, Joaquín y Guadalupe iniciaban su huelga de hambre con el objetivo de que los magistrados a cargo de resolver el amparo que les fue otorgado con anterioridad, dejen de retardar su resolución”.

Cabe recordar que el 10 julio del 2009, fueron detenidos por la PGR Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borjas Contreras, Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano Gómez, del movimiento mencionado arriba, e internados en el penal de Koben, acusados del cargo de privación ilegal de la libertad, entre otros. Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano lograron la libertad bajo fianza el 23 de septiembre de 2009. Amnistía Internacional declaró presos de consciencia a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas el pasado 4 de marzo, considerando que el encarcelamiento de los tres activistas se debe a su lucha contra las tarifas excesivas que cobra la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que los cargos que enfrentan les fueron fabricados.

Para más información:

• Denuncia del Movimiento de Cultura Popular

Más información de SIPAZ:

• México: Declara AI presos de consciencia a activistas contra altas tarifas de luz (09/03/2010)
• Campeche: Encuentro Nacional por la Liberación de los Presos Políticos de Candelaria, Campeche (01/10/2009)
• Campeche: Detención violenta de integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria, Campeche (13(07/2009)

Oaxaca: Nueva actualización en caso de San Juan Copalá

Desde el ataque el 27 de abril a una misión civil de observación que se dirigía al municipio de San Juan Copalá en la región triqui de Oaxaca por presuntos integrantes del grupo Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), varias voces se han levantado para denunciar lo ocurrido. El 12 de mayo, varios relatores especiales de la ONU afirmaron que “[e]stamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México.” La Unión Europea también condenó el ataque y demandó que “las autoridades federales, estatales y locales [hagan] todo lo posible para identificar, arrestar y juzgar a los culpables de estos asesinatos.“

Frente la situación actual de crisis humanitaria padecida en San Juan Copalá, representantes de la comunidad autónoma anunciaron el 13 de mayo la organización otra caravana de apoyo humanitario, integrada por al menos 300 participantes. Prevista inicialmente para finales de mayo, fue reagendada para el 8 de junio. En homenaje a los dos activistas que perdieron la vida en el ataque contra la caravana en abril, se nombrará la nueva caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola.” Jorge Albino Ortiz, un representante y integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), comentó que las “condiciones humanitarias” vividas en San Juan Copalá eran “extremas” ya que los habitantes de la comunidad siguen siendo cercados por elementos de UBISORT.

De hecho, las autoridades de la comunidad recientemente pidieron la intervención de la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Mexicana para que comprobaran la crisis humanitaria que se vive en San Juan Copalá, y la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Oaxaca y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) demandaron la presencia “inmediata” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en San Juan Copalá, frente a las “graves violaciones a los derechos humanos” existentes en el municipio.

Un acontecimiento alarmante que se dio recientemente fue el secuestro y posterior liberación de once habitantes de San Juan Copalá el 14 de mayo presuntamente por miembros de UBISORT.  Los secuestrados eran seis mujeres, tres niñas, dos niños y un bebé, integrantes de un grupo más amplio del municipio autónomo que fueron plagiados mientras volvían a su comunidad desde la cabecera de Santiago Juxtlahuaca. Fueron emboscados por hombres armados en La Sabana. Según sus testimonios, dispararon al aire, les amenazaron de muerte, y les robaron dinero y víveres.

Existen dudas serias respecto a la seguridad con la que contarían integrantes de una nueva caravana. Rufino Juárez Hernández, dirigente de UBISORT, anunció que no existen ni las más mínimas condiciones de seguridad para una nueva caravana, y que, por ser asi, “pueden occurir hechos lamentables.” De manera final, añadió que la presencia de observadores “de ojos azules y cabellos largos” no iba a resolver la situación en la región, y que de hecho “[n]o hay la seguridad para que transite la gente.” Evencio Nicolás Martínez Ramírez, secretario de Gobierno de Oaxaca, advirtió el 13 de mayo que “[q]uienes intenten acercarse a la zona triqui se pondrían en riesgo.”

Para más información:

Comunicado de prensa de la OACNUDH sobre situación en México (12 de mayo)

Convocan triquis nueva caravana humanitaria a Copala (La Jornada, 17 de mayo)

Otra caravana humanitaria intentará cruzar el cerco paramilitar en Copala (La Jornada, 18 de mayo)

El 30 de mayo partirá nueva caravana a San Juan Copala (La Jornada, 14 de mayo)

Piden a Cruz Roja en San Juan Copala (El Universal, 18 de mayo)

Piden a CNDH acudir a San Juan Copala (El Universal, 17 de mayo)

Plagia Ubisort a 11 mujeres y niños de San Juan Copala en la sierra triqui, denuncian (La Jornada, 16 de mayo)

Libera la Ubisort a mujeres y niños (La Jornada, 17 de mayo)

Corren riesgos quienes acudan a la zona triqui (La Jornada, 14 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Actualización de información sobre ataque a caravana de observación (1 de mayo)

Guerrero: Breves – CECOP se manifieste ante Senado / Conferencia de prensa casos Inés y Valentina

El 19 de mayo, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) se manifestaron ante el Senado de la República en la Cuidad de México para exigir la cancelación de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota. Unos 300 manifestantes de 28 pueblos del Núcleo de Cacahuatepec y los ejidos de Dos Arroyos y los Huajes, del municipio de Acapulco, se pararon en frente del Senado mientras una delegación de 10 miembros del CECOP asistieron a la audiencia con los diputados Agustín Guerrero y Avelino Méndez, del PRD, y el priísta Silvio Lagos. Exigieron que se respetara la voz de los pueblos expresada en la asamblea del 12 de agosto de 2007, cuando fue rechazado el proyecto hidroeléctrico. El 12 de mayo, el CECOP también presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) solicitando la nulidad de la asamblea del 18 de abril de 2010. En la misma, personas a favor del proyecto aprobaron la expropiación de las tierras para la construcción de La Parota, mientras la presencia de más de 600 policías impedía a los opositores entrar en dicha asamblea.

Por otro lado, el 19 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Ciudad de México, acerca de los casos de violación sexual en 2002 de las mujeres indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega. Por la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado mexicano, los casos han quedado impunes, por lo que en 2004, decidieron presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El 17 de abril se realizó una audiencia de la CoIDH en el caso de Inés en Lima, Perú. La conferencia de prensa del 19 de mayo se dio a pocos días de la audiencia en el caso de Valentina (27 de mayo, en Costa Rica). El comunicado de prensa fue suscrito por varias organizaciones de derechos humanos entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Amnistía Internacional sección México. Enfatizó el carácter paradigmático de estos dos casos al visibilizar “la múltiple discriminación y el alto grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas -particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales- que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud en México”.

Para más información:

Caso de la Parota

– Comunicado de prensa: “Exigen comuneros de la CECOP cancelación definitiva de La Parota ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (19 de mayo)

– Lleva Cecop su movimiento al Senado (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Caso de Valentina:

– Comunicado de prensa: Valentina Rosenda, otra mujer me’phaa de Guerrero que sentará en el banquillo de los acusados al Estado mexicano ante la CoIDH (19 de mayo)

– México, al banquillo de los acusados, ahora por la violación de la me’phaa Valentina (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota (21 de abril)